Nota
Curar la lucha: Historia y presente de represión y ajuste en el Hospital Posadas
Por qué los despidos en el Hospital Posadas remiten a una memoria que duele. Cómo un proyecto de hospital abierto a la comunidad se transformó en una máquina precarizadora con el 85% de sus trabajadores contratados. Publicamos esta crónica en la edición de marzo de MU, en medio de la resistencia contra los 121 despidos de profesionales de salud de uno de los hospitales más importantes del país. Desde ese entonces, dos de los trabajadores que aparecen en este reportaje fueron echados, las cesantías ya superan las 200, el represor Luis Muiña (ex integrante de la patota SWAT que operó en el hospital en dictadura y a quien la Corte Suprema intentó beneficiar con el 2×1) fue condenado a perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el nosocomio y todas las semanas se realiza un abrazo simbólico en defensa de la institución, mientras las amenazas y la persecución continúan en medio del vaciamiento del hospital. El desguace es un golpe continuo a la salud pública: la Sociedad Argentina de Pediatría expresaron su “profunda preocupación”. La semana pasada, por ejemplo, renunció el cirujano Christian Kreutzer, a cargo del área y de la Fundación Posadas, junto a todo su equipo, por la imposibilidad de mantener un servicio digno tras el desguace de médicos, auxiliares y jefes de sectores. Aquí compartimos el artículo, para leer, ubicar y entender la historia y presente de represión y ajuste en el Posadas. Por Lucas Pedulla. Fotos de Nacho Yuchark.
Después de trabajar 15 años como enfermera en terapia intensiva, Cynthia Bernabitti se enteró por un mensaje de WhatsApp con una información caótica. Le decían que debía pasar por mesa de entradas. Que tenía que buscarse en dos listados. Y que si no estaba en ninguno, se considerara despedida.
Bernabitti no estaba en ninguno.
Luego supo que no era la única: tenía 121 compañeras y compañeros en las mismas condiciones: 19 eran delegados gremiales. “Tengo tres hijos”, dice ahora, con un pin sobre su guardapolvo blanco que dice «No a los despidos en el Posadas», un cuaderno en el que figura el contacto de cada uno de los despidos y apuntes sobre el fondo de lucha para sostener las medidas de fuerza. “¿Qué van a hacer después, cuando en una cama de terapia haya que pagar para mantener un pibe que se está muriendo?”, pregunta. “¿Hasta cuándo uno tiene que abandonar la salud que está brindando y la educación bajo la que se formó?”.
La pregunta recorre el laberinto Posadas.
Datos del monstruo
El Hospital Posadas tiene 22 hectáreas sobre Acceso Oeste, en la localidad de El Palomar, con siete pisos que cubren un área de influencia de 6 millones de personas. Por eso le dicen el “monstruo”.
Todos los trabajadores consultados por MU coinciden en que el ajuste comenzó a mediados del 2017 cuando el Hospital quiso extender la jornada laboral de Enfermería de 10 a 12 horas. Mirta Arceri, enfermera, despedida con 18 años en el Hospital: “Primero echaron a los compañeros de limpieza y tercerizaron el servicio. Luego, aumentaron la jornada laboral a los compañeros de vigilancia: no reaccionaron. Y, después, se metieron con Enfermería: ahí dijimos no. Hacemos 10 horas noche por medio, sábado, domingo, feriado, lo que haya, de 21 a 07: querían extenderla a 12 sin ningún franco. Eso es insalubre: después de 10 horas, por más que quieras, no tenés reflejos ni lucidez para nada”.
Bernabitti cuenta el reflejo de la Dirección: “Redujo salarios hasta un 80 por ciento. De un conflicto que iniciamos 150, quedamos 70: pasamos de cobrar 23 mil pesos a 4 mil”. Presentaron un amparo ante la justicia. En noviembre, la jueza Martina Isabela Forns, del Juzgado Federal N°2 de San Martín, falló a favor de los trabajadores y ordenó el reintegro de los descuentos. Bernabitti: “No sólo no se cumplió, sino que de los 122 despidos, 70 somos enfermeros”.
Los trabajadores se convocaron en asamblea al día siguiente de los despidos en el hall del Hospital: los recibió un despliegue de Gendarmería y Policía Federal con armas y escudos por los pasillos a la vista de todos los pacientes. Cristian Vega, enfermero del turno noche, cinco años en el Posadas, cuenta que fueron a pedir una asamblea al chalet de ATE Morón para tratar la urgencia. La respuesta no fue la esperada: además de quedarse en la calle tuvo que explicarle a sus tres hijos por qué volvió con fractura de órbita. “El secretario general, Darío Silva, le tiró un manotazo a una compañera. Un compañero intenta sacarla y se la agarran con él: lo tiran al piso, le pegan patadas. Lo intento sacar y calmarlos: ahí me como una piña en la cabeza. Yo soy afiliado de ATE: sólo iba a mi gremio para pedir que me defendieran”.
85 por ciento
Jimena Lettieri, trabajadora administrativa en el área de Higiene y Seguridad, describe un problema central: “El 85 por ciento de los 5000 trabajadores estamos contratados”. Mirta Arceri agrega: “Esta precariedad dio el pie para echarnos sin explicación ni indemnización. Y muchos están en una incertidumbre total. Cuando en 2016 echaron a 641 personas, algunos decían que eran ñoquis de la gestión anterior; hoy dicen lo mismo, pero mientras echan están tomando monotributistas sin experiencia y en condiciones laborales aún peores”.
Vega subraya otro de los focos de los despidos: “Son todos los que se negaron a perder algo”. Entre ellos, hay 17 delegados de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) y dos del Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS). Arceri recuerda: “El 13 de agosto de 2001 tomamos el Hospital y armamos un comité porque había una dirección que vino a vaciarnos. De La Rúa mandó a la Infantería y nos reprimieron con balas de goma. Quiero decir: todos los compañeros que echaron participaron en cada una de las reivindicaciones de todos estos años. Tenemos en claro por qué nos echan a nosotros: este Hospital tiene historia, tiene memoria y pelea desde esa memoria”.
Eso nos lleva a la otra puerta del laberinto.
Posadas abierto
Carlos Apezteguía tenía 27 años cuando entró en el Posadas en 1972. El monstruo había surgido como iniciativa de la Fundación Eva Perón con proyecciones del doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud en la historia Argentina, durante el peronismo. La planificación edilicia con espacios abiertos, bella arboleda y balcones de cara al sol estuvo orientada para la idea original del proyecto: atención de enfermos con afecciones pulmonares, respiratorias y, en especial, víctimas de tuberculosis.
El golpe militar de 1955 fusiló el sueño. Las nuevas autoridades lo reorientaron al desarrollo de “tareas de investigación” y, tres años después, el dictador Pedro Aramburu lo inauguró como Instituto Nacional de Salud (INS). En 1972, en presencia de otro dictador, Alejandro Lanusse, se inauguró como Policlínico Profesor Alejandro Posadas, en función de reorganizar las instalaciones como centro asistencial. Como en toda represión, hubo lucha: el 14 de junio de 1973, el personal médico y no médico declaró al Hospital en estado de asamblea permanente. Las exigencias: desplazar a la conducción heredada de la última dictadura militar, democratizar la toma de decisiones y abrir el Hospital a la comunidad.
“Las asambleas eran masivas”, recuerda Apezteguía, en aquel entonces coordinador del sector de Terapia Intensiva de adultos, hoy integrante del Comité de Bioética. “Se generó un ‘gobierno provisional’, una junta de seis personas que pertenecían a distintas áreas y a distintas orientaciones políticas, desde peronistas a comunistas. Duró unas semanas, hasta que el Gobierno designó al doctor Julio César Rodríguez Otero como director, elegido en la asamblea. Fue un momento de crecimiento y de apertura a la comunidad”.
María Fernanda Sabio, trabajadora del Comité de Bioética, recuerda que su padre y su madre, Julio Sabio y Alicia García Otero, eran parte de los profesionales del Hospital que salían al barrio. “Mis padres iban a la villa Gardel a buscar a los pacientes porque no se animaban a cruzar. Entonces decían: ‘Si ellos no vienen al Hospital, que el Hospital vaya a la comunidad’. Atendían pacientes, abrían consultorios. Y no era sólo una cuestión hospitalocéntrica: iban a hablar, a hacer campañas de salud, preventivas pero también de empoderamiento para que sepan cuáles eran sus derechos. Esto marcó la historia del Hospital: fue la causa de los hechos que sufrimos posteriormente en dictadura”.
La historia armada
El 28 de marzo de 1976, cuatro días después del Golpe de Estado, el general Reynaldo Bignone ocupó el Hospital con tanques, helicópteros y personal militar. “Parecía que venían a tomar un fortín”, recuerda Apezteguía.
Era domingo. “Se presentó una autoridad que después supe que era Bignone. No se identificó en ese momento. Nos dijo que tenían información de que era un hospital donde se realizaban actividades de atención a los subversivos. A la salida, a algunos nos detuvieron. Nos trasladaron en un patrullero a Coordinación Federal, lo que después fue la Superintendencia de Seguridad Federal, en Capital. Nos pusieron frente a un paredón, como de mármol, que tenía signos de balazos. Hicieron una ‘broma’ como que nos iban a fusilar”.
Los ubicaron en celdas individuales pero los cambiaron a una común a medida que fueron llegando más detenidos. Había obreros de otras empresas. ¿Y del Hospital? “Ese día habremos sido unos 4 ó 5. Pero luego continuaron las detenciones. A mi mujer, por ejemplo, la detienen al día siguiente. A medida que la gente fue ingresando el lunes, los detenían de acuerdo a listas que iban engordando cada día: había compañeros que no figuraban el lunes pero sí el martes. En esa celda, donde nos pusieron seis camastros, llegamos a ser más de 30 personas. Escuchábamos a los guardias que decían: ‘¿Más gente del Posadas? ¡No! ¡No hay más lugar!’”.
A muchos los fueron llevando a Olmos y a Devoto. Según Semblanzas, un libro editado por la Comisión de Derechos Humanos del Hospital, más de 50 profesionales fueron detenidxs entre el 28 y el 31 de marzo y trasladados a destinos desconocidos por tiempos variables: algunos estuvieron 5 días, otros 9 meses.
A Apezteguía lo liberaron casi una semana después. Se exilió con su familia en España. “La historia que ellos armaron, y de la que se hicieron eco algunos medios nacionales entonces, era que esto era un centro de atención de la guerrilla, que había quirófanos clandestinos y túneles secretos que conectaban el Hospital con la Gardel. Historias sin ningún fundamento”.
Crimen y castigo
Luego de la ocupación, el coronel médico Agatino Di Benedetto quedó a cargo del Hospital. En abril, lo sucede su par Julio Esteves, que organizó un sistema de vigilancia paramilitar coordinado por el subcomisario de la Policía Federal Ricardo Nicastro al mando de un grupo de policías exonerados de diversas fuerzas, conocido como SWAT. Uno de ellos fue Luis Muiña (el represor beneficiado por la Corte Suprema por el 2×1 en 2017). En noviembre del 76 comenzó una serie de secuestros que duró hasta comienzos de 1977. Algunos de ellos se produjeron dentro del hospital, como el caso de Gladis Cuervo, enfermera, una de las sobrevivientes: el 25 de noviembre del 76 la detienen en la dirección, la golpean, le tapan la boca, la tiran arriba de una mesa, la picanean. La imagen del horror se completa con que el grupo de tareas convirtió la casa del exdirector elegido en asamblea, Rodríguez Otero -desplazado, detenido y torturado-, en un centro clandestino de detención, conocido como “El Chalet”. Allí llevan a Cuervo.
Hay 11 profesionales del Posadas que continúan desaparecidos. Uno de ellos era Jorge Roitman, médico de terapia intensiva, cuyos restos fueron encontrados en noviembre del año pasado enterrados detrás de El Chalet, hoy convertido en casa de la memoria. Lo encontró un obrero mientras cavaba en medio de una obra.
Otro es Jacobo Chester, técnico en estadísticas y secretario administrativo de la guardia los fines de semana. Su hija, Zulema, es parte de la Comisión de Derechos Humanos del Hospital. Tenía 12 años cuando personal del Primer Cuerpo del Ejército entró en su casa en Haedo, se llevó a su papá y le dijeron que tenía que buscarlo en los zanjones. “Él entró en 1973, pocos después de que ingresara mi mamá. Vivíamos a 15 cuadras: el Hospital estaba en pleno apogeo convocando gente. Había una sensación de orgullo muy grande por trabajar en el Estado”. A su mamá le entregaron un certificado de defunción de un cuerpo NN encontrado en el Río de la Plata el 2 de diciembre de 1976, cinco días después del secuestro. “Un juez certificó con autopsia que era mi papá, pero nunca nos dieron ni vimos su cuerpo”.
Los crímenes del Posadas fueron parte de la histórica sentencia del Juicio a las Juntas en 1985. Allí declararon, entre otros, Chester y Apezteguía. En 2011, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Bignone, Muiña y al brigadier mayor Hipólito Mariani (jefe del área militar a cargo del Hospital) por los crímenes en El Chalet. La mayor parte de la cadena de mandos murió sin condena, como el caso de Esteves o Juan Máximo Coptelesa, integrante de la patota SWAT.
En este marzo de 2018 comienza una nueva causa, que juzgará sólo los crímenes de Roitman y Chester.
El sentido de las palabras
El regreso al Posadas de Apezteguía post exilio fue un día después del triunfo de Raúl Alfonsín en 1983. No perdió tiempo: creó la Comisión de Derechos Humanos, buscó a los sobrevivientes, contactó a los familiares y aportó pruebas a la CONADEP. ¿Qué significó entonces que la posibilidad de un 2×1 masivo a genocidas tuviera a Muiña, un exponente del terror dentro de su Hospital, como ícono de impunidad? Responde: “Una bronca terrible. Una sensación de frustración. No se puede tolerar. Pero la respuesta y la expresión popular masiva en contra de ese fallo fueron maravillosas. Claro que también repercutió aquí, a pesar de que mucha gente es nueva y no vivió esos hechos. En ese sentido, el hallazgo de los restos de Roitman fue conmocionante: es la evidencia más clara de que el horror ocurrió aquí y que él estaba aquí”.
Zulema Chester: “El compromiso que existió en aquella época en el Hospital era muy claro, y eso se mamaba desde el primer momento en que entrabas. Y si vos ves lo que está pasando con los despidos que ya fueron, con los que están por venir o con las personas que están jubilando, ves que lo que quieren cambiar es la esencia del Hospital”.
¿Cómo se responde a ese vaciamiento?
Mirta Arceri piensa. Y dice: “Cuando ves la historia, los compañeros que desaparecieron y pasaron por el centro clandestino eran compañeros que estaban peleando por lo mismo que nosotros. Había un proyecto que empujaba a construir una institución de salud gratuita y de calidad. Hay una memoria y un hilo conductor. Cuando en el 2001 entró la Infantería, en cinco minutos estaban todos, estaba el barrio, y decían: ‘Este es el Hospital Posadas’. Había un sentido en esas palabras. Lo hay. No es cualquier hospital. Para borrar eso tenés que sacar a toda esta gente de acá. No es casual que echaran a todos quienes, de alguna manera, hemos resistido. Estamos pagando un costo que nos honra pagar. No nos va a quebrar nadie porque sabemos por lo que estamos peleando. Y sabemos, también, que nada es eterno: esta gente en algún momento se va a ir de la gestión. Y los problemas van a continuar. La gente tiene que reaccionar y empezar a cambiar enserio. Bien, entonces: construyamos ya algo distinto”.
Portada
Hasta siempre, Mirta
Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.
Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.
Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.
Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.
Gracias, Mirta.
Presente, ¡ahora y siempre!
Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca
24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Nota
S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo
Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.
Por Francisco Pandolfi
Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan.
Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.
La salud de quienes cuidan la salud
Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020:
–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.
–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.
–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá.
Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil).
Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.
La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.
El sueldo más bajo de la historia
Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos.
Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”.
Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.
Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”.
Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.
Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.
El éxodo de trabajadores
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”.
Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.
Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”.
Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”.
Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”.
Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.
El ministro que nunca pisó el hospital
El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.
Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.
A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.
La resistencia
Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.
Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego.
Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.
Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.
Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.
Nota
Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial
La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.
Por Francisco Pandolfi
En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política.
Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.
No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Arrasa-miento
Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.
El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.
El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Jenefes, el patrón
De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.
Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Una peli de terror
El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.
Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.
Un puñado de kollas
La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.
La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”.
Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
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