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Tres países, un juicio: comienza a juzgarse a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

El actor argentino se escapó a Brasil pero no logró evadir un proceso inédito que reunió a tres ministerios públicos de distintos países para comprobar los hechos denunciados por Thelma Fardin. La actriz lo había denunciado por un abuso sexual ocurrido en Nicaragua, cuando filmaban juntos una tira televisiva y ella era menor. Esta semana Thelma declaró en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de Argentina, desde donde fue escuchada de manera virtual por un juez brasilero. Así se dio comienzo a un proceso que, en diálogo con lavaca, el abogado de la víctima considera histórico en dos sentidos: “Lo que ha sucedido hasta ahora tuvo un impacto enorme porque muchas víctimas de delitos sexuales, a partir de la denuncia de Thelma y de su lucha, se animaron a denunciar”. El detalle de cómo se llegó al juicio, cómo sigue y las perspectivas que abriría un fallo condenatorio.
Por Melanie Prokopiec
Thelma Fardin declaró y respondió preguntas durante más de cuatro horas en una de las salas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres de la Argentina (UFEM), en la Ciudad de Buenos Aires, por su denuncia contra el actor Juan Darthes por violación agravada. Virtualmente la escuchó el juez brasilero de la sala 7 de la Justicia Federal Criminal de San Pablo, donde se desarrolla el proceso. Fardin relató los hechos que denunció el 4 de diciembre de 2018 en Managua, y que desencadenaron el juicio, y luego la defensa la sometió a un interrogatorio con preguntas que apuntaron a poner en duda la veracidad de sus palabras.
Con su declaración inició un proceso histórico que une tres países de una manera inédita: Argentina, Brasil y Nicaragua. Y que aguarda por la declaración de al menos once personas, entre quienes están citados quienes estuvieron en el lugar cuando ocurrieron los hechos denunciados; la psicóloga de Thelma que la atendió desde sus 19 años hasta el año pasado, el psiquiatra que le hizo el peritaje de parte; las actrices Anita Coacci y Calu Rivero; y algunas mujeres que no desean se revele su identidad.
Cuando terminen dichas declaraciones, llegará el turno de la declaración de Darthés. Luego, los psicólogos propuestos tanto por Darthés como por la fiscalía harán un análisis de lo declarado.
La sentencia podría conocerse en enero o febrero del próximo año.
“Se trata de un hecho que marca un hito ya que se trabajó en coordinación y cooperación entre tres países distintos, aplicándose la legislación de cada uno de esos países y un acuerdo de cooperación entre Ministerios Públicos Fiscales, con las intervenciones judiciales de cada caso, para resguardar las formalidades exigidas por los distintos ordenamientos jurídicos” sostiene a lavaca el abogado de Fardin, Martin Arias Duval, remarcando la excepcionalidad de la situación: “No es habitual que en tres países se trabaje con perspectiva de género para impulsar un proceso de estas características: los sistemas de administración de justicia en latinoamérica suelen ser conservadores y patriarcales”.
Cómo se logró
En abril de 2018 Thelma Fardín acudió a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres de la Argentina (UFEM) para denunciar a Juan Darthés por los hechos ocurridos en Managua. Allí, la fiscal Mariela Labozzeta le dijo que no podían investigar el caso porque no había ocurrido en territorio argentino.
En casi todos los países existe el principio de territorialidad que establece que la Ley Penal se aplica exclusivamente a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que la sanciona. Nicaragua era la jurisdicción competente para intervenir, ya que allí fue donde ocurrió el delito.
Esta fue la primera dificultad que Thelma tuvo que enfrentar.
Entonces, la actriz fue a Nicaragua. Primero la recibieron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y luego en la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal. Ante este organismo, el 4 de diciembre de 2018 Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Darthés.
El día 20 de ese mismo mes, el actor partió a San Pablo, Brasil, país del cual posee nacionalidad. Allí no existe el principio de territorialidad y el Estado no extradita a sus nacionales, sino que asume la competencia para todos los delitos cometidos por ellos. «Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua», aseguraba Thelma en su cuenta de Instagram en ese momento. Otra complicación que aparecía en el proceso de denuncia.
La fiscalía de Nicaragua requirió al juez del Distrito Penal de Audiencias de Managua, ciudad capital de ese país, la apertura de un proceso penal contra el actor el 2 de agosto de 2019. Las pericias, tanto oficiales como de parte, dieron cuenta de que Thelma presentaba estrés postraumático compatible con abuso sexual. Y el 17 de octubre, el Juzgado Décimo del Distrito de lo Penal de Audiencia de la Circunscripción de Managua, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, acusó por violación agravada a Darthes y giró una orden de detención y captura internacional contra el actor. Esto fue para que el acusado fuera buscado en todos los países miembros de Interpol.
El juez de Nicaragua, Celso Urbina, le negó al abogado defensor de Juan Darthés varias peticiones, entre ellas, revocar la orden de captura internacional en contra del actor e incluir en la acusación por violación agravada, pruebas que están relacionadas con la vida de la víctima.
El organismo internacional ordenó la captura internacional de Juan Darthes el 14 de noviembre. Se emitió un alerta roja con la finalidad de localizar y detener a Darthés en Brasil y concretar su extradición a Nicaragua. El abogado de la víctima reveló: “La Fiscalía de Nicaragua promovió ante la Corte Suprema de aquél país el pedido de extradición de Darthés, por lo que a través de las vías diplomáticas, Nicaragua pidió a Brasil la extradición del nombrado. Esto lo hizo, aun sabiendo que Brasil no lo entregaría porque si no demuestra voluntad de avanzar, se cae la circular roja de Interpol”.
Era necesario agotar el procedimiento para poder trasladar el juicio iniciado en Nicaragua, a la justicia brasileña porque no debería dar por sentado que no existiría extradición. La solicitud de extradición fue admitida mediante sentencia del día 30 de septiembre de 2020. Diez días más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitó a Brasil la extradición de Darthés. Ese paso fue fundamental para mantener la vigencia de la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol.
“Lo que sucedió después fue que el Ministerio Público de Brasil, al tomar conocimiento del caso, inició una investigación en aquél país. Si bien Brasil no extradita brasileros, sí puede juzgarlos en territorio de Brasil, y aplicando ley brasileña, por delitos cometidos en el exterior”, manifestó Duval. El organismo decidió investigar de oficio luego de que Nicaragua presentara el pedido formal de extradición. El MPF pidió a Nicaragua las pruebas que tenía y la colaboración de la justicia argentina para recolectar las pruebas que pudieran ser de utilidad. Así se pusieron a disposición las evidencias que había recolectado la UFEM.
Luego, la causa tuvo el siguiente avance los primeros días de abril de 2021, cuando Juan Darthés fue acusado formalmente por «estupro agravado» por el MPF. El delito tiene penas de 8 a 12 años en el código penal del país vecino. Así el Fiscal de Brasil procedió a hacer la denuncia ante el juez de Brasil.
A pedido de la justicia de Brasil, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) de la Procuración General de la Nación, elaboró un informe que fue remitido al juez de San Pablo sobre la tercera vez que la actriz fue sometida a peritajes. En Nicaragua fueron de varios tipos: psicológico, psiquiátrico y físico. Y después en Argentina Thelma hizo los peritajes con una psicóloga y un psiquiatra que ella contrató.
El 10 de junio, tras la difusión de unas pericias psiquiátricas a Darthés, Fardin declaró en Twitter: “A mí, como a todas las víctimas de abuso, ya me sometieron a tres pericias, y todas desde los organismos oficiales, me hicieron incluso una pericia física, sí: así de re-victimizante es el sistema”. Además, aclaró que la pericia que se hizo pública era de parte y que hasta ese momento a Darthés no le habían hecho ninguna oficial. El perito es de oficio cuando la designación ha sido hecha por la autoridad judicial y de parte cuando ha sido elegido libremente por cualquiera de las partes.
El Juez Federal en lo Criminal de la Subsección Judicial de San Pablo, Pablo Ali Mazloum, consideró que la acusación estaba lo suficientemente fundada como para avanzar en la realización del juicio y fijó la fecha.
Así Darthes llegó al banquillo de los acusados.
“Lo que ha sucedido hasta ahora tuvo un impacto enorme porque muchas víctimas de delitos sexuales, a partir de la denuncia de Thelma y de su lucha, se animaron a denunciar”, reflexiona Duval. “Y por supuesto que si se llega a un veredicto condenatorio en este caso, podría servir para que las mujeres víctimas de abusos,se atrevan a hablar: el sistema de administración de justicia podría mostrar que los agresores no quedan impunes”.
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La tesis del gran bonete

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.
Por Claudia Acuña
Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.
Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.
Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.
La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.
Las raíces de la información
¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).
Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.
Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.
¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.
Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.
Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.
Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.
¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.
En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.
Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.
¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.
¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.
También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.
Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.
Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.
Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.
Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:
- Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
- Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
- Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
- Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.
Nota
57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.
El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».
Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.
A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.
Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.
Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:





Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.
Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.
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Arte contra la impunidad femicida

«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».
Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
«Es el Estado narco cubriéndose» dijo Guillermo Pérez a lavaca. La referencia: los imputados son probadamente narcos que vendían droga a menores en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Pero al anular el delito de femicidio, la pena de perpetua se reduce de manera drástica. Todo esto, debería pasar por la decisión final de la Corte provincial.
«Es una provocación para afectar a la familia, el día del cumpleaños de su hija» sostuvo Gustavo Melmann, el padre de otra joven asesinada, Natalia, hace 24 años.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Sobreponiéndose a la sorpresa, la familia inauguró en Mar del Plata El Cuarto de Lucía, visitado por cientos de personas que quisieron conocerlo, interiorizándose con la situación general de violencia contra las mujeres. «No nos van a hacer callar» dijo Marta.
Así, la noche del viernes se llenó de arte para reencontrar lo que Marta llamo «luz»: capacidad para recordar a Lucía y a miles de mujeres asesinadas, y seguir transitando todos los caminos contra la impunidad. Participaron 20 grupos de música y danza.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Marta diálogó con lavaca.
–¿Por qué se inaugura hoy la Casa de Lucía?
–Porque hoy es el día que nació hace 25 años; a esta hora estaba con contracciones; ella nació a las 20. Fue tan lindo como padres; teníamos a Matías y tener una hija fue re lindo. Por eso hoy estamos festejando la luz, que es ella; la luz en la cual está ella. El festejo de hoy es la luz de Lucía.
Presentamos el cuarto de Lucía, donde vamos a trabajar desde todos los sentidos; todo lo que nos atraviesa como mujeres, como madres, como víctimas. El cuarto va a estar para eso. Se ha transformado en una obra de arte en donde trabajamos, hacemos los informes, donde ponemos el foco en lo mal que hace las cosas la Justicia.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
–Hoy recibieron justamente una noticia de la Justicia con una nueva medida de impunidad.
–Sí, como ya estamos acostumbrados, y es triste decir eso porque después de 8 años deberíamos tener una condena como corresponde, y no seguir luchando de esta manera.Se le pierde el respeto totalmente a la vida del ser humano que se ha ido y a las familias que quedamos. Pero seguiremos trabajando y no bajaremos los brazos. Hoy más que nunca este lugar debe ser de abrazo de amor, de contención por todo esto que nos pasa también.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
–¿Por qué creen que recibieron la noticia hoy?
–Porque la Justicia es perversa. Es tan grande la perversión que tienen, que también eligen con quién hacerlo. Porque también hay que acallar a estas víctimas, pero estas víctimas no se van a callar jamás. Jamás. Entonces, estoy segura que lo hacen para destruirnos, pero lejos de eso, estamos cada vez con más fortaleza, con más lucha y ayudándonos entre todos.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Guillermo Pérez agregó:
“En estos momentos tan crueles que estamos pasando no hay que dejar de hacer cosas humanas. Tenemos que hablar de las cosas que podemos hacer juntos”.
Marta: «Hay una industria judicial, donde te siguen haciendo ir para atrás, mientras la gente como nosotros tiene que seguir trabajando y pagando abogados, buscando justicia y que no haya impunidad. Por eso también es algo perverso lo que nos siguen haciendo».
El Cuarto de Lucía podrá ser visitado como parte de la actividad marplatense de la Campaña Somos Lucía, que incluye entre otras cosas, cursos, talleres, encuentros, y seminarios de capacitación a personal judicial.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
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