(Incluye la demanda completa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Argentino por la desaparición de Iván Torres). Antes del 30 de enero de este año el Estado Argentino debía responder ante la Corte Interamericana por la causa que investiga la desaparición forzada de Iván Torres, ocurrida en 2003. El 19 de enero la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requirió a la jueza del caso “información actualizada” sobre el tema. La feria judicial fue levantada. Al día siguiente, 20 de enero, se dictó el procesamiento contra 15 policías, ocho de los cuales habían ya sido sobreseídos en 2007 por la misma magistrada. Verónica Heredia, abogada del caso, aclara a lavaca: “Esto es simplemente un acto que realiza el Estado para tener con qué presentarse en la instancia internacional ante la que está demandado, pero que no significa que se haya comenzado la búsqueda por desaparición forzada de Iván”. La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea (ver más abajo) lo contrario.
La recompensa
Iván Eladio Torres desapareció a los 26 años, el 2 de octubre de 2003. Las dos primeras medidas de la jueza a cargo de la causa, Eva Parcio de Seleme, fueron abrir un legajo de búsqueda (como si Iván se hubiese fugado) y tasar una recompensa de 100 mil pesos a quien aportase datos. Los teléfonos sonaron: Iván estaba en Chile, en Ciudad Oculta, vendiendo autos robados, consumiendo drogas… Iván no estaba. Nadie escuchó a María Millacura, la madre de Iván, cuando culpó a los policías de la seccional 1º por la desaparición de su hijo. Pero luego de 5 años de inactividad judicial, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó cambiar la carátula de la causa a “desaparición forzada”.
¿Qué es una desaparición forzada?
En 2007 la misma jueza federal había dictado el sobreseimiento de ocho policías acusados, argumentando: “De comprobarse existencia de conducta tales, ciertamente se trataría de un caso de corrupción de miembros de la institución policial pero la responsabilidad de esos hechos, no podría ser trasladada sin más al Estado como si se tratara de su política”.
Sin embargo, ¿qué es una desaparición forzada? ¿Una corrupción policial o algo diferente? ¿Un “algo habrá hecho” versión siglo XXI? Dice el artículo II de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas:
“Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
En el país de los desaparecidos, el delito continúa. Y en el caso de Iván, la desaparición sigue cometiéndose cada día en que sigue sin aclararse el caso.
Testigos asesinados
Mientras la jueza sobreseía policías, al menos cuatro testigos del caso perdieron la vida en circunstancias aun no esclarecidas. Dos de ellos habían denunciado haber visto con vida a Iván en la comisaría y haber sufrido ellos mismos golpes por parte de la policía. Habían revelado, además, que temían por sus vidas. Uno de esos testigos, Walter Mansilla, ya protegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 6 de julio de 2006, fue asesinado en junio de 2007 y asentado en el Libro de la Morgue de Comodoro Rivadavia como ‘NN’. La Corte había extendido la protección a los familiares, testigos y abogadas del caso.
La denuncia contra el Estado
“Si el Estado Argentino no actualiza la información, si no hace nada frente al caso denunciado, la Comisión presenta una denuncia al Estado por no investigar seriamente”, explica la abogada Verónica Heredia a lavaca. Precisamente eso sucedió con la investigación de Iván: el 18 de abril del 2010 la Comisión presentó su denuncia contra el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenando que se investigue “no solamente a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición de Iván, sino a todas las personas adscriptas al Estado que la permitieron y permiten su impunidad”, en palabras de Heredia. También María Millacura presentó su demanda contra el Estado.
En la demanda de la Comisión, hay párrafos de una claridad asombrosa para comprender el caso. El 191, por ejemplo:
“Las investigaciones realizadas por la desaparición forzada de Iván Eladio Torres, según se desprende de los elementos probatorios obrantes en el expediente de la Comisión, se han caracterizado por la negligencia de las autoridades judiciales en la recolección de la prueba, el encaminamiento del proceso y, especialmente, en la tardanza en la conclusión de aquél y el consecuente enjuiciamiento de los presuntos responsables intelectuales y materiales”.
O el párrafo 208:
“En tanto el sistema judicial se mantenga inactivo y encubridor mediante la omisión o falta de una investigación adecuada, los hechos permanecen en la impunidad. La jurisprudencia del sistema interamericano ya ha establecido que la falta de sanción permite la repetición de las violaciones investigadas. El juzgamiento y sanción de los autores responsables tiene una función preventiva para que hechos de esa misma naturaleza no vuelvan a suceder”.

Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Argentino por la desaparición de Iván Torres (en formato .pdf)

La Corte Interamericana tiene la función de juzgar directamente a los Estados y dictar una reparación integral a las víctimas del caso, entre otras cosas. “Por un lado la reparación es pecuniaria, y por otro comprende todas aquellas medidas que garanticen la no repetición del hecho. Por ejemplo, modificar las leyes y las prácticas”.
Un ejemplo: semanas antes de la desaparición de Iván, el caso de Walter Bulacio (muerto por la policía en 1991) también había llegado a instancias internacionales. La Corte condenó al Estado argentino en esa oportunidad, “por contar con leyes y prácticas que permiten las detenciones arbitrarias por parte de la policía”. Heredia completa el círculo de (no) coincidencias: “Si el Estado hubiera cumplido algo de esa condena, semanas más tarde no hubiera pasado lo de Iván”.
Imparcial, efectiva y pronta
Los policías ahora procesados no sufren prisión, y sí un embargo de 200.000 pesos. Sus nombres: Fabián Alcides Tillería (39 años), Juan Sandro Montesino (35), Marcelo Miguel Alberto Chemín (33), José Luis Bahamonde (41), Pablo Miguel Ruiz (27), Mario Alberto Gómez (39), Herán Eliseo Leiva (46), Rosana Elizabet Soler (28), Nicolás Alfredo Fajardo (43), Sergio Omar Thiers (44), Sebastián Florentino Cifuentes (28), Santiago Antonio Rodríguez (28), Héctor Enrique Cocha (38), Roberto Damián Soto 35) y Jorge Alejandro Bahamande (39).
No se les dictó prisión preventiva con el argumento de que “aún mantienen su carácter de funcionarios públicos”. Heredia se inquieta: “Lo más preocupante de esta situación es que el argumento para no dictar la prisión preventiva sea que son funcionarios públicos cuando en realidad ese delito sólo puede cometerlo un funcionario público”. Para seguir eliminando conceptos técnicos, Heredia ejemplifica: “Hoy, por ejemplo, estuve en una audiencia donde se le dictó prisión preventiva a un muchachito que llegó descalzo a la audiencia, todo golpeado, y denunció que lo golpeó la policía. Pero lo acusaron a él, diciendo que podía entorpecer la investigación. ”.
Heredia concluye: “Este procesamiento de policías es simplemente un acto que realiza el Estado para tener con que presentarse en la instancia internacional, pero no significa que se haya comenzado la búsqueda por desaparición forzada de Iván. A lo mejor parece técnica la cuestión, pero es tan burdo y de sentido común que resulta increíble que lo haya firmado la jueza, y luego esto se presente a instancias internacionales”. Quizá sea éste un tiro por la culata: la propia Corte entenderá estas contradicciones, confía Heredia. “Nosotros entendemos que la Corte va a condenar al Estado argentino por la desaparición forzada de Iván”.
“Nosotras (por la propia Heredia y María, madre de Iván) vamos a seguir exigiendo una investigación imparcial, y por esto decimos que la jueza no puede continuar al frente del caso. Ahora veremos cómo continúa actuando el Ministerio Público Fiscal, ente del Estado. Si va a garantizar el proceso, cómo va a manejar las apelaciones de los policías (porque todos apelaron), y mientras tanto vamos a esperar qué pasa en el ámbito internacional. Y si el propio Estado garantiza esta investigación tal cual lo especificó la Corte Interamericana: completa, imparcial, efectiva y pronta”.