Nota
Informe septiembre del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Nuevo informe del Observatorio que lleva adelante el único padrón público y autogestivo sobre femicidios y travesticidios, infancias huérfanas, movilizaciones y, desde septiembre, el dato de la cantidad de funcionarios públicos denunciados por violencia de género. Lo que no cumple el Estado en este sentido, el mapa y los 153 casos desgranados por Poder.
Informe septiembre 2021 – Observatorio Lucía Pérez
216 femicidios y travesticidos
176 infancias huérfanas
295 marchas exigiendo Paren de Matarnos
204 días preguntando dónde está Tehuel
A partir de este mes sumamos otro dato: 153 funcionarios públicos denunciados por violencia de género.
En agosto de 2020 el Estado argentino se comprometió a llevar un registro de funcionarios judiciales denunciados por violencia, como parte del acuerdo amistoso que firmó con Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia. El acuerdo incluyó el acto de público perdón, pero no se limitó a ese simbolismo: obliga al Estado a cumplir una serie de medidas, entre ellas:
1.El Consejo de la Magistratura “incluirá el conocimiento sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en todos los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación”.
2. También se obligó a confeccionar “un registro público de denuncias presentadas contra magistrado/as por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que conste además el trámite impartido a esas denuncias”.
Hasta el momento el Consejo de la Magistratura ha publicado en su web un registro que debe descargarse en pdf, que solo tiene datos de tres denunciados y sin especificar el contenido de la denuncia.
Para dimensionar qué representa este incumplimiento elaboramos este padrón público que sistematiza los datos de una muestra de 153 casos. Las denuncias involucran a todos los poderes del Estado argentino y recorre todos sus estratos, incluidos los más altos.
Advertencias a tener en cuenta antes de analizar los datos:
1. Las denuncias no significan condenas. Es decir, no informan sobre delitos cometidos por
funcionarios públicos, sino que dan cuenta de presentaciones judiciales que relatan casos
concretos de violencias que solicitan así ser investigadas.
2. Los 153 casos no significan la totalidad de los funcionarios denunciados. Es apenas una
muestra confeccionada con informaciones periodísticas no desmentidas y de los últimos
años.
3. Hemos tenido en cuenta denuncias que superen los últimos tres años sólo en aquellos
casos en que ese antecedente recobre actualidad. Un ejemplo de esta excepción: el
presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, ya que la denuncia por
violencia que radicó su ex pareja y por la que fue sobreseído en 1987 fue nuevamente
noticia el pasado 8 de marzo.
4. No incluimos en los 153 casos seleccionados denuncias que involucran a familiares de
funcionarios públicos. El caso de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, flamante
presidente de la Corte Suprema de la Nación no es la excepción, ya que cuando fue
denunciado por violencia por su ex pareja se desempeñaba como funcionario del Poder
Judicial en Santa Fe. Destacamos, sin embargo, la gravedad institucional que representa
que existan notas periodísticas que siembren la sospecha de que el juez de la Corte
Suprema haya realizado gestiones para mitigar la situación judicial de su hijo. Confirmar o
desmentir estas versiones debería ser una prioridad de la máxima institución de justicia
del país en momentos en que el proceso de proclamación de Rosatti como presidente de
esa institución ha sido cuestionado hasta por otros miembros de la Corte.
5. En el caso de las fuerzas de seguridad sólo hemos tomado registro de aquellas denuncias
que involucren a las máximas autoridades. Sin embargo queremos remarcar el grave
contexto que representa que sólo en la Policía Bonaerense y en el año 2020 se hayan
iniciado 997 expedientes por violencia de género laboral. El Estado es responsable
también significa esto.
Link al padrón de funcionarios denunciados
Nota
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar:
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