Nota
Denunciar es un crimen: delito de grafiti
La funcionaria municipal Natalia Molina de Harrington calificó como “daño agravado” los grafitis realizados durante la presentación del libro Ninguna mujer nace para puta, que denunciaban “El Código Contravencional es la coima policial” , entre otras cosas. Con ese argumento, derivó a la justicia penal la causa iniciada contra la periodista Claudia Acuña, integrante de lavaca. La justificación: “la calle es un bien de uso público” y, por eso consideró que pintar denuncias en la vereda es un delito grave y no una mera contravención. De esta manera, el fuero encargado de mediar en conflictos vecinales se convierte –en tiempos del macrismo- en una herramienta para perseguir a quienes lo cuestionan. El fallo lleva un fecha emblemática: 20 de diciembre.
El 20 de diciembre de 2007 la funcionaria municipal Natalia Molina de Harrington, a cargo del juzgado contravencional Nº 8, consideró que las denuncias expresadas a través de grafitis eran un delito. Por cierto, no su contenido sino su existencia. Por eso determinó que estaba en presencia de un hecho en el que debía intervenir la justicia penal. La causa se inició a partir de los grafitis que se realizaron durante la presentación del libro Ninguna mujer nace para puta, en una acción de la que participaron mujeres en estado de prostitución, feministas y artistas para denunciar “la explotación sexual de mujeres con complicidad policial, judicial y política” .Como editora del libro, la periodista Claudia Acuña firmó el acta que realizó la policía de la comisaría 3ª, luego de rodear a las mujeres que participaban de la actividad con tres patrulleros.
Esa acta posibilitó que la fiscal Marcela Solano -a cargo de la causa pero también de la zona denunciada durante la acción- ordenara que la policía se apostara en la puerta del domicilio de la periodista con el objetivo de identificar “a todas las mujeres que ingresaran y egresaran del domicilio”. La medida se extendió durante 72 horas, hasta que el Cels, la UTPBA, el gremio de prensa, y la asociación internacional Reporteros Sin Fronteras denunciara el hecho como una persecución. Esta medida ordenada por la fiscal fue investigada por la defensora del Pueblo de la ciudad, doctora Alicia Pierini y por la División de Asuntos Internos de la Policía Federal, a instancias del Ministerio del Interior. El dictamen de la doctora Pierini fue categórico: calificó de arbitrario e irracional el accionar fiscal y consideró que se podría tratar de una forma de perseguir a quienes investigan el fuero. De hecho, a través de lavaca y nuestro periódico MU, en los tres meses previos al procedimiento ya se habían realizado 10 notas referidas a ese tema, cuatro de las cuales correspondían a la fiscalía que integra la doctora Solano.
El arma del delito
Ahora, argumenta la funcionaria:
“La fiscal ha optado por enmarcar legalmente el suceso bajo las prescripciones establecidas en el artículo 80 del Código Contravencional que, en su primer párrafo, instruye una sanción de 1 a 15 días de trabajos de utilidad pública o multa de 200 a 3.000 pesos. Sin embargo, a mi entender, la acción atribuida a la imputada es susceptible de ser encuadrada “prima fascie” en el artículo 184, inciso 5, del Código Penal que agrava la figura básica del delito de daño. En efecto, las constancias hasta aquí reunidas permiten afirmar que la actividad desarrollada por la imputada habría producido una afectación o detrimento en la acera en la que se la habría ejecutado, que autoriza a sustentar la postura predicha en razón del perfil delictivo de la misma, máxime cuando no puede descartarse que, sabido es, en virtud de los especiales elementos que se habrían utilizado para concretarla –aerosoles- la alteración operada no puede desaparecer espontáneamente no por procedimientos de simple limpieza”.
La calle es suya
Sigue la funcionaria: “Además, no puede obviarse que, claramente, la calle es un bien de uso público, esto es, un bien destinado al uso y goce del público en general”. De esta manera, la funcionaria remite la causa a la Cámara en lo Criminal y Correccional para que designe el juzgado que deberá continuar con el procesamiento de la imputada, obteniendo de esta manera un expediente penal contra la periodista y un proceso que ya lleva ocho meses y puede extenderse así por mucho más.
La máquina contravencional
El proceso iniciado contra la periodista Claudia Acuña nos permitió conocer el funcionamiento del fuero contravencional en directo. Por ejemplo, la fiscal pudo ordenar todas las medidas con total libertad de acción: no es necesario que intervenga ni la defensa ni el juez. Si bien el fuero cuenta con un 0800 fiscal para denunciar contravenciones -faltas que no son delitos- no tiene ninguna instancia para denunciar el accionar fiscal: ni teléfonica ni de las otras. La Defensora del Pueblo solicitó al fiscal general Germán Garavano que responda si la orden de apostar a la policía en el domicilio de la periodista era una medida que contaba con su aprobación y el fiscal Garavano respondió que se había generado en el hecho de que el domicilio dado por la periodista en el acta «no era completo «. La Defensora comprobó que la información dada por Acuña era exacta.
Recién concluido el episodio del abuso fiscal, entró en escena la defensoría oficial. En la primera entrevista y sin leer más que la presentación de la causa, los empleados de la defensoría determinaron que era necesario aceptar «un juicio abreviado». Esto es, aceptar la culpa y proponer una forma de compensarla, como en las probation. El consejo fue repetido siete veces a lo largo de toda la intervención de la defensoría oficial como manera de terminar «con el problema».
Solo en la última instancia del proceso, la causa se remitió a la jueza Molina de Harrington, quien la primera medida que tomó fue darle lugar al pedido de la fiscal para realizar «un informe socio-ambiental profundo» de la imputada. Luego de la cual, una trabajadora social del municipio se comunicó telefónicamente con la periodista para informarle que tenía que ingresar a su casa, entrevistar a los que allí vivían y comprobar su situación social, económica y cultural.
No pudimos establecer, en cambio, qué destino final le da el Estado a toda la información recolectada sobre un ciudadano durante el proceso. Por ejemplo, a dónde fue a parar el listado de mujeres que realizó la policía en la puerta del domicilio de la periodista.
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar: