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Juicio por Cromañón: La hora del matafuegos

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La crónica sobre la primera audiencia del juicio por Cromañón publicada por lavaca y elaborada por Diego Rozengardt, el hermano de una de las victimas, en la que describia, entre muchas otras cosas, que la propia Sala de Audiencias donde se desarrolla el juicio no posee matafuegos, provocó una aclaración de la Corte Suprema. Detalles del juicio, y la mirada de los familiares


Las observaciones de los familiares de Cromañón sobre la inseguridad que percibieron en la propia Sala de Audiencias donde se lleva a cabo el juicio, transmitidas en la excelente crónica de Diego Rozengardt publicada por lavaca y difundida por los grupos de familiares de Cromañón, motivó una aclaración de la Corte Suprema sobre la existencia de matafuegos en el lugar. Es posible que este viernes, dia de la segunda audiencia, los matafuegos que no estaban, aparezcan.
Diego, en la crónica, planteaba el tipo de dilemas ante los que se enfrentan cotidianamente los familiares de Cromañón: «¿Qué pasa si hay un incendio aquí adentro?- nos preguntábamos- ¿también querrán echar la culpa a los padres de los presentes «por no saber dónde iban sus hijos»? El Estado no parece tener aún ni tan siquiera las respuestas más elementales a hechos como los de Cromañón».
José Iglesias, abogado y padre de Pedro, otra de las victimas, agregó que tampoco hay luces de emergencia, carteles de salida, y ratificó que una sola puerta, por la que sólo se puede pasar de a uno, es la salida para casi 200 personas. Si allí hubiera un incendio y se apagara la luz como en Cromañón, el lugar sería tan inseguro como lo fue aquel boliche incendiado el 30 de diciembre de 2004, ocasionando 194 muertes.
El eco de la crónica indica que merece que se lean con detenimiento todas las reflexiones y observaciones de Diego, por lo que volvemos a publicarla como material tanto de informacion como de debate.
La foto detrás del blindex
El primer juicio oral y público por Cromañón comenzó este 19 de agosto y a los familiares sólo les fueron asignados 160 lugares dentro de la sala, obligándolos nuevamente a organizarse y seleccionar criterios de autoexclusión. Todo esto fue llevado a cabo durante los días previos al juicio por algunos padres que priorizaron este rol organizador por sobre su propia presencia en la audiencia. Desde las 8 de la mañana estábamos los familiares haciendo fila para el ingreso que se suponía sería antes de las 9. Sin embargo, gracias a una incompetencia lindante con la provocación del Poder Judicial y la policía, la entrada a la sala se produjo pasadas las 11. Mientras, en la fila, algunas mamás bromeaban, simulando ofrecer coimas a la policía para entrar. Adentro, en el banquillo de acusados, estaban los verdaderos coimeros cuya avidez de lucro llevó a la muerte a 194 víctimas.
Sobre juicios y matafuegos
El recinto en el que se desarrolla el debate es el mismo donde fueron juzgados los integrantes de las Juntas Militares de la última dictadura. El peso simbólico que esto conlleva para toda la sociedad argentina, se vuelve algo contradictorio para los familiares de Cromañón, ya que luego de aquel juicio todos los jerarcas fueron liberados a través de las leyes de impunidad y los indultos ¿Será un antecedente macabro?
Y si de macabrismos se trata, resultó insoslayable notar que la sala de audiencias, colmada, es totalmente de madera (incluyendo bancos, sillas, puertas y parte de las paredes), no tiene matafuegos, la puerta de entrada es única y no puede pasar más de una persona a la vez. ¿Qué pasa si hay un incendio aquí adentro?- nos preguntábamos- ¿también querrán echar la culpa a los padres de los presentes «por no saber dónde iban sus hijos»? El Estado no parece tener aún ni tan siquiera las respuestas más elementales a hechos como los de Cromañón.
Las caras en la sala
Ver las caras de los acusados fue probablemente lo más fuerte del primer día. Omar Chabán se rasuró el pelo y se presentó con una simulación de recogimiento parecido al rezo cual monje budista, tomándose la cara y con la cabeza gacha durante casi todo el día, evitando mostrar su cara. Una periodista que cubrió el juicio a las juntas militares nos contaba que hace más de 20 años Jorge Rafael Videla mantenía una actitud también de rezo, mirando la cruz que está encima de la cabeza de los tres jueces del tribunal. En todo caso, está claro que para el ex actor del Parakultural esto se presenta como una obra de teatro de seis meses, en la que cuanto más miserable se muestre, más éxito de taquilla tendrá. Nosotros lo tenemos claro; no nos dejaremos engañar.
Durante la audiencia, pudimos finalmente ver las caras de policías y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los acusados estaban de espaldas a las víctimas (como lo estuvieron siempre) y detrás de un blíndex, pero por el circuito cerrado de TV conocimos el rostro actual de Fabiana Fiszbin, quien fuera Subsecretaria de Control del Gobierno de la Ciudad y llegara a ese cargo por ser la mejor amiga de Vilma Ibarra.
El circo de los medios
Este primer día no hubo testimonios, sólo se leyeron los autos de elevación a juicio. A pesar de haber sido redactados hace dos años, Patricio Fontanet (cantante del grupo Callejeros) no dejó de realizar muecas cuando se leían las acusaciones, como si estuviera sorprendido por los cargos que pesan sobre él. Si en dos años no tuvo tiempo de leer los textos de los querellantes, ¿tampoco miró de reojo la tapa de los diarios? Lo único que logró es que gran parte de la atención se centrase en él, desviándola de Chabán, policías y funcionarios ¿Eso quiere realmente? El show que hizo a la salida responde a esta pregunta.
En esta sala que tiene escrito el número 2045 en su puerta, Aníbal Ibarra fue acusador en juicios como el del copamiento de Aeroparque en uno de los levantamientos de los “carapintadas”. Hoy, todas las querellas creen que debería haber estado nuevamente en la sala, pero esta vez en el banquillo de acusados.
Afuera, la gente que no pudo o no quiso ingresar colgó 194 figuras recortadas primorosamente por un grupo de madres. En un micrófono abierto, se alternaba la lectura de los nombres de las víctimas con textos que aludían a la Justicia. Simultáneamente y en el mismo lugar, un grupo de jóvenes manifestó durante todo el día su rechazo a la acusación a los músicos de Callejeros. En un momento, hubo un breve cruce de insultos entre uno de ellos y un familiar, que no pasó a mayores. Pero instantáneamente, todas las cámaras que habían negado mostrar los reclamos planteados desde el micrófono, transmitieron en vivo para montar una vez más el circo nuestro de cada día. Luego, en los resúmenes informativos, esas imágenes primaron sobre cualquier otra relacionada con el juicio.
La foto de Romina
Posiblemente el diario del miércoles contenga gran parte de esas imágenes que vuelven a mostrarle al consumidor de medios masivos de comunicación la «violencia» y/o «división» que rodea al reclamo por justicia en el caso Cromañón. Sin embargo, y desde un punto de vista muy personal, la imagen del día ocurrió adentro: la pantalla se había detenido en el rostro de Diego Argañaraz –manager de Callejeros- cuando le leían las imputaciones (homicidio simple con dolo eventual repetido 194 veces en concurso real con lesiones repetido en 1524 veces concurrentemente con cohecho activo).
Alguien, detrás del blíndex puso la foto de una víctima cuyo rostro quedó así al lado del acusado en la imagen. La víctima es Romina Branzini Mangiarotti. Era la esposa de Argañaraz. La madre de Romina es una de las personas que testificará. Pero no por la defensa, sino por la acusación.
El proceso penal comenzó. Es el primero de ellos y excluye necesariamente las evaluaciones sobre todo tipo de responsabilidades que no sean penales. Ésas, las excluidas en este juicio, son las que podemos juzgar todos, de una buena vez sin prejuicios ni irresponsabilidad ciudadana.
Diego Rozengardt

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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