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Tuitear contra Macri no es delito
La Justicia Federal sobreseyó a cuatro personas imputadas por publicar canciones contra Mauricio Macri, investigadas por «amenazar» al Presidente. El fallo le pone un freno judicial a las decenas de causas penales abiertas contra tuiteros durante el gobierno de Cambiemos. Cómo funciona el ciberpatrullaje de la ministra Patricia Bullrich. Y el caso que demuestra que la persecución sigue y es clave en un año electoral como un método de disciplinamiento.
Por Agostina Parisí
Cuando @LaAlfareraOk recibió una citación judicial de manos de miembros de la Policía Federal que se aparecieron en la ferretería donde trabaja junto a su padre, sintió un escalofrío en los huesos. Corría diciembre de 2018. En el acta se leía que estaba acusada de “intimidación pública”, y que debía presentarse a declaración indagatoria al día siguiente.
Un año atrás, en octubre de 2017, Alfarera y otros tuiteros se habían solidarizado con Nicolás Lucero, un joven de León Suárez que en su cuenta de Twitter transcribió una canción de cancha: “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal (la 12)”, y a raíz de esto sufrió una imputación penal y un allanamiento policial en su vivienda, además de quedar detenido y perder su trabajo.
Aquel día la mujer retuiteó la publicación de Lucero, y agregó la frase “Ahora que nos lleven presos a todos”. Por ese mensaje en Comodoro Py le explicaron que estaba acusada del delito de “intimidación pública” -el cual contempla penas de dos a seis años de prisión- y que su publicación en las redes sociales -con 18 retuits y 28 ‘Me gusta’- había sido considerada una amenaza al Presidente de la Nación.
Cuando Alfarera volvió a su casa publicó en Twitter lo que le había sucedido, en un gesto de alerta hacia sus seguidores. “Éramos un montón los que habíamos salido tuitear. Incluso había periodistas. Escribí que se cuiden en cómo criticaban al presidente y me contacté con el chico del tuit original que ya había sido sobreseído. Sin embargo mi causa estaba abierta”, contó la mujer a lavaca. “Me dio miedo que me vayan a buscar a mi trabajo y que saquen mi dirección por un tuit, y sentí mucha bronca porque lo que quieren es adoctrinarnos. Me pareció un terrible avasallamiento contra la libertad de expresión”, agregó.
Para su abogado Alejandro Rúa, “(Alfarera) no tenía ninguna intención de amenazar al presidente, sino de hacer una muestra de solidaridad con la persona que había sido perseguida”. Según el letrado, “la persecución a tuiteros es parte de una política endurecedora de adoctrinamiento que tiene que ver con la criminalización de la protesta social”.

Una de las capturas que generó una persecución penal en cadena.
Espionaje digital
El 11 de diciembre del año pasado Ignacio Izaguirre salía de su casa en barrio Almagro, cuando en la puerta de su vivienda se encontró con dos policías que lo buscaban para entregarle una citación a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional Federal N° 8. Debía presentarse al día siguiente en Comodoro Py para una declaración indagatoria, acusado por el mismo delito.
“Pensé que era un error. Me puse a repasar si había tenido algún problema o alguna discusión en la calle”, contó a este medio. Con incógnita, el hombre de 43 años y delegado de FLACSO cayó en cuenta de sus publicaciones en las redes sociales: “Busqué el caso de Nicolás Lucero y me encontré con que a él también lo habían acusado de intimidación pública”. En 2017, Ignacio había escrito en su Twitter “Macri te vamos a matar. ¿Cuánto tarda la Policía más o menos?”, en apoyo al joven detenido en León Suárez. Su publicación generó dos ‘Me gusta’ y un comentario.
En Comodoro Py pudo ver su expediente junto al de 15 personas más: “Eran dos libros de unos tres centímetros de alto cada uno. Vi que habían recolectado datos de mi cuenta de Facebook y algunas fotos de perfil. Sentí una sensación de mucha indefensión”, recordó el hombre.
En un fallo judicial dictado el pasado 22 de abril, Ignacio Izaguirre, Vanesa Lofeudo, Carla Alejandra Latorre y Alfarera fueron sobreseídos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró que aquellas frases publicadas en Twitter fueron “meras expresiones sin ningún tipo de finalidad delictiva”, que forman parte de “un repudio contra ciertas políticas que se llevan a cabo desde el Estado Nacional, sin la intencionalidad de provocar temor público, tumultos o desórdenes, y menos aún de lastimar o poner en riesgo la integridad física del presidente de la Nación”.
Martínez de Giorgi señaló que aquellos tuits fueron “una forma de manifestación contra ciertas circunstancias que acontecieron durante la administración que el presidente Mauricio Macri lleva a cabo en este país”.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad continúa impulsando la apertura de nuevas causas penales, como el reciente caso de Milagros Bayer, la estudiante de Morón imputada por tuitear en 2017 la frase “Hay que matar al presidente. Hay que matarlos a todos”, en alusión a una canción de Las Manos de Filippi.
Cuando este año Milagros se presentó en el Juzgado Federal de su ciudad acusada de haber incurrido en una intimidación pública, se encontró con que en su expediente además de capturas de sus redes sociales, había fotos de la puerta de su casa, de sus compañeras y compañeros de militancia y de distintas actividades sobre su vida social y política.
“Lo primero que me salió fue reírme, no podía creer que esté pasando eso por un tweet. A parte por como lo comentaba la chica que me tomó la declaración: ´Vos amenazaste a nuestro presidente y eso es un delito federal, infundiste temor y tuvimos que dar una alerta´, todo en base a una canción. Con la abogada no lo podíamos creer”, dijo la joven a El Cactus.

Otro tuit investigado por Bullrich.
Privacidad y libertad de expresión
Para Javier Pallero, analista de políticas públicas sobre Internet y líder regional en políticas públicas para América Latina en Access Now, una figura penal como la intimidación pública “sólo tendría que ser posible si existe una amenaza cierta, creíble, y sobre la cual la Justicia tenga que actuar. Cuando se emplea sin los recaudos correspondientes y de una manera burda lo que se intenta es inhibir una conducta”.
Según el especialista, este tipo de causas judiciales contra usuarios de Twitter “son una ofensa a la libertad de expresión no solo de la persona que amenaza entre comillas, sino de todos los que observan. Es un mensaje hacia los demás: ‘Miren que si amenazan o dicen algo en contra del Gobierno los vamos a ir a buscar”. Para Pallero, “esto es interesante porque demuestra que cuando el Estado quiere movilizar recursos lo hace, con lo cual hay una selectividad del sistema penal”.
El especialista advierte que en Argentina faltan controles y transparencia sobre los mecanismos que emplea el Ministerio de Seguridad para llevar adelante la vigilancia en Internet, como tampoco existe una protección sobre los datos personales y el contenido que las personas publican en sus redes sociales.
“La Ley de Protección de Datos Personales (25.326) describe conductas y bases de datos, pero al ser vieja no tiene agilidad. Hay problemas graves que la ley tiene que prever y no lo hace”, explica Pallero. “Pero además, todo lo que entra en el ámbito de la inteligencia y la seguridad estatal queda exento de esta norma. Las cosas que publicamos en Internet no tienen resguardo del Estado”, cuestiona.
“Buenos Aires es el caldo de cultivo donde se experimentan drones, sistemas de reconocimiento facial, globos de vigilancia que solo hay en la Franja de Gaza, lectores de patentes, etc, sin controles o protocolos de actuación que digan quién tiene acceso a qué datos. Por lo que sabemos, solo por mencionar un ejemplo, un policía de la ciudad podría utilizar todo este sistema de vigilancia para seguir a su novia”, agrega el especialista.
Leandro Ucciferri, abogado e investigador sobre privacidad y libertad de expresión en Internet en ADC Digital, advierte sobre el rol más activo que el Ministerio de Seguridad de la Nación cobró en las investigaciones en redes sociales y en Internet en general desde 2016 a esta parte. En este contexto, pensar en “cómo el Estado plantea este tipo de actividades en Internet es un tema que tiene que pasar por debates democráticos abiertos e inclusivos”, señala el experto.
Al igual que Pallero, destaca la falta de políticas de control y de transparencia activa sobre las actividades de vigilancia y sobre qué datos se puede investigar.
Ucciferri habla sobre la “desproporcionalidad” en el uso de los recursos estatales: “Por un lado, tenes operaciones para desbaratar el narcotráfico, una de las grandes campañas de Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad, a la vez que se investigan a personas que tuitean una canción de cancha. Cuando se trata de un tweet con una exposición tan baja como ocho retuits y diez favoritos, entra en juego la factibilidad real que tiene esa actitud para la comisión de un delito”.
Para el especialista, hacer vigilancia en redes sociales no sólo significa coartar el derecho a la privacidad que tenemos como ciudadanos, sino limitar el ejercicio de determinadas libertades: la libertad de reunión, de expresión, de asociación, de desarrollar la propia identidad en lo que implica el intercambio de información en las redes.

Ilustración: Agustina Olivera
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Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos
Este 24 de marzo, a 49 años del golpe, la editorial lavaca publica Escritos sobrevivientes, un libro creado junto a un grupo de personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas en distintos centros clandestinos de represión durante la última dictadura militar. Se presenta el próximo viernes 28, pero ya podés pasar a buscarlo por MU (Riobamba 143) desde hoy. En este texto, Claudia Acuña cuenta qué representa esta obra parida en colectivo y en medio de aires negacionistas.
Por Claudia Acuña
Este libro representa muchas cosas y todas y cada una nos parecen decisivas para estos tiempos desesperados.
Ni sé por dónde comenzar a enumerarlas, así que sin orden de importancia ni cronológico enumero algunas, aunque sin duda me faltarán otras que invito a que completen quienes lo lean.
Lo primero, para mí, es reconocer el valor social, político, histórico y ético que merecen las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura cívico militar que azotó este país desde el 24 de marzo de 1976. No olvidamos esa fecha gracias a ellas, pero no siempre se las nombra con la relevancia que han tenido para construir verdad, justicia y memoria.
A algunas de ellas he tenido el honor de escucharlas y verlas testimoniar en los juicios de lesa humanidad, pero también en los diferentes procedimientos contra la impunidad que crearon y sostuvieron para que esos juicios sucedan.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Hasta lograrlo.
Solo a una pude agradecerle con palabras y lágrimas el esfuerzo, el coraje y el legado que recibíamos por su esfuerzo, pero fundamentalmente por sus vidas consagradas a hacer posible lo imposible. Fue en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, mientras los altoparlantes transmitían la primera condena a los genocidas responsables del centro de detención clandestino y de tortura que funcionaba en la Esma. Ahora, con este libro queremos extender esas gracias a cada una, a cada uno.
Sé, porque comprendí la lección que nos daban, que no puedo afirmar que lo hicieron solo ellas, ellos. Esa es otra de las cosas que representa este libro: el saberse parte – y reconocerlo siempre- de algo más grande, más importante y más trascendente no solo del yo, sino incluso del núcleo colectivo en el que nos organizamos, reflexionamos y tomamos fuerza para resistir. Nuestras fuerzas individuales y nuestras construcciones políticas suman, activan, empujan, pero alcanzan sus objetivos cuando sincronizan con la necesidad social, con la época y con la Historia. Tienen alas porque tienen raíces y mueven al mundo hacia lugares mejores porque se sabe más grande y más poderosa que lo que nos rodea.
Eso que aquí las y los autores definen como “subjetividad sobreviviente” nos advierte eso: somos nuestros cuerpos y la sombra que proyectan, lo que hacemos y lo que soñamos, nuestras obras y nuestra imaginación, nuestros saberes y nuestra intuición, pero también y además aquellos cuerpos, proyecciones, hechos, batallas ganadas y perdidas, que nos anteceden y desbordan para fortalecernos y sostenernos de pie. Aquello que ilumina la oscuridad es la memoria sensible: de eso se trata este libro, además.
Otra: el valor de las utopías. En los momentos más aterradores hemos gritado “Aparición con vida y castigo a los culpables”. Bueno: la noticia es que hemos tenido éxito y aquí están las personas que cuando pronunciábamos esas palabras mágicas no podíamos abrazar. Algunas de ellas son las que el tercer sábado de cada mes vimos ingresar a nuestra trinchera durante el largo y desalentador año 2024. Para nosotros ese taller de escritura significó una cita con la esperanza, cada vez. Y una comprobación: el futuro se construye con el hacer colectivo, cada vez.
Por último: este no es un libro de testimonios sobre el horror de la dictadura, sino su contracara o quizá, lo que se puede pensar después de cruzar el abismo de la impunidad.
Quizá.
Me falta todavía superar la alegría de haberlo logrado, de sostener con las manos esta pequeña utopía realizada en tiempos de saqueo de recursos simbólicos y materiales, en las cuales sólo proponerlo sonaba casi irresponsable, para poder encontrar las palabras certeras, que expresen lo que representa que personas empobrecidas y violentadas podamos hacer lo que querramos financiadas sólo por el deseo y la convicción, que siempre es política.
Quizá la palabra exacta sea una sola: Argentina.
La presentación
Escritos sobrevivientes y compila una serie de textos producidos en un taller de escritura que tuvo lugar en MU durante 2024. Estos relatos abordan historias marcadas por lo que el grupo denomina «subjetividad sobreviviente». El resultado es un conjunto de textos poéticos, políticos y filosóficos, de una potencia y belleza conmovedoras.
Participan: Rufino Almeida, Margarita Fátima Cruz, Graciela Daleo, Lucía Fariña, Mercedes Joloidovsky, Eduardo Lardies, Susana Leiracha, María Alicia Milia, Claudio Niro, Silvia Irene Saladino, Stella Maris Vallejos e Inés Vázquez.
Así lo resumen sus autoras y autores: «Un grupo de compañeras y compañeros, ex detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, nos reunimos en un taller de escritura para crear textos enfocados en la subjetividad sobreviviente, mientras la voz del poder alimenta el negacionismo y la reiteración del sufrimiento popular por variados medios».
El libro se presentará el próximo viernes 28 de marzo a las 20 horas en Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143.
Podés conseguirlo desde hoy, 24 de marzo, también en MU.

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La Justicia esquiva la causa por el disparo a Pablo Grillo: “Hasta ahora no se investigó nada”

La recuperación de Pablo “es muy rápida” pero la investigación sobre su intento de asesinato, muy lenta, o directamente inexistente. Qué dijo el padre hoy frente al Hospital Ramos Mejía donde Pablo sigue pelando por su vida, aún en terapia intensiva pero con avances prometedores, y las abogadas del caso que presentaron ante la Justicia: primero Servini de Cubría y luego el candidateado a la Corte Ariel Lijo rechazaron la causa, y ahora se sortea en la Cámara Federal de Casación a qué juez le tocará investigar a quien le disparó y a sus superiores jerárquicos. Los dichos de Adorni en conferencia de hoy, y quién cortó el diálogo con la familia; las pruebas que se pidieron y las que se aportaron; y el texto de la presentación judicial en la que la familia pide ser querellante, con las pruebas que aportamos desde decenas de medios, fotoperiodistas y organizaciones sociales.
Por Francisco Pandolfi
Pablo Grillo todavía no está fuera de peligro, pero la mejoría día a día, paulatina y constante, le permite a la familia hablar ya no sólo de su estado de salud. Hasta hoy, el único foco era la supervivencia de este fotógrafo de 35 años impactado por una granada de gas lacrimógeno, fuera de toda legalidad, por las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich.
La pérdida de masa encefálica y la fractura de cráneo con la que llegó de urgencia al Hospital Ramos Mejía –el miércoles 12 de marzo, cuando se desató la represión en la marcha por las paupérrimas condiciones en las que viven las y los jubilados–; la primera operación esa misma noche en la que se bajó la presión intracraneal y se le reconstruyó algo del tejido. Las pupilas que empiezan a reaccionar bien. La merma en la sedación. Los primeros movimientos – prematuros e inesperados por los propios médicos–. Otra operación por un derrame que es revertido a tiempo. La baja de los glóbulos blancos como síntoma de la baja en la infección. Y a solo una semana del disparo, Pablo abre los ojos. Y le sacan el respirador para ver cómo reacciona y lo hace agarrándole la mano a la mamá. Y por si fuera poco le susurra las palabras más hermosas a su papá: “Hola, viejo”.
Pablo continúa en terapia intensiva, en estado crítico, pero respondiendo bien neurológica y físicamente. “Es asombroso el nivel de avance que tuvo”, dice Fabián, su viejo, con los ojos emocionados e incrédulos por la mejoría impensada en tan poco tiempo. Esa sucesión de buenas noticias las que posibilitan a la familia convocar este viernes a una conferencia de prensa «para contar novedades en la causa judicial».
Primero, habla Fabián, su papá, sobre la salud de Pablo: “Las novedades son que está estable, por lo tanto es bueno. Está con los ojos abiertos y sigue sin respirador”.
Fabián lleva puesta una remera azul, con letras blancas que dicen: “Justicia por Pablo Grillo”. Se lo nota cansado, pero más distendido. Se ríe cuando cuenta: “Tengo un video con saludos de (Ricardo) Bochini, veremos si los médicos nos permiten que se lo pasemos. Si lo escucha al Bocha, va a volver a hablar seguro Pablo”. Mantiene los pies sobre la tierra: “Todavía la situación es grave: está en terapia y con riesgo de vida. Pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es favorable. A todos nos sorprendió su evolución. Incluso los médicos manifiestan que la evolución que está teniendo es asombrosa. Es muy rápida”.
Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el diálogo con la familia quedó roto desde que el padre de Pablo acusó a Bullrich de ser cómplice. Fabián le responde: “Nosotros no cortamos nada porque nunca existió el diálogo. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por tanto si es que alguien cortó el diálogo fueron ellos. Yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien me llama”. Y agregó: “A esta altura no lo espero (ese llamado). Espero poco. Pero demostraría que tienen todavía un grado de humanidad”.
En relación a las mentiras de Bullrich sobre el trayecto del proyectil, expresó: “Me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira. La va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente, es hasta absurdo, burdo, grotesco: no sé que palabra utilizar”. Cuando le preguntaron si le diría algo al gendarme que, según los elementos reconstruidos hasta el momento, sería quien disparó (presuntamente, el cabo Guerrero), afirmó: “Personalmente no le diría nada. Sí lo vamos a decir de forma jurídica. El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es en lo judicial”.
La causa, sin avances
Fabián estuvo acompañado por Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y a Paula Litvachky, del CELS, organismos que patrocinarán legalmente a la familia, que este 21 de marzo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida en cuenta como querellante en la investigación judicial.
Lo más importante de la causa hasta ahora: desde el 12 de marzo “no se investigó nada y reclamamos que se empiece a investigar urgente”. Las abogadas cuentan el por qué: “La causa iniciada por la denuncia de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) que dio inicio a la instrucción estaba presentada en el Juzgado 12 de Ariel Lijo, quien se la devolvió a la Jueza Servini de Cubría, que otra vez la rechazó. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de la investigación. Ahora irá a sorteo para definir quién la sigue. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver”. Agregan: “Hasta ahora el Ministerio de Seguridad dijo que no hará sumarios internos por el accionar de su Fuerza, lo que refleja el encubrimiento”.
La causa aún no tiene carátula porque no está radicada en ningún juzgado. La denuncia presentada es por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.
Dice Paula Litvachky, del CELS: “Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial y se inicie el pedido de pruebas antes de que pase más tiempo”.
Dice Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Esperamos que en estos primeros 9 días en los que no se hizo nada, no haya ninguna prueba que se haya destruido, modificado, alterado. Hay cámaras del Gobierno de la Ciudad que tienen un tiempo de duración determinado, o de negocios que también se van borrando y si no las pedís inmediatamente después ya no están. Es vergonzoso que un hecho así no lo esté investigando nadie”.
Las abogadas pidieron una serie de pruebas. Las más relevantes: “Quién dio las órdenes, cómo se manifestaron esas órdenes y cuáles fueron, antes y después del impacto; cuál fue el protocolo que se aplicó, quienes integraban el equipo donde estaba incluido el cabo Guerrero y qué órdenes se le impartió a ese grupo en particular; qué armas utilizaron”. También exigen que se lo llame a indagatoria a Guerrero. “Ya hay suficientes elementos para hacerlo”.
Completa Paula Litvachky: “Hicimos una presentación con los hechos, tenemos un montón de pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quién disparó y de toda la cadena jerárquica”.
Concluyen ambas: “Las pruebas están. Nunca hubo tanto registro fotográfico y audiovisual. Necesitamos el acompañamiento social para empujar a que se haga justicia y que no quieran desviar el foco de la investigación”.
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La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (81 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.
Por Franco Ciancaglini.
La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo.
En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso.
“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.
La que habla es una de sus hijas, Paula.
El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10.
Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 81 años.

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.
El arma y la palabra
Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.
Es jubilada.
Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.
Tiene tres hijas.
Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.
Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.
Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.
La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.
Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.
El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.
Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.
Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.
Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.
“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.
Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.
Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.
Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.
Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.
La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”.
¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.
La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.
¿Necesitan algo? “Sí: paz”.