Luego de las manifestaciones más multitudinarias de la historia de la provincia, el gobernador Rodolfo Suárez comunicó en conferencia de prensa que no reglamentaría las modificaciones a la ley 7722 que habilitaron el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera. Sin embargo, como la norma ya fue promulgada, las asambleas siguen en alerta. “El único diálogo posible es la derogación”, subrayan a lavaca, aunque reconocen que el comunicado fue un “acuse de recibo” de las enormes movilizaciones que el lunes cercaron la Casa de Gobierno en rechazo al proyecto. Desde las reinas de la Vendimia hasta el sector rural pidieron su derogación. Dos proyectos de legisladores de todos los bloques entraron a Diputados y Senadores para que se debata. El efecto se replica en Chubut, que se moviliza a la Legislatura para evitar que se derogue la norma local que prohíbe la actividad minera. El modelo extractivo en jaque. Qué es lo que está en juego.

La asambleísta María Teresa “Guni” Cañas atiende el teléfono en medio de trompetas y bubuselas que suenan en su pueblo, Luján de Cuyo, en Mendoza. Son las diez de la noche, y dice a lavaca:“Esto pasa en cada pueblo de la provincia: en cada lugar hay ahora gente en la calle. La plaza, acá, está llena. También en Mendoza capital. Estamos, todos los días, en estado de movilización permanente. La gente no va a salir de la calle hasta la derogación. Ese es el único diálogo posible”.

Las calles y las plazas volvieron a llenarse luego del tembladeral que significó el anuncio de este jueves. Secundado por una parte de su gabinete, el gobernador Rodolfo Suárez comunicó en conferencia de prensa que no iba a reglamentar la ley 9209, que habilita la utilización de sustancias tóxicas –como cianuro y ácido sulfúrico- para la explotación minera, luego de las modificaciones a la 7722. “Voy a suspender la reglamentación de la ley. No la voy a reglamentar”, afirmó. También sugirió la posibilidad de convocar a una consulta popular vinculante y llamó al “diálogo” para buscar la “paz social” ante los supuestos “hechos de violencia”, aunque negó la brutal represión que desató el viernes en la histórica y pacífica marcha contra la aprobación del proyecto pro minero.

Más acá del anuncio, en toda la provincia se encendieron rápidamente las alarmas. La norma, que deroga la histórica 7722 (fruto de las multitudinarias movilizaciones en rechazo a la actividad), fue aprobada el viernes, primero en Senadores (28 votos a favor y 7 en contra) y luego en Diputados (36 contra 11). Con una ley aprobada, el Ejecutivo tiene dos opciones: la promulgación o el veto. Suárez la promulgó: la ley fue publicada el martes 24 en el Boletín Oficial. Por esa razón, y en respuesta al anuncio oficial, las asambleas alertaron: “Suspender no es derogar: hoy más que nunca salgamos a pedir el veto”. Las movilizaciones continuarán durante estos días para exigir una medida concreta.

¿Cómo hay que leer este anuncio? Guni no duda: “El mensaje que transmiten es que buscan tiempo para informarnos porque estamos desinformados. En realidad, lo que quieren es tiempo para bajar línea en todos los medios y tratarnos como fundamentalistas. Pero la gente está encendida”.

Luego de la conferencia se viralizó un audio del subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, que incrementó todavía más las sospechas de las asambleas. “No es en absoluto un paso atrás: es simplemente dar el tiempo necesario para poder contrarrestar la campaña de desinformación a la que nos ha sido sometidos”, sostiene, y repite: “De ninguna manera es un paso para atrás”.

Por esa razón, Guni subraya: “¿Mi lectura? Fue un acuse de recibo. Hasta el momento no había hecho ningún guiño ni para bien ni para mal. Pero ahora acusó recibo. Qué hizo: tiró la pelota para adelante para ganar tiempo. Pero la repercusión es enorme: dijo que la gente no sabe nada, que la Iglesia no se meta, mientras que lo único que ha generado es todavía más malestar”.

Dos proyectos para derogar

Luego de la conferencia del gobernador Suárez, diversos legisladores opositores presentaron dos proyectos para derogar las modificaciones y retornar a la 7722 original:

• Por un lado, en la Cámara de Diputados ingresó un proyecto firmado por Gustavo Majtruk, Laura Soto y Cristina Pérez (Frente de Todos); Mario Vadillo y Pablo Cairo (Protectora); Mailé Rodríguez (FIT); y Mauricio Torres y Jorfe Difonso (Cambia Mendoza). Son los mismos que votaron en contra de la modificación en la sesión del viernes.
• A su vez, los peronistas Bartolomé Robles y Andrea Blandini presentaron en el Senado su propia propuesta para anular los cambios. Como precisó el portal jornadaonline.com, los argumentos subrayan que “tan grande es el rechazo de la sociedad que los días 22 y 23 de diciembre en Mendoza se vio una de las manifestacione populares más grandes de su historia” y que “el pueblo de Mendoza en las calles le solicita responsabilidad a la clase política ya que el sebate se dio en el marco de un altísimo conflicto social”.

Por su parte, el Frente de Todos de Mendoza -que había apoyado las modificaciones de la histórica 7722- emitió por la tarde un comunicado en el que solicitó la derogación de la ley para “poder empezar el diálogo desde foja cero”, ya que consideraron que “cualquier otra instancia que no sea vinculante puede ser interpretada como una maniobra dilatoria”. Las firmas del texto están encabezadas por la senadora nacional y excandidata a gobernadora, Anabel Fernández Sagasti, criticada porque había apoyado el debate prominero, pero en el marco de la modificada 7722.

Sobre reinas y terratenientes

Miles de personas de toda Mendoza realizaron el domingo una masiva e inédita marcha que incluyó acampes y cortes de ruta pacíficos, con festivales, y que confluyó el lunes en una pueblada histórica que rodeó Casa de Gobierno con un grito claro: “No se toca”. El gobierno reprimió y hubo más de 30 detenidos. La movilización siguió toda la noche a pesar de la violencia estatal desatada.

El rechazo social atravesó toda la provincia. La Comisión de Reinas de la Vendimia reclamó la suspensión del histórico festival: “No hay nada que festejar, sin agua no hay vendimia”. La reacción también se hizo escuchar en cooperativistas vitivinícolas, la Iglesia y la Confederación Rural Argentina (CRA). Esta mañana, además, la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, señaló en un video: “No queremos veneno en el agua. Le digo al presidente: ´Alberto, te estás equivocando. No te equivoques porque esto le cuesta caro a los argentinos´”. Fernández se había reunido con Suárez, con claros gestos de consensuar la explotación minera, y dos días antes de la sesión había dicho frente a la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que la ley iba a aprobarse.

“No voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino”, repitió Suárez en varios pasajes de la conferencia. El gobernador justificó nuevamente la minería como generadora de fuentes de trabajo: “Mendoza tiene al 40 por ciento de la población debajo de la línea de la pobreza”. Ese argumento ya había empujado a una carta firmada por más de 500 docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el CONICET en la que hablaban sobre la irresponsabilidad de la propuesta. “La idea de desarrollo provincial a partir de la expansión de la minería aparece a todas luces simplificada y anacrónica y, en tanto, irresponsable”, alertaron, sobre uno de los principales argumentos pro mineros. “De las múltiples actividades con valor económico existentes en la provincia, la propuesta de insistir en viabilizar la minería como una de las principales alternativas puede ser la peor forma de ‘ampliar’ la matriz productiva”.

El gobernador defendió la actividad en aquellos lugares que haya “consenso social” y con controles para desarrollar una “minería sustentable” y preservar el agua como “recurso más preciado”. Como contó lavaca, el debate se está desarrollando en la mayor crisis hídrica provincial desde que hay registros oficiales. “Lo que más quiero es cuidar el agua”, resaltó, y habló de la importancia de generar energías alternativas, pero dijo que “la única manera de hacerlo es con la minería”.

También llamó a una “gran convocatoria al diálogo” con universidades, cámaras empresariales, sindicatos, partidos políticos y organismos internacionales porque “es muy fácil invocar el miedo y confusión en la sociedad”. Para Suárez, “es mentira que por explotación minera inmediatamente haya contaminación”.

Para Guni, la solución es una sola: “Que se derogue la ley. La gente no va a dejar de estar en la calle hasta su derogación. ¿Y cómo se logra? Con otra ley. La 7722 fue derogada por la 9209. Bueno: ahora queremos una sesión extraordinaria y una ley que pida la derogación de esa norma. Hasta el Frente de Todos lo pide, cuando ellos fueron parte del pacto”.

¿Cómo se explica ese viraje? “Ellos tampoco habían dimensionado la conciencia del pueblo. Veían sólo a los activistas, pero nunca habían podido ver lo que significaba el agua para Mendoza. Estamos hablando acá que hay ríos secos, que no ha nevado y que los cauces están a la mitad de lo que tendrían que tener. La montaña está sin nieve, y la gente lo sabe. Por eso, no existe el diálogo que pide el gobernador: el único diálogo posible es la derogación de la 9202. Punto”.

De fondo, la marcha en Luján de Cuyo continúa. “Desde el martes estamos en la calle y esta ola no para. No sabemos qué pasará después. Hay muchas lecturas sutiles, pero acá se ha creado un estado de hermandad de fiesta. La gente se siente protagonista. Y este estado de empoderamiento es parte de los procesos que hay mirar en clave de cambio climático. No nos queda mucho tiempo y este es el insumo necesario para el viraje. No podemos no estar en la calle”.

El efecto inspirador

La otra provincia amenazada por el lobby político-minero es Chubut. Hace tres semanas, la policía reprimió una manifestación de vecinos y vecinas que reclamaban contra la minería a cielo abierto frente a la Legislatura. Fueron detenidas dos mujeres y tres hombres quienes, tras ser liberados, denunciaron haber sido sometidos a torturas y vejámenes. Todo este año Chubut estuvo atravesada por una crisis económica y política que mantuvo huelgas estatales por 18 semanas. En la provincia, la ley 5001 prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro, efecto del histórico plebiscito de Esquel de 2003, en el que el 82% de la población le dijo NO a un proyecto minero. En las últimas semanas, el rumor de su derogación circuló por todas las asambleas, mientras crecía la amenaza de tratarla sobre tablas. El día de la represión, la manifestación era contra la reforma de la Ley de Ministerios, que creó una cartera específica para la minería. Al habilitar sesiones extraordinarias, la preocupación era que el Ejecutivo colara el proyecto en las últimas semanas del año.

Por esa razón, desde esta noche, las asambleas esperarán el comienzo de la sesión con una vigilia que ya es masiva, con festivales y bandas musicales. “Después de lo de Mendoza, el gobierno retrocedió un poco: están tratando de llamar por todos lados para decir que no se va a dar tratamiento”, apuntó a lavaca Pablo Lada, integrante de las asambleas por el No a la Mina de Chubut. “Pero, también, vallaron prácticamente cuatro cuadras a la redonda: eso nunca había pasado. No quieren que nos acerquemos a la Legislatura”.

Desde Trelew, Puerto Madryn y Esquel –entre otros municipios- se estuvieron organizando caravanas para esperar la sesión. “Además están apareciendo grupos autoconvocados que no están vinculados a asambleas. Se está removiendo todo. Y hay mucha expectativa, más allá del vallado y de las declaraciones para desmovilizar. Distintos funcionarios salieron a decir que ahora no se iba a tratar nada, que no estaban dadas las condiciones. Tenemos que hacerle un monumento a los mendocinos: fortaleció mucho porque demuestra que, más allá de que puedan tirar abajo una ley, en realidad no van a poder avanzar con esa movilización social. Eso es y va a ser inspirador”.