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Feliz año viejo: el INTA amenaza con sancionar a un ingeniero por fomentar la agroecología

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César Gramaglia, ingeniero agrónomo y miembro del INTA de Villa Dolores, Córdoba, tiene abierto un sumario por el INTA cordobés en el que amenazan censurarlo suspenderlo por haber planteado en un programa radial que la agroecología permite producir cultivos sin aplicación de pesticidas agroquímicos. Una reacción anacrónica y con resonancias autoritarias de (se supone) viejos tiempos, por parte de la entidad regenteada por Juan Cruz Molina Hafford que nada parece tener que ver con la ciencia ni con la libertad ni con la producción. Lo que plantean las sociedades científicas y los gremios y la nota publicada en la revista MU sobre parte del trabajo de Gramaglia en Traslasierra. Por Francisco Pandolfi.

La Ciudad de Villa Dolores, al centro oeste de Córdoba, no le escapa a la general de la provincia en materia económica: el sector agropecuario es uno de sus motores. Tampoco este municipio –donde la papa es el cultivo más importante de la región–, con respecto al peso específico que tiene el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina Hafford es el director regional del INTA Córdoba, organismo denunciado por abrirle un sumario administrativo con intención de sancionar por al menos seis días y disciplinar y censurar a César Gramaglia, quien hace 15 días recibió una notificación del organismo que revela que su sumario se acerca a una resolución.

Gramaglia es técnico extensionista del INTA local y gran apoyo de proyectos agroecológicos en la zona de Traslasierra principalmente. Desde su casa en Villa Dolores narra a lavaca la crónica de un hostigamiento que no viene de ahora ni tampoco es unidireccional, sino que apunta a desprestigiar una idea, un modelo, un futuro distinto: “Todo comenzó cuando asumió el cargo Molina Hafford, a mediados del 2018. Al poco tiempo, me invitaron a integrar un comité técnico para brindar un intercambio internacional con Bolivia, con el objetivo de promover la agroecología y desde el Centro Regional de Córdoba me negaron la posibilidad, sin haber ningún motivo para impedirlo. Ahí ya empezó la censura y la persecución ideológica”.

Gramaglia plantea que esa situación no fue una excepción: “Existen también otros casos concretos, como en marzo de 2019, cuando el INTA lanzó un curso virtual de agroecología. Me invitaron a integrar el equipo de docentes y de nuevo la autoridad máxima del INTA se opuso. O sea, otro adoctrinamiento”.

Sigue: “Como corolario, a principio del 2020 se me inició un sumario administrativo a partir de una entrevista que di en una radio local, una FM de Traslasierra, donde manifesté que existen otras alternativas para el control de plagas –en ese caso de la langosta– además de utilizar insecticidas de síntesis química. Esa fue la frutilla del postre para que se profundizara el ataque, que no se trata de una discusión técnica productiva, sino política. Ese es el mar de fondo”.

¿Qué es lo que molesta?

–No hay que tomarlo como algo unipersonal, sino llevarlo a la pluralidad, hablar de nosotros, porque existen varios compañeros de esta institución y de otros organismos de ciencia digna que han sufrido las persecuciones políticas ideológicas de las autoridades de distintas instituciones públicas. Siempre es contra quienes promovemos un modelo de producción de alimento más sano, más seguro y más soberano. Acá estamos tocando intereses económicos y políticos porque lo que sostiene al actual modelo de agricultura, con un enfoque industrial, son importantes sumas de dinero vinculadas con la producción y la comercialización de insumos químicos. Como el mío, ha habido otros casos que se han traducido tal vez no en un sumario administrativo, sino que ante semejante persecución ideológica los técnicos toman la decisión de pedir el pase hacia otro centro regional de la Argentina para trabajar con libertad. Varios técnicos tomaron la decisión de la autocensura, de no hablar más del sistema agroecológico, por estar expuestos a recibir sanciones de las autoridades.

En el caso de Gramaglia se trató de una suspensión de 6 días. Si se observa con detenimiento, que un ingeniero agrónomo plantee que se puede producir sin utilizar pesticidas es algo que debería celebrar y promover una organización como el INTA. En este caso, además de la Sociedad Argentina de Agroecología o CLACSO, por nombrar a algunas entidades del ámbito científico, el sindicato ATE-INTA repudió el castigo impuesto y la calificó la sanción como “injusta, arbitraria, antidemocrática y persecutoria”. “Advertimos que la sanción a César Gramaglia representa de manera fiel el modo en que algunos pretenden censurar, amedrentar, disciplinar a quienes están comprometidos con la agroecología”

Cierran el comunicado: “Por el derecho a pensar y trabajar en libertad en una institución de prestigio mundial como es nuestro INTA”.

Walter Pengue (Ingeniero Agrónomo con especialización en Mejoramiento Genético Vegetal y Magister en Políticas Ambientales y Territoriales, además de miembro de sociedades agroecológicas internacionales y de la Academia de Ciencias del Ambiente) escribió al INTA cuestionando “un bozal mediático que restrinja nuestro derecho a opinar y por lo tanto a pensar” y focaliza el caso como un ataque a “derechos humanos y democráticos que pudieran pretender conculcársele”.

Un negocio que ataca a la naturaleza y a la alimentación

Antes de ser favorecido con el cargo de Director del Centro Regional Córdoba del INTA, desde el 2011 hasta enero de 2018 ocupó el cargo de Secretario de Agricultura, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Sobre sus antecedentes habla desde Córdoba el pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, integrante de Médicos de Pueblos Fumigados: “Pocos recuerdan que era funcionario de De la Sota. Es un lobista del agronegocio, de la Mesa de Enlace, todo lo que hizo fue de terror y ahora se hace el técnico del INTA. Cuando hicimos los estudios epidemiológicos en el pueblo agrícola de Monte Maíz (se detectó una elevada contaminación con glifosato en asociación con incremento de casos de cáncer), fue él quien trató de bloquear que el municipio dictara una ordenanza contra las fumigaciones, pero se la ganamos. Otras denuncias no prosperaron porque De la Sota y Schiaretti siempre controlaron la Justicia”.

El abogado ambientalista que llevó a cabo las denuncias se llama Darío Ávila. Recuerda: “En mayo de 2015 Molina Hafford era el secretario de Agricultura y Ganadería de Córdoba y por lo tanto era la autoridad de aplicación de la ley provincial 9164, que regula la utilización de productos químicos y biológicos de uso agropecuario, es decir la ley de fitosanitarios provincial. En aquel entonces presentamos un reclamo administrativo solicitando que gestionara ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, la exclusión del glifosato de la nómina de productos autorizados. Tomamos como base fundamental y científica la publicación de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que en marzo de 2015 había reclasificado al glifosato como probable cancerígeno”.

Agrega: “A su vez, la ley provincial de fitosanitarios también dice que la autoridad de aplicaciones, en ese caso la Secretaría de Agricultura, podía adoptar en forma inmediata las medidas que considere necesarias para el resguardo y preservación de las personas, el medio ambiente, la flora, la fauna o los bienes de terceros. Por supuesto que no hubo respuesta ni ningún tipo de pronunciamiento”.

César Gramaglia lo padece desde hace cuatro años y también tiene mucho que decir: “El único antecedente laboral que ha tenido el actual jefe máximo del INTA Córdoba antes de su ingreso, fue haber ocupado el cargo de Secretario de Agricultura del gobierno provincial, cuando históricamente esa dirección se la designa a un profesional que ha hecho carrera interna en el INTA, que mamó desde chico la institución. Esto no ocurrió y uno se da cuenta que fue una jugada política de un gobierno ligado con la promoción del agronegocio, la prédica de las mal llamadas ‘buenas prácticas agrícolas’ y cercano a los miembros de la Mesa de Enlace; un gobierno que considera que aplicando de manera responsable el paquete de tecnologías de insumos químicos no produce ningún daño sobre la salud de los alimentos, las personas y el ambiente, cuando esto no es así. Por eso proponemos un cambio del actual modelo hegemónico de producción de alimentos basado casi exclusivamente en la incorporación externa de insumos químicos como fertilizantes, herbicidas insecticidas, fungicidas, que no solamente tienen un impacto negativo sobre el agro-ecosistema desde el punto de vista económico, porque se incrementan sus costos de producción. También se ha comprobado científicamente que genera externalidades negativas sobre el ambiente, además de impactos negativos socialmente, porque el actual sistema favorece sólo a las grandes escalas de producción, demostrado en los resultados que arrojó el Censo Nacional Agropecuario que dice que durante los últimos años han desaparecido el 25% de los pequeños y medianos productores”.

En julio pasado, Juan Cruz Molina Hafford fue designado por cuatro años más en el cargo.

Vivita y coleando

César Gramaglia nació hace 55 años en Vila, pueblo rural santafesino de 1200 habitantes. En 1991 se egresó como ingeniero agrónomo en la Universidad del Litoral y desde el año siguiente comenzó a formarse “hacia otro modelo de producir alimentos, con un enfoque orgánico, porque en ese momento se hablaba poco de Agroecología; la decisión fue transitar un camino alternativo”. En esa senda llegó al INTA de Villa Dolores en 2007, por la que hoy es hostigado.

¿Qué logran con este amedrentamiento?

–Es muy simple: buscan mantener el statu quo. Sostener la propuesta del agronegocio, aumentando la eficiencia de la aplicación de los agroquímicos. El objetivo de las políticas públicas que hoy se están tratando de implementar a través del INTA es que nada cambie. En este momento, a nivel nacional se está redactando una nueva tanda de proyectos para implementar durante los próximos cuatro años. Y el centro regional del INTA Córdoba en ninguno ha contemplado como eje temático a la agroecología. O sea, está desconociendo la demanda de un grupo de productores y de la sociedad civil que reclama por la transformación del actual modelo de producción de alimentos.

Gramaglia, quien lanzó un mensaje de fin de año promoviendo la agroecología y una alimentación sana, agrega una percepción: “Miles de personas reconocen que más allá de una sanción personal, se busca sancionar a la agroecología de manera global, lo que demuestra dos cosas: por un lado, que se trata de una ciencia que puede traer respuestas a las consecuencias negativas del actual sistema agroalimentario globalizado. Y por el otro, que la agroecología está vivita y coleando, más que nunca”.

Aquí podés leer la nota publicada en MU en julio de 2022, en la que se recorre el camino agroecológico en Traslasierra, en el que Gramaglia ha tenido un papel relevante, experiencia que incluye a comunidades y sus huertas orgánicas y también a importantes productores de papa y uvas.

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Un día de justicia: prisión perpetua a Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña

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El jurado popular y el Tribunal Técnico de la Cámara 3ª del Crimen de la Ciudad de Córdoba condenaron este martes por la tarde a Diego Gustavo Concha, ex titular de Defensa Civil de la provincia (en la foto, durante la audiencia). La pena: prisión perpetua por el delito de abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña, una bombera voluntaria que se quitó la vida en enero de 2022, nueve semanas después del ataque. En el fallo se consideró que el hecho fue un caso de violencia institucional ya que Concha “abusó de su poder como jefe de un área clave del gobierno de Córdoba”. Tanto él como la provincia de Córdoba deberán indemnizar solidariamente a los padres de Luana por daños y pérdida de chance de ayuda futura.

Desde Córdoba por Bernardina Rosini

Finalmente hubo justicia.

El ex titular de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, fue condenado a prisión perpetua por el abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña. Luana era bombera voluntaria y se suicidó en enero de 2022, como efecto del ataque que había sufrido.

El Tribunal rechazó el pedido del fiscal Fernando López Villagra, quien había solicitado que se declarara inconstitucional la pena máxima en este caso y que Concha fuera sancionado con 20 años de cárcel.

En su fallo, el Tribunal reconoció el caso como un hecho de violencia institucional, señalando que Concha “abusó de su poder como jefe de un área clave del gobierno de Córdoba” para perpetrar el abuso contra la joven. Además de la pena de prisión, Concha fue inhabilitado de forma perpetua para ocupar cargos públicos. El Tribunal ordenó que Concha, en forma solidaria con la provincia de Córdoba, pague una indemnización a los padres de Luana, Cristina Caminos y Sergio Ludueña, por daños y pérdida de chance de ayuda futura.

Un día de justicia: prisión perpetua a Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña

Luana y su perro Ciro.

Hallado culpable en todos los cargos en su contra, el ex funcionario también fue sentenciado por los hechos de violencia de género cometidos contra su ex pareja. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 17 de septiembre.

Un arma en la cabeza

Diego Concha, de 53 años, llegó a juicio acusado de homicidio por abuso sexual contra Luana Ludueña, de 25 años. Ludueña, tras ser atacada por quien era entonces el Director de Defensa Civil de la provincia, intentó suicidarse en tres ocasiones. Durante su internación en una clínica de la ciudad capital, se enteró de que Concha había renunciado a su cargo y había sido detenido por otro caso en su contra. El funcionario fue arrestado el 27 de noviembre de 2021, luego de que su ex esposa, también bombera, lo denunciara por agresiones y amenazas. Según su testimonio, Concha la habría amenazado de muerte apuntándole con un arma en la cabeza, además de perseguirla en la carretera y cruzarle la camioneta, sumando estos incidentes a una serie de agresiones sufridas desde su separación.

El homo sapiens y la tarjeta de crédito

La jornada comenzó en el Palacio de Tribunales II con las palabras de Sergio Ludueña, padre de la joven bombera, quien se dirigió al jurado popular: “Tienen en sus manos la posibilidad de hacer una diferencia y que la muerte de Luana no quede impune, y que Diego Concha sea condenado para que esto sirva y no haya ninguna víctima más de abuso de poder”. Visiblemente conmovido, recordó los esfuerzos de su hija por superarse profesionalmente: “La vi nacer y me tocó verla morir. Pido justicia por Luana y por quienes no se animaron a hablar”.

Un día de justicia: prisión perpetua a Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña

Diego Concha, en el centro, durante una de las audiencias. Foto: Natalia Roca para lavaca.org.

Inmediatamente después, fue el turno del ex funcionario. Llamó la atención la omisión de la palabra “inocencia” durante los 17 minutos de su exposición. Al dirigirse al tribunal, compuesto por los jueces Juan Manuel Ugarte, Eugenio Pérez Moreno y Marcelo Jaime, y al jurado popular, Concha declaró: “En el encuentro con Luana no pasó nada malo ni nada bueno, sencillamente no pasó absolutamente nada”.

Luego, hizo una referencia a tiempos prehistóricos: “El homo sapiens no conocía la palabra, entonces se comunicaban por señas o dibujos. Luego el hombre evolucionó y logró conseguir la palabra, y con la palabra se puede hacer el bien o el mal”, afirmó.

Continuó: “Muchas veces el hombre usa la palabra para hacer mucho daño, para tergiversar y sacarlas de contexto, y en muchos casos, mentir”. Posteriormente, mencionó su labor como Director de Defensa Civil, destacando sus años de servicio como bombero y apoyando su defensa en su ejercicio profesional. En cuanto a las denuncias de su ex pareja, mencionó que “tenía un adicional de mi tarjeta de crédito y gastaba libremente, así también con mi tarjeta de débito”.

Después de tal argumento bancario pidió perdón a sus hijos por “tal vez no estar en momentos importantes como eventos escolares” y prosiguió: “Disculpas también a mi ex pareja. Ningún hombre, bajo ningún concepto, debe discutir con su pareja, fuese el motivo que fuese. Lo tengo re claro, lo he hablado muchísimo con las psicólogas que me han ayudado en el penal de Bouwer”. Y para concluir, afirmó: “Quiero que quede bien en claro que quien les está hablando sabe perfectamente qué es la violencia de género”.

Un día de justicia: prisión perpetua a Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña
El colectivo Fuegas, brigadistas forestales, sostuvo el reclamo de justicia.

El poder en el banquillo

Después de las palabras de Concha hubo un cuarto intermedio de varias horas hasta conocerse la sentencia. Profundamente conmovida al saber que finalmente fue hallado culpable, la madre de Luana expresó:Ninguna condena es suficiente porque Luana no nos la devuelven. No puedo decir que estoy feliz pero Luana puede descansar en paz y nosotros como familia cumplimos con su pedido de justicia”.

Agradeció a los presentes, sobre todo a las Fuegas, brigadistas forestales de Sierras Chicas que acompañaron fuertemente a la familia a lo largo del proceso. Sobre Concha dijo: “No me interesa él. No escuché en el recinto lo que dijo. Yo solo rezaba. A lo largo del juicio y de las audiencias llevadas a cabo, no hubo ocasión en la que él mostrara arrepentimiento, empatía, ni reflexión alguna sobre lo que significó su conducta”.

El abogado de la familia Ludueña, Dr Carlos Nayi dijo sentirse “ampliamente conforme” con la condena. Se le ha devuelto la paz a una familia, y el honor a una joven que supo decir que prefería dar la vida que claudicar. Valió la pena”. Y dijo que este caso marca un precedente: “Se trata del poder sentado en el banquillo de acusados”.

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Daniela Calarco, presa desde hace 2 meses por manifestarse contra la Ley Bases: la criminalización de la protesta, y de la organización

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La acababan de despedir. Se fue a manifestar. Y la metieron presa. La historia corta de Daniela Calarco, hace 2 meses detenida en la cárcel desde la votación de la Ley Bases, suena a una cadena de injusticias y trampas en las que el Estado, desde el Poder Ejecutivo al Judicial, es victimario y cómplice. En esta entrevista con lavaca repasa su historia de organización, y dice que su militancia es señalada como “agravante” en la causa judicial, en otro de los peligros de su caso. El clima previo a su detención, con el Congreso militarizado mientras se sesionaba. La encerrona que hizo la policía para cazar manifestantes arbitrariamente, relato que coincide con el de Roberto y el resto de los detenidos ese día. Las torturas que siguieron: 12 horas esposadas, aislada, sin comida ni agua, luego obligada a desnudarse. La criminalización mediática, la rutina del encierro, las lecturas para pasar el rato a la espera de verdadera justicia, y su mensaje: “Nuestros reclamos son justos. Son necesarios y posibles. Entonces hay que tomar la fuerza y el ejemplo de las mejores generaciones de lucha de nuestro país, y no abandonar la calle”.

Por Lucas Pedulla

El teléfono del módulo 3 sector A de la cárcel de Ezeiza suena cuatro veces. 

-¿Hola?

Hola, buenas tardes, ¿se encuentra Daniela Calarco?

-Sí, soy yo.

Daniela Calarco Arredondo -39 años, militante del Movimiento Teresa Rodríguez “Votemos luchar”, trabajadora desocupada, lesbiana- atiende ella misma el teléfono del pabellón. El lunes cumplió dos meses de estar presa en Ezeiza luego de movilizarse el 12 de junio en protesta contra la sanción de la Ley Bases, cuando la detuvieron y la acusaron de terrorista.

Junto con Roberto de la Cruz Gómez , son las dos personas que siguen presas.
La única mujer de las diez detenidas en esa cacería.
Daniela habla con lavaca por primera vez tras su detención.

Trabajadora despedida

Daniela es de Mar del Plata. Empezó a militar en el MTR-Votemos Luchar contra las fumigaciones con agrotóxicos en su barrio. Su inquietud por lo ambiental la llevó a colaborar con la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Luego, su vinculación pasó al movimiento de trabajadorxs desocupadxs. 

Hace cuatro años Daniela se mudó al sur del conurbano bonaerense, en Lanús, y dedicó su militancia en Lomas de Zamora en comedores populares, en la mejora de viviendas, en cursos de capacitación. Empezó a trabajar en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: “Hacíamos el vínculo del Estado y organizaciones sociales que recibían convenios de construcción o capacitación” cuenta ahora, presa. Y conecta: “Hoy veo la persecución que se hace a organizaciones y puedo acreditar que los compañeros rendían cada peso que recibían. También se creó un show para justificar los despidos, pero puedo dar fe de cómo esa política cambiaba la calidad de vida de la gente”. 

Ella lo vivió en carne propia: “Fui una más dentro de la tanda de despidos de marzo”.

El 12 de junio, día de la Ley Bases, Daniela llegó a la Plaza ya desocupada. 

La cacería inhumana

Dice sobre ese día: “Todo empezó mucho más temprano que el momento de la represión. Había un clima: quienes somos militantes o conocemos la térmica de la movilización, sabíamos que no iba a ser una jornada tranquila. La zona del Congreso estaba absolutamente militarizada. Ese escenario dantesco nos daba la razón por la que estábamos reclamando: si necesitás militarizar así para votar una ley, claramente no es bueno para los que estamos afuera”.

Recuerda que al momento de desatarse la represión, las columnas empezaron a desconcentrar por Avenida de Mayo en dirección a 9 de Julio. “Hubo muchísimos gases, corridas, empujones. La represión en la Plaza hasta la 9 de Julio la hace la Federal. Nos desvían a todas las columnas grandes por Avenida de Mayo y la única posibilidad de doblar que teníamos era en 9 de Julio para el lado de Constitución, porque hacia el lado norte no teníamos forma porque había un cordón de motos de la Ciudad. Procesando después, empezamos a ver que estaba todo armado para salir a cazarnos en la 9 de Julio”. 

A Daniela la detienen en Chile y Lima, a la salida de un McDonalds: “Todas las motos que estaban esperándonos en Lima y Avenida de Mayo empezaron a tirar balas de goma. Había gente asustada y con una compañera empezamos a meter gente al McDonalds. Estuvimos unos minutos y después salimos. Una persona me intenta detener y la gente me ayuda, imaginate el temor de que una persona que no está uniformada ni identificada chupe a alguien de una movilización. Muchas chicas me ayudaron a zafar. Pero cuando estoy tratando de irme, se me tira en la espalda. Me mantiene ahí 2 o 3 minutos, cuando llegó más Policía de la Ciudad en moto. Recién a la media hora aparece personal femenino”. 

En la causa figura que el nombre del policía que la detuvo es Marcos Rodríguez, jefe de servicio externo de la Comisaría Vecinal 1B, en el móvil 601. ¿Le informaron por qué la detienen? “En ningún momento me dicen por qué. Solo cuando me suben al patrullero me leen mis derechos. De ahí me pasan a una camioneta en la que me hacen acta con las cosas que me secuestraron con un testigo dudosísimo, que llegó antes de los refuerzos de la policía y ya venía con el policía que me detiene. En un momento ese efectivo le explicó a las policías cómo tenía que hacer el acta. Nunca me hacen firmar nada, y el acta que figura en la causa no es la misma que hacen delante mío”.

Primero quisieron subir a Daniela a una camioneta donde había todos policías varones. El oficial a cargo se negó. La llevaron a otra, donde había dos mujeres y dos hombres detenidos. “Bajan a los chicos y usan esa para subir a todas las mujeres. Desde el primer momento tratamos de bancarnos con las pibas. Se armaron lazos muy buenos que fueron los que nos sostuvieron en esos días tan terribles”. 

¿Por ejemplo? “Pasamos más de 12 horas esposadas en una camioneta sin que nos bajen en la comisaría. Creo que nos bajaron una o dos veces al baño en toda la noche. Después, cuando finalmente nos bajan, nos dejan en un pasillo porque la comisaría no tenía ni una celda para nosotras. Fueron momentos muy angustiantes; cómo nos sostuvimos entre nosotras la bancamos mucho mejor”. Tampoco les llegaron la comida ni los bidones de agua que las familias les compraron. Y en Comodoro Py las hicieron desnudar y las mantuvieron esposadas con pesadas cadenas en pies y manos hasta declarar. 

Daniela observa: “De estos dos meses, los peores momentos fueron mientras estuvimos en Capital. Obvio que es una situación horrible estar en un penal de máxima seguridad, pero acá el trato cambió: por lo menos fue humano”. 

El agravante militante

Al momento de la detención, y por recomendación de sus abogados, Daniela se negó a declarar. Fue una de las detenidas más criminalizadas mediáticamente, acusada de supuestamente incendiar bicicletas del Gobierno porteño. “La criminalización se sostuvo en lo mediático, donde los medios hegemónicos jugaron un papel horrible, pero nada pudieron sostener cuando nos trataron de terroristas y golpistas. Hasta hoy solo queda una imputación de incendio agravado por ser un bien de uso público, que es lo único que pueden seguir para agarrarse y que sea federal; si no, se les caería. Sobre lo que figura en la causa, toman fotos de las cámaras de seguridad de la calle y de la plaza, y hablan de videos que no presentaron en la causa, con lo cual no tienen ningún valor”.

El lunes, al cumplirse los dos meses, organismos de derechos humanos se presentaron ante el juzgado de María Servini para presentarse como amicus curiae en la causa. A su vez, la defensa informa a lavaca que la jueza cerró la etapa de instrucción para que la causa vaya a juicio. En los próximos días presentarán un nuevo pedido de excarcelación para que Daniela espere el proceso en libertad.

Los pedidos de excarcelación de Daniela fueron rechazados porque los jueces entendían que podía entorpecer la causa: “Un supuesto delincuente puede entorpecer una causa plantando pruebas o haciendo desaparecer otras, pero las únicas pruebas que toman en mi contra son las cámaras de seguridad. No hay forma de entorpecer eso porque no hay forma de que yo pueda entrar a algún lugar a borrar esas imágenes. Incluso en la última negativa de excarcelación, la jueza le da a la fiscalía la oportunidad de presentar más pruebas, pero no presenta nada. En el fallo que sostiene mi prisión no dicen cómo yo haría eso: lo que es sumamente preocupante es que hablan que por ‘mi condición’ podría entorpecer la causa”. 

¿Cuál es su condición? “Me hace pensar que mi condición es estar organizada políticamente. Es preocupante que hoy, en Argentina, estar organizado se esté tomando como agravante en una causa. Y eso no me va a caer solo a mí sino a todas las personas que decidimos organizarnos. Es un precedente”. 

El mensaje de Daniela

Acostumbrada a la hiperactividad de la militancia en los barrios y que cada día sea ir de acá para allá, Daniela admite que la rutina del encierro le pesa. Se la escucha firme, clara, y cuenta que aprovecha el tiempo para hacer ejercicio en el patio. También para leer, mucho. Estos días está leyendo un libro sobre el abordaje de los medios de comunicación durante el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, como antesala a la invasión a Irak. Agradece los libros que le acercan. Y agradece, sobre todo, la solidaridad de ese afuera que lo siente en el alma: “Es lo que me hace seguir bancando. Una, al estar organizada, sabe que su familia y su organización va a estar, pero la verdad es que todo lo que se armó excedió esa concepción. Son cientas las organizaciones que están bancando, además de los organismos de derechos humanos que visitan, que llaman. Me emociona muchísimo”.

Al mes de su detención, sus compañeras leyeron en Plaza de Mayo una carta que había escrito de puño y letra. Decía: “Somos hijes de un pueblo que sobradamente sabe de ganar y defender sus derechos con lucha. Somos hijes y nietes de la plaza, y si las madres y las abuelas siguen en ella, lo mínimo que tenemos que hacer es honrar su lucha luchando”. 

Le pregunto, entonces, si tiene miedo.

 Piensa unos segundos en la respuesta.

Y dice, del otro del teléfono del módulo 3 sector A de la cárcel de Ezeiza: 

“No sé si es miedo la palabra que usaría. Sí mucha preocupación. Para quienes nos tomamos en serio, desde el primer día, un proyecto de cambio social real, y cuando el capitalismo no tiene nada más para ofrecer al pueblo trabajador, entendemos que el adversario es grande y terminar preso o herido es una posibilidad obvia, que no tomamos a la ligera, pero sí sabemos conscientemente que los derechos se ganan en las calles. Hoy hay un nivel de ataque y de violencia mucho más explícito y profundo que lamentablemente ha encontrado asidero en una parte de la sociedad. Que muchos diputados hayan venido a visitar a genocidas donde yo estoy, en otro momento se hubiese generado un repudio como fue el 2×1, masivo. Lo preocupante, cuando hablamos de discursos de odio, es entender que no queda solo en el discurso, porque hay gente que pasa a la violencia explícita. Tenemos que entender eso como un cambio de época para poder combatirlo. Vamos a tener que ser creativos, ingeniosos, pero no dejar de luchar, porque todo lugarcito que cedamos lo van a ocupar con la porquería que militan. Nuestros reclamos son justos. Son necesarios y posibles. Entonces hay que tomar la fuerza y el ejemplo de las mejores generaciones de lucha de nuestro país, y no abandonar la calle”.

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Chaco: continúa la Marcha Multisectorial desde el Impenetrable hasta Resistencia

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Una larga marcha que va del Impenetrable chaqueño a la Capital -casi 300 kilómetros- reclama la entrega urgente de comida para merenderos, comedores y programas sociales al gobierno provincial. Además, señala al nacional bajo la consigna “Milei: basta de hambre, ajuste, entrega y represión”. Hoy dos columnas que provenían de distintas comunidades se unieron y dormirán en Castelli; mañana siguen, mientras arman los petitorios y conforman una Multisectorial de campesinos, comunidades originarias, sindicatos, productores y hasta la Iglesia.

Informe: Luchas del Chaco

https://twitter.com/lavacatuitera/status/1823479023533539607?s=48

El hambre y la falta de respuestas impulsan la larga marcha de las comunidades del Impenetrable chaqueño. Hoy y luego de recorrer a pie 50 kilómetros las dos columnas en que se organizó esta marcha acamparon en Castelli, a casi 300 kilómetros de Resistencia, a donde se dirige esta protesta para exigir que el gobierno provincial entregue comida para los merenderos, para los comedores escolares y para los programas de asistencia alimentaria.

Este jueves 8 de agosto una columna partió desde Miraflores y otra desde Bermejito. Cada una se nutrió de comunidades del Impenetrable. Hoy y en un emotivo encuentro, las dos columnas se abrazaron en la entrada de Juan José Castelli, luego de caminar durante casi dos días. Denuncian así la dura situación que se vive en el Chaco: el hambre y la falta de comedores escolares y comunitarios. La multitud, que provenía de diversas comunidades, marchó por la ciudad bajo la consigna: “Milei: basta de hambre, ajuste, entrega y represión”.

La columna de Miraflores estuvo compuesta por personas de Fortín Belgrano, Sauzalito, Sauzal, Vizcacheral, Misión Nueva Pompeya, Wichí, entre otras, mientras que la columna de Villa Río Bermejito reunió a habitantes de El Espinillo, La Leonesa, Las Palmas, Pampa del Indio, parajes rurales y localidades aledañas.

Ahora se encuentran acampando en el acceso de Castelli y se preparan para armar los petitorios y convocar a la Mesa Intersectorial, que estará integrada por campesinos, originarios, asociaciones comunitarias, asociaciones sociales, iglesias, pequeños productores, intendentes, etc..

El objetivo es claro: que se abran las negociaciones con el gobierno de la provincia y se de respuesta urgente a las demandas alimentarias.

Continuará…

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LA NUEVA MU. La peor

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