Nota
#AbortoLegal: tres proyectos apuntan a la construcción de información, reparación económica y la producción pública de medicamentos
Tres proyectos de ley que se presentaron en Senadores y en Diputados promueven la continuidad del debate parlamentario luego del rechazo en la Cámara Alta a la interrupción voluntaria del embarazo. Por un lado, diputada Mónica Macha propuso la creación de un registro que garantice la producción de estadística sanitaria en materia de muertes, internaciones y complicaciones por efecto de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en condiciones inseguras. En esa sintonía, la senadora Nancy González propuso un régimen de reparación económica para hijos e hijas de madres muertas por abortos clandestinos. Además, el diputado Daniel Filmus planteó la necesidad de que el Estado garantice la producción pública de medicamentos para la realización de las prácticas farmacológicas de interrupción legal del embarazo ya previstos en la ley y en el Código Penal. Los tres cuentan con un aval transversal de bloques políticos, tal como expresó el debate en los recintos. Los textos completos y qué dicen en diálogo con la lavaca.
Pasaron dos meses del rechazo en el Senado al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo por 38 votos a 31, más dos abstenciones, pero el debate, como quedó claro el 8A con las calles teñidas de verde por las dos millones de personas que exigían que en Argentina el aborto fuera legal, seguro y gratuito, está lejos de clausurarse.
En ese sentido, tres proyectos de ley reanudan la discusión.
Uno fue presentado el 23 de agosto por la senadora chubutense Nancy González (Frente para la Victoria – PJ), y propone la creación de un régimen de reparación económica para hijos e hijas de madres muertas por abortos clandestinos.
El segundo es del diputado nacional Daniel Filmus (Frente para la Victoria), que exige que el Estado garantice la producción pública de medicamentos para la realización de las prácticas farmacológicas de interrupción legal del embarazo ya previstos en la ley y en el Código Penal.
El tercero es de la diputada nacional Mónica Macha (FpV), que exige un registro de producción de información estadística sanitaria sobre muertes, internaciones o complicaciones de IVE en condiciones inseguras.
Los tres textos apuntan contra un mismo actor clave: el Estado.
Producir información
El proyecto de la diputada Mónica Macha apunta a garantizar “la producción de información estadística sanitaria en materia de muertes, internaciones y complicaciones sanitarias producidas por efecto de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en condiciones inseguras”. Para ese objeto, el artículo 2 propone la creación de un Registro que funcione en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación para recolectar, procesar y analizar esa información. El texto pone en la órbita del Estado proveer de forma sistemática:
* Cantidad de internaciones en establecimientos de salud públicos y privados, indicando el plazo de internación y nivel de complejidad del cuadro de salud de la persona internada.
* Grado de severidad y tipo de complicaciones sanitarias producidas por efecto de la IVE.
* Cantidad de muertes producto de IVE en condiciones inseguras.
* Todo dato sociodemográfico “que se estime pertinente para evaluar, en forma semestral y desde un punto de vista sanitario, las consecuencias para la salud de las personas, y sus familias, de la práctica de interrupción voluntaria del embarazo en condiciones inseguras”.
El proyecto también contempla “tomar los recaudos necesarios para salvaguardar el anonimato y la confidencialidad” de los datos recabados que, subraya, deben ser procesados y utilizados por el Ministerio sólo con fines estadísticos.
En diálogo con lavaca, la diputada Macha explica la importancia del texto: “En principio, las estadísticas que nosotras siempre manejamos son los que lograron construir, a lo largo de estos años, instituciones como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) o el CELS, en base a datos de instituciones sanitarias que iban produciendo, pero siempre estuvo presente a lo largo del debate de la ley no contar con información certera. En ese contexto, nos reunimos con la Campaña y acordamos que más allá de no tener todavía ley, hay que seguir con proyectos que permitan avanzar en derechos que puedan ir generando un mejor escenario para cuando volvamos a discutir el proyecto en cuestión”.
Macha explica por qué el texto ubica en un eje central al Estado: “Es su responsabilidad garantizar derechos y acciones que protejan la vida y salud de las mujeres. Por eso es importante que se pueda registrar sin datos filiales cuántas mujeres llegan por abortos clandestinos o inseguros, cuántas de ellas terminan con una discapacidad o con una mutilación, cuántas mueren como consecuencia de esas prácticas”.
La falta de una estadística fue uno de los argumentos de los sectores antiderechos, así como lo fue la ausencia de Educación Sexual Integral en las escuelas. Sin embargo, ese sector está presionando para retroceder en los debates conquistados de la ESI. ¿Qué ocurrirá en este caso? Macha: “Ese sector pretende que se vuelva al closet, al tabú y a la estigmatización. En definitiva, quedó claro que sólo se oponen a hablar de estos temas, que son derechos fundamentales para la vida de las personas. Este tema ya está en el debate social y es parte de los derechos a conquistar, sobre todo de mujeres jóvenes. Tenemos mucho por andar”.
La reparación histórica
El proyecto de la senadora González, titulado Ley de reconocimiento y reparación a los niños, niñas y adolescentes cuya progenitora o persona gestante haya resultado muerta como causa de embarazo finalizado en aborto, tiene 12 artículos:
* Crea un Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes menores a 21 años o personas con discapacidad.
* La suma del monto abonado por el Estado debe tener un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles, hasta que su titular alcance los 21 años. La reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de pensiones y alimentos, y otras asignaciones familiares.
* Designa una Autoridad de Aplicación para garantizar los objetivos de la ley.
“Hace pocas semanas desde esta Honorable Cámara, tuvimos la responsabilidad de votar sobre una de las leyes más emblemáticas de los últimos años: la interrupción voluntaria del embarazo”, comienzan los argumentos del proyecto dirigido a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti. “Si bien el proyecto no resultó votado afirmativamente por la mayoría de las y los legisladores, es innegable el proceso sumamente democrático llevado a cabo, desde que fue puesto en la agenda legislativa, en febrero de este año. Durante todos estos meses, hemos escuchado 738 exposiciones en la Cámara de Diputados y 145 en la Cámara Alta para reconocer y delimitar una problemática precisa: las consecuencias a las que se enfrentan las mujeres y los cuerpos gestantes de la Argentina ante su decisión de no continuar un embarazo y la posibilidad de perder la vida en un aborto clandestino”.
El proyecto cita, entre otras cosas, la información oficial presentada por el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, que precisó que sólo este año en Argentina hubo 43 muertes por embarazos finalizados en aborto. Menos de una semana después del rechazo en el Senado, dos mujeres murieron en Pacheco y en Pilar, al norte del conurbano, por abortos clandestinos. “Dicha situación no puede hacer otra cosa que interpelarnos y abocarnos con la mayor celeridad a nuestra tarea de legislar y otorgar respuestas”, apunta el texto, que menciona como antecedente el Régimen de Reparación para la Niñas, Niños y Adolescentes hijxs de víctimas de femicidio –conocido como Ley Brisa-, promulgada en julio.
“Es importante detenernos y enfatizar que aquí no se trata de cifras, sino de la vida cotidiana de niñas y niños de carne y hueso; de la posibilidad de otorgarles, al menos, un reconocimiento y la contención necesaria para que puedan desarrollar su vida y sus derechos plenamente”, sostiene el proyecto.
Y cierra:
* “Hemos intentado evitar las muertes mediante la legalización del aborto y no lo hemos logrado. Pero nos ha quedado un legado, y es el de proteger al menos a los hijos e hijas de esas mujeres que el Estado no pudo salvar. Resulta como nuestra urgente tarea dar respuesta concreta a esas familias y a la sociedad en general, otorgando este reconocimiento y acompañamiento a los niños y niñas víctimas colaterales de este flagelo que deriva de la clandestinidad”.
El Estado es responsable
El proyecto que presentó Filmus es conciso:
* “El objeto de esta ley es garantizar la producción pública de medicamentos esenciales para la realización de las prácticas farmacológicas de interrupción legal de embarazos”, establece en su artículo 1.
* Detalla que es el Estado quien debería hacerse cargo de la producción de misoprostol y mifepristona, los dos principios activos cuya combinación es “la forma más segura y efectiva de realizar una interrupción voluntaria del embarazo”, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
* El texto apunta a que la producción se realice en laboratorios de Producción Pública de Medicamentos que integren la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
* También considera la producción de medicamentos que, por avances científicos, a futuro resulten indicados para el reemplazo de estos dos principios activos.
* Ubica al Ministerio de Salud como el responsable de garantizar la distribución de los medicamentos a todos los efectores que componen el sistema nacional público de salud, priorizando los servicios de atención primaria.
* Establece que el Ministerio debe incluir los medicamentos en el Plan Médico Obligatorio (PMO) y en el vademécum de los programas de cobertura gratuita.
* Y destaca que apunta a garantizar la producción pública sólo para los casos de interrupción voluntaria del embarazo (ILE) previstos por el artículo 86 del Código Penal y su interpretación judicial del fallo FAL en 2012, lo que motivó a que varias provincias contaran con protocolos ILE.
“El proyecto es para que el Estado se haga responsable de la fabricación de las drogas que permitan a las personas ya incluidas dentro del aborto no punible la posibilidad de acceder al derecho de interrumpir su embarazo”, explica Filmus en diálogo con lavaca. “En cuanto al misoprostol, durante los debates quedó en claro que es muy difícil de conseguir, muy cara, que no se está fabricando en Argentina y hay una imposibilidad de acceso para la gran mayoría de la población. La mayor parte de los abortos no son quirúrgicos sino que se realizan a partir de la utilización del medicamento, y si efectivamente es un derecho el acceso de aquellas personas contempladas por ley al aborto no punible, la única forma de garantizarlo es que la fabricación no esté a cargo del mercado sino que sea el Estado quien garantice su presencia”.
El texto fue acompañado por otrxs 15 legisladorxs de distintos espacios políticos, como Daniel Lipovetzky, Victoria Donda, Brenda Austin, Araceli Ferreyra y Cecilia Moreau.
Recuerda que la OMS considera al misoprostol como un medicamento esencial desde 2005, pero la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó recién este año a que la droga sea de uso obstétrico en condiciones hospitalarias. De todas formas, hoy sólo la comercializan dos laboratorios. En tanto, la producción y comercialización de mifepristona no está autorizada en Argentina. En ese sentido, Filmus destaca a lavaca la experiencia del Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe (LIF), que desde 2013 trabaja en la fabricación de misoprostol y estará en condiciones de abastecer al sistema público de todo el país. También, el laboratorio público Profarse, de Río Negro, anunció que desarollarán el medicamento a partir del año que viene.
“Resulta importante mencionar que la OMS estima que garantizar prácticas de interrupción legal de embarazos sin riesgos a través del uso de misoprostol es considerablemente menos costoso que el tratamiento quirúrgico tradicional, porque en su mayoría las interrupciones se realizan de manera ambulatoria y sin generar complicaciones de salud”, argumenta el texto. Y aporta datos: “Según cifras oficiales, mientras el costo de una ILE es de $11.500, a través del método seguro costaría $1914”.
En tanto, Filmus subraya que el proyecto apunta a no clausurar el debate después del Senado: “No somos de la idea en la que como el Senado votó en contra, hay que congelar el debate durante dos años hasta que cambie la composición de la Cámara. Hay un conjunto de temas sobre los que ya hay consenso y se puede avanzar en conseguir mayorías y aprobarla. En este caso hubo un consenso enorme, y era necesario reafirmar en casos de aborto no punible. Sabemos que no es un proyecto de discusión fácil. Esperamos que se coloque en debate. Y que participen organizaciones de la sociedad civil para que pueda aprobarse”.
El proyecto de gonzález
Nota
Matar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González
Gabriel González, 45 años, pintor, fue asesinado por personal de la Policía de la Ciudad el jueves navideño en el barrio de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil que además fue registrado por las cámaras de los vecinos. Gabriel intentó intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. Estaba sin remera, descalzo, desarmado. Lo fusilaron a corta distancia, las imágenes que aquí reproducimos están disponibles y se observa perfectamente quién le disparó. En el barrio sostienen que hubo violencia policial, además, sobre algunos de los testigos, para que hagan el silencio necesario para permitir la impunidad del y los autores.
En la foto de portada se ve a la derecha a Gabriel en el momento en el que es impactado por los disparos policiales.
Además de su trabajo como pintor, Gabriel se dedicó especialmente a la contención de jóvenes con consumos problemáticos. Presentamos la información publicada por el diario Tiempo Argentino, integrante junto a lavaca de la Unión de Medios Autogestivos, un símbolo y una realidad sobre la violencia institucional de estos tiempos.
Amigos, allegados y vecinos de Gabriel González, el muchacho de 45 años que murió en medio de una violenta represión de la Policía de la Ciudad, ocurrida en Navidad en Villa Lugano, marcharon en reclamo de justicia. La familia aseguró que fue asesinado a mansalva y denuncia un nuevo caso de gatillo fácil.
Las lágrimas de Nelly, la viuda de Gabriel González. (Foto: Gentileza Pablo Lecaros)
Nelly, la viuda de Gabriel, aún habla de su marido en tiempo presente. En diálogo con la prensa que se movilizó hasta Cruz y Escalada, en Lugano, donde se concentró la movilización, expresó: “Hace más de 25 años que comparto con él, que vivo con él, que la luchamos, salimos a laburar todos los santos días. Tanto él como yo, salimos a trabajar para tener las cosas que tenemos y lo que pudimos construir. La peleó siempre. No es una mala persona. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”.
La mujer recordó que llegó a la escena del crimen cuando a su pareja “ya le habían pegado. Tenía toda la cara ensangrentada. En todo momento traté de pararlo y que no le sigan pegando, porque lo estaban lastimando. Escuchaba cómo lo incitaban a pelear con ellos. Todo el tiempo lo incitaban a pelear. Él estaba enojado y ellos eran cada vez más. Le dieron un tiro muy de cerca”. Nelly también recibió heridas en las piernas y en los brazos.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Entre sollozos, la viuda pidió a sus vecinos que no la dejen sola. “Luchemos. No es la primera vez que pasa algo así. Ellos vienen a matar, no vienen a apaciguar las cosas, a tranquilizar, sea lo que sea que esté pasando. Al amigo de él lo cagaron a palos, lo llevaron a la comisaría y le dijeron que no diga nada”.
La mujer se refiere al amigo de Gabriel que en los videos, donde quedó registrada toda la secuencia, se advierte que intenta calmar a la policía. Gerardo, el hermano de la víctima, también mencionó “al muchacho que se llevaron preso, lo golpearon y lo amenazaron que lo iban a matar, le dijeron que conocían a su familia y a su casa. Para que no declare”.
Según pudieron reconstruir, el amigo de Gabriel fue liberado de la Comisaría 8A a eso de las 5 de la madrugada de este viernes. “Le aflojaron todos los dientes, le pegaron en las costillas entre el policía que disparó y había otro peladito. Todo para encubrir la cagada que se mandaron ellos”.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Por su parte, la abogada de la familia, Romina Ávila, precisó que “cuando le tiran a Gabriel, le tiran estando totalmente desarmado, indefenso y a una distancia prudencial del personal. Esto quiere decir que en ese momento no estaba agrediendo al personal. Tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en legítima defensa, es lo que nosotros llamamos gatillo fácil”.
La asesora de la familia señaló en Radio Con Vos que esperan los resultados de la autopsia y las pericias, cuyos análisis preliminares deberían estar para este sábado. “Está documentado que quien dispara es un policía que bajó del patrullero. Tenemos su rostro, imagen por imagen. Ahora a pedido de la justicia, la Policía de la Ciudad, debería identificarlo”, esgrimió.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Gabriel era pintor y solía contener a los chicos del barrio que padecen consumo problemático. De hecho, comenzó con esa tarea social tras un contexto de abuso de drogas por parte de su hijo. “Era una persona humilde, hijo de migrantes, muy pujante, una persona que trabajaba y en ocasiones como esta, un festejo popular, participaba. Lo grave de su conducta ayer fue salir a la vereda a compartir con los amigos, sus vecinos. Es común eso acá. Los encuentros se comparten por más que a ellos no les gusten. Es parte de la cultura”, analizó la abogada.
“Acompañaba a chicos con consumo, porque con su hijo dio una larga lucha por esa misma situación”, añadió Ávila, quien concluyó: “La Policía de la Ciudad sigue deambulando y caminando por acá. Son los mismos policías de la Comisaría Vecinal 8A que ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel. Conviven con nosotros y el miedo es grande y está”.
Respecto a la autopsia, la mujer indicó que los restos fueron trasladados este viernes a las 8 a la morgue judicial y que los resultados «van a ser sumamente clarificadores de lo que creemos y que sostenemos como teoría del caso, que para nosotros se trató de un hecho de violencia institucional. Que no tuvo ningún tipo de defensa, ni exceso en legítima defensa por parte del personal policial».
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 21 y 25 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, dijo a Tiempo Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13, Ingeniero José L. Delpini de Villa Lugano.
Fue el propio Oscar quien publicó en las redes en la tarde noche de ayer el asesinato de su primo: “Hoy en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropas a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer”.
El video filmado por un vecino dejó en evidencia el asesinato a quemarropa denunciado por quienes fueron testigos del brutal crimen. Se lo ve Gabriel sin remera, defendiéndose de los golpes contra media docena de efectivos policiales que lo golpean sin piedad.
De golpe, uno de ellos saca su escopeta y le dispara. La muerte fue instantánea y uno de los disparos hirió a la compañera de vida del asesinado y a otros vecinos que observaban con asombro la brutalidad policial.
Nota
Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo
El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.
El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.
El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.
La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.
El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.
Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
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El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
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Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
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Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
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