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Curar la lucha: Historia y presente de represión y ajuste en el Hospital Posadas

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Por qué los despidos en el Hospital Posadas remiten a una memoria que duele. Cómo un proyecto de hospital abierto a la comunidad se transformó en una máquina precarizadora con el 85% de sus trabajadores contratados. Publicamos esta crónica en la edición de marzo de MU, en medio de la resistencia contra los 121 despidos de profesionales de salud de uno de los hospitales más importantes del país. Desde ese entonces, dos de los trabajadores que aparecen en este reportaje fueron echados, las cesantías ya superan las 200, el represor Luis Muiña (ex integrante de la patota SWAT que operó en el hospital en dictadura y a quien la Corte Suprema intentó beneficiar con el 2×1) fue condenado a perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el nosocomio y todas las semanas se realiza un abrazo simbólico en defensa de la institución, mientras las amenazas y la persecución continúan en medio del vaciamiento del hospital. El desguace es un golpe continuo a la salud pública: la Sociedad Argentina de Pediatría expresaron su “profunda preocupación”. La semana pasada, por ejemplo, renunció el cirujano Christian Kreutzer, a cargo del área y de la Fundación Posadas, junto a todo su equipo, por la imposibilidad de mantener un servicio digno tras el desguace de médicos, auxiliares y jefes de sectores. Aquí compartimos el artículo, para leer, ubicar y entender la historia y presente de represión y ajuste en el Posadas. Por Lucas Pedulla. Fotos de Nacho Yuchark.
Después de trabajar 15 años como enfermera en terapia intensiva, Cynthia Bernabitti se enteró por un mensaje de WhatsApp con una información caótica. Le decían que debía pasar por mesa de entradas. Que tenía que buscarse en dos listados. Y que si no estaba en ninguno, se considerara despedida.
Bernabitti no estaba en ninguno.
Luego supo que no era la única: tenía 121 compañeras y compañeros en las mismas condiciones: 19 eran delegados gremiales. “Tengo tres hijos”, dice ahora, con un pin sobre su guardapolvo blanco que dice «No a los despidos en el Posadas», un cuaderno en el que figura el contacto de cada uno de los despidos y apuntes sobre el fondo de lucha para sostener las medidas de fuerza. “¿Qué van a hacer después, cuando en una cama de terapia haya que pagar para mantener un pibe que se está muriendo?”, pregunta. “¿Hasta cuándo uno tiene que abandonar la salud que está brindando y la educación bajo la que se formó?”.
La pregunta recorre el laberinto Posadas.

Curar la lucha: Historia y presente de represión y ajuste en el Hospital Posadas

Foto: Nacho Yuchark

Datos del monstruo

El Hospital Posadas tiene 22 hectáreas sobre Acceso Oeste, en la localidad de El Palomar, con siete pisos que cubren un área de influencia de 6 millones de personas. Por eso le dicen el “monstruo”.
Todos los trabajadores consultados por MU coinciden en que el ajuste comenzó a mediados del 2017 cuando el Hospital quiso extender la jornada laboral de Enfermería de 10 a 12 horas. Mirta Arceri, enfermera, despedida con 18 años en el Hospital: “Primero echaron a los compañeros de limpieza y tercerizaron el servicio. Luego, aumentaron la jornada laboral a los compañeros de vigilancia: no reaccionaron. Y, después, se metieron con Enfermería: ahí dijimos no. Hacemos 10 horas noche por medio, sábado, domingo, feriado, lo que haya, de 21 a 07: querían extenderla a 12 sin ningún franco. Eso es insalubre: después de 10 horas, por más que quieras, no tenés reflejos ni lucidez para nada”.
Bernabitti cuenta el reflejo de la Dirección: “Redujo salarios hasta un 80 por ciento. De un conflicto que iniciamos 150, quedamos 70: pasamos de cobrar 23 mil pesos a 4 mil”. Presentaron un amparo ante la justicia. En noviembre, la jueza Martina Isabela Forns, del Juzgado Federal N°2 de San Martín, falló a favor de los trabajadores y ordenó el reintegro de los descuentos. Bernabitti: “No sólo no se cumplió, sino que de los 122 despidos, 70 somos enfermeros”.
Los trabajadores se convocaron en asamblea al día siguiente de los despidos en el hall del Hospital: los recibió un despliegue de Gendarmería y Policía Federal con armas y escudos por los pasillos a la vista de todos los pacientes. Cristian Vega, enfermero del turno noche, cinco años en el Posadas, cuenta que fueron a pedir una asamblea al chalet de ATE Morón para tratar la urgencia. La respuesta no fue la esperada: además de quedarse en la calle tuvo que explicarle a sus tres hijos por qué volvió con fractura de órbita. “El secretario general, Darío Silva, le tiró un manotazo a una compañera. Un compañero intenta sacarla y se la agarran con él: lo tiran al piso, le pegan patadas. Lo intento sacar y calmarlos: ahí me como una piña en la cabeza. Yo soy afiliado de ATE: sólo iba a mi gremio para pedir que me defendieran”.

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Foto: Nacho Yuchark

85 por ciento

Jimena Lettieri, trabajadora administrativa en el área de Higiene y Seguridad, describe un problema central: “El 85 por ciento de los 5000 trabajadores estamos contratados”. Mirta Arceri agrega: “Esta precariedad dio el pie para echarnos sin explicación ni indemnización. Y muchos están en una incertidumbre total. Cuando en 2016 echaron a 641 personas, algunos decían que eran ñoquis de la gestión anterior; hoy dicen lo mismo, pero mientras echan están tomando monotributistas sin experiencia y en condiciones laborales aún peores”.
Vega subraya otro de los focos de los despidos: “Son todos los que se negaron a perder algo”. Entre ellos, hay 17 delegados de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) y dos del Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS). Arceri recuerda: “El 13 de agosto de 2001 tomamos el Hospital y armamos un comité porque había una dirección que vino a vaciarnos. De La Rúa mandó a la Infantería y nos reprimieron con balas de goma. Quiero decir: todos los compañeros que echaron participaron en cada una de las reivindicaciones de todos estos años. Tenemos en claro por qué nos echan a nosotros: este Hospital tiene historia, tiene memoria y pelea desde esa memoria”.
Eso nos lleva a la otra puerta del laberinto.

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Foto: Nacho Yuchark

Posadas abierto

Carlos Apezteguía tenía 27 años cuando entró en el Posadas en 1972. El monstruo había surgido como iniciativa de la Fundación Eva Perón con proyecciones del doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud en la historia Argentina, durante el peronismo. La planificación edilicia con espacios abiertos, bella arboleda y balcones de cara al sol estuvo orientada para la idea original del proyecto: atención de enfermos con afecciones pulmonares, respiratorias y, en especial, víctimas de tuberculosis.
El golpe militar de 1955 fusiló el sueño. Las nuevas autoridades lo reorientaron al desarrollo de “tareas de investigación” y, tres años después, el dictador Pedro Aramburu lo inauguró como Instituto Nacional de Salud (INS). En 1972, en presencia de otro dictador, Alejandro Lanusse, se inauguró como Policlínico Profesor Alejandro Posadas, en función de reorganizar las instalaciones como centro asistencial. Como en toda represión, hubo lucha: el 14 de junio de 1973, el personal médico y no médico declaró al Hospital en estado de asamblea permanente. Las exigencias: desplazar a la conducción heredada de la última dictadura militar, democratizar la toma de decisiones y abrir el Hospital a la comunidad.
“Las asambleas eran masivas”, recuerda Apezteguía, en aquel entonces coordinador del sector de Terapia Intensiva de adultos, hoy integrante del Comité de Bioética. “Se generó un ‘gobierno provisional’, una junta de seis personas que pertenecían a distintas áreas y a distintas orientaciones políticas, desde peronistas a comunistas. Duró unas semanas, hasta que el Gobierno designó al doctor Julio César Rodríguez Otero como director, elegido en la asamblea. Fue un momento de crecimiento y de apertura a la comunidad”.
María Fernanda Sabio, trabajadora del Comité de Bioética, recuerda que su padre y su madre, Julio Sabio y Alicia García Otero, eran parte de los profesionales del Hospital que salían al barrio. “Mis padres iban a la villa Gardel a buscar a los pacientes porque no se animaban a cruzar. Entonces decían: ‘Si ellos no vienen al Hospital, que el Hospital vaya a la comunidad’. Atendían pacientes, abrían consultorios. Y no era sólo una cuestión hospitalocéntrica: iban a hablar, a hacer campañas de salud, preventivas pero también de empoderamiento para que sepan cuáles eran sus derechos. Esto marcó la historia del Hospital: fue la causa de los hechos que sufrimos posteriormente en dictadura”.

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Foto: Nacho Yuchark

La historia armada

El 28 de marzo de 1976, cuatro días después del Golpe de Estado, el general Reynaldo Bignone ocupó el Hospital con tanques, helicópteros y personal militar. “Parecía que venían a tomar un fortín”, recuerda Apezteguía.
Era domingo. “Se presentó una autoridad que después supe que era Bignone. No se identificó en ese momento. Nos dijo que tenían información de que era un hospital donde se realizaban actividades de atención a los subversivos. A la salida, a algunos nos detuvieron. Nos trasladaron en un patrullero a Coordinación Federal, lo que después fue la Superintendencia de Seguridad Federal, en Capital. Nos pusieron frente a un paredón, como de mármol, que tenía signos de balazos. Hicieron una ‘broma’ como que nos iban a fusilar”.
Los ubicaron en celdas individuales pero los cambiaron a una común a medida que fueron llegando más detenidos. Había obreros de otras empresas. ¿Y del Hospital? “Ese día habremos sido unos 4 ó 5. Pero luego continuaron las detenciones. A mi mujer, por ejemplo, la detienen al día siguiente. A medida que la gente fue ingresando el lunes, los detenían de acuerdo a listas que iban engordando cada día: había compañeros que no figuraban el lunes pero sí el martes. En esa celda, donde nos pusieron seis camastros, llegamos a ser más de 30 personas. Escuchábamos a los guardias que decían: ‘¿Más gente del Posadas? ¡No! ¡No hay más lugar!’”.
A muchos los fueron llevando a Olmos y a Devoto. Según Semblanzas, un libro editado por la Comisión de Derechos Humanos del Hospital, más de 50 profesionales fueron detenidxs entre el 28 y el 31 de marzo y trasladados a destinos desconocidos por tiempos variables: algunos estuvieron 5 días, otros 9 meses.
A Apezteguía lo liberaron casi una semana después. Se exilió con su familia en España. “La historia que ellos armaron, y de la que se hicieron eco algunos medios nacionales entonces, era que esto era un centro de atención de la guerrilla, que había quirófanos clandestinos y túneles secretos que conectaban el Hospital con la Gardel. Historias sin ningún fundamento”.

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Foto: Nacho Yuchark

Crimen y castigo

Luego de la ocupación, el coronel médico Agatino Di Benedetto quedó a cargo del Hospital. En abril, lo sucede su par Julio Esteves, que organizó un sistema de vigilancia paramilitar coordinado por el subcomisario de la Policía Federal Ricardo Nicastro al mando de un grupo de policías exonerados de diversas fuerzas, conocido como SWAT. Uno de ellos fue Luis Muiña (el represor beneficiado por la Corte Suprema por el 2×1 en 2017). En noviembre del 76 comenzó una serie de secuestros que duró hasta comienzos de 1977. Algunos de ellos se produjeron dentro del hospital, como el caso de Gladis Cuervo, enfermera, una de las sobrevivientes: el 25 de noviembre del 76 la detienen en la dirección, la golpean, le tapan la boca, la tiran arriba de una mesa, la picanean. La imagen del horror se completa con que el grupo de tareas convirtió la casa del exdirector elegido en asamblea, Rodríguez Otero -desplazado, detenido y torturado-, en un centro clandestino de detención, conocido como “El Chalet”. Allí llevan a Cuervo.
Hay 11 profesionales del Posadas que continúan desaparecidos. Uno de ellos era Jorge Roitman, médico de terapia intensiva, cuyos restos fueron encontrados en noviembre del año pasado enterrados detrás de El Chalet, hoy convertido en casa de la memoria. Lo encontró un obrero mientras cavaba en medio de una obra.
Otro es Jacobo Chester, técnico en estadísticas y secretario administrativo de la guardia los fines de semana. Su hija, Zulema, es parte de la Comisión de Derechos Humanos del Hospital. Tenía 12 años cuando personal del Primer Cuerpo del Ejército entró en su casa en Haedo, se llevó a su papá y le dijeron que tenía que buscarlo en los zanjones. “Él entró en 1973, pocos después de que ingresara mi mamá. Vivíamos a 15 cuadras: el Hospital estaba en pleno apogeo convocando gente. Había una sensación de orgullo muy grande por trabajar en el Estado”. A su mamá le entregaron un certificado de defunción de un cuerpo NN encontrado en el Río de la Plata el 2 de diciembre de 1976, cinco días después del secuestro. “Un juez certificó con autopsia que era mi papá, pero nunca nos dieron ni vimos su cuerpo”.
Los crímenes del Posadas fueron parte de la histórica sentencia del Juicio a las Juntas en 1985. Allí declararon, entre otros, Chester y Apezteguía. En 2011, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Bignone, Muiña y al brigadier mayor Hipólito Mariani (jefe del área militar a cargo del Hospital) por los crímenes en El Chalet. La mayor parte de la cadena de mandos murió sin condena, como el caso de Esteves o Juan Máximo Coptelesa, integrante de la patota SWAT.
En este marzo de 2018 comienza una nueva causa, que juzgará sólo los crímenes de Roitman y Chester.

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Foto: Nacho Yuchark

El sentido de las palabras

El regreso al Posadas de Apezteguía post exilio fue un día después del triunfo de Raúl Alfonsín en 1983. No perdió tiempo: creó la Comisión de Derechos Humanos, buscó a los sobrevivientes, contactó a los familiares y aportó pruebas a la CONADEP. ¿Qué significó entonces que la posibilidad de un 2×1 masivo a genocidas tuviera a Muiña, un exponente del terror dentro de su Hospital, como ícono de impunidad? Responde: “Una bronca terrible. Una sensación de frustración. No se puede tolerar. Pero la respuesta y la expresión popular masiva en contra de ese fallo fueron maravillosas. Claro que también repercutió aquí, a pesar de que mucha gente es nueva y no vivió esos hechos. En ese sentido, el hallazgo de los restos de Roitman fue conmocionante: es la evidencia más clara de que el horror ocurrió aquí y que él estaba aquí”.
Zulema Chester: “El compromiso que existió en aquella época en el Hospital era muy claro, y eso se mamaba desde el primer momento en que entrabas. Y si vos ves lo que está pasando con los despidos que ya fueron, con los que están por venir o con las personas que están jubilando, ves que lo que quieren cambiar es la esencia del Hospital”.
¿Cómo se responde a ese vaciamiento?
Mirta Arceri piensa. Y dice: “Cuando ves la historia, los compañeros que desaparecieron y pasaron por el centro clandestino eran compañeros que estaban peleando por lo mismo que nosotros. Había un proyecto que empujaba a construir una institución de salud gratuita y de calidad. Hay una memoria y un hilo conductor. Cuando en el 2001 entró la Infantería, en cinco minutos estaban todos, estaba el barrio, y decían: ‘Este es el Hospital Posadas’. Había un sentido en esas palabras. Lo hay. No es cualquier hospital. Para borrar eso tenés que sacar a toda esta gente de acá. No es casual que echaran a todos quienes, de alguna manera, hemos resistido. Estamos pagando un costo que nos honra pagar. No nos va a quebrar nadie porque sabemos por lo que estamos peleando. Y sabemos, también, que nada es eterno: esta gente en algún momento se va a ir de la gestión. Y los problemas van a continuar. La gente tiene que reaccionar y empezar a cambiar enserio. Bien, entonces: construyamos ya algo distinto”.

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La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares

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En esta nota de Tiempo Argentino el periodista Jonathan Raed reconstruye cómo fue la estafa encabezada por el Presidente y el cálculo de lo que ganaron los creadores. Cómo fue la curva de esta memecoin creada por una empresa con lazos con el gobierno nacional y de la Ciudad, las posibles consecuencias para la Argentina y para el propio Milei, que ya enfrenta varios pedidos de juicio político.

Jonathan Raed en Tiempo Argentino

Entre las 19:01 y las 00:38 de la noche del viernes 14 de febrero de 2025, el presidente de la Nación Javier Milei impulsó y promocionó una estafa virtual que afectó a miles de personas alrededor del mundo.

Fueron más de 5 horas y media en las cuales los más fieles seguidores libertarios rogaban a las fuerzas del cielo que se tratara de un hackeo a las cuentas de redes sociales del máximo responsable del Estado argentino. Ocurre que si no era un hackeo, era una estafa.

Sin embargo, no hubo hackeo. Primero, allegados al presidente lo confirmaron; luego, el propio Milei, quien acusó que «no estaba interiorizado» en lo que previamente difundió como un «incentivo a la economía argentina» y mantuvo como tuit fijado (una manera de destacar el posteo) durante el citado lapso de tiempo.

Los números de la estafa

Con la estafa ya consumada, Milei borró el posteo y acusó desconocimiento. ¿Cuántas personas fueron estafadas y por qué monto total? ¿Quién se llevó la plata? Estas preguntas no tienen por el momento una respuesta definitiva, pero sí hay cálculos estimativos.

Al desempeño de la criptomoneda, se le puede dar seguimiento minuto a minuto. Tras el anuncio de Milei, el valor el mercado virtual llegó a alcanzar los 5 dólares por unidad. Horas más tarde, se desplomó a menos de 1 dólar. En ese lapso, quien compró y vendió se hizo de un buen dinero.

En la jerga, se conoce a esta estafa como «rug pull«. Los que entran primero, ganan; los que quedan colgados, pierden. Los creadores de la cripto compran por montos mínimos su propia moneda; luego, buscan la forma de impulsarla (pagando a famosos que la promuevan, por ejemplo) y, una vez alcanzado el ingreso deseado de compradores, abandonan repentinamente para llevarse los fondos de los estafados.

Como la operación es anónima, no se puede saber (al menos, sin una investigación a fondo) quién compró y/o vendió. El propio Milei podría ser un operador o no. Es una cuestión de fe.

En las horas que duró la aventura, compraron $LIBRA más de 40 mil personas de distintas partes del mundo. Se movieron más de 1.500 millones de dólares. La moneda alcanzó una capitalización de casi 4 mil millones de dólares y, a la hora del «cash out (retirar el dinero)», los creadores/ganadores se llevaron entre 70 y 100 millones de dólares. Los especialistas en la materia, de hecho, coinciden en un número más concreto: 87.4 millones de dólares de ganancia, en un rato.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
El gráfico que compartió el usuario de X The Kobeissi Letter, especializado en los mercados de capitales globales, que explica el subidón de $LIBRA post tweet presidencial y el cálculo del monto de la estafa. En su cuenta dedica varios posteos al análisis del evento y lo caracteriza como «destructivo» y «una locura».

La gran estafa presidencial

Milei presentó la criptomoneda $LIBRA como un proyecto privado de inversión en empresas argentinas. Luego de la promoción del presidente, el valor de la criptomoneda se disparó, ya que aumentó en gran número la demanda; es decir, hubo fuertes compras de la misma.

El emprendedor, especialista en la materia y simpatizante de Milei, Santiago Siri, explicó: «Cuando Milei anuncia este proyecto, el 70 por ciento de las monedas está en manos de tres direcciones. Si abrís un proyecto para fomentar pymes, hay que hacer el proceso para que sea transparente. La gran mayoría de estas personas no sabemos quiénes son y hubo muchas desprolijidades en todo esto que se armó».

Los primeros compradores son usualmente los creadores de la moneda. «Compran» por 0 dólares y luego ven hasta dónde llega el valor. Usualmente, entre el 15% del total se encuentra en manos de los creadores; esta vez, fue el 70%, y en apenas 3 personas. «Vimos que sin poner un peso se llevaban cuatro o cinco o seis millones de dólares«, alertó Siri, en diálogo con Diario con vos, en AM 530.

«Milei es un fenómeno global y esta moneda tocó un techo de capitalización del mercado casi cuatro mil millones de dólares en cuatro horas, pero después en las siguientes cuatro horas se desplomó a casi cero. Milei lo hizo siendo presidente de la Nación y está obligado por la ley de ética pública a informar, a dar transparencia y datos sobre los hechos», completó.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
Milei con Julián Peh, el CEO de la empresa creadora de $LIBRA.

Las consecuencias para la Argentina

El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José «Pepe» Sbattella habló al respecto de la estafa con Te aviso con Tiempo, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo: «Implica una acción política de la UIF para saber cómo se movió la plata y mostrar qué fue lo que pasó con esto. Todo quedó registrado y, tanto acá como en otros lugares del mundo, las características de cumplimiento las fijan los organismos fiscales. Puede implicar que Argentina vuelva a integrar la lista gris».

«Todo lo que pase por acá puede ser sospechado de ilícito. Pone a la Argentina en un estado de vulnerabilidad para que se convierta en un paraíso fiscal y libertinaje financiero. Las reservas de Argentina ya están depositadas en Londres, los activos ya pasaron a estar en una jurisdicción que es el corazón de la city global. Argentina ya se entregó a que los desastres que produzca la administración Milei tienen una garantía de que las reservas están en otra jurisdicción», alertó Sbatella.

Finalmente, completó: «Tiene que haber juicio político y pedido con sentencia final. Esto no es normal, que un presidente incentive la compra de una cripto y en horas se convierte en una estafa. Todo el camino se puede ver y los beneficiarios finales pueden ser identificados. Por eso, hay que pedir el juicio político».

Los lazos de Milei con la empresa creadora de $LIBRA

La empresa que desarrolló $LIBRA -la cripto de la estafa que tuvo al presidente argentino como impulsor- se llama KIP Protocol y mantiene aún los posteos de lanzamiento de la moneda. La empresa, creada en 2019, salió a desligar a Milei de la acción y no dio mayores explicaciones, al igual que el propio Milei.

KIP Protocol mantiene acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires y en octubre último sus directivos mantuvieron reuniones con el presidente Milei, y hasta se compartieron imágenes del encuentro, en el marco del Foro Tech de Argentina.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
La empresa creadora de $LIBRA tiene lazos, también, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares

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“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional

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Una reunión informativa convocada por diputadas y diputados reunió a distintas voces del colectivo travesti trans, que planteó sus posturas, miradas y críticas hacia el rol del Estado mucho antes de los ataques del Poder Ejecutivo. Qué dijeron Cristina Montserrat Hendrickse, Gabriela Mansilla, jóvenes del colectivo El Teje, Florencia Guimaraes, y el contundente discurso de Marlene Wayar: un diagnóstico crudo de una situación históricamente vulnerable, gobiernos progresistas mediante, y la defensa ante los actuales ataques libertarios. Tratamientos médicos, DNI, discriminación diaria, social, laboral, la deuda con “las viejas”, y la pregunta a los anfitriones: «¿Qué van a hacer?»

La Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación realizó ayer una “reunión informativa” para escuchar al colectivo travesti trans tras los ataques sufridos por parte del Poder Ejecutivo.

Mónica Macha (UxP), presidenta de la Comisión, enumeró el temario del día:

  • El estado del cupo laboral travesti trans. 
  • Las consecuencias de los discursos y prácticas de odio y persecución. 
  • La preocupación por el acompañamiento a niñeces y adolescencias trans, a raíz de los cambios impulsados en la Ley de Identidad de Género. 

“Es importante poner en palabras, en relatos personales, una respuesta que ya dio la sociedad argentina en la calle el 1 de febrero”, dijo el diputado Esteban Paulón (EF), vicepresidente de la Comisión, en relación a la masiva Marcha Antifascista y Antirracista. 

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Mónica Macha y Paulón fueron los diputados que convocaron a la comunidad. Debieron escuchar también críticas hacia las relaciones institucionales de sus espacios con el colectivo travesti trans. Foto: Diputados

Luego, durante casi cuatro horas, diputados y diputadas de la mayoría de todos los bloques excepto de la Libertad Avanza, escucharon treinta y seis exposiciones de activistas, militantes, intelectuales, referentes de partidos políticos, de organizaciones sociales y sindicales, profesionales de equipos de salud, familias y adolescencias trans. 

Estas son algunas de las voces que se escucharon.

Discriminación, DNI y “el mundo va a seguir pariendo trans”

“Coordino dos grupos de jóvenes que me preguntan: ahora qué hacemos. Hemos decidido continuar con la atención, hay un principio en medicina que es no abandonar a quien nos consulta y no dañar, y esta decisión daña a las personas transgéneros”, dijo Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgénero del Hospital Durand, que también cuestionó la formación médica que siga formando profesionales cisgéneros. 

La abogada Cristina Monserrat Hendrikse, militante trans y funcionaria del fuero bonaerense, quien escribió una nota en lavaca tras la publicación de DNU  62/2025 del gobierno que busca modificar la Ley de Identidad de Género, comenzó su exposición explicando que “un DNU es la decisión única de un monarca que da su opinión y sin escuchar a otros toma su decisión de forma unilateral, cuando las reglas que gobiernan una sociedad democrática son el fruto del debate y de la escucha. 

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Cristina Montserrat Hendrickse. Foto: Lina Etchesuri

Luego preguntó: “Si un adolescente de entre 13 y 16 años puede acceder a un tratamiento médico con autorización de sus padres, ¿por qué no lo puede hacer un niño o una niña trans? Evidentemente es discriminación a nuestro colectivo”. Cristina terminó su intervención interpelando a diputados y diputadas presentes: “No sé los señores legisladores qué van a hacer con este DNU, si lo van a confirmar o lo van a desechar, solo les voy a recordar que hace 3500 años el señor Moises escribió el Deuteronomio y nos prohibió, y todavía estamos acá. Hagan lo que hagan, aunque me maten, aunque nos maten a todas, la naturaleza, la biología, va a seguir pariendo trans”. 

“He parido una hija que me puso en este lugar, que me enseñó a luchar, que me puso en conocimiento de toda esta comunidad que hoy no debería estar acá discutiendo lo que ya discutimos. No quiero que las niñeces aprendan a resistir lo que la comunidad adulta le tiene que garantizar”, dijo Gabriela Mansilla, de la Asociación Civil Infancias Libres y mamá de Luana, la primera niña en recibir DNI con su género autopercibido en el mundo. Entre lo que se está la mira del gobierno se incluye el DNI no binario y la rectificación de partidas de nacimiento. “Lo más importante es que pueda salir una respuesta para contestar esto – siguió Gabriela-. No estoy acá para decir palabras que emocionan, estamos exigiendo derechos. Tenemos niñeces que tienen miedo de salir a la calle. Por más que intenten lo que intenten, primero para tocar a mi hija, y para tocar a un montón de otras niñeces van a tener que pasar por delante de sus mamás, y les vamos a dar batalla”. 

La voz de la adolescencia trans también estuvo presente a través de Manuel Sinde, de la Organización Adolescencias Trans “El Teje”, quien leyó una carta que escribieron colectivamente contando que tienen miedo, impotencia y ansiedad. “También queremos aclarar que todas esas personas que salen a hablar mal de nosotres y dicen que nos obligan a ser personas trans, son personas que nunca en su vida hablaron con una infancia o adolescencia trans, que nunca tomaron el tiempo de conocer nuestras vidas, nunca nos dieron el lugar, y siempre hablaron desde la ignorancia y el odio, queremos que se nos escuche”, leyó. Manuel aclaró respondiendo al presidente: “Las personas trans no somos ni hormonas ni cirugías nada más: somos mucho más”. 

También participó Cero, que llegó desde La Matanza y leyó una carta de otro varón trans adolescente que no quiso ir por miedo: “Yo, antes de mi transición, me sentía incómodo con mi cuerpo, aspectos como mi voz, mi busto o el hecho de menstruar eran algo que no sentía propio de mí; y gracias a la comprensión, amor y cariño de mis padres y mi familia, fue que pude sentirme bien con empezar el tratamiento”. Junto a Cero llegó Lautaro, adolescente trans, que complejizó recordando los altos niveles de pobreza en la actualidad, las dificultades para tener trabajo registrado, y “ni hablar de tener que pagar hormonas o querer vivir solo en un futuro”. 

Entre quienes hablaron también estuvo Vanessa Di Cecco, que hace unos días sufrió en Cañuelas que un hombre que la venía hostigando le prenda fuego su casa, la de su esposa y la de su hija. “Todo fue incendiado y destruido por el fuego y por el odio. Hicimos la denuncia ese día pero no se inició ninguna investigación hasta que no fuimos a los medios”. El hombre que incendió la casa y luego se fue caminando tranquilo sigue prófugo.  

La activista y militante Florencia Guimaraes recordó por su parte las deudas históricas que hay con el colectivo travesti trans para no creer que los últimos años fueron “de ensueño” y ahora con un gobierno de derecha todo cambió. Hubo quienes les dijeron a les adolescentes que no tengan miedo. 

Egos, política y “¿qué es lo que van a hacer?”

Cuando tomó la palabra la activista y pensadora Marlene Wayar, rompió con una pregunta: “Siempre me parece que venimos a aplaudirnos las unas a las otras. Yo pensé que era para trabajar, ¿cuál es la acción?. Esto es levantar nuestros egos, ¿qué es lo que vamos a hacer?”. La presidenta de la Comisión Mónica Macha le contestó que en principio es poder tener un espacio en la Comisión donde están representados todos los bloques y si no estuviera sería un silencio que no está bueno. Marlene retrucó: “Ellos se aplauden a sí mismos a ver quien tiene el tweet más violento, y nosotros quien es la más romántica: es exactamente la misma mecánica. Si algo demostró la marcha es que hay que seguir con la acción y son ustedes que están con asesoría legal, con legislación comparada quienes nos tendrían que haber dicho ‘el camino nos parece por acá, necesitamos que apoyen esto’. Vinimos a  Diputados, sino tenemos la asamblea en una plaza y todo bien. ¿Ustedes cómo van a aportar? ¿Cómo les van a exigir a sus partidos que no nos vuelvan a dejar tiradas? ¿Qué van a hacer ustedes más allá de servirnos un cafecito? Esto ya se hizo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: nos invitaron a doscientas cincuenta mil reuniones que no llegaron a nada, fueron muriendo nuestras viejas una a una”

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Marlene Wayar, activista travesti trans e impulsora de la Ley de Reparación Histórica, fue una de las oradoras. Foto: lavaca

Siguió: “La corrección política es perfecta y sumamente vacía, estoy dolida de la falta de reacción que tienen y de lo fácil que caen en el egocentrismo de venir y sentirse hermosas acá en Diputados, ¿para qué estamos acá? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué diablos estamos acá?, que encima estamos arriesgando el trabajo porque a las dos de la tarde estamos en horario laboral, en un trabajo policíaco en estos momentos. Entonces, estoy arriesgando mi puesto laboral de dos mangos por cincuenta para estar acá para hacer nada, para lamernos el ego”. 

Esteban Paulón explicó que denunció penalmente al presidente, que acompaña distintos pedidos que se hizo de inconstitucionalidad del DNU, y que se está acompañando los debates y las marchas. “Lo de hoy es que pudiéramos tener en estos espacios las voces de las personas que por lo general no tienen voz”, dijo y destacó la presencia de distintos bloques en la escucha. “Bienvenidas todas las ideas para hacer más efectiva nuestra tarea en el parlamento”. Macha explicó que en el periodo de sesiones extraordinarias no se pueden tratar proyectos por fuera del temario establecido por el Ejecutivo, por eso la reunión fue informativa. “Creo que es importante las voces que se están escuchando acá, y cada compeñeres que está tomando la palabra responde a invitaciones de distintas diputadas”. 

Las intervenciones de quienes fueron a exponer y luego de algunos diputados y diputadas  siguieron durante dos horas. Aún está por verse si logran articularse acciones desde el Poder Legislativo construyendo consenso mayoritarios en un Congreso agrietado que ya está en modo campaña. Hacia el final se propuso hacer un proyecto de nulidad absoluta del DNU, intentar que se firme por la mayoría de los bloques, y tratarse en las próximas sesiones. 

Por ahora, la pregunta sigue latente: ¿qué van a hacer?

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Contra los incendios y la desinformación: sobre la caza de brujas en la Comarca Andina

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La policía provincial, fogoneada por el gobierno local y nacional, detuvo a 12 personas al voleo y sin pruebas como supuestas responsables de los incendios que ya consumieron más de 25 mil hectáreas en la zona. Se trata de vecinas y vecinos que se encontraban conteniendo las llamas o que tienen apellidos mapuche. Frente a la comisaría, una movilización que reclamaba la liberación de estas personas sufrió además el amedrentamiento de una patota ligada al magnate Joe Lewis (uno de sus integrantes, empleado del municipio y cercano al intendente). La policía los dejó actuar sin hacer nada. Lo que hay detrás de esta operación político-mediática: fake news para romper la organización, persecución social, proyectos de extractivismo y entrega de territorios. “El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos, en los territorios y en las calles”, dicen algunas personas que prefieren no dar el nombre pero testimonian en esta nota, explicando todo lo que pasó y sigue.

Por Francisco Pandolfi

Mientras se queman los bosques y la montaña y los valles y las casas, y los animales, empezó una caza de brujas en Chubut y en Río Negro. Una caza de personas que justamente combaten a un fuego que sigue ardiendo en cinco grandes incendios. Que ya quemó más de 25 mil hectáreas. Que ya se llevó una vida: Ángel Reyes, de 84 años. Que ya arrasó con más de 200 viviendas en la Comarca Andina. Y que ya tuvo por lo menos 12 detenidos, al voleo, sin pruebas, y con el cargo de “incendio doloso” (dos de esos detenidos fueron inmediatamente liberados por falta de pruebas).

La persecución que en las últimas horas escaló al extremo, con el Estado sembrando en la población un estado de terror.

Frente a esto: la autogestión. El poder de las comunidades organizadas, ante todos los otros poderes.

Miente, que algo queda

Para entender este presente basta con hacer memoria a no tan largo plazo para comprender un mismo modus operandi. 

“La historia se repite”, decía Hegel. “La historia ocurre dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa”, dijo Marx.

Todos los años ocurren enormes incendios forestales, y según estadísticas oficiales más del 95% son provocados por la acción humana. En enero de 2024 se quemaron casi 7 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. A las horas de su inicio, el gobernador Ignacio Torres responsabilizó a la comunidad mapuche Paillako, tomando la línea de Patricia Bullrich, es decir del gobierno nacional. Pasó un año y no se encontró ni una sola prueba en contra de la comunidad, pero el ataque allanó el terreno que derivó en el desalojo de la lof a comienzos de este 2025. El déjà vu aparece cuando el último miércoles el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó que habían sido detenidas tres personas. Este jueves, se sumaron por lo menos 9 detenciones más, según el registro de distintas asambleas que ya no solo deben contar la hectáreas quemadas. 

La patota

Iván González es docente de biología, comunicador en la FM Radio Alas y vecino de Lago Puelo. Ahora está en El Bolsón, combatiendo el fuego y la desinformación. “Las personas a quienes están deteniendo son las que arriesgaron su vida por apagar los incendios. Ni bien nos enteramos de las primeras excarcelaciones nos movilizamos a la puerta de la Comisaría 12, de El Bolsón, para exigir su liberación, cuando de repente llegó una patota montada en caballos que vino directamente a agredirnos. Vimos peligrar nuestra vida, rodeados por mucha gente armada, con cuchillos, palos, amenazándonos de muerte todo el tiempo, aplaudiendo y gritando ‘viva la patria’, ‘mátenlos’. Fue una situación muy violenta”. La policía se destacó por su sospechosa inacción.

Iván explica que, ante las persecuciones, tienen dos estrategias: salir a hablar sin dar nombres propios, o hacer lo opuesto y que sea la exposición el paraguas que los proteja. El anonimato es la opción que elige un vecino de la localidad chubutense de Golondrinas, por una cuestión vital: “Quiero seguir viviendo”. Pone en contexto esa tremenda frase: “Están haciendo un operativo cazando gente; ayer a una amiga que lo único que hizo fue apagar llamas, le allanaron su casa; a otro flaco que por su apellido es del pueblo mapuche, lo levantaron de la puerta del supermercado y se lo llevaron, montando pura espectacularidad”. Agrega un dato clave sobre el grupo parapolicial que el miércoles llegó a caballo a amedrentar en la puerta de la comisaría: “Responde a Joe Lewis (magnate británico dueño de una estancia de 8 mil hectáreas que rodea el Lago Escondido). Lewis, Pogliano (intendente de El Bolsón) y Weretlineck son la misma cosa”. Uno de los integrantes de la patota es empleado del municipio encabezado por Pogliano.

El relato

Nelson Ávalos integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), región Noroeste de Chubut. La conversación con lavaca se pospone una y otra vez porque las detenciones aumentan con el correr de las horas. Entre audiencia y audiencia de la formulación de cargos a los detenidos, finalmente explica: “Mientras la gente arriesga su vida y encima la detienen, los gobernadores de Río Negro y Chubut, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, están creando un relato sobre que los incendios (Mallín Ahogado, Epuyén, Trevelín, la comunidad Nahuelpan y el Pedregoso) son producto de una sola causa: una organización que se dedica a realizar actos terroristas para incendiar todo, vinculando siempre al pueblo mapuche tehuelche. Y ahora intentan sumar a gente que voluntariamente busca apagar el fuego”. 

Nelson dice que es muy complejo lo que están viviendo, que es muy difícil de sintetizar. Y subraya lo que cree fundamental poner en evidencia: “El relato de los gobiernos busca justificar que se instale en la región un estado de militarización. Hace unos días, Torres y Bullrich presentaron el Comando Unificado para combatir a ‘las fuerzas terroristas de la Comarca Andina’, y para eso desembarcaron las policías provinciales, la Federal, la Gendarmería, la Prefectura y el Ejército, además de los servicios de inteligencia”. Avalos deduce qué hay detrás: “Proyectos de extractivismo y entrega de territorios a la voracidad de capitales nacionales e internacionales”.

Sobre las detenciones: “La investigación la lleva el fiscal (Francisco) Arrien y se están llevando a cabo las audiencias de formulación de cargos por incendio doloso. Yo creo que mañana estarán todos liberados, porque esto forma parte de un circo de la Justicia y del poder político, para no ir hacia las verdaderas causas que originaron el fuego”.

El Estado de las cosas

“Estamos muy preocupados”. Del otro lado del teléfono habla Viviana Moreno, referente histórica de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel. “Hay incendios locales en todos lados, todos los días. Se logran apagar enseguida porque estamos atentos. Son intencionales, porque son de madrugada”, dice. La voz se pone más tensa: “Estamos desesperados, anoche hubo otro incendio en un barrio. Esto que ocurre es una locura. Ya se están haciendo planes de evacuación de los barrios más inmersos en el bosque nativo”. 

Para Viviana, el fuego es el resultado final de una combinación explosiva de factores: un abandono del Estado de los bosques comunales, que deben ser limpiados, raleados sistemáticamente y no sucede; las plantaciones de pinos como monocultivo, altamente combustibles; el cambio climático: altas temperaturas impensadas años atrás, sequía y vientos fuertísimas; y la falta de equipamiento y la precarización laboral de los brigadistas que combaten los incendios forestales”.

Hernán Mondino integra la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencia (ICE) del Parque Nacional Los Alerces. Da un marco de la situación: “Pedimos 15 compañeros para reforzar la temporada e ingresaron solamente seis. Y encima, por la política general de gobierno renunciaron cuatro. A esto se suma que los brigadistas tenemos contratos laborales de tres meses. O sea, los números son siempre negativos y de esa política hay responsables concretos que se llaman a silencio. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego ahora depende de Patricia Bullrich y en este contexto que vivimos Parques Nacionales sigue despidiendo gente. Estas responsabilidades se quieren ocultar buscando chivos expiatorios o culpables efímeros para desviar lo que realmente pasa”.

El vecino de Golondrinas que pide reserva de su nombre recuerda que desde el catastrófico incendio de 2021, aún hay gente que sigue sin agua, cuatro años después. También dice que sólo en enero, ya debió apagar cuatro veces el fuego iniciado por el chisporroteo de cables y por la quema de transformadores. “Cuando hay viento, están cortando la electricidad, porque saben que eso puede generar más incendios, lo que refleja la falta de inversión. Como no pueden resolver los problemas de infraestructura, por no haber inversión estatal, acusan al pueblo de terrorista, cuando son los gobiernos quienes están generando políticas de terror a favor de sus negociados”. 

Agrega Nelson Ávalos, de la APDH: “Acá se juegan intereses que trascienden a los incendios y se está utilizando el desastre para allanar el camino. Queda demostrado la complicidad estatal con lo que pasó el miércoles con esa patota y la impunidad con la que se movieron: cometieron un delito en flagrancia, a los ojos de la policía, que no hizo nada. Es evidente que su accionar fue avalado y que busca, generando desconfianza, romper un tejido social, una solidaridad de hermandad construida en toda la Comarca”.

La autodefensa de la autogestión

Hay dos movimientos que están sucediendo al mismo tiempo: la persecución, por un lado, y la organización popular que crece cada día un poco más. Iván González, vecino de Lago Puelo, reflexiona: “Todas las acciones que se están haciendo desde los gobiernos son conducentes a desarticular la red comunitaria que se formó para luchar contra los incendios y crear enemigos internos como el pueblo mapuche. El crecimiento inmobiliario en El Bolsón hace que la ciudad casi ya no tenga dónde crecer, porque es un valle encajonado, y entonces se pretende avanzar con loteos inmobiliarios hacia los lugares rurales, justamente como es la zona de Mallín Ahogado”. Iván suma un elemento: “La aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) vino a acelerar la realización de proyectos mega turísticos hoteleros y mineros, en un territorio donde hay una resistencia importante a que no talen los bosques, donde hay muchos productores apostando a la agroecología, donde en definitiva existe un obstáculo importante para sus proyectos urbanizadores”.

Y suma otro más: “A ellos les molesta que haya gente organizada contra sus planes, todos articulados por Joe Lewis. De hecho, es muy sospechoso que el incendio en Mallín Ahogado haya empezado pocas horas antes de lo que iba a ser la novena marcha hacia Lago Escondido, que año tras año visibiliza que se trata de un lago usurpado por un empresario”.

Iván pide no desviar el foco principal: apagar el fuego. “Intentan meter miedo y romper nuestra organización, mientras las llamas siguen descontroladas en la montaña, en las laderas, y ayer ya ni había aviones hidrantes volando. Entonces, si esperamos que 100 brigadistas de los servicios estatales –en un estado de cansancio total, con unas viandas deplorables y casi sin nafta para el uso de motobombas–, apaguen estos incendios no va a ocurrir hasta dentro de varios meses. El desfinanciamiento se traduce en la poca capacidad operativa del Estado para apagar el fuego. Ni hablar cuando hay varios fuegos en simultáneo, como ahora, que son cinco. Los mismos jefes del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) y todas las brigadas, reconocen que están con una frazada corta, que sacan de un lado y ponen en otro, que mueven aviones de un incendio al otro y no logran apagar ninguno. Por eso, no nos queda otra que las brigadas de vecinos voluntarios estemos de pie, que hoy cuadriplicamos en cantidad a quienes conforman los servicios estatales. La organización es muy grosa, hay muchísima gente participando”.

Existen roles bien marcados. Están quienes van al frente de la batalla contra el fuego; quienes organizan las viandas –hay un montón de cocinas y en cada una hay siete personas en cada turno–; están quienes se encargan de distribuir la comida; hay gente que organiza los animales; otro equipo ya pensando en la reconstrucción de las casas; uno más, imaginando cómo hacer las estufas para las nuevas viviendas; y otro, ideando cómo volver a reforestar, si con bolitas de arcilla o semillas. Plantea Iván: “La organización de autodefensa es enorme. Y apuntan a derribarla. Por eso estamos repitiendo un versito, que no es ningún verso, y es que a la represión, a su cacería y a los incendios, los combatimos con apoyo mutuo, con cuidados, con autogestión. El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos en los territorios y en las calles”.

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