Nota
Denuncia del MOCASE: otro muerto por el modelo sojero
Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos. Por Darío Aranda.
Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta. “Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado”, denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es “el agronegocios” y exigió al gobierno nacional “acciones contundentes” para frenar la violencia en el campo. “La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó la dirigente del Mocase-VC.
Miguel Galván integra el Mocase-VC, es parte del Pueblo Lule-Vilela y trabaja junto a su hermano Rafael en el mismo territorio donde siempre vivió con su familia. A mediados de este año comenzaron a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indígenas.
En un comunicado, el Mocase-VC explicó ayer que las familias del Simbol “venían siendo hostigadas por sicarios de la Empresa Agropecuaria Lapaz SA de Rosario al Frontera (Salta), quien pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela”. Los Galván no permitieron que la empresa avance sobre sus parcelas y, el 15 de septiembre, comenzaron el relevamiento territorial estipulado en la Ley 26160 de Emergencia Territorial (sancionada en 2006, prevé realizar un catastro de todos los territorios indígenas y suspende los desalojos).
A fines de septiembre se intensificaron las agresiones y el empresario Facundo León Suárez Figueroa, a cargo de Lapaz SA, denunció por “usurpación” a los hermanos Galván. El motivo está explicitado en el expediente judicial: “Lote 4, departamento de Copo, 1622 hectáreas”, zona pretendida para soja y maíz transgénico.
Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, resume el desenlace: “Los compañeros defendían el territorio, se la hacían difícil al empresario y a sus matones, entonces Riso se llegó a la siesta, lo encontró solo al Miguel cuando daba agua a los animales, y lo acuchilló”.
Carrizo denunció que, hasta la 20 de ayer, el acusado aún no había sido detenido.
Muerte anunciada
“Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”. Fue el título del comunicado, del 16 de septiembre, del Mocase-VC. En nueve párrafos, el movimiento campesino recordó que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra , de 23 años (16 de noviembre de 2011) había alertado sobre la violencia en el norte provincial. “Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en el mismo escenario de muerte y violencia”, advirtió la organización hace tres semanas.
“Brillaba por su ausencia el gobierno provincial, que no intervino y permitió que las fuerzas paramilitares de los sojeros se llevaran la vida campesina”, denunció el Movimiento. Y puntualizó “dos hechos que no terminaron con la muerte de nadie pero fueron dos ‘Cristian Ferreyra’”. Recuerda que en en diciembre de 2011 balearon en el pecho a Néstor Palacios, campesino que junto a su comunidad resistió el avance de una empresa agropecuaria de Tucumán.
El otro caso, el 1 de julio de 2012, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. “El empresario Saa llevó un grupo armado al mando de José Palavecino para intentar apoderarse del campo comunitario de diez familias campesino indígenas de los parajes de Choya, Vinalito, Vinal Macho y Dos naranjos (muy cerca del Simbol). Luego de una semana de amenazas con armas de fuego, le dispararon a la altura del pecho al campesino Sixto Ruiz, en otro caso que sólo por suerte no terminó con la muerte del poblador. A pesar de esto, la policía salteña continúa en el lugar sin permitir el ingreso de las familias al campo comunitario, prestando adicionales para el empresario”, precisaba el comunicado de septiembre pasado.
Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba: “Hoy, entrando en la recta final del 2012, volvemos a denunciar lo que está ocurriendo, y vemos con mucho temor que se vuelva a repetir lo del año pasado (… ) En el Norte de Santiago del Estero y en el sur de Salta hay olor a pólvora, es nuevamente una zona liberada y caliente. Zona Roja. Y desde este medio, comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de los más olvidados, los más desprotegidos por las fuerzas de seguridad, pero protegidos por formar parte de una organización que nuclea mujeres y hombres, sujetos históricos, que no van a permitir que se avasallen los derechos de los campesinos y de los indígenas. Campesinos e indígenas que desde siempre y para siempre, amarán y cuidarán la tierra, su territorio”.
Proyecto cajanoeado
El 19 de abril de 2011, en Buenos Aires, una decena de organizaciones campesinas hicieron público un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Trabajado durante un año y producto del consenso, el proyecto solicitaba detener los desalojos durante cinco años e instaba a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La fundamentación del proyecto cuestionaba al modelo extractivo, denunciaba el avance minero y los agronegocios. Los sindicaba como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innovó al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Proponía una mirada integral de la problemática de tierra, instalaba una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.
Fue consensuada y presentada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), el Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Nacional Campesino (FNC) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares.
Había pasado casi todo 2011 y ningún legislador había ingresado el proyecto en el Congreso Nacional.
El 16 de noviembre asesinaron a Cristian Ferreyra.
El 18 de noviembre hubo una masiva marcha en Capital Federal. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI –donde el Mocase-VC es una de las organizaciones de base) enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional.
Una semana después, el 25 de noviembre, el MNCI se movilizó hasta el Congreso Nacional junto al Frente Transversal, la Cámpora, el Movimiento Evita, la CTA oficialista y Nuevo Encuentro, entre otras organizaciones kirchneristas. El proyecto de ley de freno a los desalojos fue ingresado con la firma de los legisladores kirchneristas Diana Conti, Carlos Heller, Edgardo Depetri, Martín Sabbatela e Inés Pilatti.
A casi un año de su ingreso al Congreso, y con el kirchnerismo con mayoría en ambas cámaras, aún no fue tratado el proyecto para frenar los desalojos campesinos.
“No pueden seguir esperando que se derrame más sangre. Sabemos que no es la solución de fondo, pero esa ley no se puede demorar más, es la ‘Ley Cristian Ferreyra” y ahora también ‘Ley Miguel Galván’. No la pueden demorar más”, reclamó Carrizo, del Mocase-VC, y anunció que hoy jueves al mediodía el MNCI se movilizará al Congreso para exigir la aprobación de la ley.
Avances
En marzo de 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem aprobó la soja transgénica con uso de glifosato, la oleaginosa ocupaba seis millones de hectáreas. Devaluación mediante, en 2003, ya abarcaba 11 millones de hectáreas. La última campaña, el Ministerio de Agricultura celebró que llegue a 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), presentado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, planifica llegar en 2020 a las 160 millones toneladas de granos (un 60 por ciento más de la actual cosecha), con un 20 por ciento más de soja.
En sus 180 carillas, el PEA no menciona en ningún momento a campesinos e indígenas. Apenas tres carillas hablan de “agricultura familiar”. El sujeto agrario del modelo es el empresariado rural y las grandes empresas proveedoras de insumos.
El “corrimiento de la frontera agropecuaria”, eufemismo técnico para graficar la avanzada del agronegocios sobre regiones extrapampeanas, multiplico los conflictos en el norte de Santa Fe y Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Salta.
El 15 de junio pasado, en un almuerzo en la sede del Consejo de las Américas y frente a las mayores empresas estadounidenses, la Presidenta relató: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos”.
“Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico, que se llama Intacta (…) Yo le comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia en la cual algún productor argentino tiene producción, por ejemplo, forrajera y que uno lo puede observar en medio de la estepa patagónica los círculos que solamente con riego producen forraje de primerísima calidad. Y tenemos también agua en la Patagonia (…). Esto nos da la idea de que el elemento vital, agua, nos va a permitir extender la frontera agropecuaria”.
El 27 de julio, el MNCI difundió un duro comunicado contra el Gobierno Nacional. “Democracias o corporaciones transnacionales: tiempos de elección”.
“La Bienvenida y entrega de nuestros bienes naturales a las transnacionales es una gran contradicción con otros principios enunciados desde el gobierno nacional (…) ¿Cómo explicamos que los ‘dueños’ de la tierra y las transnacionales estén embolsando fortunas y en nuestros barrios y comunidades aún nos rodea la pobreza? ¿Cómo debemos leer estas caricias discursivas a Monsanto, Vale, Barrick? La Mesa de Enlace ve satisfecha cómo se reconoce su discurso y su modelo. El ‘yuyo’ ya no es maldito, ahora es bendecido, y los ruralistas van por más”.
El Movimiento Campesino Indígena sabe que el avance del agronegocios implica un avance sobre sus territorios, con más desalojos, desmontes, agrotóxicos y represión: “Nuestra posibilidad de vivir, trabajar y producir se ve amenazada con cada paso que dan las transnacionales en nuestro territorio, y es por esto que vamos a combatirlas hasta nuestra última gota de aliento. Se trata de vidas, de millones de vidas que están en juego”.
Tres semanas después del comunicado del MNCI, el Gobierno aprobó la nueva soja de Monsanto.
Responsabilidades
El comunicado del Mocase-VC de ayer a la noche era claro: “El gobernador Gerardo Zamora una vez más es responsable de la muerte de un campesino indígena, como lo fue la de Cristian Ferreyra (…) Son conscientes de sus responsabilidades políticas los funcionarios santiagueños inoperantes y cómplices de estos asesinatos de los guardianes de la producción campesina indígena. Exigimos juicio y castigo para los responsables materiales, ideológicos y políticos del asesinato de Miguel Galván”. En el último párrafo, exigen “aprobación urgente” de la ley que frena los desalojos de campesinos.
-¿Qué responsabilidad tiene el modelo agropecuario? (preguntó este periodista)
Deolinda Carrizo, experimentado cuadro del Mocase-VC y del MNCI, respondió de inmediato: “Estos asesinatos los provoca el programa estratégico de los agronegocios, las empresas transnacionales y locales que impulsan la soja, que se vienen con el último maíz transgénico, con los agrotóxicos, los agrocombustibles y toda la bosta que venden como un modelo exitoso. ¡Exitoso una mierda. Se lleva la vida de compañeros del campo!”
-En el comunicado está bien clara la responsabilidad que le asignan al gobernador Zamora. Hasta hace una hora, el Gobernador estuvo en un acto en Casa de Gobierno con la Presidenta. ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno nacional?
“La Deo” –como se la conoce en el MNCI– se toma un segundo para contestar, pero no le escapa a la pregunta: “Los gobiernos son circunstanciales y nuestra lucha no empezó ni se terminará con este Gobierno. Nosotros luchamos por vivir y trabajar en el campo, para producir alimentos sanos para el pueblo, luchamos por la soberanía alimentaria. Y está bien clarito qué modelo apoya este Gobierno”.
Una lista que crece
Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán). Asesinado el 12 de octubre de 2009.
Sandra Ely Juárez murió frente a una topadora de un paro cardiaco el 13 de marzo de 2010, paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero). 33 años, dos hijos.
Roberto López, abuelo qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa). Asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010. La comunidad apuntó al gobernador Gildo Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995, diecisiete años en el poder.
Mario López, dirigente del Pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa). Murió atropellado por un oficial de policía el 24 de noviembre de 2010, cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue un accidente, sino un atentado.
Martíres López, histórico y activo dirigente qom de la Unión Campesina de Chaco y de la Corriente Clasista y Combativa. Murió el 14 de junio de 2011, luego de un dudoso accidente cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. La familia, y la organización en la que militaba, iniciaron una causa en la que denuncian “homicidio”.
Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia.
Miguel Galván. 10 de octubre de 2012.
Nota
La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.
Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Hay muchos jóvenes.
Muchos docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.
Hay una Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que llega y gente que se va.
Gente que estuvo todo el tiempo.
Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.
Está el movimiento disca, también siempre presente.
Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.
Hay carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.
Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.
Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.

“Milei cumplí la ley”
Es la cuarta.
Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.
Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.
Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.
Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.
El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.


Algunos datos de contexto:
- Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
- El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
- La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
- Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas.
- Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.

Docentes Uber
Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.
Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”.
Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.
Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”.
Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”.
Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.


Plata para la deuda
Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”.
Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”.

En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”.
En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.



El contagio
Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.
La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.
Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos:
- “Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y
- “No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”.
Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.

Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:
“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.
Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.
Y sonríe.
Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.
Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.
Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.
¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.
Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.
Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán
- junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
- Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
- De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
- De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:
“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.
La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:
“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.



La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.
Que la cosa sigue.
En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.
Sigue cada miércoles en el Congreso.
Y todas las veces que hagan falta.
Porque hay muchos jóvenes.
Docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.
Hubo otra Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.
Hay más carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.












Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Nota
MU 212: El fin de un mundo

MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.

El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.
POR FRANCISCO PANDOLFI

El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande
Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.
POR FRANCISCO PANDOLFI

A contracorriente: La lucha fueguina frente a la industria salmonera
De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.
POR FRANCISCO PANDOLFI

Agroecología en el principio del mundo: El modelo Panchito
Cultiva alimentos y medicinas en medio de temperaturas extremas, sin venenos y con semillas propias: “Una semilla viva significa una familia sana”, dice el productor agroecológico Francisco Pancho Barria. Cosechas asombrosas, zanahorias de 3 kilos, nabos de 12, acelgas de metro y medio de alto. Cómo volver posible lo inimaginable con ideas simples, ancestrales, trabajo a conciencia y sentimiento. La política para la foto, el lugar de los niños, la idea de agacharse, y los números que muestran que la vida sana es, además, rentable.
FRANCISCO PANDOLFI

La guerra invisible: la Antártida en la mira
Juan Rattenbach recoje el guante de su abuelo, autor del Informe Rattenbach que denunció a las jerarquías militares por los errores y delitos cometidos en Malvinas. El significado hoy, con Gran Bretaña ocupando el 25% de la superficie argentina. La Antártida y el Atlántico Sur en la geopolítica actual. El rol de Estados Unidos y China. El ataque a la industrialización fueguina. Dos cuestiones: ¿Cuál es nuestro centro geográfico? ¿Y cuándo nació el pueblo?
SERGIO CIANCAGLINI

Efecto Trump: Valeria Carbone y su mirada sobre EE.UU.
Es doctora y docente de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos en la UBA y en la UNLP. Integra grupos de trabajo sobre EE.UU. en CLACSO y universidades en Alemania y México, además de coordinar programas de intercambio internacional. Y acaba de dictar un curso sobre el tema en MU. En esta entrevista explica las movidas de Trump intentando sostener un imperio en crisis en medio de una conflictividad que él mismo provoca o acompaña: Irán, China, Israel, petróleo, Ormuz, Venezuela, OTAN, Malvinas, Antártida. Y hasta el caso de Jeffrey Epstein.
POR LUCAS PEDULLA

Decolonizar el presente: Walter Mignolo y el pensamiento decolonial
En medio de conflictos geopolíticos, disputas culturales y crisis del modelo occidental, el pensamiento decolonial nos recuerda una serie de preguntas fundamentales. Aquí, una conversación breve y magistral sobre la esfera pública, la organización social y las formas de acción colectiva vistas desde una perspectiva para ampliar, o retomar, los horizontes propios.
POR CLAUDIA ACUÑA

Tierras raras: Florencia Levy, artista, y su trabajo sobre el litio
Trabaja con instalaciones visuales y materiales que representan y denuncian las distintas formas del extractivismo. Su trabajo sobre el litio es impactante, pero también investigó sobre el fracking en Vaca Muerta, el basurero del mundo en China y la relación entre el cáncer y el agronegocio en Entre Ríos, motivada por su padre oncólogo. Cómo hablar de temas que casi nadie conoce desde un video o una sala de exposiciones, y hacer algo para transformar miradas, sentimientos e ideas.
POR MARÍA DEL CARMEN VARELA
Patagonia rebelde
Crónicas del más acá por Carlos Melone.

Astrolo-guías: Elisa Carricajo y su nuevo libro sobre Tarot
Dramaturga, actriz y directora, plantea al Tarot como un objeto “popero” e invita a jugar y llenar de sentido ese lenguaje. Un modo de recuperar la espiritualidad capturada por el mercado, para sentir, entender y actuar en tiempos espantosos. Lo individual y lo comunitario. Los fantasmas y cómo imaginar un mundo mejor. Un libro que es un oasis y una invitación a re-pensar el arte y lo político, tirando las cartas.
POR FRANCO CIANCAGLINI

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