Nota
1 de cada 6 habitantes de Lobos tiene agrotóxicos en la orina: el estudio que funcionarios, medios y empresas eligen ignorar

Uno de cada seis habitantes de Lobos –Provincia de Buenos Aires– tiene agrotóxicos en la orina, principalmente glifosato, un herbicida de altísima toxicidad, considerado por la Organización Mundial de la Salud como posiblemente cancerígeno, alterador hormonal y productor de daño genético. El 82% de las personas investigadas no trabaja ni tiene contacto directo con agroquímicos. De quienes tienen glifosato en orina el 70% vive a distancias de entre 20 y 300 metros de campos de cultivo, aunque también se registraron en habitantes urbanos. Lo que vienen denunciando los vecinos organizados, que presentaron una nueva evidencia que les da la razón: ¿Y ahora?
Las cifras emergen del estudio Pesticidas Introducidos Silenciosamente (P.I.S.), realizado por vecinos y vecinas autoconvocados, con la coordinación de la Fundación Democracia en Red y el análisis científico a cargo del equipo que dirige la doctora Delia Aiassa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los resultados se presentaron el 15 de agosto en una conferencia de prensa y reunión vecinal en la Fundación Lobos, en el centro de la ciudad. Al encuentro asistieron alrededor de 50 personas, entre ellas dos medios de comunicación locales, lavaca y dos concejales.
Las grandes ausencias: la comunidad médica, las autoridades de los centros de salud y los funcionarios del Ejecutivo municipal y provincial.
“Es una pesadilla hecha realidad”. Así comienza su intervención Florencia Polimeni, una de las vecinas impulsoras del estudio. Los resultados alarman, pero no sorprenden. Las poblaciones afectadas no necesitan de pruebas de laboratorio para percibir la toxicidad y padecer sus consecuencias en el cuerpo. Aun así, las evidencias sobran. Son las propias comunidades las que, desde hace dos décadas, alertan sobre la correlación entre las fumigaciones y distintas afecciones de salud y se organizan para producir pruebas, en procesos que hoy exigen que se reconozcan como ciencia ciudadana y no como mero testimonio. La disputa también es epistemológica. Florencia increpa: “Los cuerpos y territorios que somos y habitamos están contaminados. ¿Cuánta más evidencia científica hay que seguir aportando?”.

Agrotóxicos: Veneno sin elección
El estudio se basa en 73 muestras de mujeres y hombres de Lobos de entre 35 y 57 años, sin enfermedades precedentes, de zonas rurales y urbanas y con al menos tres años de residencia en la localidad. Al 15% de las personas analizadas se le detectó la presencia de glifosato y/o su principal metabolito AMPA. La mayoría (82%) no trabaja ni tiene contacto directo con agroquímicos. Tomando en cuenta donde viven, el porcentaje de personas de zona rural a quienes hallaron glifosato aumenta a alrededor del 19%. La mayor parte de las personas con glifosato en orina (70%) se encuentra viviendo a distancias de entre 20 y 300 metros de campos de cultivo, aunque también se registraron casos en zonas urbanas. Cabe destacar que los niveles urinarios de glifosato y AMPA detectados indican la presencia de este tóxico en el organismo y representan una exposición reciente respecto del momento de toma de muestra.
La participación en el estudio fue voluntaria y, si bien los resultados son anónimos, dos personas con agrotóxicos detectados decidieron hablar en primera persona. Aymará tiene 39 años y vive en el centro de Lobos. La confirmación de la presencia de glifosato en su organismo la llenó de “tristeza e impotencia”, en especial frente a gobiernos y productores que continúan priorizando la ganancia por sobre la vida. Sin embargo, ante sus vecinos y vecinas, también dice sentirse esperanzada por la creciente organización colectiva que le pone el cuerpo al veneno, pero también a la lucha.
Junto a ella, está sentado Esteban, otro de los participantes del estudio con resultados positivos. Tiene 48 años, vive camino a Uribelarrea, a aproximadamente 300 metros de campos de cultivo. Él elige otras palabras: “Furia y miedo”. Pero coincide con Aymará respecto de las responsabilidades. De la industria, por un lado, que “hace lo que quiere con nuestros cuerpos”, y del Estado, por el otro, que “no me cuida y es cómplice”. Esteban aclara que él consume principalmente alimentos de producción agroecológica, por lo que esto demuestra que no se trata de una decisión o acción individual. “Es sin nuestro consentimiento, no hay elección”.
La bomba político-empresarial
Una chica pide la palabra levantando la mano, mientras la otra se aferra entrelazada a la mano de su hermana. Se le hace un nudo en la garganta y todo queda en silencio por un instante. “Yo lo que quiero saber es qué hacemos ahora. A mi hermana le encontraron glifosato y le fuimos a preguntar al director de la salita cómo seguir y nos dijo que no sabe”. Ellas son de Villa Loguercio, donde se emplaza la laguna de Lobos que da pruebas de la acelerada pérdida de biodiversidad y donde se registraron los niveles más elevados de agrotóxicos en orina. No hay una respuesta sencilla a su pregunta. El daño genético producido por los agrotóxicos y asociado a la mayor probabilidad de desarrollar enfermedades como el cáncer no es reversible. Florencia lo describe como “una bomba de tiempo adentro del cuerpo”. Aclaran que, a mayor exposición, mayor daño, por lo que lo fundamental es detener las fumigaciones. Sin embargo, el entramado político-empresarial se esfuerza en tornar lo más obvio en impensable.
“¿Tenemos que irnos?”
Frente a esta matriz productiva que se presenta como modelo único e inexorable, Nicolás –uno de los impulsores del estudio P.I.S.– pregunta: “¿Tenemos que irnos? ¿Vamos a permitir que el campo sea un lugar inhabitable por el veneno? ¿Por qué no podemos vivir en un ambiente sano?”. Agrega un dato: En 1960, el 28% de la población mundial vivía en el campo y ahora solo un 8%. “No es sostenible ni deseable. Por eso proponemos un cambio de modelo hacia la agroecología”. En el proceso, desde la organización de vecinos a cargo del estudio, ofrecen asistencia jurídica, médica y sobre todo contención colectiva para procesar los resultados y activar la lucha. También para, quienes quieran, avanzar con estudios de genotoxicidad que puedan ponderar el daño genético.
El daño versus el potencial de la vida
Una de las primeras medidas será presentar denuncias ante el SENASA, organismo a cargo de la aprobación de los agrotóxicos en uso. Florencia explica: “No solo no hay controles, sino que muchas son sustancias que se aprobaron con el argumento de que no llegan a nuestros cuerpos. Nos mintieron”. Marcelo, activista ambiental de Lobos, hace un paralelismo con otra sustancia, el fipronil. Se trata de un plaguicida que durante años estuvo habilitado para su uso pese al caudal de evidencia científica que probaba su toxicidad, en especial para las abejas. Finalmente, el SENASA lo prohibió el mes pasado, luego de la muerte masiva de colmenas “por representar un riesgo para las abejas silvestres y melíferas, aun cuando se aplicasen las medidas adecuadas de mitigación”. Con el detalle de que los productores tienen permitido “descargar stock” (es decir: seguir contaminando con lo que les quede de fipronil). ¿Cuántas más pruebas, cuántas más muertes?
Paula, vecina de Lobos involucrada en el estudio P.I.S., comparte la indignación pero propone un matiz en la perspectiva de futuro: “Nosotros sostenemos que la vida tiene el potencial de remediar el daño provocado por los seres humanos. Con estos resultados no queremos traer terror, sino las ganas de trabajar juntes. La presencia de tóxicos en nuestros cuerpos nos demuestra que el ambiente es uno solo y nos tenemos que pensar como parte de él”.
Contaminación 100%
El proyecto P.I.S. se suma a los hallazgos de un estudio ambiental previo que se hizo durante el 2021 por parte de Aporte Por el Ambiente de Lobos (A.P.A.L.), donde confluyeron organizaciones políticas y ambientales y vecines, ante la necesidad de contar con información y datos científicos sobre la identificación y cuantificación de agroquímicos por fuera de su zona de uso en el partido.
El estudio –a cargo de Virginia Aparicio de INTA Balcarce– arrojó que todas las muestras de agua tomadas en las zonas urbanas y rurales –en el agua corriente consumida por la población, en el agua de lluvia, en los canales, en los arroyos y en la laguna– registraron la presencia de diferentes agrotóxicos utilizados habitualmente en las actividades agrícolas, además de altas dosis de arsénico. Lo mismo ocurrió con las muestras de sedimento de suelo y materia vegetal, evidenciando el transporte de plaguicidas fuera de los campos de cultivo.
El recreo rodeado de pesticidas
Las muestras de suelo de la plaza principal y de una escuela, tomadas en el patio del recreo, mostraron la presencia de cinco pesticidas, incluidos altos niveles de glifosato. En los árboles cercanos, la contaminación en el material vegetal evidenció seis moléculas de pesticidas. Sobre la base de esta información, se presentaron proyectos para regular las fumigaciones ante el gobierno local, todos “cajoneados” hasta el día de hoy. Por otro lado, algunos vecinos iniciaron una acción de amparo que culminó en una medida cautelar que obliga al municipio a distribuir agua potable. Sin embargo, el gobierno local solo entrega bidones a los amparistas en lugar de a toda la población. Mientras el derecho humano al agua potable considerado indispensable para una vida digna se privatiza y mercantiliza, se expande la política del veneno. Una vecina de Lobos da un ejemplo: “Todos sabemos que el agua no se puede tomar. En las escuelas rurales durante las clases de educación física los chicos se descomponen porque es cuando más agua toman”.
Antes de cerrar el encuentro, con el compromiso de sostener y fortalecer la organización comunitaria, un vecino agrega, por si quedaban dudas: “Prohibir las fumigaciones no es extremista, es realista”. Lo verdaderamente tóxico no es una sustancia, sino el modelo. Con solo detener las fumigaciones y promover una agricultura sana, Lobos lograría cambiar la pesadilla por el potencial de la vida y la salud.
Nota
La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.
Por Franco Ciancaglini
Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:
- su salud era cada vez más delicada;
- los medicamentos oncológicos no llegaban;
- y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.
Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.
Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

Contaminada
María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.
Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.
La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.
Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.
Contaminada
La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.
Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.
Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:
- “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
- “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».
Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”
Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.
En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”
Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:
- “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
- Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.
Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.
Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.



Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”
El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada
Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.
Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.
Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».
Sino miren este video.
María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”
El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.
Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.
Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.
Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”
Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”
La respuesta era obvia: mal.
Insurgente
Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.
Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.
El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».
Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.
Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.
Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.
Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.
Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.
La muerte es el abandono.
La muerte es el olvido.
Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.
odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.
Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.
Mary: gracias.
Hasta mañana.
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
Nota
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Modalidad: presencial y online por Zoom
Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno
No se requiere experiencia previa.
Docente:
Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.




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