Nota
A 4 años sin Agustina Fredes, reclaman justicia por su femicidio

Tenía 18 años. Fue violada y torturada por Matías José Acevedo, a quien denunció ante la justicia. Murió a causa de un embarazo producto de una violación. Pero la justicia nunca relacionó esa muerte a la violencia reiterada que sufría; Acevedo se encuentra imputado por violación agravada, pero libre del cargo de femicidio. Su madre Blanca denuncia que un familiar de Acevedo fue parte de la investigación judicial, y se organiza junto a otras familias sobrevivientes de femicidios en Mar del Plata para reclamar justicia: “Necesitamos una justicia que sea justa, transparente, sin impunidad, sin corrupción. No lo digo para mí, lo necesitamos para todas. Porque ahora estamos todas las mamás iguales, con las manos vacías: sin nuestras hijas, y sin justicia”. El próximo domingo la familia convoca a movilizarse.
“Acá hay muchos femicidios, pero como se tapa la gente no se entera”, así resume Blanca Ozán, mamá de Agustina Fredes, asesinada cuatro años atrás, la trama de impunidad que el Poder Judicial construye en la ciudad costera de Mar del Plata. Y que tiene a su hija como otra de las víctimas sin justicia.
Por eso, el próximo domingo 25 de abril Blanca convoca a marchar pidiendo justicia por su hija. El encuentro será a las 17.00 horas en Avenida Luro y Mitre. “Para que se conozca la historia de mi hija. Para que se sepa de qué manera se mueven los fiscales en Mar del Plata, cómo me han tratado, lo que han ocultado, como se referían a mi hija”, explica Blanca los motivos. “Todo te duele, pero a la vez te hace más fuerte para seguir”.
Blanca encontró y construyó esa fortaleza junto a otras familias sobrevivientes de femicidios de Mar del Plata, como la de Nancy Segura, Claudia Repetto y Lucía Pérez. Entre todas, gritan lo mismo que Blanca: “Necesitamos una justicia que sea justa, transparente, sin impunidad, sin corrupción. No lo digo para mí, lo necesitamos para todas. Porque ahora estamos todas las mamás iguales, con las manos vacías: sin nuestras hijas, y sin justicia”.

La violencia cotidiana
Agustina Fredes tenía 18 años cuando fue violada y torturada física y psicológicamente por Matías José Acevedo. Lo denunció ante la justicia, donde no obtuvo ni ayuda ni repuestas. Dos meses después su familia tomó conocimiento de que está embarazada como consecuencia de estas violaciones.
Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23 de abril del 2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe médico estableció que Agustina falleció por embarazo ectópico. Su madre Blanca calcula que su hija estaba embarazada de entre 10 y 12 semanas cuando murió.
En junio de 2017 la familia pidió que se realizara una autopsia al cuerpo, la cual fue negada. Es por eso que Blanca sigue reclamando “que se abran los causales de muerte, porque se cerraron sin previa investigación, sin pruebas creíbles”, dice a lavaca. “Para mí fueron los daños que ella tenía en sus órganos lo que llevaron a la muerte”.
Participes de la impunidad
Hoy en día la información sobre el causal de muerte sigue cerrada por decisión del fiscal de la causa, Juan Pablo Lódola. Blanca denuncia además que en la investigación participó un familiar de Matías Acevedo, que trabajaba con el fiscal.
“Llevó las cosas para el lado de ellos”, dice Blanca que sufrió también intimidaciones. “Me preguntó si yo sabía que el papa de Acevedo era jerárquico de la Prefectura. Lo tomé como una intimidación, que quería meterme miedo. Yo le dije que no me interesaba, que lo que tenía para perder ya me lo sacaron. Y que estaba luchando por la muerte de mi hija”.
Blanca tiene 61 años; trabajaba de empleada doméstica cuando perdió a su hija y se derrumbó su vida. Vive con su pareja desde que Agustina tenía diez años. Su pareja es portero de un edificio. Con los ingresos familiares pagaron un perito particular, pero en la causa no dejaron que hagan las pericias. “Decían que habíamos pedido las cosas a destiempo. Decían que el expediente estaba cerrado. Decían que yo tenía que tener una cosa muy puntual para poder volver a abrirlo, aunque ellos lo cerraron sin nada puntual”.
Aunque la familia de Agustina pidió el cambio del fiscal Juan Pablo Lódola nunca tuvieron respuesta.
El juicio por la violación
El primer día de la gestión del actual gobierno, el 11 de diciembre de 2019, Blanca viajó junto a Marta, mamá de Lucía Pérez, desde Mar del Plata para el primer encuentro de Familias Sobrevivientes de Femicidios. Junto con otras madres y padres que perdieron sus hijas por la violencia femicida se reunieron en Plaza de Mayo y entregaron al presidente Alberto Fernández un primer petitorio pidiendo reunirse con él. Desde entonces entregaron seis pedidos de reunión más, sin respuesta.
Ese mediodía de sol implacable Blanca agarró el micrófono y dijo: “Mi hija sufrió tortura, violaciones, fue muy lastimada. Cuando dejó al novio y decidió hablar, a los dos meses la tuve ir que internar y dos días después falleció. Estaba embarazada del violador de dos meses y medio. Tenía 18 años. La justicia dice que falleció de un embarazo ectópico. La investigación hasta julio de este año la dirigía un familiar del violador, la verdadera investigación la hice yo”.
Ocho días después de ese encuentro, cuando Blanca ya estaba de nuevo en Mar del Plata, detuvieron finalmente a Matías José Acevedo por violación agravada. Desde entonces está con preventiva en la Cárcel de Batán, a la espera del juicio.
“La muerte de ella y la vida del bebé la sacaron de la investigación. Separaron las cosas y lo único por lo que se lo enjuicia a Acevedo es por la violación agravada. No hace falta tener un título para darte cuenta que las cosas están relacionadas”, dice a lavaca Blanca.
La última vez que fue a insistir para tener fecha de juicio le dijeron que sería en septiembre. Pero advierte: “Me suelen decir cualquier cosa para frenarme”.
Esa no parece ser opción.
De su bolsillo paga también el abogado que lleva adelante la causa. “El Estado nunca me ha dado nada”, resume. “Lo que yo pretendo del Estado en este momento es que revea las causas cerradas con impunidad, que encima te ofenden al ser querido que no está como si fuera culpable de todo lo que le han hecho. Te dicen ‘dejate de joder, era una atorrantita’, pero yo sé a quién parí y a quién crie, sé quién era mi hija. No voy a callarme. Quiero que tenga la condena. El daño que Acevedo le hizo la llevó a la muerte, eso no es ´se equivocó, se la mandó’. Él tiene que pagar”.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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