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Chubut en llamas: movilizaciones sociales frente a la política oficial de la violencia

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Represión a la comunidad, balazos, gases a mansalva, cacerías nocturnas de manifestantes, llamas en la Casa de Gobierno provincial, corridas, amenazas. Al mismo tiempo, una oleada de rumores (sobre toque de queda o estado de excepcioón para frenar la movilización social) que encuentran el silencio gubernamental mutado sólo en el lenguaje de las armas policiales.

Como telón de fondo, la falta de legitimidad del gobierno del segundo gobernador más rico del país, Mariano Arcioni, a quien los negocios le interesaron siempre más que la política, y que llegó primero a la vicegobernación declarándose un ferviente opositor a la megaminería.

Dice Pablo Palicio Lada, integrante de las asambleas chubutenses a lavaca. “Yo quería ver hoy cómo estaba la situación y el ánimo en la gente. Empiezo a pensar que así como hubo un Mendozazo hace dos años, ahora puede venirse un Chubutazo”. El tiempo confirmará cuál es la dinámica de esta situación.

Así es el panorama de este jueves en Chubut.

Rawson, fuego en la Casa de Gobierno.

La provincia se moviliza contra la sanción de la Ley de zonificación que habilita la megaminería a cielo abierto en la meseta provincial, votada ayer engañando a la población y promulgada hoy a velocidad inaudita por el habitualmente lento gobernador Mariano Arcioni, quien acaso intenta compensar el desprestigio de su gobierno con el apoyo de las corporaciones mineras.

La política oficial consiste en incentivar un nivel de represión nunca visto contra las manifestaciones que históricamente rechazan la megaminería por el daño ambiental y el empobrecimiento generalizado que implica, lo cual metió a la provincia en una espiral de violencia que no se sabe en qué puede terminar.  

“La manifestación en Rawson era de familias, muchas mujeres, y de golpe pasó lo que se ve otras veces: apareció un grupo que empezó a incendiar la casa de gobierno, y ahí arrancó la represión que no era contra esas personas, sino contra la manifestación en sí” explicó a lavaca Palicio Lada, con música de fondo de balazos y disparos de gas pimienta.  

Imagen enviada desde Chubut, de parte de la movilización en Rawson.

La situación de este jueves a la noche se correspondía con esa no-metáfora de la cacería: la policía buscando manifestantes aprovechando la caída del sol. El origen de la violencia, en cualquier caso, estuvo en la actitud oficial de aprobar la Ley a cualquier costo y sin información previa, confiando quizás en el hecho consumado y en que los diciembres tienen a la gente más estresada que de costumbre.

En Mendoza, en diciembre de 2019, se intentó lo mismo, y los diputados provinciales terminaron derogando la ley que ellos mismos habían votado una semana antes, para garantizar la paz social alterada por esa provocación legislativa, tal como ahora ocurre en Chubut.  

Rawson fue el foco más conflictivo hasta ahora. Las manifestaciones pacíficas, mayoritariamente conformadas por mujeres, según puedo verse, fueron sometidas a la represión policial posiblemente programada, premeditada, buscada y ejercida sin discriminaciones.

En lugar de pacificar, el gobierno de Arcioni redobla las provocaciones y la política de la violencia, lo cual hasta ahora solo exacerba los ánimos y demuestra en sí mismo la falta de legitimidad de lo actuado por el gobernador y un elenco de 14 diputados que de manera más que sospechosa trampearon la información para votar una ley pro minera sin intentar siquiera un debate serio que –obviamente, queda demostrado– no pueden sostener.

Hubo manifestaciones no solo en Rawson sino toda la provincia, incluyendo casos masivos en Comodoro Rivadavia y Esquel: en este último caso además el Concejo Deliberante emitió un rechazo a la ley sancionada a nivel provincial, y se comprometió a viajar en bloque a Rawson para reclamar ante el gobernador la derogación de la misma.

En la ruta 40, a la altura de Esquel, comenzaban también los cortes de ruta.

En el caso de Puerto Pirámides el Concejo Deliberante declaró personas no gratas a los 14 diputados que votaron a favor del proyecto de Zonificaciòn Minera 128/30, tanto del bloque  oficialista (supuestamente peronista), como del Frente de Todos e “Integrando Chubut”, del diputado macrista Sebastián López, el que fue captado por una cámara oculta hace un año, reconociendo lo que estaba cobrando (“100.000” dijo, se supone obviamente que eran dólares) por estar “en la rosca, lobby, lo que tenga que ver con el progreso y con destrabar cosas”, referido primordialmente al tema minero.

El diputado macrista López, tomado con cámara oculta, pedía 100.000, pero la generosidad de las mineras puede haber sido sumamente abarcativa y transversal.

Las grandes ciudades se movilizaron pero cuentan desde Chubut el caso de Paso del Indio, en la meseta, donde empleados y algunos vecinos pro mineros salieron a festejar la sanción de la ley y terminaron retrocediendo ante la salida a la calle de la comunidad para rechazar lo que están haciendo en la provincia. Esa salida, pese al miedo sobre todo laboral que genera la relación con el Estado (provincial y municipal), es tal vez el síntoma de la actitud que la ciudadanía de Chubut parece estar expresando, también en los pequeños pueblos.

Las manifestaciones en la calle son una expresión más de una actitud que en Chubut siempre intentó lograr soluciones por vía institucional. Algunos de los mayores eventos democráticos de este siglo en el país, ocurrieron en la provincia:

  • el plebiscito en Esquel de 2003, en el que el 81% de la ciudadanía rechazó el proyecto minero El Desquite, de la empresa Meridian Gold,
  • Y las dos Iniciativas Populares por la cual se reunieron firmas protocolizadas para activar el mecanismo constitucional que obliga a que los diputados debatan iniciativas presentadas por parte de la población, avaladas por el 3% del padrón electoral. En ambos casos, los proyectos de Iniciativa Popular fueron entre bastardeados e ignorados por los autopercibidos “representantes del pueblo”.

La historia de Chubut se está escribiendo, entre esa sed de más democracia, y la prepotencia nada democrática de las políticas del gas pimienta. En las calles de Rawson se pudieron ver dos pintadas que definen estos días: “Andate Arcioni” y una con memoria de hace 20 años: “Que se vayan todos”.

https://www.facebook.com/noalaminaesquel/videos/642186337140379

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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