El diario Perfil publicó este domingo un artículo de dos páginas en el cual el asesor de imagen del gobierno, Jaime Durán Barba, desarrolló su relato sobre “el caso Maldonado”. Demostró así que la preocupación del gobierno por controlar la información sigue vigente  y apeló a construir una versión de los hechos que distorsiona lo que ya está probado. Lo hizo, además, anticipando una semana clave para la investigación judicial:  mañana será noticia el consenso pericial sobre la autopsia. Cuáles son los datos que manipuló.

 1. La mentira: “El juez Otranto ordenó despejar la ruta con la orden judicial 972/2017 que disponía despejar la ruta y “detener a quienes lo impidieran”. Además, la Ley 27.272 dice que quienes sean sorprendidos in fraganti cometiendo un delito, pueden ser perseguidos y detenidos por las fuerzas de seguridad. Cortar una ruta y lanzar piedras con hondas sobre la Gendarmería es un delito. Los violentos que no eran más de diez, de los cuales al menos el 30% no eran mapuches: un maestro, agitador del FpV, Santiago Maldonado, y un chileno de nombre Nicasio Luna. En los videos se ve cómo los gendarmes disuelven el piquete. Algunos de ellos entran en Pu Lof en persecución de enmascarados que los habían herido”.
La verdad: Santiago Maldonado fue visto por última vez con vida mientras huía de la represión de Gendarmería, en el marco de un operativo ilegal.
Santiago Maldonado llegó el 31 de julio a sumarse al corte de ruta de la comunidad en reclamo de la libertad del lonko Facundo Jones Huala. Gendarmería Nacional despejó la ruta a las 3:30 de la madrugada del 1 de agosto, según informó el primer alférez Daniel Gómez en las actas de la fuerza. Horas después, entre 8 y 10 personas regresaron a la ruta para continuar el reclamo y los gendarmes los reprimieron “con suma violencia”, como sostiene el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, en el prólogo del Informe Anual 2017 del organismo: “Apartándose de los protocolos de actuación, los gendarmes portaban hachas, dispararon balas de goma y arrojaron piedras. Cuando los manifestantes se replegaron en el territorio donde vive la comunidad, los agentes los persiguieron e ingresaron al predio sin autorización judicial. La justificación posterior fue que, como los manifestantes les arrojaban piedras, era necesario hacer cesar esa acción y, por lo tanto, detener a quienes la estaban cometiendo”.
El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, había dicho en diversas entrevistas que utilizarían la figura de “flagrancia” para detener a los miembros de la comunidad, tal como había coordinado personalmente con fuerzas federales de Río Negro y Chubut. El CELS subraya: “Con esa excusa, más de cincuenta gendarmes permanecieron cinco horas dentro del territorio en cuestión. Persiguieron a los jóvenes que habían cortado la ruta, allanaron las viviendas, quemaron pertenencias de las familias y secuestraron teléfonos, herramientas de trabajo y libros. Las fotografías de estos elementos de trabajo fueron presentadas a la prensa como si se tratara de armamento propio de un movimiento insurgente. Todo esto sin orden judicial”.
2. La mentira: “El 5 de agosto un perro de la Unidad Canina de Trevelin ubicó dónde estaba el cuerpo de Maldonado. El perro iba y volvía de un sitio junto al río y quería meterse al agua. Su entrenador dijo que en esta circunstancia era necesario ir al otro lado del río para buscar rastros que permitan saber si Maldonado lo había cruzado o estaba allí ahogado. Jones Huala lo impidió, alegando que ésa era tierra sagrada”.
La verdad: Los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la Regional Noroeste del Chubut que participaron de ese rastrillaje, Julio Saquero y Mabel Sánchez, desmintieron ese hecho.
El Defensor Federal de Esquel, Fernando Machado puntualizó las características del río: poca profundidad y una zona llena de ramas y malezas.
Por su parte, si bien cuestionó a la comunidad por “impedir” el rastrillaje, la fiscal federal Silvina Ávila sostuvo a través de un dictamen -fechado el 28 de agosto- que “los buzos de Prefectura Naval Argentina, dadas las características del río, explicaron las razones por las cuales el cuerpo del joven Maldonado no pudo haber realizado un largo recorrido a lo largo del mismo de acuerdo a sus características”.
3. La mentira: “En los siguientes días, buzos de Prefectura rastrearon a lo largo de kilómetros bajo la atenta vigilancia de los enmascarados que les hostigaron, especialmente cuando se acercaron al punto 0 en el que había desaparecido Maldonado y en donde finalmente se encontró su cuerpo. ¿Por qué tanta vigilancia? ¿Qué escondían en ese sitio?»
La verdad: El Prefecto Principal de la Prefectura Naval Argentina, Leandro Antonio Ruata, declaró el 3 de octubre ante el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, que el 18 de septiembre se realizó la “última jornada” de los rastrillajes que había ordenado el juez federal Guido Otranto, luego recusado. Ese operativo incluyó más de 350 efectivos, helicópteros, drones. Fue el día en que no dejaron entrar a la familia Maldonado ni a los organismos querellantes, y mantuvieron precintados a integrantes de la comunidad durante 12 horas (entre ellos al testigo Matías Santana) bajo la presencia de Otranto, la fiscal Ávila y el secretario del Ministerio de Seguridad, Guillermo Cané. La abogada de la familia Maldonado, la doctora Verónica Heredia, calificó esa medida como “brutal” y sostuvo que, si el cuerpo de Maldonado estuvo en el río desde el 1 de agosto, los funcionarios deben informar por qué el rastrillaje del 18 de septiembre, “con semejante despliegue”, haya dado negativo.
4. La mentira: “Las autoridades atendieron a los familiares de Santiago. El 5 de agosto conversaron telefónicamente con su madre, los hermanos reaccionaron mal, especialmente Sergio, que dijo que no quería hablar con el Gobierno, que la Gendarmería había secuestrado a Santiago y exigía que lo devuelvan”.
La verdad: Sergio Maldonado mostró a lavaca una conversación de WhatsApp entre su madre, Stella Peloso, y el secretario de Seguridad Interior del Ministerio, Gerardo Milman, del 6 de agosto. La mujer -en 25 de Mayo- le dice que no lo puede atender y que se comunique con Sergio, que es quien se está encargando de la causa. Respuesta de Milman: “Gracias, pero su hijo está en Bariloche. Bueno, nosotros intentamos reunirnos para buscar y esclarecer. Muchas gracias”. El siguiente mensaje de Milman fue: “Intenté hablar con su hijo pero no me atendió. Igual estamos en la búsqueda”.
La respuesta de Stella: “¿Sabés lo que tienen que hacer vos, Barberis (Daniel, de la Dirección de Violencia Institucional), Macri y Bullich? Encontrar a Santiago. Ese es su trabajo y no tenemos nada que hablar. Ya está todo hablado: hay un desaparecido hace cinco días”.
Respuesta de Milman: “Disculpe. Entonces no lo haremos como usted quiere”.
Más sobre el contacto con los funcionarios:

• Andrea Antico, cuñada de Santiago, dijo a MU: “El lunes 7 de agosto querían que fuéramos a ver a Bullrich. Nos citaban a las 5 de la tarde y había una marcha a las 4. Pensamos: ¿justo querés que vayamos cuando hay una marcha? Dijimos: “Quiere la foto”. Hablamos con nuestra abogada y pensamos que la postura que tuviéramos ese día sería la que tendríamos para siempre. Y dijimos: ´Nuestra postura es que no vamos a sentarnos con nadie del Gobierno, no hasta que nos digan algo, sino hasta que nos traigan a Santiago vivo. Tiene que estar en la misma mesa y, ahí sí, hablamos´”.
• El llamado del Presidente, Mauricio Macri, recién llegó el 20 de octubre, el día que Sergio Maldonado reconoció en la Morgue Judicial que el cuerpo hallado en el Río Chubut era Santiago.
• Ese día, también, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo a los medios que había hablado por teléfono con Sergio, quien lo desmintió.

5. La mentira: “Algunos dijeron que Patricia Bullrich debía declarar en disponibilidad al personal de la Gendarmería que participó  en el operativo. Tomaron declaraciones a más de sesenta gendarmes, se hicieron entrevistas a fondo a los diez que participaron directamente en los hechos y se llegó a la conclusión de que no existía ningún indicio que permitiera dudar del relato de los gendarmes. Todo esto fue entregado al juez, y forma parte del expediente”.
La verdad: El protocolo internacional vigente para la desaparición forzada de personas establece que debe mantenerse apartado de la investigación todo agente estatal involucrado en el hecho que se investiga. En este caso, si la hipótesis de la investigación judicial hubiese incluido a la actuación de Ministerio de Seguridad, debería haberse apartado no sólo a Gendarmería, sino a todo el personal dependiente de esa cartera.
El Ministerio de Seguridad, a través del secretario Cané, introdujo el 15 de agosto la falsa hipótesis del puestero dentro del expediente de habeas corpus, promovida al día siguiente por la propia ministra Bullrich en el Senado, incluso cuando el Ministerio ya había encarado las actuaciones administrativas en las que surgían las irregularidades del operativo de Gendarmería.
A través de un duro informe fechado el 6 de octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remarcó su preocupación por las falencias en el accionar del Estado en la búsqueda de Santiago Maldonado y la investigación judicial por la responsabilidad en su desaparición. El informe, firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, cuestiona la postura del Poder Ejecutivo que, en sus declaraciones públicas, rechazó “la hipótesis de involucramiento de las fuerzas federales en los hechos” así como la tipificación en una eventual desaparición forzada. Los expertos enumeraron, en particular, algunas de las declaraciones de la ministra Bullrich:

• El 7 de agosto, la ministra dijo que “no hay ningún indicio” del involucramiento de Gendarmería en la desaparición.
• El 27 de agosto, declaró a La Nación: “Estoy segura de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho”.
• El 16 de agosto, la ministra dijo en su interpelación en el Senado que no había ningún testimonio que aseverara que Maldonado estuvo en la Pu Lof. Los expertos señalaron: “El Comité queda sorprendido con esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba al señor Santiago Maldonado en el territorio”.

Por esa razón, concluyó: “El Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de Gendarmería. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de personas desaparecidas”.
Los expertos también dedicaron un apartado a la filtración de las “actuaciones administrativas” del Ministerio de Seguridad y se declara “sorprendido” de la filtración de éstas a algunos medios de comunicación, incluso antes de que figuraran en la causas judiciales. A modo de ejemplo, cita cuando el Ministerio aportó las entrevistas relacionadas al incidente en el que un gendarme le habría tirado una piedra a un manifestante a las 00:20 del martes 12 de septiembre. No obstante, según la información proporcionada al Comité, “esa información fue publicada en la versión impresa del diario La Nación del mismo 12 de septiembre, antes de que las partes tuvieran conocimiento de dicha presentación”.
Los expertos del Comité toman en cuenta el dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que –como reveló lavaca– definió la investigación del Ministerio (la misma que cita Durán Barba en su nota) como “chapucera”. El Comité tomó nota que las “declaraciones a más de sesenta gendarmes” y las “entrevistas de fondo” que mencionó el asesor de imagen del Gobierno no fueron más que actuaciones que incurrieron en la “falta de certeza” en el origen de las medidas, y plantearon sus dudas sobre la supuesta funcionalidad o no del área que encaró las entrevistas a los gendarmes, además de la “informalidad” de esos contenidos que no contaron con “ningún tipo de resguardo legal” para los entrevistados.