Crónica de una jornada agitada en la que simultáneamente se manifestaban diversos conflictos. El lugar común fue decir que este 10 de noviembre fue un día de locos, pero tal vez haya que pensar las cosas que ocurrieron de otro modo. Por Francisco Pandolfi

Las piernas caminan, se multiplican. Los carteles relucen, se reproducen. Los reclamos aumentan. Una masa conjunta para, pero no se paraliza. Avanza. Está en movimiento. Son muchas masas. Son muchas protestas, diversas, pero no antagónicas. La calle arde, en la puerta de la Legislatura porteña; en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; en la Dirección General de Enseñanza Artística porteña; en el Congreso Nacional. Todo sucede a la vez, en simultáneo. No es un día de locos. Es un día de cordura, de argumentos.

La Legislatura porteña, donde ahora mismo se vota el presupuesto 2023, tiene vallas por todos lados. No es ninguna novedad. Es un paisaje tristemente naturalizado. Las rejas separan a las y los legisladores de dos concentraciones, separadas por el monumento a Julio Roca, genocida de pueblos originarios.

Allí es el punto de encuentro de la comunidad educativa: los sindicatos UTE y Ademys mostraron unidad y llevaron a cabo un nuevo paro “por el ajuste en el presupuesto”, que según informaron en el acto central tuvo un acatamiento del 80%. Las consignas que proclaman arriba del escenario y abajo, en las centenares de banderas y cartulinas que sostienen docentes y estudiantes, son varias: “Por más escuelas, vacantes, cargos docentes y alimentación digna”, “Por la titularización de todxs los interinxs y contratadxs”, “Por la jornada laboral docente de lunes a viernes”, “Contra el vaciamiento de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires”. Hay un dato incontrastable al respecto: el presupuesto en Educación pasó de 26,19% en 2007, antes de la asunción de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, al 20,04% que se estima para 2023.

En un vaciamiento estructural de la educación pública que lleva ya 15 años, el gobierno porteño, bien calladito, sigilosamente, acaba de dar otro zarpazo: esta vez, las víctimas directas son los Institutos de Formación Técnica Superior. De manera inconsulta, la Dirección de Gestión del Aprendizaje a lo largo de la vida, dependiente del Ministerio de Educación porteño, acaba de inhabilitar la inscripción a cinco carreras: Gestión Cultural y Pedagogía y Educación Social, en el instituto N° 28; Ceremonial y Protocolo en el N°12; y Administración y Relaciones del Trabajo y Administración Comercial en el N°8. Además, en otros terciarios, la cartera comandada por Soledad Acuña irrumpió, por un lado cambiando los planes de estudio, y por el otro, obligando a la institución a mudarse del edificio.

Gustavo Raide es docente en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº28. Denuncia: “Hace unos días nos llegó una comunicación oficial que a partir del 2023 no se va a abrir la inscripción para dos de nuestras carreras. En Pedagogía Social con orientación en Derechos Humanos, ellos ponen “Recursos Humanos”; se ve que les molestan esas dos palabras. Ellos justifican que nuestras carreras no se engloban en el encuadre económico productivo que tiene la ciudad de Buenos Aires”. En un documento que envía la Dirección de Gestión del Aprendizaje a lo largo de la vida, a los institutos, deja claro sus motivos: “Se ha contemplado el contexto coyuntural imperante a fin de definir la oferta estratégica para la Ciudad de Buenos Aires, priorizando aquella con mayor requerimiento del sector socio-productivo”. A confesión de parte, relevo de prueba… Agrega Gustavo: “Se les solicitó una reunión oficial, pero hasta el día de hoy no nos han respondido. Esto implica que muchos docentes quedemos desafectados, porque los que somos de primer año, ya en 2023 no vamos a tener alumnos, o sea también genera precarización y expulsión de trabajadores”.

Gisela Panduro y Álvaro Rodríguez Batz son estudiantes de Pedagogía y Educación social con orientación en Derechos Humanos del instituto Nº28. Están rodeados de otras alumnas y alumnos de distintos terciarios que acompañan la resistencia. Dice Gisela: “Les estudiantes queremos seguir estudiando y elegir qué carreras estudiar. Decidimos formarnos en carreras socio-educativas y culturales, con orientación en Derechos Humanos porque creemos que otro mundo es posible”. Dice Álvaro: “Nos sentimos excluidos y excluidas; es una decisión totalmente inconsulta, de un momento para el otro. Sentimos una ofensa muy grande que esté direccionado a una carrera orientada en Derechos Humanos. Ante estos embates, vamos a responder con organización. Es importante dejar en claro que esto no sólo ataca a la comunidad educativa, sino a la población con la que trabajamos que en su mayoría vive en situación de vulnerabilidad”. Desde arriba del escenario se aplaude a los terciarios y el grito al unísono no tarda en nacer: “Queremos estudiar, queremos estudiar”.

El Instituto de Formación N° 20, por ahora, está emplazado en Gurruchaga 739, en el barrio porteño de Villa Crespo. Tiene contadas las horas ahí. Hugo Figueroa es docente de portugués. “Cuando llegué la semana pasada me encontré que había rumores de cambio de lugar. Estaba el rector Alejandro Mazzuco, hoy de licencia porque a su vez es supervisor. Él trabaja en la dirección de Formación Técnica Superior, al lado de la directora, así que es imposible que desconociera una situación que se viene cocinando hace mucho tiempo. Me dijo que no me preocupara, que no había ninguna resolución. Sin embargo, en la carrera de Turismo Sustentable y hospitalidad ya eliminaron varias materias, entre ellas las mías: portugués, 1, 2, 3 y 4. También hay materias que se van a fusionar, acortando el plan de estudio. Es toda una precarización de los contenidos”. ¿Cómo fue el diálogo? “A los docentes nunca se nos consultó ni comunicó nada. Y el lunes ingresé a la página web del gobierno y ya la carrera figura con un plan de estudio nuevo, con varias materias menos”. Hay más: “Otra cosa que nos enteramos hace dos días es que nos cambian de locación, a Tucumán al 700. Es una situación de ocultamiento total. Los estudiantes se anotaron con un plan de estudio y en un lugar físico que por algo lo eligieron. Muchos ya piensan en dejar la carrera, aunque están indignados pensando formas de luchar. Están precarizando todo. Y de todo quieren hacer un negocio; de la educación pública también. Querrán meter institutos privados, eso es lo que imagino y obviamente sacar su tajada”.

El hostigamiento a los Institutos de Formación Técnica Superior no es uniforme. Hay una variedad en la persecución, en las estrategias accionadas, aunque parece haber sólo un destino: el vaciamiento. Pablo Quatrini es docente y Consejero Docente del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Reflexiona sobre la cirugía fina que aplica el gobierno porteño a través del Ministerio de Educación: “Para la inscripción a mediados de año, implementó un curso introductorio con evaluaciones de Lengua y de Matemáticas, que no son excluyentes, pero sí es una mediación más y establece un orden de vacante, cuando nuestro instituto nunca tuvo problemas con los cupos. El curso previo al ingreso, además de que no es claro, lo maneja el Ministerio, entonces perdimos el contacto directo con quienes se inscriben. Antes no era así, se anotaban a través de un correo electrónico, se contactaba con cada uno y cada una, hacíamos charlas para que preguntaran dudas. Ya no. Y esto se notó en julio pasado: se habían anotado casi 50 estudiantes para primer año, y de repente vinieron 14 nada más. Como no tenemos contacto directo, los perdimos”. ¿Cuál es el trasfondo? “Que lleguen pocos alumnos y alumnas a las primeras materias. Es la excusa que después le sirve al Gobierno de la Ciudad para decir ‘hay pocos inscritos, se tiene que cerrar la inscripción’. Se trata de una estrategia muy bien planificada, que no es un hecho aislado sino que tiene relación a todo lo que está pasando en el ámbito educativo, tanto inicial, primario, secundario y terciario”. Suma Denise Altieri, del Consejo Directivo del mismo instituto: «La inscripción digital no fue accesible, porque no tuvo ningún tipo de accesibilidad para personas sordas ni ciegas. Ya lo denunciamos en inscripciones anteriores y en esta última volvió a salir así. Además, la parte del soporte técnica del Gobierno de la Ciudad no daba respuesta; y las y los estudiantes no se podían dar el alta para inscribirse».

Desde lavaca quisimos hablar con Juan Pablo Becerra, Director General de la Dirección de Gestión del Aprendizaje a lo largo de la vida, pero en todo el día la respuesta al número de su oficina fue la misma: “Todos nuestros operadores se encuentran ocupados, su llamada será atendida a la brevedad; por favor aguarde en linea”. Y así en loop. Otro loop. Y otro loop.

El paro docente entrelaza otras protestas. Se suman a la movilización distintas peleas que se dan en paralelo. A dos cuadras, en Perú al 300, varios institutos de formación artística protestan frente a la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente de la Secretaría de Cultura porteña. “Se caen los techos”, se lee en un afiche rojo, con letras negras. “La precarización no para”, se lee en uno amarillo, con letras rojas. Una ronda canta sin parar bajo los potentes rayos del sol: “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”. Fernando Gutiérrez es docente del Instituto Vocacional del Arte. Alza la voz, como representante de sus compañeras y compañeros: “Estamos en contra del presupuesto a la baja en educación y lo mismo pasa con Cultura. Nuestros edificios se caen a pedazos, es un peligro trabajar dentro de un edificio donde se caen las mamposterías; el tendido eléctrico es re peligroso y no mandan material para laburar. Y lo que mandan es berreta. No hay computadoras. Se llevaron unas para arreglar desde principio de año y no las devolvieron. Es deplorable lo que pasa, no se puede mantener este tipo de situación”. ¿Más? “Sí, las titularizaciones a término. Es una precarización total, porque los docentes no tenemos ni la posibilidad de sacar un préstamo para comprarnos una bicicleta que nos permita trasladarnos de escuela a escuela”.

Arriba del escenario docente, Daniel Solis no tiene guardapolvo blanco, sino ambo celeste. No es maestro, sino pediatra del Hospital Garrahan. Su área depende del gobierno porteño. El cansancio por el tiempo que llevan en la calle no se nota cuando agarra el micrófono: “Venimos de ocho semanas de lucha, de defender la salud pública pero también la educación pública, porque venimos de la universidad pública en defensa de la voz de nuestros pacientes. En un país donde el 50% de las personas son pobres, la única forma de salir adelante es la educación y la salud, en contra del recorte del presupuesto del FMI y no solamente la ciudad, sino en todo el país, tenemos que unirnos”.

Tras los aplausos, Daniel se baja del escenario y camina hacia Avenida de Mayo y Perú, rodeando todo un vallado exagerado. Tras una movilización matutina, miles de auxiliares, enfermeras y médicos están sentados sobre la calle, en asamblea permanente. Discuten vivamente si vuelven a los hospitales, si siguen de paro, si el jueves 17 se unen a una gran jornada nacional en defensa de la salud pública. El motor fue la propia pelea que iniciaron el ya lejano 21 de septiembre. Es conmovedor verlos y escucharlas. Es sanador. Y votan que sí, que el 17 hay paro y movilización. Porque la lucha sigue.

Melina Michniuk es psicóloga del Hospital Elizalde y Yanina Scarmato ex residente enfermera del Santojanni. Contemplan la marea blanca. A metros hay un bombo que tiene una pegada y algunas letras que forman una oración: “Y si ahora gritamos y cantamos en modo de protesta es porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta”. Melina: “Este proceso lo venimos haciendo organizándonos desde abajo, en asambleas dentro de los hospitales, donde circula la voz de todos los compañeros. Tenemos ganas de volver al laburo, nos cuesta no estar con los pacientes pero sabemos que esto es para mejor porque atender como lo hacemos, re contra quemados no es la mejor atención que le podemos dar, no y que recién atendemos quemar”. ¿Qué es estar quemadas? “Que estés pasada de rosca, que no te den las manos, que los pacientes a veces deben esperar meses a que les salga una derivación, que renuncian profesionales y entonces una se tiene que hacer más cargo de cosas, que en el caso de los clínicos estén 36 horas seguidas sin dormir y se te caen los párpados”. Yanina: “La salud es un sector muy feminizado, trabajamos en el hospital y en nuestras casas, un doble rol y eso genera mucha quemazón. En las enfermeras hay muchos problemas de salud mental por la necesidad de las horas extras y el doble empleo”. Melina: “Se te va rompiendo el cuerpo”. Un cartel pegado en una mochila sintetiza: “2020 esenciales; 2022 descartables”.

Detrás del escenario docente, del otro lado de Roca, de su caballo y todo un monumento inexplicable, pegados a las vallas hay una radio abierta, en donde las organizaciones sociales que se autodenominan las cayetanas, más cercanas al Gobierno Nacional (CCC-Barrios de Pie-Movimiento Evita), critican al presupuesto que está votando la Legislatura porteña, con mayoría de Juntos por el Cambio. Carolina Franco milita en la Corriente Clasista Combativa y está justo delante de un muñeco enorme que simula ser el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Está parada, sosteniendo una cartulina blanca que reza: “Más presupuesto para salud, para educación, para vivienda y trabajo”. Vive en la Villa 21-24 de Barracas y lleva una gorra verde, que es lo único que parece ampararla: “Somos cooperativistas, trabajo en dos colegios hace 15 años. Cobro 28 mil pesos y trabajo 5 horas por día, de lunes a viernes”.

A un par de cuadras, la 9 de julio está colapsada de gente. Desde Avenida de Mayo hasta Constitución. 12 cuadras rebalsadas de pueblo. Organizaciones sociales, no alineadas al Gobierno Nacional, llevan adelante lo que denominan “Piquetazo nacional”. Desde las 10.30 se concentran en Moreno y 9 de Julio, en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. Llegan de distintos lugares de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Llegan porque ayer, miércoles, no hubo acuerdo, y porque la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, prometió que sólo habría una entrega de comida hasta fin de año.

Marianela tiene 42 años, vino desde Luján y está sentada en ronda, con sus pares de Libres del Sur. Quiere hablar: “Yo estoy a cargo de un comedor y es una vergüenza la comida que recibimos, no podemos comer todos los días polenta y arveja. Hace cuatro meses que no recibimos harina en los comedores y merenderos. Solo nos dan algunos alimentos secos; la verdura, la carne, el pollo, lo compramos nosotros. No pedimos que nos regalen nada, solo que nos ayuden porque trabajamos de lunes a lunes, cobramos un básico de 27 mil pesos o como máximo 54 quien tiene dos planes Potenciar Trabajo. Y de hace dos meses a esta parte, le damos de comer al doble de personas, alrededor de 60 familias”.

A pocos metros del retrato gigante de Evita, Belén está sentada en un banquito de plástico. Tiene 23 años y es del barrio Nicole de González Catán. “Uno de los más necesitados de la zona”, afirma la integrante del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. “Vinimos de nuevo porque necesitamos una respuesta concreta, que pueda cambiarnos en algo la situación. Hace 4 meses al comedor venían 45 familias, hoy vienen 100”. Horas después, el Ministerio de Desarrollo Social acuerda a lo que ayer no se había comprometido: entregas de alimentos de noviembre, diciembre y lo que adeudaba de octubre. Se desconcentra la movilización masiva. Lo mismo ocurre en la Legislatura porteña y en el Congreso Nacional donde se reclama por una Ley Nacional de Danza y también se exige, por enésima vez, la necesaria promulgación de la Ley de Humedales.

Las piernas vuelven a caminar. Los carteles siguen diciendo. Las masas, por ahora, se dispersan, pero no se paralizan. Están atentas. Latentes. La calle arde. Y mañana será otro día.