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Audiencia por Santiago Maldonado: el faltazo de Bullrich y la responsabilidad de Noceti

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación sesionó de urgencia por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, de quien aún no se tienen noticias. La gran ausente fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dio cuenta de la invitación pero se excusó con que «no decía ni el día ni la hora». Tampoco estuvo presente Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio, sindicado por coordinar la represión de Gendarmería en el Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen el día que Maldonado fue visto por última vez. Diputados y organismos de derechos humanos exigieron que, de acuerdo a la Convención contra la Desaparición Forzada, se aparte a la Gendarmería de la investigación y también al propio Noceti. El diputado de la alianza Cambiemos, Daniel Lipovetzky, reconoció a lavaca que si se comprueba la participación Noceti el funcionario debe ser apartado: “Todos los que han intervenido en ese momento tienen que ser apartados”.
A las 15:30 del octavo día de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la Comisión de Derechos Humanos convocada de urgencia por la diputada Victoria Donda culminó luego de las presentaciones de diputadxs de diversas fuerzas y organismos de derechos humanos. El único legislador de la alianza Cambiemos con raigambre PRO que participó fue Daniel Lipovetzky (había otros legisladores de la UCR y la Coalición Cívica, que no hablaron), quien aseguró que “el Gobierno está poniendo todos los instrumentos para encontrar a Santiago”. Previo al cierre, Donda exigió que no sólo se aparte a la Gendarmería Nacional (principal responsable de la desaparición forzada del joven de 28 años y que continúa apostada sobre la ruta 40 en la zona) de acuerdo a la Convención contra la Desaparición Forzada de personas, sino también al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien en dos entrevistas radiales se ubicó en tiempo y espacio en la coordinación de la represión. Lavaca pidió una entrevista con el funcionario, pero no obtuvo respuesta.
En la conferencia en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo (donde se convocó a una concentración a Plaza de Mayo para el viernes a las 17 horas), el CELS sostuvo que Noceti es el “responsable directo, inmediato, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado”.
¿Usted piensa también que tiene que ser desplazado? –preguntó lavaca a Lipovetzky.
-Si él estaba presente en ese momento -la verdad que no tengo la información judicial-, creo que por aplicación de la Convención, sí. Todos los que han intervenido en ese momento por aplicación de la Convención tienen que ser apartados, porque la idea es encontrar con vida a Santiago y para eso hay que cumplir con todos los parámetros legales: uno de ellos es evitar que haya cualquier intervención de alguien que haya tenido que ver, aunque no haya habido responsabilidad. Por supuesto que hay que prevenir y la prevención en este punto es precisamente cumplir con lo que dice la Convención.
La Comisión de Derechos Humanos invitó a la ministra Patricia Bullrich, pero nunca llegó. La noticia la comunicó Donda: “La ministra dijo que tenía toda la intención de venir, pero que no le habían comunicado el día y la hora. Eso es mentira”.  Sostuvo que la Comisión la convocará nuevamente el 17 de agosto a las 14 horas. El diputado Remo Carlotto propuso que –como la invitación será dentro de una semana- se le envíe una carta con carácter de urgencia y copia al Presidente Mauricio Macri, para que informe, entre otras cosas:

  • Qué oficiales participaron en la represión del 1 de agosto en el Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen.
  • Quién dio la orden.
  • Si se apartó a la Gendarmería de la investigación.

(In)dependencia judicial

Al cumplirse una semana de la desaparición del joven de 25 de Mayo (había llegado al Pu Lof un día antes de la represión para visitar a un amigo) lavaca publicó cuál es la información hasta el momento, de acuerdo a lo informado por la familia, el Defensor Público Federal de Esquel, Fernando Machado, la comunidad, los organismos y la abogada de Facundo Jones Huala (el lonko mapuche detenido ilegalmente desde el 27 de junio), Elizabeth Gómez Alcorta.

Una semana sin Santiago: qué se sabe y qué no

  • Gómez Alcorta: “La represión comenzó alrededor de las 7:30 de la mañana”.
  • “Terminó entre las 17 y las 18 horas”.
  • “Eran entre 80 y 100 efectivos de Gendarmería de, por lo menos, los destacamentos de Esquel y El Maitén”.
  • El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, dijo que la orden del ingreso y la represión no partió del Juzgado Federal de Esquel –a cargo de Guido Otranto- sino del propio Noceti. “Había una orden despejar la ruta 40 por cortes intermitentes, pero no de entrar a la comunidad. Los efectivos entraron y abrieron fuego con municiones de caucho y plomo”.
  • Gómez Alcorta: “El momento en que los testigos vieron que estaban golpeando a una persona, seguramente Santiago, fue en el horario del mediodía”.
  • Muchos integrantes cruzaron el río huyendo de los disparos de Gendarmería: “Hay varios testigos que vieron que Santiago no lo cruzó”.
  • Se hicieron pericias sobre cinco vehículos de Gendarmería: dos camionetas Ranger en Esquel, dos Amarok y una Iveco en El Bolsón. Están a la espera de resultados.
  • Machado dijo que las camionetas fueron lavadas y que una tenía la faja de inspección rota del lado de la puerta del conductor.
  • Encontraron un gorro que la comunidad indicó que había sido de Santiago. Machado confirmó: “Fue reconocido como de Santiago”. Sobre ese gorro trabajó el perro del personal de Prefectura Naval Argentina: “Siguió los pasos hacia el margen del río: ahí se estableció como el último punto en el que el perro no pudo seguir el rastro. Esto fue realizado en más de una oportunidad y el perro repitió esa trayectoria”.
  • La comunidad no se opuso a los rastrillajes en el territorio.

La abogada de la familia, Verónica Heredia, dijo a lavaca que solicitará la conformación de una comisión investigadora independiente del Juzgado Federal de Esquel y de la fiscalía subrogante: “Eso significa garantizar la independencia de la investigación”.

Aparición con vida

Otras voces en la Comisión de Derechos Humanos:

  • Norma Ríos, presidenta de la ADPH: “Nunca desaparecieron los 30 mil juntos. Desaparecieron de a uno. Si no esto no se esclarece, el camino hacia el futuro es muy negro”.
  • Donda recordó las desapariciones forzadas de Jorge Julio López y Luciano Arruga, pero subrayó que es la primera vez que ocurre en democracia en el marco de una represión.
  • Mabel Careaga, integrante de la Asociación de Familiares y Compañeros de los 12de la Santa Cruz: “Sabemos de la capacidad que tiene el Estado de encubrir una desaparición forzada cuando es el Estado el que la ha producido”.
  • Alan Iud, del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo: “El Gobierno estaría haciendo entrevistas a gendarmes que participaron del hecho. ¿Quién los entrevistó? ¿Quién condujo las entrevistas? Puntualmente, ¿fue el señor Noceti?
  • Comisión Provincial por la Memoria: “No se puede desligar esto de la historia de Argentina. Nuestra sociedad ya se ha expresado cultural, simbólica y concretamente, y que la respuesta del Poder Ejecutivo sean tan pocas es muy preocupante.
    Cuando los mensajes son equívocos queda por esperar que esa acción se desarrolle”.
  • El diputado Rodolfo Tailhade recordó el espionaje que había sufrido la comunidad mapuche en 2015 (que también incluyó a asambleístas del Movimiento No a la Mina), causa que motivó el procesamiento de la fiscal jefe María Bottini, el fiscal general Fernando Rivarola, un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y los policías Adrián Alejando Muñoz y Claudio Alfredo Rodríguez. El detalle de ese espionaje fue revelado por lavaca, que viajó a la comunidad en esa ocasión.
  • Verbitsky, del CELS: “La única hipótesis del expediente, tanto de los organismos como el Defensor, la fiscal subrogante y el juez, es la intervención de Gendarmería. Se puede llegar al esclarecimiento si hay voluntad, pero no la hay”. Recordó la foto que publicaron algunos medios comerciales sobre las supuestas armas incautadas a la comunidad: “Había un celular de 1980, una hoz, un martillo, un serrucho. Hay un intento patético de incriminar a la comunidad en vez de investigar la desaparición forzada de Santiago”.
  • En esa línea, Myriam Bregman, abogada de derechos humanos y candidata del FIT, apuntó que Bullrich dijo ahora que la comunidad mapuche está financiada por una “organización inglesa”. Por eso, sostuvo: “Cada segundo que nos entretengamos con el discurso de Bullrich es un día ganado de impunidad. Ya sabemos cómo termina eso”.

En esa sintonía, lavaca preguntó a Lipovetzky.
¿Qué piensa de las declaraciones de la ministra Bullrich atacando a la comunidad mapuche e insistiendo en el terrorismo, sin hablar de la desaparición forzada a tono con lo que dijo no sólo la comunidad sino también el Defensor Federal de Esquel?
-La ministra dijo las dos cosas. Lo que pidió es colaboración. Por eso propuse que viajemos los diputados a Chubut para dar apoyo y fortalecer la investigación. Después, sobre el reclamo de los pueblos originarios, no hay que hacer consideraciones sobre porque una cosa no quita a la otra: ningún tipo de reclamo puede justificar la desaparición de una persona. Acá lo más importante es que Santiago Maldonado tiene que aparecer con vida ya.
La ministra habló de una simple “desaparición” mientras que Avruj dijo que Santiago era una “persona extraviada”. ¿Usted sostiene lo mismo?
-Siempre uno tiene que ir por la hipótesis de máxima. Ojalá sea lo que dijo Avruj, ojalá sea una desaparición, pero uno piensa por la hipótesis de máxima y después vamos por la mínima. Pero por supuesto para que la investigación sea lo más profunda posible hay que pensar en una desaparición forzada. Después ojala que no lo sea.
Amnistía Internacional lanzó una acción urgente como estrategia global de solidaridad para exhortar a los funcionarios nacionales a “adoptar todas las medidas necesarias” para encontrar a Santiago Maldonado. También el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU –luego de una presentación del CELS- le exigió al Estado “acción urgente” para buscar y localizar a Santiago Maldonado, e identificar a los responsables.

Campaña: aparición con vida YA de Santiago Maldonado

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:

  • “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
  • “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.

Por Francisco Pandolfi

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia. Fotos: Nacho Yuchark.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.

El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento, parte de los efectos en la salud de las fumigaciones masivas para cultivos transgénicos. Fotos: Nacho Yuchark.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano en las zonas en las que se prohíben los agroquímicos. Fotos Nacho Yuchark

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.


https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

Salud humana y de la naturaleza: lo que está en juego en Pergamino, como caso testigo de tantos lugares del país.
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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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