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La Patagonia en disputa. Caso testigo: la provincia del Chubut

Publicada

hace 18 años

23/03/2006

En la región sur del país los derechos humanos se violan en forma constante por la tierra y por el agua, siendo los principales perjudicados los pueblos originarios y campesinos que ocupan territorios que poseen importantes riquezas. Desde hace tiempo, la Patagonia es una de las zonas más codiciadas por los grandes capitales, nacionales y extranjeros que, poco a poco, van adueñándose de grandes extensiones de tierras y de agua, para explotarlos siguiendo la lógica de la acumulación incesante de capital.
Las grandes masas de agua que posee esta región están representadas por enormes lagos, muchos de ellos sin explotación humana de ninguna especie, y ríos correntosos que descienden de la cordillera, característica que permite que una de las formas de aprovechamiento posible sea la generación de energía.
Uno de los proyectos que existe en este último sentido es el de Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Carrenleufú, que llevaría a la construcción de seis represas en la zona de Corcovado, localidad ubicada a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut.
Si bien durante el 2005 no se han cumplido los plazos de construcción que estaban expresados en el proyecto, en caso de concretarse implicaría la inundación de aproximadamente 11.000 hectáreas, provocando la pérdida de masa boscosa nativa, la muerte del río, que quedaría represado en su totalidad, la contaminación de sus cuencas y el desalojo y la relocalización de la población de la zona, que sería obligada a abandonar sus tierras en las que viven y trabajan.
Detrás del proyecto está la corporación española Santander, que es accionista de la planta de producción de aluminio Aluar, que está en vías de ampliación y por lo tanto, requiere de mayor volumen energético. Pero detrás de la propuesta de construcción de las represas también está el poder político nacional, provincial y local que, asociados a los intereses de las grandes corporaciones, se encargan de construir un discurso para convencer a la población de la necesidad de realizar el proyecto para lograr el desarrollo local, generar nuevos puestos de trabajo y obtener nuevas fuentes de energía para las poblaciones del lugar.
Tras los discursos basados en el progreso de la región, se encuentran las comunidades que serán afectadas por la muerte del río, las comunidades rurales de la zona, asentadas hace mucho tiempo en la región, que viven de la ganadería extensiva y de la agricultura de subsistencia; el pueblo de Corcovado, gobernado por un intendente justicialista que ejerce el poder en forma autoritaria, persiguiendo a quienes se oponen a los proyectos impulsados por la intendencia- como la construcción de las represas-, violando los derechos humanos de la población impunemente y controlando todos los resortes del poder local, factores que le permiten utilizar la violencia y manipular a la población a través del manejo de planes asistenciales; y una comunidad mapuche ubicada a 10 km. de la localidad de Corcovado.
Esta comunidad mapuche, que quedará 60 metros bajo el agua de concretarse el proyecto, es la Comunidad Pillán Mahuiza, constituida por dos familias que, en 1999, recuperaron 150 hectáreas que estaban en posesión de la policía provincial desde 1939, luego del desalojo violento de 30 familias mapuche.
Según la cosmovisión del pueblo mapuche, los seres humanos y la naturaleza constituyen un todo indivisible, un círculo perfecto de vida, y hay una relación circular y armónica entre ambos, que sería afectada en caso de realizar una transformación del ámbito natural. La relación con la naturaleza está basada en el principio de la reciprocidad -se da y se recibe a la vez- y para concretar esta relación es necesario estar en armonía con el todo, que incluye elementos naturales, culturales y espirituales que hacen a la identidad mapuche. Esta es la razón por la cual se oponen a la destrucción de cualquier elemento de la naturaleza y no permiten que se destruya el territorio.
En la lucha contra el asesinato de los ríos y por la vida de otros bienes naturales y culturales, la comunidad Pillán Mahuiza y los pobladores campesinos de la zona han conformado el Frente de Lucha Mapuche Campesino como un espacio político, social y cultural que se propone construir relaciones basadas en la reciprocidad entre la sociedad y la naturaleza y recuperar la identidad, la cultura y la espiritualidad de quienes lo constituyen, con el propósito de lograr no sólo la recuperación de las tierras, sino también el control del territorio.
En esta lucha han enfrentado las persecuciones del poder político local que ha acusado de usurpadores a la comunidad mapuche, por haber recuperado las tierras que pertenecían ancestralmente a su comunidad.
En enero de 2005 se realizó en la comunidad Pillán Mahuiza un encuentro de organizaciones sociales de la Patagonia y otras regiones del país que expresaron su apoyo a la lucha contra la represa a través de dos comunicados, uno rechazando la concreción del proyecto de construcción de las represas y otro, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se producen en la región, tales como el derecho a la libre expresión, a peticionar a las autoridades, a la identidad cultural, incluyendo el derecho a la integridad física y a la vida, como consecuencia de las constantes amenazas que enfrenta la población del lugar debido al ejercicio de la violencia institucional.
Otra comunidad mapuche que enfrenta las amenazas de desalojo y que reclama la titularidad de las tierras es la Familia Cayún, que está localizada en Lago Puelo, a 180 kilómetros de la localidad de Esquel, también en la provincia de Chubut. La comunidad, ubicada en la margen oeste del Río Azul, está compuesta por 12 familias -55 personas en total- que ocupan una superficie de 674, de las cuales sólo siete son aptas para el cultivo, siendo el resto bosque nativo y cordillera. La familia Cayún reclama la titularidad de las tierras para evitar desalojos con el fin de explotarlas desde el punto de vista turístico o para concretar la especulación inmobiliaria de empresarios o magnates nacionales y extranjeros. La defensa de sus tierras ha traído a la familia muertes nunca resueltas de miembros de su familia y de vecinos. El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, ofrece a la comunidad Cayún 200 hectáreas para usufructuar con título de propiedad individual, con el propósito de utilizar el resto de las tierras para la especulación inmobiliaria. La familia no acepta esta propuesta porque reclama el título comunitario, siguiendo las prácticas ancestrales del pueblo mapuche. Manteniendo las tierras sin subdividir, la comunidad evita posibles proyectos de construcciones turísticas o de explotación irracional de los recursos, y permite que la población pueda tener acceso a las tierras y a sus recursos.
En la provincia de Neuquén, la comunidad mapuche Paichil Antriao de Villa La Angostura fue desalojada por la policía de sus tierras en Cerro Belvedere , en abril de 2005, por orden del juez Rolando Lima. En esa oportunidad el desalojo, con la participación de la policía local, fue violento y la camioneta utilizada para sacar las cosas era posesión de la municipalidad de Villa La Angostura. Frente a este hecho, en mayo, la comunidad volvió a ocupar un predio de 4 hectáreas, al mismo tiempo que se firmó un acuerdo con las autoridades municipales, representantes de Parques Nacionales, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la Confederación Mapuche, a través del cual las partes se comprometieron a participar de una mesa de diálogo para esclarecer la situación y evitar que se vulneren los derechos indígenas.
Sin embargo, el compromiso de respetar los derechos indígenas sobre las tierras fue vulnerado meses después, cuando en septiembre hubo un nuevo intento de usurpación a la comunidad. En esa oportunidad el vecino de la comunidad, Miguel Barbagelatta, comenzó a realizar obras de remoción de tierras para hacer un camino de acceso a un lote situado sobre la costa del lago Nahuel Huapi y otorgado por el estado nacional a la comunidad a comienzos del siglo XX, a través de un decreto firmado paradó-jicamente por al General Roca. El interés sobre esa franja de playa se debe a que constituye un puerto natural con muelle, frente al resto de la costa que es rocosa.
En las tierras que pertenecen históri-camente a la comunidad Paichil Antriao, unas 625 hectáreas cuyo título de propiedad fue entregado a mediados del siglo XX, se han ido vendiendo lotes a personajes famosos, con la complicidad de inmobiliarias de la zona, entre ellos, Huberto Roviralta, cuyo apoderado es Leonardo Bessone, de la inmobiliaria que lleva como nombre su apellido y el basquetbolista Manuel Ginobilli, que compró un lote vecino al REWE, lugar sagrado para los mapuche.
Con el propósito de impedir que continúen los desalojos y los atropellos contra la comunidad, varios miembros de la misma se trasladaron a Buenos Aires, en noviembre, para dar a conocer los conflictos que enfrentan e interpelar a los diputados de la nación a que aprobaran la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena que reconoce la propiedad comunitaria y permite el freno de las desalojos durante un periodo de cuatro años. A través de una conferencia de prensa realizada el 30 de noviembre, exhortaron a que los diputados se reunieran ese mismo día -último día de sesiones ordinarias- para aprobar esa ley, cuyo tratamiento había quedado suspendido en junio. Si bien estaba convocada una sesión especial de la Cámara para ese día, lamentablemente no hubo quórum y la ley permanece sin aprobación, hasta que vuelva a tratase el año que viene con una cámara renovada y sin varios de los diputados que habían elaborado el proyecto e impulsado su aprobación.
En la provincia de Río Negro, la presencia de un magnate inglés ha convulsionado la localidad de El Bolsón. El propietario de Hard Rock Café, y hoy dueño de Planet Hollywood, Joe Lewis, compró en 1997, 14.000 hectáreas, que poseen cascadas y bosques naturales sobre el Lago Escondido, que quedó incluido dentro de su propiedad. La venta de estas tierras entró en contradicción con la Constitución de la provincia de Río Negro, en uno de cuyos artículos se hace referencia al acceso libre a riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público con fines recreativos, además de violar la ley provincial 279 que imposibilita la concentración de tierras fiscales y su uso indiscriminado y establece que si alguien ya posee un predio de tierras fiscales, no puede adquirir otro.
A lo largo de los años, la sociedad anónima Hidden Lake -propiedad de Lewis- ha ido comprando, con la complicidad de la inmobiliaria Van Ditmar de Bariloche, propiedades cercanas a importantes fuentes de agua en toda la cordillera, tales como el río Foyel, el río Manso, los lagos Montes y Soberanía. Para completar el enorme imperio natural que posee, Lewis está gestionando la compra de 100 has. fiscales sobre la margen del arroyo el Pedregoso, en la zona llamada Pampa de Luden ubicada en Mallín Ahogado, con el fin de construir un aeropuerto. Esta zona es de vital importancia para la población porque es una zona productora en la cual habitan antiguos pobladores que se dedican a la cría de animales y a la actividad silvopastoril. En caso de realizar la venta de estas tierras, la población del lugar dejaría de tener acceso al agua del arroyo para el riego y tendría aún más dificultado el acceso a los lagos, ya de por sí de poco acceso frente a las amenazas de gente armada contratada por la empresa. Frente a esta concentración de tierras y aguas en manos privadas y ante la posible venta de más tierras, los vecinos de la región se han organizado y constituido la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Mallín Ahogado y la Comarca Andina.
En esta región del país son muchos los magnates extranjeros que han ido comprando tierras con la complicidad de los gobiernos locales y las inmobiliarias dedicadas a la especulación. Entre ellos se cuentan los ya conocidos hermanos Benetton, que son dueños de 900.000 has en la provincia de Chubut, el empresario norteamericano de la comunicación Ted Turner , que posee 70.000 has en las cercanías de Bariloche, y los actores Silvestre Stallone y Michael Douglas que poseen hermosas estancias de miles de hectáreas cada una.
También existen problemas de violación de derechos humanos en las áreas urbanas. Algunas ciudades patagónicas están sufriendo la represión y el atropello a los derechos humanos, como es el caso de la ciudad de Bariloche en la cual organismos de derechos humanos han solicitado a la Justicia Federal, durante el mes de diciembre, que declare inconstitucionales las medidas municipales que reforzaron la cantidad de efectivos de seguridad en la ciudad y que se adopten medidas cautelares que hagan cesar los operativos policiales que se están realizando fundamentalmente en los barrios marginales de la ciudad, los de El Alto. Frente a un relativo aumento de inseguridad se declaró la emergencia en materia de seguridad en la ciudad y se solicitó la intervención de fuerzas de seguridad federales y del grupo de ataque provincial Bora. Los organismos de derechos humanos determinaron, a través de un escrito, que no se siguieron los procedimientos legales para solicitar la intervención de las fuerzas federales, ya que esta medida sólo puede tomarse en tres casos concretos que no están ocurriendo en la ciudad sureña, que son, en caso de que esté en juego el orden constitucional, durante una situación de desastre o cuando hay peligro colectivo para la vida y el patrimonio de las personas. En este último caso, las organizaciones declaran que se trató de hechos aislados y que en la ciudad no existen bandas armadas, zonas liberadas ni estructuras mafiosas que pongan en peligro colectivo los bienes y la libertad de las personas. Por otro lado, aclaran que la medida tiene carácter discriminatorio ya que los efectivos de la policía fueron destinados únicamente a los barrios más pobres de la ciudad, ejerciendo sus funciones a través de procedimientos irregulares y malos tratos. Este escrito de los organismos de derechos humanos amplió los argumentos de una Acción de Amparo, presentada una semana antes, que solicita medidas cautelares y declaración de inconstitucionalidad de la resolución municipal, del decreto provincial y de la resolución del Ministerio del Interior de la Nación que dispone la intervención de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina en operativos conjuntos propuestos por la provincia de Río Negro. La medida implementada viola derechos reconocidos por la Constitución Nacional y se enmarca en el proceso de criminalización de la pobreza que se está dando en otras regiones del país.
La mayor parte de los conflictos que se dan en la Patagonia están relacionados con los ricos recursos naturales que posee la región e implican violaciones a los derechos humanos, tanto de pueblos originarios como de comunidades rurales que habitan la región desde largo tiempo atrás y han convivido con la naturaleza respetando los elementos que la conforman, a sabiendas de que sólo así podrán seguir teniendo una relación de reciprocidad con la misma. Los grandes intereses capitalistas nacionales y extranjeros han puesto su mirada ambiciosa sobre esas tierras y recursos naturales y las comunidades que allí habitan se constituyen en un obstáculo para su apropiación y explotación. Esa es la razón por la cual llevan a cabo todas las estrategias necesarias para eliminar ese obstáculo, utilizando la protección y la asociación con los poderes políticos que, como parte del negocio, no dudan en usar la represión abierta o a hacer oídos sordos a los reclamos de las comunidades perjudicadas y que, por lo mismo, se sientan a negociar el futuro de la naturaleza y de los seres humanos con quienes les ofrezcan el mejor negocio o la mejor tajada.
Contacto:
El Bolsón:
Vecinos autoconvocados de la
Comarca Andina del Paralelo 42
[email protected]
Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza.
02945-15692319
[email protected]
[email protected]
Comunidad Mapuche Paichil Antreao, Villa la Angostura:
Mirta 15637179

Temas:derechos humanos mapuche Patagonia pueblos originarios

La expansión de la minería tóxica y sus consecuencias. Caso testigo: la mina de oro de Andalgalá, Catamarca

Los derechos territoriales de los pueblos originarios. Caso testigo: Lof Casiano

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Publicada

hace 18 horas

26/04/2024

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años.

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio de contundencia, ignorado.

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas — Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión.

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”.

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”.

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género.

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”.

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

“Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”.

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder.

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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hace 1 semana

19/04/2024

Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes.

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación.

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

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Un abrazo contra la motosierra

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hace 1 semana

18/04/2024

Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora.

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo.

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”.

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”.

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”.

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”.

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina.

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”.

La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.