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La Patota bonaerense: de Wilde a la Amia

Publicada

hace 21 años

24/07/2003

“La Masacre de Wilde reúne impunidad y brutalidad policial, negocios oscuros con delincuentes, y cuestionamientos muy serios al poder judicial”, sostiene el periodista Alejandro Córdoba, quién en su investigación rastrea “la historia secreta” de la conexión entre el emblemático caso de gatillo fácil y el atentado a la AMIA. De los cuatro asesinatos que provocó “la cacería” de enero del 94, para la Justicia tres de las muertes -dos delincuentes y un remisero- están justificadas. La restante, un librero de la zona, es responsabilidad del cabo Marcos Ariel Rodríguez, convenientemente prófugo desde esa época. “Así se pagan las cosas cuando salen mal”, afirma el autor, quién cubrió ese tipo de hechos para la sección Policiales del diario La Unión durante años. La Patota, editada en forma independiente, toma su nombre de los grupos operativos de calle, cuya función consistía en recaudar ilegalmente para sus superiores. En el caso de la Brigada de Lanús, responsable de las ejecuciones, al mando se encontraba Juan José Ribelli, quién en uno de sus “cotidianos aprietes a delincuentes” consiguió la Trafic con la cual se volaría la mutual judía. Entrevistado por lavaca, Córdoba advierte que falta poco para que la causa prescriba y se garantice la impunidad. A su vez, señala que los políticos “le tienen miedo” a la Policía Bonaerense porque son “ellos los que tienen las armas y conocen sus movimientos”, mientras se permite desconfiar de las “supuestas olas de inseguridad”.

¿En qué consistió la Masacre de Wilde?

El 10 de enero de 1994, en Wilde, sobre la avenida Franco, un grupo de aproximadamente 15 policías -dicen ellos en tareas de vigilancia sobre salideras de bancos, en una zona donde no los hay- empiezan a seguir un Peugeot 505 que les parecía sospechoso. El auto lo manejaba Norberto Corbo, remisero, y trasportaba a dos delincuentes de poca monta, con entradas por temas de narcotráfico, que sí eran conocidos del personal de la Brigada de Lanús: Enrique Héctor Bielsa y Mendoza. En un momento comienzan a tirar de los cuatro autos policiales y, luego de cuatro cuadras, el remis choca, mientras los efectivos continúan disparando. Terminan matando a las tres personas. Paralelamente, son avisados que, también sobre la avenida Franco, venía otro auto, un Dodge 1500 en actitud sospechosa que nunca terminan de definir. Los persiguen, y en un momento determinado, cuando parecía que todo iba a terminar como la persecución anterior, se les cruza un camión. El auto dobla, los policías también, y se encuentran con un Peugeot 505, amarillo, muy similar al vehículo original, donde iban dos libreros. Finalmente, luego de tres cuadras, a causa de los disparos policiales, uno muere (Edgardo Cicutín) y el otro se salva milagrosamente (Claudio Díaz). A las pocas cuadras de allí, finalmente detienen al auto que perseguían originalmente, donde iban otros delincuentes y donde encuentran armas.

¿Los vehículos, que “despiertan sospechas” en los policías, viajaban juntos?

Los dos autos, quedó comprobado en la causa, salen de Santos Lugares. Evidentemente fue una cacería, los estaban esperando. La hipótesis del CELS y de Human Rights Watch sobre el caso, el por qué de la saña, tendría que ver con una presunta “mejicaneada” de dinero en el tema drogas. Por testimonios, era conocido que Bielsa tenía relaciones con la Brigada de Lanús en ese negocio.

La conexión es muy clara, los estaban esperando. Lo que pasa es que los policías lo que nunca terminan diciendo es qué estaban esperando. Lo van diciendo otras personas conocidas de Bielsa. Carlos Ancharte, un delincuente que era también buchón de la Fuerza, cae detenido y dice que Bielsa vendía droga para ellos. Esto, en boca de un buchón, puede ser verdad o puede ser mentira. Lo cierto es que es un dato más que reafirma la sospecha, los policías no hicieron toda esa movida gratis. Lo más fuerte de esto es el apoyo con que contaron después. A tal punto, que el secretario de Seguridad por entonces, Alberto Piotti, visitó a la jueza Silvia González, mostrando cierta preocupación por los detenidos. Hay que recordar que fue el caso de gatillo fácil que más detenidos concentró. Ambos mantuvieron un fuerte entredicho y, de hecho, González dejó asentada en la causa la visita, algo que habitualmente no se hace.

¿Cuáles son las primeras repercusiones del caso?

El primer día sale a la luz como un típico enfrentamiento entre policías y delincuentes. Enterada la jueza Silvia González del hecho, le pide a los policías que no muevan nada pero ellos trasladan en el mismo remis a las cuatro personas que ya estaban fallecidas a un hospital de la zona. La jueza, cuando le toma declaración al único sobreviviente, el librero Díaz, se da cuenta que ningún policía está herido-que no consta que desde el remis hayan disparada, que de las dos armas encontradas una no funcionaba, que el remisero era remisero y no delincuente- procesa y después dicta la prisión para doce integrantes de la Brigada. Los policías son detenidos dos días después y al tercero, cuando al siguiente iban a ser sometidos a indagatoria, extrañamente uno de los implicados, el cabo Marcos Ariel Rodríguez, se fuga. La jueza admite el error de dejarlos detenidos en la propia Brigada y los traslada. Todos los que declaran al día siguiente le echan la culpa al prófugo. Lo que dicen era calcado, que Rodríguez estaba sacado y disparaba sin parar, que se bajó del patrullero y los corrió a pie. Nunca se supo nada más de él.

¿Existe alguna hipótesis sobre su desaparición?

Las hipótesis van desde que lo mataron, que trabajó para algunos comisarios de la Bonaerense haciendo tareas sucias y también en la custodia de algunos políticos de bajo rango. Lo cierto, es que nunca más se supo nada.

¿Dónde nace la conexión entre la Masacre de Wilde y el atentado a la AMIA?

En el momento en que quedan detenidos los policías, los operativos, llamados así por ser los que recaudaban en la calle. Por entonces, Juan José Ribelli era el Jefe de Operaciones de la Brigada de Lanús. La masacre ocurre en enero de 1994 y el atentado es el 18 de julio de ese mismo año. A partir de las detenciones, lo dicen los policías en la causa AMIA, empiezan a realizarse colectas entre los propios uniformados para solventar los gastos de la defensa de los compañeros y para sus familias, práctica que es habitual cuando uno de ellos queda detenido, ya que no cobra el sueldo. Ribelli se empieza a desesperar porque había una caja que se tenía que mantener y se venía cayendo. Por eso, comienza a apretar a viejos buchones, conocidos suyos, que sabía que podía detener -a partir de estos aprietes se armó la causa “Brigadas” que la tuvo primero González y ahora Juan José Galeano- y una serie terrible de extorsiones a comerciantes de la zona. Tales como detenerlos en la calle por nada y pedirles 5.000 pesos bajo presión de inventarles una causa. Personas que terminaban cediendo por miedo a quedar pegadas en un homicidio.

¿Cuál era la finalidad de esas recaudaciones ilegales?

La finalidad era solventar los gastos de los abogados. La otra hipótesis nunca comprobada pero sí denuncia ante la Suprema Corte, que después la descartó, era que el dinero era para pagar una coima a los camaristas y a quién después fue el juez de instrucción Rafael Villamayor. Fue una cuestión que quedó en la nebulosa pero que a partir de escuchas telefónicas siempre permaneció como una sospecha muy fuerte. Lo cierto es que las colectas se hicieron, se pagó a los abogados y a los familiares. En esta desesperación por apretar buchones y comerciantes, Ribelli termina deteniendo, de una manera torpe, a Carlos Telleldín, de quién obtiene la famosa Trafic, un Falcón, una moto y 30.000 dólares para quedar en libertad. Esa Trafic es la que termina haciendo explotar la AMIA. La relación no se da de forma directa pero sí conectados por este mismo personaje que es Ribelli, que aparece como detrás de la Masacre de Wilde, como detrás del atentado.

¿Cómo está judicialmente la causa?

Para la Justicia, el primer hecho se trató de un enfrentamiento. No tiene dudas. Encima eran dos delincuentes, están justificadas las muertes. Para el segundo, la Justicia avala la versión de los policías que señalan a Marcos Rodríguez. Como evidentemente Rodríguez ya no estaba, quedaron todos en libertad en noviembre de 1994. La causa continuó, cambió por una cuestión procesal de juez de Instrucción y terminó en Villamayor. Desde que son liberados y la causa se va del juzgado de González, el criterio es el mismo: un hecho está justificado por ser un enfrentamiento y en el otro el único responsable es el prófugo. Incluso, y por eso la causa todavía se mantiene, en 1999 una pericia al auto de Edgardo Cicutín determina que se dispararon desde tres bocas de fuego diferente. Esto hace que el abogado de la familia, ya que están todos los policías sobreseídos en la causa, pida la nulidad del sobreseimiento de dos uniformados, aparte de Rodríguez, que son Julio César Gatto y Pablo Dudek. Villamayor no le da la razón, la Cámara sí, por lo cual están trabados en esa discusión. Los pasos en la causa tardan años: las últimas medidas son tomadas en octubre del 2001, en noviembre del 2002, y así se va llevando la causa hasta el 2004, que es el momento en el que va a prescribir. Son diez años y va a prescribir con un imputado prófugo. Un abogado dice con razón que acá no hay más pruebas que aportar, las pruebas están, la clave está en como uno las lee. Como cuestión más general, la Masacre de Wilde reúne desde impunidad policial, brutalidad, zonas oscuras que tienen que ver con negocios entre policías y delincuentes, y cuestionamientos muy serios al poder judicial.

¿Por qué la causa pasa del juzgado de Silvia González a Rafael Villamayor?

En noviembre de 1994, cuando la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora le otorga la libertad a los implicados la resolución también cambia. En la última resolución de González, ella vuelve a afirmar la detención de los involucrados pero sí se excusa de seguir interviniendo por una cuestión procesal. Uno de los detenidos tenía otra causa abierta en otro juzgado. Procesalmente, cuando hay una causa pendiente, el juzgado original chupa todo el expediente y por eso recae en Villamayor. A partir de ahí la causa empieza a transitar con el criterio de Cámara, que por un lado existió un enfrentamiento y por el otro fue obra de Marcos Rodríguez. En esa misma tesitura se mantuvo Villamayor. Incluso, los camaristas se han jubilado, han cambiado, son otros. La causa va y viene de Cámara al juzgado de Villamayor porque tienen distintos criterios sobre Gatto y Dudek.

¿Qué sucedió con el resto de los policías?

Algunos están en actividad, otros se han retirado de la Fuerza, otros han sido exonerados como es el caso de Gatto. Y un grupo ha ascendido, como el Sub-Comisario Roberto Mantel que es ahora es Comisario e Ismael Gómez que era inspector y hoy también Comisario. La Fuerza policial no hizo otro cosa que protegerlos en el 80 por ciento de los casos. Hubo una decisión política y corporativa de avalar la actuación de los policías. Cuando los policías van a declarar se asombran, en el caso de los que disparan sobre Cicutín, no podían creer lo que había ocurrido. Pero no podían creer no porque terminan matando a alguien sino porque en realidad no terminan matando a los que ellos querían matar. Y ese auto, el original que ellos persiguen y luego confunden, lo detienen sin disparar porque ya habían salido los vecinos a la calle y no podían hacer ningún desastre. González apuntó a que las tres personas que iban en el otro auto se quebraran. Ninguna abrió la boca porque evidentemente sabían demasiado. La figura de Ribelli metía mucho miedo. La Masacre de Wilde es el resultado de un negocio entre policías y delincuentes. Un negocio que salió mal. Alguien, entre comillas, hizo algo mal. Y las cosas se pagan así.

¿Esa lógica delictiva era extensible a toda la provincia de Buenos Aires?

La Brigada de Lanús ocupaba prácticamente todo el departamento judicial de Lomas de Zamora. Lo cual da la idea de todo el sur del Conurbano. Los focos más fuertes eran las Brigadas de investigaciones, los policías de civil. Los que hacían, entre comillas, el trabajo de inteligencia. Un trabajo del cual dependían muchos jueces. Ahí está la perversión del sistema: los jueces terminan dependiendo para esclarecer un caso de la Policía. Pero ¿qué pasa cuando hay policías en el medio?

¿De ahí surge La Patota?

Claro, La Patota surge de ahí. Los policías cuando declaran, cuando hablan del funcionamiento interno, ellos dicen: “estaba la patota de juego, la patota de la prostitución, la patota de desarmaderos”. Es decir, había distintos grupos que se autodenominaban “las patotas” , dedicados a distintos rubros, a recaudar. Las investigaciones siempre se quedaron en el nivel de Brigadas. Lo que siempre se sospechó es que existía una cadena que terminaba en la Jefatura de la Policía Bonaerense, que en esa época estaba conducida por Pedro Klodczyk, que tenía todo el apoyo del gobernador Eduardo Duhalde.

Duhalde pasa de elogiar a “La mejor policía del mundo” a intentar algunas reformas en la estructura de la Bonaerense…

Es cierto. El intento más fuerte se da con León Arslanian en 1997, que fue dejado a mitad de camino porque siempre ocurre lo mismo con el tema de seguridad: se puede tener un muy buen plan pero si no se cuenta con un respaldo político suficiente en cuanto se tocan las cajas o se desplaza a algunos comisarios, empiezan a llegar las presiones políticas. O empiezan a venir estas olas de inseguridad, sospechosas olas de inseguridad que siempre se dan cerca de las elecciones. Por ejemplo, si se sigue el discurso de Felipe Solá y Juan Pablo Cafiero, después de las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, era muy fuerte, era la idea de revisar legajo por legajo. Ahora, han bajado los decibeles muchísimo. Es que hay miedo y esto es así. Porque los policías son los que tienen las armas y los que conocen los movimientos de los políticos, ellos son los que tienen custodia oficial. A Duhalde desde 1996 hasta 1999 le hirieron a los custodios, les robaron, tuvieron demasiadas agresiones que algunas veces pueden leerse como agresiones comunes y otras como mensajes: “así como podemos hacer con tu custodia podemos hacer con vos”. Y son mensajes mafiosos. Era una buena idea la de Arslanian pero se dejó por la mitad. Lo mismo con la reforma judicial que se hizo, con la función de los fiscales. En este caso, más allá de sacarle el respaldo político a la reforma, lo que se hizo fue no dotarla de los recursos necesarios. Trasformaron todo un sistema en otro con los mismos recursos. Le sacaron la instrucción a la Policía de las causas y se las mandaron todas a los tribunales, con los mismos empleados. Y después llegó Carlos Ruckauf y lo primero que hace es pactar con ellos. Esa es una constante en los gobernadores provinciales, ese miedo de que se les desbande el Conurbano.

Ahora que mencionás otra masacre, la del Puente Pueyrredón, ¿no estuvo Alfredo Franchotti, preso por los asesinatos, vinculado a Ribelli?

Bueno, Franchotti fue un subalterno de Ribelli, lo tenía bajo sus ordenes en la División Sustracción de Automotores. En la investigación de la causa AMIA aparecen varias conversaciones entre ellos haciendo pequeños negocios. Curiosamente, los policías que reprimen ese día a los desocupados en el Puente Pueyrredón salen, encabezados por Franchotti, de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda, donde funcionaba la antigua Brigada de Investigaciones de Lanús.

¿Es posible subordinar políticamente a la Policía Bonaerense?

Es posible en la medida en que se haga ordenadamente y con mucho tiempo. Lamentablemente, con mucho tiempo. Esto implica cambiar la concepción de seguridad, cambiar todos los planes de formación de la escuela Bucetich, y tomar la seguridad como una política de Estado, pero no para correr rateritos sino básicamente preventiva. Eso requiere cortar con esas canillas de dinero sucio. Todos lo que han intentado hacerlo o les ha ido muy mal o han tenido señales de que sus propias vidas corrían peligro.

Lo que nos remite nuevamente a las “supuestas olas de inseguridad”

Existe una situación de inseguridad fuerte pero si vos, y esto es una decisión editorial de los medios, querés hacer una hora de noticiero policial, lo vas a poder hacer, porque hay material como hubo en los noventa y en los ochenta. Muchos secuestros tienen un tufillo a operaciones. El caso del padre de Pablo Echarri fue el más burdo, donde todos quedaron en offside, expuestos, donde todos tenían la posta. No se puede ser investigador policial en televisión gracias a un celular, estilo Mauro Viale. Algunos periodistas transmiten la idea de que en seguridad se pueden solucionar las cosas hablando por un celular o con un tipo siniestro como Naldi.

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La Asamblearia: otra forma de consumir

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Nota

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: