Nota
5.000 millones y 52 mil efectivos sin control: el diagnóstico del Cels sobre la policía bonaerense
«En los últimos días, la policía bonaerense ejecutó a dos adolescentes en José León Suárez y a un joven en Baradero, y disparó por la espalda a otro joven en Mar del Plata que se encuentra herido de gravedad. Estos hechos requieren respuestas estructurales y enérgicas del gobierno provincial que reemplacen de manera definitiva el modelo autoritario e ineficiente de autogestión policial que sólo incrementa el delito y provoca más muertes. A las respuestas judiciales hay que sumarle respuestas políticas». Así comienza el documento que en cuatro páginas resume el diagnóstico que el CELS, la Comisión Por la Memoria de la provincia de Buenos Aires y la CTA bonaerense presentaron ayer en la Cámara de Diputados de La Plata. Sintetiza una crítica contundente a la política de seguridad del gobernador Daniel Scioli. «El autogobierno significa traspasar potestades a los propios efectivos policiales y habilita un campo discrecional para el ejercicio de la fuerza, la violación de derechos y la reactivación de redes de ilegalidad, que constituyen el trasfondo de hechos gravísimos como las ejecuciones policiales o la desaparición de Luciano Arruga en enero de 2009».
Define también el alcance del problema: » El poder estratégico y administrativo sobre una fuerza de 52 mil efectivos y un presupuesto anual de casi 5.000 millones de pesos no puede recaer en una jefatura cuyo poder se encuentra concentrado en un Jefe de Policía y unos pocos comisarios generales». Y propone:
- Profundizar las investigaciones judiciales y administrativas
- Separar el Ministerio de Justicia y Seguridad: diseño de una estructura de
- gestión civil y conducción estratégica de la Policía Bonaerense.
- Desarrollar la capacidad de investigación judicial y terminar con la impunidad.
- Creación de la Policía Judicial.
- Implementar protocolos de actuación y de uso de fuerza
- Implementar instancias de control interno y externo
- Implementar un modelo protector de los derechos de la niñez y la juventud
- Financiar con fondos específicos el Sistema de Promoción y Protección Integral
- de Derechos
Aquí el texto completo:
Violencia policial: el agotamiento del modelo de autogobierno y la necesidad de respuestas políticas urgentes.
Propuestas para una agenda de seguridad en la provincia de Buenos Aires.
En los últimos días, la policía bonaerense ejecutó a dos adolescentes en José León Suárez y a un joven en Baradero, y disparó por la espalda a otro joven en Mar del Plata que se encuentra herido de gravedad. Estos hechos requieren respuestas estructurales y enérgicas del gobierno provincial que reemplacen de manera definitiva el modelo autoritario e ineficiente de autogestión policial que sólo incrementa el delito y provoca más muertes. A las respuestas judiciales hay que sumarle respuestas políticas.
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito de modo eficiente y respetuoso de los derechos humanos demanda un sistema policial subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. Ha quedado demostrado que la autonomía policial como forma de gobernabilidad conduce a respuestas policiales violentas y represivas.
No sólo se desentiende del control de las fuerzas de seguridad sino también de contar con las herramientas de gestión que permiten el monitoreo del delito y del trabajo policial necesarias para la formulación de las políticas y estrategias de seguridad.
Además, desdibuja toda posibilidad de que se implementen iniciativas serias de participación ciudadana y prevención comunitaria de la violencia.
El ejercicio de las funciones de auditoría interna en la policía bonaerense a cargo de civiles especializados en investigación administrativa ha revelado mayor efectividad en los breves lapsos en que fue aplicado. Se lograron investigaciones más rápidas y completas que las realizadas por la propia justicia, a la vez que fueron expulsados de la fuerza aquellos que incurrían en abusos funcionales y actividades delictivas. El autogobierno significa traspasar esas potestades a los propios efectivos policiales y habilita un campo discrecional para el ejercicio de la fuerza, la violación de derechos y la reactivación de redes de ilegalidad, que constituyen el trasfondo de hechos gravísimos como las ejecuciones policiales o la desaparición de Luciano Arruga en enero de 2009.
En ese contexto, la unificación de las responsabilidades de seguridad y de justicia en un solo ministerio contribuye a sostener el autogobierno policial, en la medida que reduce las capacidades institucionales del área de seguridad y profundiza la delegación de la gestión en las cúpulas policiales. El poder estratégico y administrativo sobre una fuerza de 52 mil efectivos y un presupuesto anual de casi
5.000 millones de pesos no pueden recaer en una jefatura cuyo poder se encuentra concentrado en un Jefe de Policía y unos pocos comisarios generales.
Las respuestas que pretenden encarar los problemas de seguridad con medidas que profundizan la autogestión policial conducen a cuerpos no profesionalizados, con pocas herramientas para perseguir el delito complejo, funcionales a la reproducción de las redes de ilegalidad y con altos grados de violencia institucional.
Por lo tanto, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
La convocatoria a la discusión, el debate y las propuestas democráticas debe incluir a las diversas fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, sindicales y religiosas, a las universidades, entre muchas otras, de modo de fortalecer acuerdos y promover medidas puntuales que permitan construir soluciones duraderas, plurales e inclusivas.
En el marco de los principios que guían el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) proponemos algunos de los lineamientos que deberían formar parte de la agenda de seguridad y de reforma policial de la provincia de Buenos Aires.
Profundizar las investigaciones judiciales y administrativas
En primer lugar es imprescindible que el gobierno provincial muestre un fuerte compromiso con el avance de las investigaciones judiciales y administrativas para individualizar y sancionar a los responsables de las ejecuciones de José León Suárez y Baradero. En materia de ejecuciones policiales, el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones del derecho a la vida de manera completa, independiente e imparcial.
Es imperioso avanzar en la delimitación de las conductas de todos los policías involucrados en los hechos de José León Suárez y Baradero. Por ello, se debe profundizar la investigación para esclarecer la autoría material y directa del hecho y a su vez la responsabilidad indirecta y funcional en el procedimiento policial.
Separar el Ministerio de Justicia y Seguridad: diseño de una estructura de gestión civil y conducción estratégica de la Policía Bonaerense.
Se necesitan respuestas políticas concretas para retomar el gobierno y el control civil de la gestión de la seguridad en lo vinculado con la autoridad disciplinaria, la producción de información y la administración de emergencias y de evaluación operativa de la fuerza policial. Con un programa reformador y democratizador, se debe enfocar en la especialización, la modernización funcional y la descentralización de la gestión policial bajo la dirección de las autoridades políticas.
Los procesos de reforma y modernización del sistema de seguridad provincial suponen la construcción de un liderazgo político eficiente que conlleve un profundo cambio en sus formas tradicionales de funcionamiento y organización.
Para llevar adelante ese proceso, es necesaria la conformación de un Ministerio de Seguridad responsable de la gestión gubernamental de los asuntos de la seguridad pública, en particular de lo referido a la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias del sector.
Por cierto, tal exigencia no se satisface con la mera creación de dicho Ministerio sino con la reforma de la ley que regula las diferentes competencias de cada una de sus dependencias para dotarlo de una estructura que haga posible y cierto el control y la conducción estratégica de la agencia policial. Es fundamental contar con subsecretarías y direcciones que tengan incumbencia en cada una de las áreas o cuerpos en que la institución policial se encuentra dividida.
Desarrollar la capacidad de investigación judicial y terminar con la impunidad.
Creación de la Policía Judicial.
Los problemas de seguridad que vive la provincia de Buenos Aires también están ligados a fuertes condiciones estructurales que garantizan impunidad. Una de ellas es la delegación de la investigación penal de los fiscales a la policía bonaerense, una fuerza sospechada de contener grupos delictivos en su seno que gerencian o regulan el delito. En muchos casos la policía ha sido separada de las investigaciones, que quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional.
Este cuadro exige cumplir la norma constitucional que dispone la creación por ley de una policía judicial dependiente de la Procuración de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Ello permitirá aumentar el grado de independencia y eficacia de las investigaciones judiciales y disminuir el ámbito de discrecionalidad policial para el armado de causas o venta de resultados de las investigaciones por personal policial.
Implementar protocolos de actuación y de uso de fuerza
Otra medida concreta es la reglamentación y control del uso de la fuerza, la forma de proceder en las detenciones y el diseño y la conducción de operativos frente a grandes concentraciones de personas, ya sea en ocasión de espectáculos, de desalojos, de protestas sociales o en formas combinadas de resistencia a una acción policial que deriva en una protesta como forma de acción directa.
Para ello es fundamental establecer estándares de actuación en el espacio público con rango normativo, de modo de asegurar un uso proporcional, racional y subsidiario de la fuerza y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
No alcanza con la mención retórica de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es preciso avanzar en la reglamentación específica de estas cuestiones, la definición de responsabilidades concretas, la formación y capacitación de los policías y la sanción efectiva de quienes actúan en contradicción con esos principios.
Implementar instancias de control interno y externo
A su vez, resulta esencial la creación de un organismo independiente de investigación administrativa compuesto por civiles para poner fin a uno de los mayores problemas que presenta la institución: policías que se investigan entre sí y encubren su accionar ilegal en lugar de sancionarlo. La potestad de realizar sumarios y de aplicar sanciones disciplinarias no debe estar en manos del jefe de la fuerza sino de la dirección civil.
Por otra parte, es necesario recuperar y profundizar los mecanismos de participación comunitaria en el diagnóstico, planificación y control de gestión de la seguridad pública establecidos por la ley 12.154.
Implementar un modelo protector de los derechos de la niñez y la juventud
Los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables son las víctimas directas del accionar descontrolado de las fuerzas policiales. Los problemas de seguridad no se resuelven desde un abordaje autoritario y represivo. Las respuestas violentas de las fuerzas de seguridad y la intervención policial en las escuelas tampoco solucionan la problemática de la niñez y la juventud.
Sobre la base de la Asignación Universal por Hijo es indispensable que el gobierno provincial avance en la implementación de políticas universales que promuevan y protejan sus derechos sin discriminación alguna. Son las iniciativas dirigidas a la inclusión social las que posibilitan que los jóvenes construyan proyectos de vida.
El Estado tiene la obligación de estructurar políticas de carácter público concretas para protegerlos sin represión ni encierro, respetando la mirada integral de sus derechos y el interés superior del niño.
El gobierno provincial debe fortalecer la constitución del sistema de promoción y protección de derechos establecido por la ley 13.298 partiendo del piso de la asignación presupuestaria prevista por la Legislatura Bonaerense e impulsada por organizaciones de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, el Defensor del Niño y el Observatorio Social prescriptos en los artículos 16 y 24 de esa ley deben constituirse en dispositivos estratégicos para asegurar el pleno ejercicio de derechos.
Financiar con fondos específicos el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos
Es imprescindible contar con el financiamiento necesario para la implementación de políticas públicas activas que desarrollen una intervención social protectora de derechos de los colectivos sociales más desfavorecidos en el esquema de distribución del ingreso y de bienes materiales y simbólicos, que sufren de manera más directa, frecuente y traumática los efectos de la violencia social y policial. Para ello es impostergable tomar la decisión política de avanzar en la sanción de una Ley de
Financiamiento para el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos que garantice la afectación de un fondo específico para garantizar su funcionamiento.
Nota
MU 215: Sin chamuyo
Viaje a la vida en el Delta: Y la nave va
Mientras el gobierno nacional privatiza la principal vía navegable del país con un nivel de tráfico comercial gigantesco y opaco, quienes habitan el delta advierten sobre el impacto a una forma de vivir, al humedal que provee biodiversidad, y a una soberanía que se pierde río abajo. Viaje en barco de MU desde el bajo delta bonaerense, para conocer y escuchar a isleños, productores, docentes, ambientalistas y vecinos que resisten otra avanzada sobre un territorio en disputa.
Por Francisco Pandolfi
Gonzalo Giles, pensador y comunicador «disca»: Error en el sistema
Gonzalo Giles, activista del movimiento disca que resiste el ajuste.
Es mudo pero logra hacerse oír. Humor, creatividad y política:
“Necesitamos menos caudillos y más gente que construya”.
Es escritor, activista y referente de una generación que convirtió la experiencia de la discapacidad en una potencia de comunicación y acción. Ahora prepara un espacio propio para intervenir en política. Una conversación sobre prejuicios, salud mental, amores, liderazgo, y “lo disca” como una categoría desde la cual pensar –y reconstruir– un país.
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La dictadura en el delta: Los sonidos de El Silencio
La quinta El Silencio fue un centro clandestino en el que la dictadura escondió en 1979 a 40 personas secuestradas. ¿Cuánto se sabía y cuánto se callaba entre las islas y ríos del Delta? Un viaje a ese paisaje y a esa realidad: la alianza entre una vecina y una historiadora, lo que cuentan los sobrevivientes, los barcos de la muerte y la investigación de chicos de la zona, con sus preguntas y sus grabadores, para entender el pasado y mucho del presente.
Por Lucas Pedulla
Violencia policial en Constitución: La ley y el orden
La Policía de la Ciudad asesinó a Víctor Vargas (foto) disparándole tres balazos por la espalda. Intentó ocultar la verdad del crimen pero la investigación judicial detectó a los culpables y se abrió una causa sobre la relación entre la venta de drogas y la complicidad policial. ¿Quién era Víctor? Constitución como tierra de nadie y la violencia institucional contra prostitutas, travestis y quienes tratan de sobrevivir a la crisis de cada día.
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El «Woodstock ambiental» contra los agrotóxicos: De película
Alarmados por los pesticidas y sus efectos de contaminación ambiental y humana, estudiantes y un maestro de una escuela pública cordobesa empezaron a componer canciones. Convocaron tímidamente a artistas, y se sumaron más de 300. Ya hicieron tres discos y un recital en el campo. Una canción para mi tierra es el film que relata esa aventura que empezó en una comunidad, siguió por decenas de escuelas y tiene contagios en defensa del ambiente y la vida desde España hasta el Amazonas.
Por María del Carmen Varela
Un biodrama del presente: Puta madre
La obra Putamadre muestra los mandatos, la soledad de las mujeres que crían solas, y una sociedad que las juzga antes de escucharlas. Lejos de la maternidad romántica, humor, amor y la historia real de una madre con su hijo todavía preso: ambos en escena, él a través de una filmación desde la cárcel. Lo que puede el arte para derrumbar prejuicios.
Por Evangelina Bucari
La Cogolla: Flor de cultivo
Yael Frida Gutman mezcla cabaret, transformismo, música y humor para hablar de cannabis, autogestión y libertad: una obra que crece desde hace cinco temporadas y convierte cada función en una celebración, una conversación y una invitación a pensar.
por María del Carmen Varela
Desentendimiento: Fingir demencia
Sabemos lo que pasa, pero no hacemos nada. La filósofa eslovena Alenka Zupančič escribió Desentendimiento-Una forma perversa de la razón en la crisis permanente, sobre ese rasgo que no es el “negacionismo” y que consiste en eso que llamamos “fingir demencia” (o normalidad). Las fake, el oscurantismo, y los que se creen por encima de la gente.
Por Franco Ciancaglini
Crónicas del Más Acá: Parlantes
Por Carlos Melone
Nota
MU 214: Mujer maravilla
Ella y sus dos hijos llevan glifosato en su sangre, al igual que muchos y muchas en
Pergamino, localidad contaminada por el agronegocio donde dieron batalla y hoy
protagonizan un juicio histórico contra productores y funcionarios. ¿Será justicia?
Ganar la vida: La historia de (no) ficción de Sabrina Ortiz
Su hijo Ciro tenía 120 veces más agrotóxicos que lo “admisible”. Su hija Fiamma, 100 veces más; ella, 58. Viven en Pergamino, llamada “la capital del veneno”, donde se encontraron pesticidas hasta en el agua de red. Bajo amenazas de muerte Sabrina inició una denuncia convertida en un juicio histórico que está por tener sentencia buscando terminar con la impunidad. La acompaña una abogada de lujo: ella misma se recibió como parte de su lucha, porque nadie se atrevía a representarla. No es una película sino un retrato de la Argentina actual: un modelo de contaminación, enfermedad y muerte, frente a la lucha de las comunidades que no se resignan a un presente tóxico.
Por Francisco Pandolfi
La calle criminalizada: El derecho a la protesta en la era Milei-Bullrich
El teatro antidisturbios del presente: descontrol de las fuerzas represivas, cientos de heridos, detenciones arbitrarias, armado de causas, y un proceso judicial que poco tiene de justicia. Los casos de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, aún detenidos por protestar el día de la Ley de Reforma Laboral, hablan de la impunidad con la cual se maneja el gobierno con aval de jueces y fiscales. Lo cuentan ellos, sus familiares y defensas en esta investigación especial.
Por Lucas Pedulla
Década perdida: Marta Montero, mamá de Lucía Pérez
“Estamos como el día 1”. La frase de la madre de la joven asesinada en 2016 remite a aquel año: cuando denunciaron que dos narcofemicidas habían abusado y asesinado a su hija, hasta hoy, dos juicios después, pues la impunidad sigue consagrada. De motivar el Primer Paro Nacional de Mujeres a la decisión que tomó Marta ahora: estudiar abogacía. La injusticia como una tortura y la lucha como un tejido social que sigue en Mar del Plata, con un centro cultural, un bachillerato y un movimiento que no se amilana.
Por Evangelina Buccari
La Cordobaza: 3J y el Ni Una Menos en la provincia de Agostina
La undécima edición del Ni Una Menos llegó a Córdoba con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. La gente salió a la calle bajo la lluvia once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta. Cómo se busca justicia.
Por Bernardina Rosini
El modelo Redondo: El Indio Solari y la autogestión
¿Qué explica que una banda que rechazó las reglas de la industria se haya convertido uno de los fenómenos culturales más masivos de la Argentina? Desde la producción de sus discos hasta la organización de sus recitales, desde el vínculo con su público hasta la construcción de una comunidad capaz de sobrevivir a su propio fundador, la historia del Indio Solari y sus grupos también es la historia de una forma de crear, pensar, sentir y organizarse, con la autogestión como herramienta y filosofía de vida.
Por Francisco Pandolfi, Mariano Randazzo y Franco Ciancaglini
Mundo Chueco: Jorge Chueco Romero, sacerdote de Ciudad Oculta
Es cura en Ciudad Oculta. Todos los miércoles acompaña el reclamo de jubilados en el Congreso, donde aguanta los palazos y el gas pimienta. No cobra la asignación de la Curia, sino que vive de su trabajo como obrero y albañil. Una “camicharla” entre los murales del barrio: qué hacer con la vida, Bergoglio, el Indio, el peronismo, y una lista de cosas importantes.
Por Sergio Ciancaglini
El trava power: Las Simbióticas
Nacidas en las sierras cordobesas, mezclan cumbia, humor travesti y compromiso político. Entre canciones, risas y reflexión, sus integrantes reivindican la construcción de redes, la diversidad y la alegría como forma de resistencia.
Por María del Carmen Varela
Ser de luz: Nina Suárez
Acaba de sacar el disco El lado oscuro, donde enfrenta algunos fantasmas y ausencias familiares y amorosas, acaso dos versiones de lo mismo. Lo hizo con un power trío que se suena todo. Ella compone, canta y toca la guitarra de una manera conmovedora y que remite inevitablemente a su madre, Rosario Bléfari. Breve semblanza de una artista capaz de brillar con la oscuridad.
Por Franco Ciancaglini
Crónicas del más acá: GPS
Por Carlos Melone
Nota
La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina
Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.
Por Bernardina Rosini
El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.
El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.
Lo que no se puede creer
Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.
Varones
Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.
Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org
«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.
La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.
Dónde está Delicia
Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.
Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.
Justicia sin apellido
Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»
Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.
La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.
Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
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