Se concretó el acto y abrazo al Hospital Laura Bonaparte, tras la noticia de 200 despidos por no renovación de contratos en el único hospital que atiende situaciones de salud mental y consumos problemáticos del país. En octubre la movilización había impedido el cierre entonces anunciado. En esta nueva etapa todavía no se sabe cómo continuará el conflicto, ni qué garantías habrá de atención a la comunidad. Por Sergio Ciancaglini

Isidro lleva una pancarta hecha con un pedazo de cartón y una pregunta manuscrita:

“¿Fuertes con los débiles?”

Dice a lavaca: “Van por lo más preciado. Por la conquista de las mentes. Si los usuarios del sistema de salud mental no lo defendemos, estamos en el horno”.

La entrada al Hospital Laura Bonaparte está rodeada de gente que vino a apoyar a la institución tras la noticia sobre 200 despidos producida el 15 de enero. El gobierno los incluye entre 1.400 cesantías en distintos centros de salud. El personal del Bonaparte (poco más de 500 personas) decidió movilizarse para rechazar la medida. El principal lema está inscripto en una gran bandera y también en hojas A4: “Vaciar es cerrar”. Imprimieron además, y pegaron en el frente del edificio, quiénes son los despedidos. Trabajadoras y trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de mantenimiento…

Y todos los nombres: Vanesa, Candela, Marcos, Tatiana, Santiago, Eugenia, Fernando, Nicolás, Anabella…

En el documento que leyeron durante el acto, Escrito para el abrazo del lunes 20/01 (que reproducimos completo), la gente del Laura Bonaparte plantea: “Paradójicamente el vaciamiento del Hospital se presenta en el momento de mayor crisis de salud mental. En un contexto en el que la pandemia incrementó los padecimientos y consultas: con cuadros de depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastornos de la conducta alimentaria, consumo problemático de sustancias, ludopatía, secuelas de situaciones de violencia de género y abuso sexual, y el aumento exponencial de la tasa de suicidios, cuya estadística supera a las muertes por accidentes de tránsito, entre los que se encuentran afectados niños y niñas de entre 10 y 14 años a quienes hoy dejan sin tratamiento. Por lo que resulta evidente que la atención en salud mental debe ser un eje fundamental en la agenda política. Y eso hoy NO pasa”.

Agregan: “Todos los servicios del hospital fueron diezmados: la guardia, consultorios externos, Demanda Espontánea, internación, Hospital de Día, Niñeces y adolescencia, farmacia, odontología, nutrición, salud integral, abordaje territorial, comunicación, formación y docencia, investigación, mantenimiento, gestión de pacientes, administración, recursos humanos y el 0800 de urgencias. Al día de hoy, ninguno de estos servicios puede funcionar debido a los despidos”.

El contexto socioeconómico: “El despido masivo significa que el Hospital deje de funcionar y brindar atención a la comunidad. Porque estas medidas afectan a la sociedad en su totalidad, en el contexto de la crisis socio-económica que precariza, ajusta y deteriora la salud de toda la población. El Hospital es de los trabajadores y de los usuarios. El Hospital es de todos y para todos”.

En el documento plantean que permanecerán en el hospital reclamando la reincorporación de los despedidos para garantizar el funcionamiento de un centro que resulta crucial para la salud pública.

La vida de las personas

El psiquiatra Gabriel Hagman está hace once años en el Bonaparte, no fue de los cesanteados, y explica a lavaca: “Tras la amenaza de cierre en octubre, que pudo superarse, entendimos que es necesario visibilizar el conflicto para que esas decisiones no avancen. Ahora lo real es que desvinculan al 40% de la planta del hospital”.

“Con el nivel de demanda que existe la atención se hace inviable. No sabemos muy bien cómo pararnos en cuanto a lo asistencial para dar respuesta. Están cerrando un hospital que brinda una cobertura muy grande y a la vez sensible, que calculo involucra unas 100.000 atenciones anual. Durante 2024 habíamos comenzado con 612 trabajadores, pero la paulatina destrucción del proyecto hospitalario generó más de 40 despidos, jubilaciones, se fue achicando la planta y llegamos hoy con cerca de 500 trabajadores a los que habría que restarle alrededor de 190 o 200 despidos de estos días”.

Hagman describe consecuencias concretas de lo que está ocurriendo: “La semana pasada atendí tres casos que llegaban con recientes intentos de quitarse la vida por distintas razones. Una cuestión más depresiva en un caso, otra relacionadas con las pérdida de trabajo y con el  alejamiento de sus vínculos afectivos,  otra por estar en situación de altísima vulnerabilidad y sin respuesta. Empezamos a contener, a sostener, a acompañar e intentar producir un devenir más sano. Eso es un tratamiento de salud mental.  Estamos hablando concretamente de la vida de las personas que está en juego. Atendí esos casos con un equipo interdisciplinario: yo como psiquiatra, un psicólogo, asistente social, terapista ocupacional. Pero hoy fueron todos despedidos. Profesionales de trayectoria, que hacen todo ese trabajo que acabo de contarte. Casos así, sé que solo no puedo atenderlos. Habrá que decidir colectivamente cómo reagruparnos en esta instancia, pero si le sacan un gran porcentaje de gente al hospital a la larga no se puede seguir”. Por eso la advertencia del acto: “Vaciar es cerrar”.

Sobre la época: “Hay situaciones de enfermedades de salud mental que vienen de largo. Pero en la medida en que empeoran tan bruscamente las condiciones socioeconómicas en sectores como los que atendemos aquí, todo se hace muy notorio. Los más excluidos generan muchísima mayor demanda y carga sobre los servicios de salud mental, entonces te encontrás con una trampa de pinzas: por un lado empeoran las condiciones y se genera mucho mayor padecimiento de salud mental, y por el otro se disminuye la capacidad de dar respuesta”. Otra pinza: la expulsión de miles de familias del sistema de salud prepaga, convalidada por el gobierno, en simultáneo al desmantelamiento del sistema de salud púbica.

Las internaciones se mantuvieron en alrededor de 40 camas, informa Hagman, “número que es siempre fluctuante, al que se agregan miles y miles de pacientes ambulatorios, de consultorios externos y todo lo que se atiende por guardia”.

¿Qué lectura se puede hacer sobre la salud mental de la época, con la agresividad oficial en general, y en particular hacia sectores cruciales como la salud pública? Hagman hace silencio unos segundos: “Más allá de que dibujen esto por el lado de la eficacia presupuestaria, es evidente que los problemas económicos no están en este tipo de gastos. Para mí hay una lectura en clave electoral, como si la política anti estatal generase robustez en los votantes. Esa es su batalla cultural. En octubre logramos hacer oír otra voz, que se entienda qué significa cerrar un hospital. Si uno no le pone la cara, la voz, las palabras a lo que están haciendo, queda dando vuelta esa imagen de los ñoquis, o de que están robando a los contribuyentes. En definitiva no sé qué es locura o qué no, pero me parece toda una política bastante estudiada”.

Sobre la ausencia de la política, la oposición, y otras entidades de comportamiento curiosamente fantasmal hasta ahora en medio de esta crisis: “Lo que puede permitir contrastar con este discurso cruel es la voz y la presencia y la imagen de los afectados. Uno no puede negar el apoyo de organizaciones más formales, pero no parece momento de alinearse al discurso de un partido político. Todo lo contrario. Está difícil que esa sea la voz a partir de la cual plantear la resistencia. Está muy desacreditada. Me parece que en este momento hay que mostrar que lo más sensible, lo que de verdad está afectando, es lo único que puede motivar una resistencia”.

Contexto

En octubre Javier Milei había dicho a un medio norteamericano: “Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro”, y agregó: “La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie al Estado”.

En casos como la salud, las jubilaciones, la educación, la ciencia, la destrucción del Estado implica la destrucción de capital social y de vidas concretas. En estos días el mecanismo está siendo avalado con su irresponsabilidad habitual por el FMI, que ya había generado el préstamo más grande de su historia durante el macrismo (que no será pagado por los señores Macri y “Toto” Caputo y sí lo está siendo por la sociedad, que seguirá pagándolo por décadas). El FMI buscó con ese préstamo facilitar la reelección de Macri, según confesó Mauricio Clever Carone, quien actualmente es el encargado para América Latina del reasumido Donald Trump. Milei estaba en Washington durante el abrazo al Bonaparte, mientras pocos medios difundían la detención con dos kilos de cocaína del financista en criptomonedas José Hauque, para quien el actual presidente argentino hizo propaganda en redes mientras era diputado nacional.   

Sobre la fecha elegida por el gobierno para efectuar los despidos, el propio Milei había planteado en octubre ante un supuesto “coloquio empresarial” en Mar del Plata que el ajuste “era importante hacerlo en vacaciones para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera”.

Paloma no fue despedida, y está en el área de formación y comunicación del Bonaparte: “Al hospital lo están vaciando para cerrarlo. Aquí la comunidad de pacientes está solidarizándose y acercándose. Hay algo de la comunidad del hospital que forma un lazo muy importante con los pacientes, los vínculos en los tratamientos. Ahí estuvo una de las claves del no cierre de octubre, y ahí tenemos que seguir encontrando nuestra fuerza”.

La política pasmada

Pedro es uno de los médicos y recuerda un símbolo que reúne la salud mental y los derechos humanos: “Laura Bonaparte fue Madre de Plaza de Mayo. Para mí no es casual que quieran hacer inviable este lugar”.

Diagnóstico: “Al mismo tiempo, el arco político está como pasmado, con un perfil muy bajo. Como si no fuese importante la pretensión de cerrar un hospital en la Argentina. O que echen a tanta gente. Como que se empiezan a normalizar situaciones que resultan distópicas. Hace un año y medio hubiera parecido imposible pero acá estamos viviendo miles de personas que se están quedando sin tratamiento, como si la salud mental fuera un privilegio de clases. Hospitales como estos son indispensables para que personas de clases populares puedan acceder a un tratamiento profesional”.

Sobre el momento en el que ocurre todo esto: “Hay pacientes de mucho tiempo con problemas, pero empezamos a tener este año mucha gente que perdió su trabajo y su obra social, que perdió la prepaga, y la medicación psiquiátrica es muy cara, como pasa con los tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Es una situación cada vez más peligrosa”.

Bombas de tiempo

El acto fue acompañado por la propia comunidad y familias afectadas, por agrupaciones de izquierda y algunas organizaciones sindicales (ATE, CTA, SIPreBA).

Isidro no deja descansar su pancarta de cartón: “Para mí estamos con un renegrido augurio sobre lo que están haciendo. Vienen por la conquista de las mentes. Eso es lo que quieren dominar.  ¿Sabés cómo lo hacen? Aturdiendo a la gente por los medios masivos de comunicación. Y es un momento donde hay muchas personas en situación frágil. También dicen vulnerables, pero yo creo que son situaciones de fragilidad. Y ahí te encontrás con bombas de tiempo. Con sufrimiento, con sangre, con dolor. Eso es lo que están propiciando con esta medida de gobierno”.

“Si no hacemos algo, lo que estamos consintiendo no es un acto administrativo. Lo que estamos consintiendo es que veamos cada vez más sangre, cada vez más vidas en peligro. No es espiritual lo que te digo. Hablo de lo corporal más bestial” dice, y se va rumbo a la calle exhibiendo su pregunta a quien quiera verla: “¿Fuertes con los débiles?”

Se vence mañana el plazo judicial para desalojar el sector del Parque Los Alerces ocupado desde 2020 por la comunidad mapuche Pailako. Detalles del caso, lo que plantea la comunidad, la ausencia de diálogo, la influencia de Milei y del gobernador chubutense, y qué pasó antes para llegar a esta situación. El contexto, según el pueblo mapuche, que incluye al gobierno kirchnerista que no concretó el mandado constitucional para relevar y reconocer las tierras que les corresponden. Por Francisco Pandolfi

Este jueves 9 de enero es el límite judicial impuesto a la comunidad mapuche Pailako, en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut, para concretar su desalojo. El 2 de enero les dieron cinco días hábiles para concretarlo.

Desde la lof, le dicen a lavaca: “Parques Nacionales, en nombre del Estado argentino, está forzando un desalojo aplicando normativa creada en el gobierno de facto militar, sumándole a la reciente derogación de la Ley de Emergencia territorial que los impedía. Están llevando adelante una campaña racista sobre las personas que estamos aquí, no reconociendo la preexistencia, menospreciando nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó todos los intentos de nuestros abogados y abogadas de frenar el desalojo, en una clara voluntad negacionista de entablar una mesa de diálogo. Detrás de esto hay intereses inmobiliarios, extractivistas, turísticos, y somos un estorbo para sus planes”. La idea del diálogo no prosperó para esta comunidad que se instaló en un sector de Los Alerces en 2020, reivindicando derechos ancestrales de cinco generaciones habitando en la zona. El 10 de diciembre pasado Javier Milei declaró por decreto el fin de la Ley de Emergencia para la concreción del reconocimiento a la posesión comunitaria de tierras por parte de los pueblos indígenas. Esa Ley 26.160 mantenía la suspensión de los desalojos sobre esas tierras. Después del decreto la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dispuso el 20 de diciembre que ya no existe la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, por lo que podía procederse al desalojo en el caso de Los Alerces.

Imagen publicada en la revista MU de Los Alerces tras los incendios del año pasado. Fotos: Nicolás Palacios/lavaca.org.

El juez federal de Esquel, Guido Otranto (recusado en 2017 por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, en medio de una violenta represión de Gendarmería), exhortó a la comunidad a abandonar su tierra hasta este jueves 9 de enero. De lo contrario, notificó que ejecutará el desalojo “por la fuerza pública”. Tanto el director de Parques Nacionales, Cristian Larsen, como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (que el año pasado endilgó sin prueba alguna a la lof como responsable de los incendios en Los Alerces:

https://lavaca.org/notas/jamas-provocariamos-un-incendio-la-respuesta-de-la-comunidad-mapuche-acusada-por-el-gobernador-de-chubut/) informaron que presenciarán el desalojo.

En su primer año de gobierno el gobierno de Javier Milei cabalgó con toda su libertad discursiva y de acción por encima de las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Al intento ni bien iniciado su mandato de derogar la Ley de Tierras, que limita la posesión en manos extranjeras (decreto hoy frenado judicialmente) se le sumaron varios atropellos.

Los principales, en términos concretos, la derogación de la resolución 4811/96 que regulaba el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, para inscribir las personerías jurídicas, y el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Se puede contabilizar además el cambio de nombre al Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno; la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El contexto mapuche

Jorge Nawel es autoridad política de la Confederación Mapuche de Neuquén, y brinda un panorama para comprender la situación de las políticas sobre los pueblos indígenas. “Milei determinó distintos enemigos para su proyecto global y uno somos las naciones indígenas, porque habitamos lugares estratégicos para sus políticas de saqueo. Es un presidente al que no le interesa la industrialización, la educación y la salud pública, y todo su sistema económico se sostiene en la cuestión financiera y extractivista. Dentro de ese modelo sostenido en la explotación hidrocarburífera, minera, de litio, los pueblos somos una interferencia, y para facilitar el saqueo necesita privarnos de cualquier herramienta de defensa que tengan las más de 2.000 comunidades en el país y las más de 40 naciones indígenas que habitamos lo que hoy es Argentina. Así que cualquier ataque de Milei hacia nosotros no nos sorprende y siempre estamos esperando un próximo golpe”. 

Aclara sobre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: “Claudio Avruj es su titular y fue secretario de Derechos Humanos en la gestión de Macri. Es un conocido actor de políticas anti-indígenas. Al INAI lo desguazaron, lo vaciaron de contenido y de cuadros técnicos. Cuando hoy interviene, es para favorecer a nuestros sectores enemigos, así que no tenemos ninguna expectativa de que esto vaya a cambiar en el tiempo que dure su gestión”.

Escena de cultivo en la comunidad amenazada de desalojo. Fotos: Nicolás Palacios/lavaca.org

Democracia y racismo

–¿Cuál es la mayor preocupación frene al futuro?

–Que no hay oposición política. Este ajuste perverso contra los más postergados y débiles; estos abusos que genera un gobierno de verdaderos aventureros, lo pueden hacer porque enfrente hay una gran pasividad de la oposición, que está especulando –y que demuestra la pobreza de la política– con que una vez más sea el pueblo pobre el que salga a poner el cuerpo y la vida, y recién ahí aparecer como los defensores de las causas populares. Es vergonzoso que la dirigencia no se ponga a la altura de esta tragedia que estamos viviendo, porque la aparición de esta gente solo favorece a una porción muy pequeña de la población. No hay reacción de los partidos opositores, enfrascados en ver cómo salvan su pellejo, cómo sobreviven a todo el descreimiento general que va creciendo en esta falsa democracia, totalmente incompleta.

–¿Y en ese caso?

Todo queda en nuestras manos: la defensa de nuestros derechos no depende de las instituciones, sino de nuestro poder de organización y movilización. Eso siempre fue así, pero en determinados momentos históricos supimos tener aliados. El gobierno nacional muchas veces lo fue, al ser una especie de garante o fiscal en nuestra lucha contra los intereses locales, los gobiernos provinciales que son los grandes deudores de los pueblos indígenas, por ser quienes tienen las facultades, la competencia y la jurisdicción para devolver nuestra tierra. Son los gobiernos provinciales los que deben otorgar la personería jurídica o aplicar la educación intercultural, por ejemplo. Hoy, sin embargo, el gobierno nacional sólo fogonea la criminalización y un absoluto odio racial, lo que genera que el abuso sea todavía mayor.

De CFK a Milei

–Todos los caminos conducen al extractivismo, al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). ¿Qué pasó para llegar hasta acá, a esta situación?

–Se llegó porque los gobiernos anteriores, más allá que se calificaran de demócratas, de progresistas, de nacionales y populares, todos defendieron siempre la matriz extractivista. Nosotros luchamos contra un modelo nocivo para la vida, la seguridad, para el aire que respiramos, como es el fracking que lo instaló Cristina Kirchner. En el momento de su mayor poder político nos entrevistamos con ella en el marco del Bicentenario (2010). No le pedimos que fuera una abanderada de la causa indígena, sino solo dos cosas: que nos garantice los derechos fundamentales como propiedad comunitaria de la tierra y el derecho a la consulta libre e informada. Ella tenía todas las facultades y posibilidades para hacerlo; contaba con mayoría absoluta en el Congreso para que esas leyes fueran realidad y sin embargo nunca lo logramos. En cambio lo que sí pasó fue que en 2013 se instaló el fracking (método de extracción de hidrocarburos empleando grandes cantidades de agua y contaminantes) con un pacto que hizo aquel gobierno con Chevron, una de las petroleras más contaminantes y desprestigiadas del mundo. Así lograron una alianza para explotar Vaca Muerta. Entonces, este perverso que ahora gobierna, encontró todas las condiciones para que la explotación fuera totalmente impune, al punto que hoy les permite instalar un comando unificado conducido por Patricia Bullrich, para que nadie interfiera sobre Vaca Muerta. En esto se ve claro cómo surgió Milei y cómo ante la enorme pasividad del poder político opositor, ejecuta las barbaridades que quiere.

Desalojo anunciado

El último 10 de diciembre, en coincidencia con el Día de los Derechos Humanos y a un año de tomar el poder, el gobierno nacional derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena, cuya prórroga vencía en noviembre de 2025 y suspendía los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios.

Cruz Cárdenas, uno de los integrantes de la comunidad Pailako.

Opina Jorge Nawel: “Por un lado, esa ley implicaba un relevamiento territorial de las comunidades, que en manos de este INAI era una herramienta peligrosísima, por sus múltiples abusos de poder, y su apoyo a los terratenientes y a las empresas transnacionales. Desde este punto no nos parece tan grave, porque Nación deja de tener injerencia en las disputas que tenemos con los gobiernos provinciales, así que ahora queda planteado el escenario para que las provincias muestren sus verdaderas caras: si van a resolver nuestra cuestión territorial o si van a seguir favoreciendo la usurpacion de los territorios”.

Los desalojos: “El problema mayor de la derogación de la ley de emergencia territorial es que detenía los desalojos. La necesidad de legislar en este aspecto se dio posterior al 2000, cuando se dictaron numerosas órdenes de desalojos, todas aplicadas con una violencia incontrolable. La ley aprobada en 2006 puso un freno a esa represión. Y en estos casi 20 años logramos –con mucha lucha y movilización–, la aprobación de numerosos instrumentos de derechos y jurisprudencia, así que si hay jueces y fiscales que creen que tienen las manos libres para cometer cualquier tipo de abuso, se equivocan y no nos vamos a quedar pasivos ante su intento de seguir violando nuestros derechos”.

–Existe una inminente amenaza de desalojo de la lof Pailako, en el Parque Nacional Los Alerces, que el juez Guido Otranto fijó para este jueves 9 de enero. ¿Qué significa este avance judicial?

–Esto tiene que ver con las políticas de Parques Nacionales. En el 2000, 2001 logramos en el Parque Nacional Lanín una política de co-manejo, en conjunto con el Estado, que pretendíamos que fuera ejemplificadora y se reprodujera en todo el país, porque las 40 naciones indígenas están superpuestas en áreas protegidas, pero no logramos que se replicara en otros parques, donde hay un abuso total hacia la población local, y los guardaparques son una especie de militarización en territorios indígenas. En el gobierno de Alberto Fernández pretendimos desarrollar esta política pero no hubo avances, en ningún sentido. Y así llegó Milei, que con una perversidad total dejó cesantes a numerosos trabajadores, muchos de ellos del pueblo mapuche. Además, prohibió todo tipo de manifestación política cultural; sacó resoluciones donde imposibilitó que se levantara la bandera del pueblo nación mapuche; prohibió a sus cuadros intermedios que promovieran festividades como el  We Xipantu, que es el año nuevo mapuche. Entonces, hoy los Parques Nacionales son un escenario de enfrentamiento, de criminalización grave. Si se llega a concretar mañana el desalojo de lof Pailako, significará una puerta abierta para toda una política de represión. La comunidad dijo que no va a permitirlo y veremos hasta dónde se animan a aplicar la violencia que vienen prometiendo. Lof Pailako tiene muchísimo acompañamiento, estamos todos movilizados y denunciando esta política perversa de Parques Nacionales. Los pueblos indígenas no vamos a bajar los brazos ante todas las amenazas, ningún pueblo se entrega mansamente como si fuéramos ovejas que vamos al matadero. 

“No nos van a poder borrar”

–Jorge, ¿cómo se reflexiona y se acciona ante este presente?

–Nos obliga a potenciar la organización y el grado de movilización que como pueblos indígenas podamos demostrar. Nunca vamos a bajar los brazos porque sabemos que estamos defendiendo un territorio valioso para este modelo depredador. Cada día estamos haciendo una política de resistencia, unificando las luchas para ponerle límites a quienes hoy gobiernan promocionando el sálvese quien pueda. En juego está nuestra vida, así que debemos potenciarnos y articularnos con los otros sectores también castigados, algunos incluso más que los propios pueblos indígenas. Ellos no van a poder, por más que consigan la complicidad de jueces y fiscales para ensayar políticas de desalojo, o que nos califiquen de usurpadores, violentos o terroristas. Más allá de todas esas campañas que montan junto a poderosos medios de comunicación, los pueblos indígenas estamos acá, en el centro de los intereses de este capitalismo depredador y no nos van a poder borrar. Si no lo hicieron con la fuerza de las armas hace 140 años atrás, menos lo van a poder hacer hoy.

El bebé está rígido, con los brazos abiertos y las piernas levemente recogidas. Alrededor tiene a sus padres, aunque se sabe que el oficial, formalmente conocido como Dios, debe estar mirando la escena desde otra parte. 

El bebé es Jesús y descansa su rigidez sobre una kufiya, el pañuelo que lleva el diseño de una red en negro sobre blanco: símbolo de Palestina, tal vez más fuerte que la propia bandera. La imagen y el pañuelo son parte de la escultura que artistas palestinos regalaron al argentino Jorge Bergoglio, formalmente conocido como Papa Francisco. 

Cuando ese pesebre se presentó en el Vaticano el 7 de diciembre de 2024 dijo Francisco: “Ante este pesebre recordamos a nuestros hermanos y hermanas que, en Belén y en otras partes del mundo, sufren la tragedia de la guerra”. Recorriendo ese paisaje desde su silla de ruedas agregó: “Con lágrimas en los ojos elevamos nuestra oración por la paz. ¡No más guerra, no más violencia! ¡Que haya paz en todo el mundo y para todos los hombres, a quienes Dios ama!”. 

Luego estalló un apocalipsis de críticas internas y externas. El mundo no parece excesivamente preparado para la búsqueda de la paz: su zona de confort es la violencia. El pequeño Jesús rígido y el pañuelo con la red en negro sobre blanco fueron retirados de la escena.

La situación previa: en octubre de 2023 un ataque del grupo Hamás a Israel –uno de los países más militarizados y en una zona permanentemente monitoreada por los servicios de inteligencia– provocó 1.189 asesinatos, entre ellos el de 815 civiles. Hamás pudo secuestrar además a 251 personas. De ellas, 117 (mujeres, niños y trabajadores extranjeros) recuperaron su libertad. En Israel se calcula que 64 rehenes siguen vivos en la Franja de Gaza, piezas de cambio para negociar la liberación de prisioneros palestinos.

El ataque de Hamás abrió la puerta a otro infierno: la campaña militar israelí contra Gaza. 

El cálculo difundido por Naciones Unidas es que ya ha habido 45.000 muertes de población mayoritariamente civil. UNICEF estimó que los niños muertos en Gaza por los ataques militares desde que se desató el conflicto es de 14.500. El otro dato: la hambruna masiva y la restricción del acceso a la ayuda humanitaria y a la prensa internacional. En su informe anual Reporteros sin Fronteras destaca: “Gaza se afianza como la zona más peligrosa del mundo en 2024 y en el territorio con mayor número de periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones en los últimos cinco años: el Ejército israelí ha matado a más de 145 periodistas desde octubre de 2023”.

El papa Francisco había planteado en noviembre: “Lo que está ocurriendo en Gaza, que según algunos expertos parecería tener las características de un genocidio, debería ser investigado con atención para determinar si encuadra en la definición técnica que sostienen juristas y organismos internacionales”.

La propuesta queda planteada, aunque corre el peligro de ser retirada a los mismos aposentos a los que fueron a parar Jesús y el pañuelo.