Este miércoles 27 de agosto a las 12, los hijos de las víctimas de la mafia inmobiliaria de San Telmo estarán en el comedor de las Asambleas del Pueblo (México 640) para denunciar la causa armada que retiene en la cárcel a sus madres y padres desde hace tres semanas. Tras una violenta represión, 23 personas fueron apresadas, acusadas de delitos desproporcionados como “coacción agravada” y “privación ilegítima de la libertad” cuando intentaban dialogar con los dueños del inquilinato en el que vivían, que había triplicado el precio del alquiler. Como en la Legislatura: las víctimas fueron a la cárcel.

Los hechos: El viernes 8 de agosto, 20 familias que vivían en el inquilinato llamado “Hotel Carlos V» fueron atacadas por las fuerzas de choque de la Policía Federal, cuando intentaban dialogar con los propietarios del inquilinato, que amenazaban con desalojarlos si no pagaban la nueva tarifa por habitación, que aumentaron de 400 a 1.200 pesos.
La consecuencia: Veintitrés inquilinos e integrantes de la Asambleas del Pueblo detenidos en la cárcel de Ezeiza, Devoto y Marcos Paz. Entre ellas siete mujeres, jefas de hogar y madres de varios niños. Todos están acusados de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad.
La trampa: El mecanismo es idéntico al usado con los presos de la Legislatura (en 2005): la gravedad de la imputación impide su excarcelación. Para cuando llegan a juicio y se comprueba su inocencia pueden pasar –como ocurrió aquella vez con vendedores ambulantes y mujeres en estado de prostitución-catorce meses en la cárcel.
Por eso el miércoles 27 a las 12 las Asambleas del Pueblo (México 640, teléfono 4307-8599, [email protected]) invitan a conocer y a recibir a los hijos de las víctimas de la mafia inmobiliaria del barrio, para denunciar la situación.
Las víctimas de la mafia inmobiliaria de San Telmo
Unidad 2 – Cárcel de Devoto
Segundo Carlos Maldonado
Guillermo Cárdenas Acuña
Fernando Valenzuela Pradenas
Carlos Pourrain
Juan Carlos Maldonado
León Fernandez
Pedro Navalle
Indelfonso Sánchez
Fabián Pinares
Cesar Gusto Rojas
Unidad 3, Ezeiza, Cárcel de Mujeres
Evangelina Paniagua Sanchez
Mariela Aguirre
Nancy Cordero
María del Cármen Silvera
Cármen Sanchez de los Santos
Elizabeth Sanchez de los Santos
Natalia Soledad Silva
Complejo Federal N° 2 Marcos Paz
Raul Jorge Besión
Alfredo Gauna
Roque Pereyra
Gustavo Ayala
Eugenio Espinoza
Lo que ocurrió
El viernes 8 de agosto tras una respresión desproporcionada, 20 familias que vivían en el inquilinato llamado “hotel Carlos V”, con niños y ancianos incluidos, fueron atacadas por la Guardia de Infantería, el grupo GEO y otras fuerzas de choque de la Policía Federal, cuando intentaban dialogar con los propietarios del inquilinato, que amenazaban con desalojarlos si no pasaban a pagar la nueva tarifa por habitación, que aumentaron de 400 a 1.200 pesos. Además de los insultos de los propietarios (“no hablamos con inmigrantes” entre los más suaves) las personas sufrieron maltratos, golpes, y lo peor: 23 de ellos (incluyendo 7 mujeres, madres de varios de los niños que vivían allí, inquilinos e integrantes de la Asamblea de San Telmo) quedaron detenidos en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Devoto, acusados de delitos como coacción agravada y privación ilegítima de la libertad.
El mecanismo es idéntico al usado con los presos de la Legislatura (en 2005): estas personas no pueden ser excarcelada debido al tipo de delito que se les imputa. Para cuando llegan a juicio y se comprueba su inocencia pueden pasar –así ocurrió aquella vez con vendedores ambulantes y mujeres en estado de prostitución- 14 meses en la cárcel.
Loli, a las patadas
Los propietarios del Hotel Carlos V, eufemismo por un conventillo de los tantos que hay en San Telmo, anunciaron en agosto la suba de la tarifa por habitación, de 400 a 1.200 pesos. Los inquilinos habían solicitado varias veces a la Asamblea de San Telmo que intercediera para evitar semejante suba, y la amenaza inminente de desalojo. Elizabeth Dos Santos, de la Asamblea, contó a lavaca: “Apareció una mujer diciendo que era la nueva dueña, sólo sabemos que le dicen Loli, y cuando los vecinos le propusieron dialogar, dijo que ella podía hacer que los echaran a las patadas. Y eso fue lo que ocurrió”.
El operativo de más cien efectivos contó con la actuación especial del grupo GEO y la Guardia de Infantería. Elizabeth recuerda que “entraron rompiendo los vidrios, tirando gases lacrimógenos y, a partir de ahí, comenzaron con una cacería dentro del edificio habitado mayormente por bebés, niños y mujeres, que terminó con los veintitrés detenidos”. Los que vieron lo que ocurrió lo definen como cacería humana, con policías golpeando a cualqquiera, allanando habitaciones, rompiendo las pertenencias de esas personas, mientras algunos de los inquilinos pudieron escapar por los techos. Elizabeth, que participó en un centenar de desalojos, resume su impresión sobre la represión: “Fue descomunal”.
Culatazos y silencio
Apenas concluido el operativo la policía se negó a dar información y no presentó ninguna orden judicial. La asambleísta cuenta: “No dejaban que se acerquen los abogados cuando sacaban a la gente de adentro del hotel a los culatazos. Tampoco nos decían donde los iban a llevar.” Los integrantes de la Asamblea se enteraron, a través de los medios de comunicación que estaban en el lugar, que intervenía la Comisaría 16ª y hacia ese lugar eran llevados los detenidos.
Al día siguiente, los presos fueron indagados por el Juzgado Nacional en lo Penal de Instrucción Nº 5. Este consideró que la “peligrosidad” de los imputados obligaba al trasladarlos a las cárceles de Marcos Paz, Ezeiza, y Devoto. Se les atribuyó los delitos de usurpación, daño, lesiones, amenazas de muerte, robo, atentado, resistencia a la autoridad y privación ilegitima de la libertad. Intervino la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA) con apoyo de abogados de Convergencia Socialista y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Los letrados denunciaron que el Servicio Penitenciario, separó además a las madres de sus hijos y no ha permitido ningún tipo de régimen de visitas a los detenidos.
Mafias hoteleras
Elizabeth relata que un hombre insulinodependiente descompuesto no tuvo atención médica debido a la acción policial, y que una madre fue detenida con sus tres hijos de un año, tres y cinco. Golpes y un trato “especial” a las mujeres y los hombres de origen peruano. Tan especial que mereció la presentación, por parte de la Asamblea, de una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
La explicación de tal ferocidad policial, plantea Elizabeth, se relaciona con la cuestión de las mafias hoteleras en San Telmo. “Nosotros hace meses que tenemos custodia por las amenazas telefónicas que recibimos, creemos que todo esto se hizo para mandarnos un mensaje a nosotros y a otras organizaciones que trabajamos por los inquilinos”. Agrega que los detenidos son “rehenes políticos de los hoteleros y de los negocios inmensos que se están haciendo en la zona”.
Conviene recordar que los desalojos compulsivos que se han hecho en este último tiempo tienen que ver con la transformación de los viejos y denigrantes hoteles, en modernos hostels para albergar turistas.
La Presidenta y los presos
La Presidenta, en junio, en pleno conflicto del gobierno y los ruralistas, recordó el caso de la Legislatura: “Me acordaba hace días de algún militante social que por pedir comida en un supermercado o cortar una calle, fue condenado y cumplió cárcel, dos años en Batán. Con los jueces de la Constitución y las leyes de la Constitución. También me acuerdo de vendedores ambulantes, o travestis en la puerta de la Legislatura porteña, un año presos. Me gustaría también que la misma Justicia fuera cuando un estanciero corta la ruta o desabastece, o no deja pasar combustible”. Puede verse que esos jueces de la Constitución han vuelto a operar del mismo modo. Los criminalizados son los de siempre, y nadie les devuelve el tiempo de vida que se ven obligados a pasar en la cárcel. Abogados de organismos derechos humanos como el CELS ya habían calificado aquellas detenciones como «privaciones ilegítimas de la libertad»