La Justicia Federal sobreseyó a cuatro personas imputadas por publicar canciones contra Mauricio Macri, investigadas por «amenazar» al Presidente. El fallo le pone un freno judicial a las decenas de causas penales abiertas contra tuiteros durante el gobierno de Cambiemos. Cómo funciona el ciberpatrullaje de la ministra Patricia Bullrich. Y el caso que demuestra que la persecución sigue y es clave en un año electoral como un método de disciplinamiento. 

Por Agostina Parisí

Cuando @LaAlfareraOk recibió una citación judicial de manos de miembros de la Policía Federal que se aparecieron en la ferretería donde trabaja junto a su padre, sintió un escalofrío en los huesos. Corría diciembre de 2018. En el acta se leía que estaba acusada de “intimidación pública”, y que debía presentarse a declaración indagatoria al día siguiente.
Un año atrás, en octubre de 2017, Alfarera y otros tuiteros se habían solidarizado con Nicolás Lucero, un joven de León Suárez que en su cuenta de Twitter transcribió una canción de cancha: “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal (la 12)”, y a raíz de esto sufrió una imputación penal y un allanamiento policial en su vivienda, además de quedar detenido y perder su trabajo.
Aquel día la mujer retuiteó la publicación de Lucero, y agregó la frase “Ahora que nos lleven presos a todos”. Por ese mensaje en Comodoro Py le explicaron que estaba acusada del delito de “intimidación pública” -el cual contempla penas de dos a seis años de prisión- y que su publicación en las redes sociales -con 18 retuits y 28 ‘Me gusta’- había sido considerada una amenaza al Presidente de la Nación.
Cuando Alfarera volvió a su casa publicó en Twitter lo que le había sucedido, en un gesto de alerta hacia sus seguidores. “Éramos un montón los que habíamos salido tuitear. Incluso había periodistas. Escribí que se cuiden en cómo criticaban al presidente y me contacté con el chico del tuit original que ya había sido sobreseído. Sin embargo mi causa estaba abierta”, contó la mujer a lavaca.  “Me dio miedo que me vayan a buscar a mi trabajo y que saquen mi dirección por un tuit, y sentí mucha bronca porque lo que quieren es adoctrinarnos. Me pareció un terrible avasallamiento contra la libertad de expresión”, agregó.
Para su abogado Alejandro Rúa, “(Alfarera) no tenía ninguna intención de amenazar al presidente, sino de hacer una muestra de solidaridad con la persona que había sido perseguida”. Según el letrado, “la persecución a tuiteros es parte de una política endurecedora de adoctrinamiento que tiene que ver con la criminalización de la protesta social”.

Una de las capturas que generó una persecución penal en cadena.

Espionaje digital

El 11 de diciembre del año pasado Ignacio Izaguirre salía de su casa en barrio Almagro, cuando en la puerta de su vivienda se encontró con dos policías que lo buscaban para entregarle una citación a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional Federal N° 8. Debía presentarse al día siguiente en Comodoro Py para una declaración indagatoria, acusado por el mismo delito.
“Pensé que era un error. Me puse a repasar si había tenido algún problema o alguna discusión en la calle”, contó a este medio. Con incógnita, el hombre de 43 años y delegado de FLACSO cayó en cuenta de sus publicaciones en las redes sociales: “Busqué el caso de Nicolás Lucero y me encontré con que a él también lo habían acusado de intimidación pública”. En 2017, Ignacio había escrito en su Twitter “Macri te vamos a matar. ¿Cuánto tarda la Policía más o menos?”, en apoyo al joven detenido en León Suárez. Su publicación generó dos ‘Me gusta’ y un comentario.
En Comodoro Py pudo ver su expediente junto al de 15 personas más: “Eran dos libros de unos tres centímetros de alto cada uno. Vi que habían recolectado datos de mi cuenta de Facebook y algunas fotos de perfil. Sentí una sensación de mucha indefensión”, recordó el hombre.
En un fallo judicial dictado el pasado 22 de abril, Ignacio Izaguirre, Vanesa Lofeudo, Carla Alejandra Latorre y Alfarera fueron sobreseídos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró que aquellas frases publicadas en Twitter fueron “meras expresiones sin ningún tipo de finalidad delictiva”, que forman parte de “un repudio contra ciertas políticas que se llevan a cabo desde el Estado Nacional, sin la intencionalidad de provocar temor público, tumultos o desórdenes, y menos aún de lastimar o poner en riesgo la integridad física del presidente de la Nación”.

Martínez de Giorgi señaló que aquellos tuits fueron “una forma de manifestación contra ciertas circunstancias que acontecieron durante la administración que el presidente Mauricio Macri lleva a cabo en este país”.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad continúa impulsando la apertura de nuevas causas penales, como el reciente caso de Milagros Bayer, la estudiante de Morón imputada por tuitear en 2017 la frase “Hay que matar al presidente. Hay que matarlos a todos”, en alusión a una canción de Las Manos de Filippi.
Cuando este año Milagros se presentó en el Juzgado Federal de su ciudad acusada de haber incurrido en una intimidación pública, se encontró con que en su expediente además de capturas de sus redes sociales, había fotos de la puerta de su casa, de sus compañeras y compañeros de militancia y de distintas actividades sobre su vida social y política.
“Lo primero que me salió fue reírme, no podía creer que esté pasando eso por un tweet. A parte por como lo comentaba la chica que me tomó la declaración: ´Vos amenazaste a nuestro presidente y eso es un delito federal, infundiste temor y tuvimos que dar una alerta´, todo en base a una canción. Con la abogada no lo podíamos creer”, dijo la joven a El Cactus.

Otro tuit investigado por Bullrich.

Privacidad y libertad de expresión

Para Javier Pallero, analista de políticas públicas sobre Internet y líder regional en políticas públicas para América Latina en Access Now, una figura penal como la intimidación pública “sólo tendría que ser posible si existe una amenaza cierta, creíble, y sobre la cual la Justicia tenga que actuar. Cuando se emplea sin los recaudos correspondientes y de una manera burda lo que se intenta es inhibir una conducta”.
Según el especialista, este tipo de causas judiciales contra usuarios de Twitter “son una ofensa a la libertad de expresión no solo de la persona que amenaza entre comillas, sino de todos los que observan. Es un mensaje hacia los demás: ‘Miren que si amenazan o dicen algo en contra del Gobierno los vamos a ir a buscar”. Para Pallero, “esto es interesante porque demuestra que cuando el Estado quiere movilizar recursos lo hace, con lo cual hay una selectividad del sistema penal”.
El especialista advierte que en Argentina faltan controles y transparencia sobre los mecanismos que emplea el Ministerio de Seguridad para llevar adelante la vigilancia en Internet, como tampoco existe una protección sobre los datos personales y el contenido que las personas publican en sus redes sociales.
“La Ley de Protección de Datos Personales (25.326) describe conductas y bases de datos, pero al ser vieja no tiene agilidad. Hay problemas graves que la ley tiene que prever y no lo hace”, explica Pallero. “Pero además, todo lo que entra en el ámbito de la inteligencia y la seguridad estatal queda exento de esta norma.  Las cosas que publicamos en Internet no tienen resguardo del Estado”, cuestiona.
“Buenos Aires es el caldo de cultivo donde se experimentan drones, sistemas de reconocimiento facial, globos de vigilancia que solo hay en la Franja de Gaza, lectores de patentes, etc, sin controles o protocolos de actuación que digan quién tiene acceso a qué datos. Por lo que sabemos, solo por mencionar un ejemplo, un policía de la ciudad podría utilizar todo este sistema de vigilancia para seguir a su novia”, agrega el especialista.
Leandro Ucciferri, abogado e investigador sobre privacidad y libertad de expresión en Internet en ADC Digital, advierte sobre el rol más activo que el Ministerio de Seguridad de la Nación cobró en las investigaciones en redes sociales y en Internet en general desde 2016 a esta parte. En este contexto, pensar en “cómo el Estado plantea este tipo de actividades en Internet es un tema que tiene que pasar por debates democráticos abiertos e inclusivos”, señala el experto.
Al igual que Pallero, destaca la falta de políticas de control y de transparencia activa sobre las actividades de vigilancia y sobre qué datos se puede investigar.
Ucciferri habla sobre la “desproporcionalidad” en el uso de los recursos estatales: “Por un lado, tenes operaciones para desbaratar el narcotráfico, una de las grandes campañas de Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad, a la vez que se investigan a personas que tuitean una canción de cancha. Cuando se trata de un tweet con una exposición tan baja como ocho retuits y diez favoritos, entra en juego la factibilidad real que tiene esa actitud para la comisión de un delito”.
Para el especialista, hacer vigilancia en redes sociales no sólo significa coartar el derecho a la privacidad que tenemos como ciudadanos, sino limitar el ejercicio de determinadas libertades: la libertad de reunión, de expresión, de asociación, de desarrollar la propia identidad en lo que implica el intercambio de información en las redes.

Ilustración: Agustina Olivera