Se cumplen nueve meses de la última vez que vieron al joven de 22 años con vida. La familia espera una resolución de la Cámara Federal de Bahía Blanca por las medidas que la jueza María Gabriela Marrón, a quien la familia recusó, se negó a implementar. En tanto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU le manifestó al Estado argentino su preocupación por la demora judicial y las amenazas y los hostigamientos a familiares y amigos, y le fijó un plazo de respuesta hasta el 25 de febrero. Mientras, la familia sigue incorporando nuevas pruebas y testimonios al expediente. En diálogo con lavaca, Cristina Castro afirma: “Cada cosa que aparece es un golpe al alma por saber que a mi hijo me lo torturaron, me lo desaparecieron y me lo volvieron a torturar. Espero que el sistema judicial tan nefasto que tenemos se saque la venda y haga las cosas como tiene que hacer”.

“La causa desborda de pruebas donde la mires. Sé que son avances importantes, pero para mí enterarme de cosas todos los días es un golpe al alma porque corroboran lo que sentí desde el primer momento: que a mi hijo le había pasado algo grave. Hay días que recordamos su chispa, y otros donde lloramos todos. Pero vamos a seguir peleando con uñas y dientes”. Cristina Castro habla con la misma fuerza y la convicción con la que buscó a su hijo Facundo desde el 30 de abril: hoy se cumplen 9 meses de la última vez que lo vio con vida y la encuentra exigiendo una respuesta concreta de la Justicia.

A fin de año la familia se encontró con un nuevo rechazo a su planteo de recusación a la jueza María Gabriela Marrón por “temor de parcialidad”. En noviembre, respaldada por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin, la querella apeló a la Cámara Federal de Bahía Blanca el rechazo de la misma jueza a una serie de medidas importantes para el desarrollo de la causa respecto a la participación de la Bonaerense en los hechos.

“Estamos esperando la resolución”, dice Cristina. “Confío en que lean cada parte de las cosas que mandamos y que hagan justicia, porque a nueve meses no hay un policía imputado, una renuncia de nadie y lo único que hemos tenido son amenazas. Lo que sí no quiero es que me lleve la vida como Gualberto Solano”.

Cristina habla del papá de Daniel Solano, el trabajador de 27 años desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel (Río Negro): en 2018 fueron condenados 7 policías que hoy siguen bajo funciones, aunque el fallo no está firme a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema. El cuerpo de Daniel sigue desaparecido y Gualberto murió sin haber llegado siquiera a la sentencia.

Respecto de las amenazas, Cristina cuenta que los amigos de Facundo que participaron de las movilizaciones por el pedido de verdad y justicia sufrieron hostigamientos. “Tuvieron multas de 220 mil pesos por las pintadas que hicieron, una locura. Los amenazan, les ponen patrullero atrás”. Otro hecho: “Un día vino el intendente de Villarino (Carlos Bevilacqua) por un acto, y un grupo de personas se encargó durante la noche de romper y sacar las banderas y los carteles con la cara de Facu”. Bevilacqua, junto al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, son los dos principales funcionarios políticos denunciados por la familia.

La voz de Cristina, sin embargo, se escucha tranquila. “Tuve que aprender a armarme de paciencia. A leer y a investigar muchísimo. Cada cosa que aparece es un golpe al alma por saber que a mi hijo me lo torturaron, me lo desaparecieron y me lo volvieron a torturar. Espero que el sistema judicial tan nefasto que tenemos se saque la venda y haga las cosas como tiene que hacer. Estamos asqueados de que nadie haga nada”.

Y aclara, por si quedara alguna duda: “La cara de Facu no se la van a olvidar”.

La maquinaria

Las palabras de Cristina tienen un fundamento claro: la maquinaria de impunidad que se repite en cada caso de desaparición forzada.

En septiembre, el Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca dio a conocer los principales puntos del informe integral que presentó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), luego de los estudios de autopsia sobre el cuerpo de Facundo, hallado por un pescador en un cangrejal de Villarino el 15 de agosto. “Se trató de una muerte violenta, por no ser natural”, fue uno de los resultados del informe, que aclaró: “El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental”.

La perito de la familia, Virginia Creimer, firmó entonces en disidencia parcial, ya que argumentó que no hubo posibilidad que la “querella ejerciera su derecho desde el punto de vista científico” del informe, que tampoco determinó la fecha de la muerte.

En este contexto, las querellas de la familia y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) criticaron a la jueza federal María Gabriela por rechazar una serie de medidas de prueba que habían solicitado junto a los fiscales Andrés Heim (Procuvin) y Horacio Azzolín (Unidad Especializada en Ciberdelincuencia), que se sumaron en septiembre al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, recusado dos veces por la familia.

Los fiscales habían solicitado el secuestro de 50 teléfonos de oficiales y el allanamiento de sedes policiales de Villarino, entre otros puntos. La jueza los rechazó. “La decisión se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo”, cuestionó la CPM. “Ante la gravedad institucional de este hecho, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación profunda, expeditiva y eficaz; sin embargo, la actitud de la jueza Marrón es diametralmente opuesta y de seguir este camino, sólo será garantía de impunidad”.

La querella presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, que aún no expresó su fallo. En tanto, la CPM, que confirmó que la “hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte” y que esta es una valoración que las querellas comparten con los fiscales, aclaró que en su rechazo la jueza Marrón busca desestimar pruebas claves:

• La pequeña sandía de plástico de Facundo, regalada por su abuela, hallada en el destacamento de Teniente Origone.
• El pedazo de turmalina hallado en un patrullero de la policía local de Bahía Blanca, el mismo móvil que el 8 de mayo, “sin razón alguna y alejado decenas de kilómetros de su radio de circulación”, estuvo detenido durante 35 minutos a 800 metros del lugar donde el pescador halló el cuerpo. Según los AVL, además, el móvil se geolocalizó aproximadamente tres horas en diversos puntos del cangrejal.
• El allanamiento al domicilio de la expareja de Facundo sin orden judicial.
• La amenaza y el hostigamiento al excuñado de Facundo, como reveló lavaca.
• La persecución e intimidación a testigos, abogados y familiares.
• La presentación de testigos falsos o que declararon en la causa sin informar que eran policías.

Estos detalles se suman al contexto de irregularidades de la Policía Bonaerense:

• La infracción de los oficiales Jana Curuhuinca y Mario Gabriel Sosa el 30 de abril a las 10 de la mañana en Mayor Buratovich. Los abogados revelaron que, en las “múltiples pruebas” que se sumaron a la causa, una de ellas es un mensaje que recibe Sosa en referencia a Facundo, después de la infracción, que dice: “Si se hace el pajero, bajalo”. Y Sosa responde: “Dale”. Luego, ese patrullero se desplaza y se detiene unos minutos en Buratovich, “contradiciendo la versión policial que refería que ese móvil nunca se había movido” del lugar.
• Los tres testigos que le dijeron a Cristina que vieron que Facundo subía a un patrullero, sobre la Ruta 3, pasando la entrada de Mayor Buratovich, explicaron que habían ido previamente a la Comisaría pero no les quisieron tomar la denuncia. El abogado Aparicio señaló que esos testigos hoy están “aterrorizados”.
• La denuncia que la familia hizo a los funcionarios municipales de Villarino, a quienes acusaron de entregar un informe de tránsito falso donde no estaban los testigos que señalaron a la Bonaerense en Buratovich, pero sí a la testigo que dijo haber alcanzado a un joven hasta las vías, primero el 27 y luego el 30.
• Los mensajes de WhatsApp borrados por los policías sospechados.
• Las huellas de vehículo detectadas en el salitral de Villarino donde apareció el cuerpo de Facundo, además del estado intacto de la única zapatilla encontrada.

La CPM describe: “Una maquinaria policial puesta al servicio de generar impunidad”.

El abogado Aparicio dice a lavaca: “Más allá de las medidas que la jueza Marrón no permitió, y cuya decisión fue apelada por los fiscales Heim y Azzolin, quedó muy clara su actitud: con la cantidad de evidencia que hay, otro juez más sensato debería pedir detenciones. Vamos a volverla a recusar en febrero y, también, ampliar la denuncia sobre el fiscal Martínez a la Procuración. Si bien sabemos que son medidas que no tienen un efecto inmediato, tenemos que hacerlas porque la causa va a durar, no puede archivarse: tenemos medidas de prueba que nos refuerzan y amplían el número de personas involucradas, no sólo de la desaparición sino del encubrimiento”.

La causa por la desaparición de Facundo ya suma 5000 fojas y los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto siguen sumando pruebas y testimonios al expediente. Uno de ellos es un testigo de identidad reservada. “Refiere que los funcionarios de Villarino sabían el 1 de julio, o sea antes de que las denuncias se hicieran públicas, que la gorra de Facundo estaba en el destacamento de Teniente Origone. Ahí entendés porqué la Municipalidad después manda un informe falso respecto a los tres testigos”.

Además, en las últimas horas recibieron el informe que detalla con gráficos y secuencias las geolocalizaciones de los móviles policiales de Villarino el 30 de abril. “Vamos a analizarlo”, dice Aparicio. “Eso se complementa con otro informe respecto al teléfono de Facundo, que se prende el 1 de mayo a la vuelta de la comisaría de Bahía Blanca, donde secuestran el móvil. Los policías, en tanto, tenían todos los mensajes borrados”.

La preocupación de la ONU

La CPM solicitó la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas “ante las dilaciones en la investigación”. La respuesta llegó el 25 de noviembre en un documento firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, donde le requiere información al Estado argentino sobre las preocupaciones que los expertos le refirieron respecto del caso. Cabe recordar que la desaparición también involucró la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había dictado medidas cautelares ante la situación de gravedad y riesgo de daño irreparable a los derechos de Facundo.

Las preocupaciones del Comité:

• “A pesar de que se han localizado los restos del Sr. Astudillo Castro, no se han esclarecido las circunstancias de su desaparición y muerte, y no se ha identificado a los perpetradores de dichos hechos”.
• Las irregularidades policiales, el hallazgo de la turmalina y el collar, la identificación de rastros biológicos en un móvil, y las contradicciones de los relatos de los efectivos respecto a que Facundo nunca estuvo bajo custodia.
• Las amenazas a testigos y a los abogados de la familia.
• La obstaculización de la familia en las diligencias judiciales.
• Que la Bonarense fue apartada 60 días después de la desaparición.
• “De igual manera, según la información de la que dispone el Comité, a pesar de que la justicia federal asumió la competencia en la investigación de la desaparición del Sr. Astudillo Castro, existirían filtraciones de información relacionada con la investigación”.

En ese sentido, el Comité le requirió al Estado:

• Adoptar todas las medidas cautelares y de protección para familiares y amigos de Facundo.
• Preservar su vida y permitirles desarrollar las actividades referidas a la investigación sin violencia ni hostigamientos.
• Adoptar todas las medidas para que sus familiares tengan apoyo de alimentación, vivienda, salud y educación para llevar una vida digna.

El Estado argentino debe responder a estos requerimientos antes del 25 de febrero.