El decreto de Macri tiene su espejo mexicano. Los pretextos son los mismos: narcotráfico y terrorismo. Los resultados: más violencia, muerte e impunidad. Por Eliana Gilet desde Ciudad de México. Fotos de Ernesto Álvarez

Es difícil escribir estas palabras, porque a los dedos les pesa un tono premonitorio. Si de algo sirve revisar el camino que dejó a México con un récord histórico de asesinatos (31.000 en 2017) es para arrojar pistas que guíen la intuición de lo que vaya pasando en la Argentina, bajo la hipótesis de que estamos frente al mismo fenómeno, trasnacional y sistémico.
“Esto va más allá de los gobiernos”, escribió el periodista Raúl Zibechi y tiene razón. En México la militarización es un proceso que lleva más de veinte años y que comenzó, justamente, bajo el argumento del control del narco en la frontera norte. Tal cual.
“La guerra contra el narco es una guerra contra el pueblo”, escribió Dawn Paley, periodista canadiense instalada en México, en su libro Capitalismo Antidrogas y, lamentablemente, también tiene razón.

Pretextos del horror

osé Guevara, director ejecutivo de la Comisión mexicana de defensa y promoción de los Derechos Humanos, analiza: “El tema de las drogas aparece vinculado a la tortura. Por lo general, detienen jóvenes que por prejuicios las autoridades policíacas o militares asumen que son consumidores o traficantes de drogas. Teniendo o no drogas consigo, se los llevan a lugares para torturarlos y obtener información del negocio que supuestamente quieren combatir. Si no tienen drogas, se las siembran y los acusan del delito de narcotráfico, para justificar su trabajo”, explica Guevara.
Así, las drogas se utilizan como una herramienta para inculpar detenidos arbitrariamente. La generalización de la tortura como método de investigación es tan reiterada que incluso provocó un revés reciente en el caso Ayotzinapa: un tribunal del norte del país confirmó que las confesiones de los acusados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron obtenidas mediante tortura. Así, el tribunal ordenó rehacer toda la investigación de la Procuraduría General de la República.
La tortura (y las detenciones arbitrarias que la acompañan) está asociada a los casos de desaparición forzada en que participaron militares. Sigue Guevara: “Representamos un caso en que las autoridades militares detuvieron a un joven, lo torturaron, se les paso la mano con la tortura, los médicos militares lo declararon muerto y el batallón militar lo llevó a enterrar clandestinamente a una carretera. Cuando se exhumó su cuerpo, supimos que le habían echado ácido en la cara para que no fuera identificado. Luego se comprobó que lo enterraron vivo”.
Otros casos similares hablan de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o de la tortura ejercida por militares, entierros en fosas comunes, desaparecidos. Mientras no se tenga una investigación seria de los más de 34 mil casos de personas desaparecidas del registro oficial – sostiene Guevara citando al Comité contra la desaparición forzada de la ONU – “no se puede descartar la posibilidad de que en esos casos hubo involucramiento de agentes del Estado”.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM elaboró un informe que revela que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen un índice de letalidad desproporcionado, que supera el de los conflictos bélicos declarados, como la guerra de Vietnam, donde el número de heridos suele ser mayor que el de muertos. “Lo que se presume con ese indicador es que las Fuerzas Armadas están saliendo a matar para no dejar heridos”, explicó Guevara. “El efecto de tener esta política afecta principalmente a jóvenes y mujeres que recurren a la posibilidad de vender drogas para subsistir o mantener a su familia. Las personas que se benefician del negocio, empresarios, los políticos y los grandes narcotraficantes, viven tranquilos sin que se les persiga ni se les investigue”, sostiene Guevara.

2. L. Vidal R. y su compañero, elementos de la secretaría de seguridad pública detiene arbitrariamente a un joven en el barrio de Tepito.
Foto: Ernesto Àlvarez

Seguridad insegura

i de algo sirvió la breve discusión parlamentaria (15 días, acaso más que un decreto) que tuvo la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, fue entender que la militarización de México no empezó en el año 2007 con el presidente Felipe Calderón, sino una década antes. En 1996 el entonces presidente mexicano, Ernesto Zedillo sacó a los militares a la calle mediante la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, norma que fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia porque el uso de los militares en tiempos de paz está prohibido en la Constitución mexicana. Pero desde entonces la influencia militar no ha hecho más que crecer. “La Suprema Corte no reparó en distinguir el concepto de seguridad interior del de seguridad pública, y los confundió”, explicó el abogado constitucionalista Santiago Corcuera, que también fue parte del grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada.
En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentó en su “Informe de Seguridad Ciudadana” que el concepto de “seguridad interior” es contrapuesto al de “seguridad ciudadana” que prioriza los derechos frente a la mano dura del primero. Así, el de seguridad interior se vuelve un concepto autoritario: “Este tipo de planteamientos responden a la confusión entre conceptos de “seguridad pública” y “seguridad nacional”, cuando es indudable que la criminalidad ordinaria – por muy grave que sea- no constituye una amenaza a la soberanía del Estado”.
La Ley de Seguridad Nacional mexicana de 2004 metió al crimen organizado en esa categoría y luego los legisladores fueron aumentando los delitos considerados parte del “crimen organizado”, al punto que hoy el robo de vehículos es uno de ellos.
La debacle vino cuando llegó el dinero de Estados Unidos. La Iniciativa Mérida es la versión mexicana del Plan Colombia. Además de promover la militarización del país, la Iniciativa tiene como cometido la transición hacia un sistema acusatorio de justicia, así como el “fortalecimiento del Estado de Derecho”. En su trabajo, la periodista canadiense retrata el papel de la USAID, la agencia estadounidense que financia desde consultorías a festivales de cine independiente, en la promoción de que México acerque sus instituciones a los parámetros establecidos por el norte. Es la parte contrainsurgente de la estrategia, sostiene Paley.
Así, la Ley de Seguridad Interior de fines de 2017 vino a dar “certeza jurídica” a la tarea “provisoria y excepcional” que los militares desempeñaron durante los veinte años previos. Además, creó un nuevo régimen mediante el que la sola voluntad del Presidente puede intervenir militarmente un territorio, colocando a un General como “coordinador” por encima de todas las autoridades civiles. El argumento que sostuvo públicamente la necesidad de la permanencia y crecimiento de la intervención militar en tareas de seguridad pública fue la corrupción de las policías locales.

Militar durante la tercera brigada de buscada de desaparecidos.
Foto: Ernesto Àlvarez

Pistas para el futuro

ara encontrar una guía en medio del caos, conviene regresar al trabajo de Rita Segato Las nuevas formas de la guerra, dónde explica que ésta confusión es la dimensión contrainsurgente del nuevo tipo de conflicto armado. La antropóloga argentina describe que su característica sobresaliente es la informalidad, porque la guerra ya no se dará entre Estados con mayor o menor poder de fuego, sino entre “corporaciones armadas que se entretejen e hibridan con partes del estado y con fuerzas paraestatales”.
Paley también señala que la consecuencia oculta de la militarización es el auge del paramilitarismo. “El proyecto de la guerra es hoy, para sus administradores, un proyecto de largo plazo, sin victorias ni derrotas conclusivas. Casi podría decirse que el plan es que se transformen, en muchas regiones del mundo, en una forma de existencia”, escribe Segato. Paley también lo define: “El terror es usado en esta guerra contra la población mientras se implementan políticas que facilitan la inversión extranjera directa y el crecimiento económico. Eso es el capitalismo antidrogas”.