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Meridian Gold vs los vecinos de Esquel: ganaron los buenos

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La justicia rechazó la demanda que la minera canadiense presentó contra los integrantes de la asamblea de vecinos y periodistas. La Cámara Nacional de Apelaciones lo confirmó y uno de sus jueces fundamentó su fallo asegurando que “hacer conocer la estrategia de la empresa para torcer la resistencia de los vecinos de Esquel a que, según ellos y con sobrados motivos, no se contamine el medio ambiente”, jamás puede ingresar en el ámbito de la protección de secretos corporativos. Reproducimos también los audios y toda la investigación que los vecinos y periodistas de Esquel y lavaca realizamos sobre este fallido intento de criminalización de la defensa de los derechos ambientales.

El fallo lleva fecha 25 de octubre de 2007. Ese día terminó por knock out el capítulo judicial de los vecinos de Esquel contra la multinacional minera Meridian Gold. Un nuevo triunfo, que se suma al plebiscito que el 23 de marzo de 2003 y con el 81% de los votos dejó en claro la voluntad de la comunidad: “No a la mina”. En el dictamen, los integrantes de la cámara Nacional de Apelaciones reseñan el origen de la causa, los argumentos de la empresa, reproducen los párrafos más significativos de la grabación objeto del reclamo y declaran extinguida la acción penal contra los vecinos de Esquel -Nora Rodríguez, Alejandro Corbeletto Claudia Ojeda- y los periodistas Andrés Campos y Pablo Quintana-, defendidos por el Cels. Un fallo anterior ya había liberado del proceso a Gustavo Macayo, uno de los principales referentes de la asamblea de vecinos de Esquel.
Breve historia
En el resumen de los hechos, el fallo cuenta que la causa fue iniciada por la empresa contra “quienes resulten responsables de la difusión, en el mes de marzo de 2005, de una grabación clandestina de lo tratado, discutido y programado en la reunión de directivos y asesores” de la minera, realizado el 17 de septiembre de 2003 en un salón privado del Hotel Crowne Plaza Panamericano, de la ciudad de Buenos Aires. “Los presuntos responsables serían –recuerda el fallo, al citar con exactitud la presentación de la minera- los vecinos de Esquel Nora Rodríguez, Alejandro Corbeletto, Claudia Ojeda y Gustavo Macayo; Pablo Quintana y Andrés Campos, periodistas de la Radio FM Stations, de la ciudad de Esquel”; además de “integrantes aún desconocidos” del personal que proveyó el equipo de sonido y el personal que realizó la traducción simultánea de la reunión.
Confesión de parte: la asamblea vista por la empresa
Así resume la minera Meridian Gold el objeto de esa reunión:
“Explican en su querella –sigue el fallo- que en el mes de julio de 2002 Minera El Desquite –nombre con que Meridian opera en la zona- inició actividades orientadas al estudio, prospección, análisis de impacto ambiental, exploración y futura explotación del llamado Empredimiento Minero Cordón Esquel. Sin embargo, tiempo después comenzó a gestarse –a iniciativa de activistas ecologistas, políticos y vecinos- la oposición a dicha actividad por considerarlas perjudiciales para el medio ambiente. En ese menester se señaló a los autodenominados Asamblea de Vecinos Autoconvocados, entre quienes se destacaban Nora Rodríguez, Alejandro Corbeletto, Claudia Ojeda y Gustavo Macayo. Este grupo a fin de captar adeptos habría organizado diversas reuniones y asambleas populares, utilizando los medios periodísticos para dar mayor repercusión a sus objetivos.”
La campaña por “quebrar la resistencia”
Continua el fallo: “Frente a ello y con el objeto de gestionar una política empresaria para revertir la campaña negativa existente, la empresa decidió, entre otras cosas, contratar a dos consultores (Braga Menéndez y Asociados y Bussines for Social Responsabily –BSR-) con quienes organizó diversas reuniones los días 16,17 y 18 de septiembre de 2003 en el Hotel Crowne Panamericano.
El querellante destacó –dice el fallo- “que en las reuniones se analizó la situación en la que se encontraban, las estrategias posibles, las personas encargadas de llevarlas adelante y las personas dependiente de la minera que resultaban –por diversas razones- cuestionables o al menos sospechosas de estar actuando o que podrían hacerlo en contra de los intereses de la empresa.” Dado el contenido de la reunión, la minera exigió –asegura- confidencialidad de todos los asistentes.
Sin secretos
“Sin embargo –sigue el falló, citando a la minera- el 16 de marzo de 2005, a las 19, la agrupación Vecinos Autoconvocados realizó una conferencia de prensa en el local No a la Mina, encontrándose en la mesa expositora Nora Rodríguez, Gustavo Macayo, Claudia Ojeda y Alejandro Corbelleto y otros vecinos, habiendo asistido al encuentro diversos representantes de medios de comunicación (entre ellos Ricardo Bustos y Alejandro Corbelleto) donde dieron a conocer distintos pasajes de la grabación que se habría obtenido subrepticiamente en la citada reunión del 17 de setiembre, luego de lo cual entregaron a cada uno de los periodistas concurrentes un CD con la grabación íntegra, junto con un informa impreso dirigido a “Sres Periodistas” y con la leyenda: “En los audios se puede escuchar el rol que la empresa implementó para con sus trabajadores y familias, la intromisión en las juntas vecinales, la especulación que hicieron durante las elecciones de noviembre de 2003 y la verdadera intención de la empresa respecto del plebiscito de marzo de 2003.”
La ruta de la demanda
El 3 de julio de 2007 el juez de primera instancia declaró extinguida la acción penal. Los abogados de la minera Meridian Gold presentaron un recurso de queja, apelaron, pero en el camino desistieron de perseguir a las empresas de sonido y traducción: se concentraron en los vecinos y periodistas de Esquel. Así, llegó la causa a la Cámara Nacional de Apelaciones. Los jueces se reunieron en una audiencia pública a los defensores del Cels –los doctores Santiago Felgueras y Rodrigo Borda- y lo que allí escucharon determinó en gran medida los alcances del fallo. Si bien en lo esencial el pronunciamiento se apoyó en el endeble trabajo de los abogados de la minera demandante –que se presentaron fuera de término en instancias clave del proceso- decidieron avanzar sobre la cuestión de fondo, en especial, el juez Gustavo Bruzzone, que fundamentó su voto en forma separada y dejó así una argumentación clara y útil para resguardar derechos por sobre intereses corporativos.
Cuando un secreto no es secreto
El juez Bruzzone se adentra sobre la cuestión central. Los vecinos y periodistas son acusados por la minera por “violación de secretos”, delito reprimido por el artículo 153 del Código Penal. Su condena hubiese dejado un peligroso precedente para el ejercicio del periodismo en particular, y para la libertad de expresión, en general. Sin embargo, el juez Bruzzone determina que “no toda información resulta protegida” por este artículo, “dado que dicha norma fue creada para dar un marco de protección básicamente a la información que surge de investigaciones científicas”. Para dimensionar la diferencia que hay entre este tipo de información y la divulgada, el juez cita los párrafos más escandalosos de la grabación, dejando así por escrito –pública y abiertamente- aquello que la minera con esta querella pretendía proteger. Y concluye: “Aquello que habría sido subrepticiamente grabado y luego entregado para su difusión de ningún modo reviste las característica exigidas por la ley. Con leer el contenido de lo difundido se advierte que hacer conocer la estrategia de la empresa para torcer la resistencia de los vecinos de Esquel a que, según ellos y con sobrados motivos, no se contamine el medio ambiente, jamás puede ingresar en el ámbito de la protección de la norma en cuestión.”
Finalmente, los tres jueces determinan que los costos de esta increíble demanda sean abonados por la empresa Meridian Gold.

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Murió la muerte

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El genocida Miguel Etchecolatz murió hoy. Acumulaba ocho sentencias por genocidio . Fue el director de investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Ramón Camps durante la última dictadura militar. Fue responsable de cientos de torturas, asesinatos y desapariciones. Entre ellas, la de Julio López, uno de los principales testigos de sus crímenes, desaparecido nuevamente en plena democracia, mostrando la vigencia del aparato represivo montado en dictadura. Compartimos las dimensiones y detalles a 15 años sin Julio y su testimonio completo en el juicio por la verdad, clave para enviar a Etchecolatz al lugar donde murió: la cárcel común.

Entre la noche del domingo 17 y el día del lunes 18 de septiembre, Julio López fue desaparecido por segunda vez. Corría 2006, plena democracia. López tenía 77 años y el 28 de junio de ese mismo año había dado un testimonio histórico.

Ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, explicó detalladamente su propio secuestro y torturas en tiempos del régimen dictatorial, pero además el modo en el que habían sido sometidos y asesinados Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Fue testigo y uno de los tres querellantes en la causa, junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y a otra sobreviviente del terrorismo de Estado, Nilda Eloy.

Lo más importante: identificó entre sus torturadores al excomisario Miguel Etchetolaz. “Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza», aseguró López en aquella declaración. Etchecolatz había sido director de investigaciones y mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps durante la dictadura.

López no llegó a ver el efecto de su testimonio: fue desaparecido la madrugada del día anterior al que se leerían los alegatos del juicio: un mensaje.

Su familia y los organismos de derechos humanos denuncian que el ideólogo del secuestro no es otro que Etchecolatz y sus ejecutores, en connivencia o participación directa, miembros o ex miembros de la Policía Bonaerense, de sostenida relación con el genocida.

Finalmente, el Tribunal condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua por el delito de genocidio. Pero López nunca más fue encontrado hasta hoy, ni la causa que investiga su desaparición forzada pudo echar luz sobre qué pasó.

Al contrario, como supo decir Nila Eloy, el expediente por su segunda desaparición es “un manual de la impunidad”.

El caso de Julio López simboliza los mecanismos de encubrimiento estatal sobre crímenes de diverso tipo, y los nexos de esa impunidad desde tiempos de la dictadura hasta hoy.

Causa López

La responsabilidad del Estado en el empantanamiento de la investigación judicial es la mayor evidencia del expediente por la segunda desaparición de López. Un breve racconto:

López, pese a haber señalado a uno de los genocidas más peligrosos y con tentáculos aún en la Bonaernese, no contaba con tipo alguno de protección o cuidado estatal.

Durante los primeros meses, la jueza de Garnatías Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javeir Berlingieri investigaron las hipótesis de que Julio podría haber tenido “un shock emocional que pudiera causarle pérdida de memoria, o alguna forma de extravío”; también sugirieron que decidiera esconderse en alguna parte ante la exposición que significaba la condena de Etchecolatz.

La nota de lavaca de ese mismo año:

Mientras tanto, la querella fue la que hizo mover la causa, trazándose tres objetivos. Primero, que el expediente saliera de la justicia provincial y pasara a la federal; que se cambiara la carátula a desaparición forzada; y que tuviera personal especial para la investigación.

Tres meses llevó conseguir lo primero: que se dejara de investigar la desaparición de López como un extravió implicaba profundizar la hipótesis del secuestro, de la desaparición forzada por sectores policiales o “bolsones” de represores en actividad. Así se pasó al fuero federal, a manos de los jueces Manuel Humbreto Blanco, Arnaldo Corazza y Ernesto Kreplak.

Se tardó un año y medio hasta que esto ocurrió formalmente y la procuración designó personal para la causa.

Fue entonces que el juez Arnaldo Corazza se declaró incompetente, alegando una denuncia que había le hecho la familia de López dos meses atrás, planteando que el propio juez podía estar entre los responsables de falta de cuidado a testigos como Julio López. 

La Cámara de Casación resolvió, a fines de 2009,  que el caso debe ser investigado por el fiscal Sergio Franco. Sin embargo, Franco apeló alegando falta de personal y desconocimiento de la causa. Otro ida y vuelta que por entonces Adriana Calvo – militante gremial docente, secuestrada en febrero de 1977 por la dictadura- relataba a lavaca sin metáforas: la causa corría en un carrito, de una fiscalía a otra.

Los años siguientes no fueron más auspiciosos, pese a que las pruebas del secuestro surgían de llamadas anónimas al 0800 abierto para aportar información sobre López (la principal involucraba a Carlos Falcone, “íntimo amigo de Etchecolatz”, capitán retirado de la Bonaerense, médico forense, que se escondió en Pehuajó tras la desaparición); una nota de un periodista alemán que llevó a un tal Sobrado, ex jefe de Policía bonaerense; cruce de llamadas que vinculaban a Etchetolatz con otros presos; una agenda del represor que ostentaba sus tentáculos y anotaciones de Etchecolatz y su chofer, Hugo Guallama, escritas en la cárcel de Marcos Paz que tenían especial interés en Jorge Julio López: escrito de puño y letra por el ex director de Investigaciones de la Policía provincial podía leerse “pedir todas las declaraciones del Sr. López”. Y en mayúsculas: “Urgente”.

Entre muchas otras, la mayoría de las líneas que conectan a Etchetolatz se encuentran sintetizadas en el libro Los días sin López, una investigación que desnuda la causa judicial que durante una década se dedicó a no buscar a un testigo clave desaparecido en democracia.

El loop de cambios de jueces –dos de ellos, fallecidos durante el proceso- y fiscales fue la característica: “Es una causa abandonada, donde se aparenta hacer cosas, pero en realidad se cambian personas y funcionarios, ponen un empleado nuevo que vuelve a mirar la causa desde el principio, y así todo queda siempre en la nada”, decía Nilda Eloy a lavaca antes de fallecer en 2017.

Los años siguientes, según fue siguiendo esta agencia, la investigación no continuó pero sí las intimidaciones a otros testigos involucrados en el juicio: llamados sospechosos, grabación de reuniones privadas, etc.

En resumen, la causa no contó con apoyo político ni decisión judicial para avanzar en firme sobre las pistas que apuntaban hacia la propia Policía Bonaerense o el Servicio Penitenciario o a los policías de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz.

Hoy no hay imputados ni línea de investigación. Tampoco una política de Estado fuerte para esclarecer el caso, así como tampoco voluntades de asumir el rol en las desapariciones de personas del Estado en general.

La otra Corte

Fue por eso que, ya sin esperanza en la justicia argentina, en 2014 el colectivo Justicia Ya! presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Denunciaron allí el estancamiento de la investigación, solicitando se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso de Julio López.

Recién el 5 de septiembre de 2017 la CIDH dio traslado de la denuncia al Estado argentino: pidió una “solución amistosa” en el marco del artículo 48 (inciso 1,F) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; una especie de mediación, en la cual se puede arribar a algún acuerdo entre las partes. El colectivo Justicia Ya! –querellante en la causa de López- rechazó esta propuesta resumiendo los últimos años de impunidad: “Durante la gestión de (Mauricio) Macri aceptamos ese ámbito pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández la Comisión insistió con el mecanismo de la ‘solución amistosa’ a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes”, señalaron desde Justicia Ya! Al Pulso Noticias.

Según explicó la abogada Pía Garralda al mismo medio, ahora “la Comisión decidirá si toma resoluciones, que son indicaciones para el Estado Argentino, o envía el caso a la Corte para que se sancione al Estado Argentino por incumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos”.

El pedido: que se sancione al Estado argentino por el incumplimiento de los tratados internacionales y que sea un impulso para que se investigue seriamente.

El nuevo juicio

No fue ese el único juicio que debió enfrentar Etchecolatz como resultado del testimonio de Julio. Mientras era juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de La Cacha se lo vio escribir y exhibir desafiante un papel donde se leía «Jorge Julio López».

«Cuando se vio a Etchecolatz con ese papel, en el 2014, no se hizo nada. Yo le pregunté al fiscal: ´No lo va a llamar para preguntarle?, ¿quiere que le pregunte yo? ´Y nunca se hizo nada con eso«, reclama su hijo Rubén. Hasta el día de su muerte, nadie le pidió explicaciones al represor: https://www.eldestapeweb.com/politica/derechos-humanos/hijo-de-jorge-julio-lopez-todavia-espero-a-que-llamen-a-etchecolatz-para-que-diga-que-quiso-hacer-con-ese-papel–20219177430

El testimonio de López sigue siendo clave, hoy.

El pasado 13 de septiembre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgar por delitos de lesa humanidad cometidos en el excentro de «Pozo de Arana» al expolicía Julio César Garachico y al genocida Miguel Etchecolatz,  

El juicio se lleva adelante en los Tribunales Federales de 8 y 50 y se realiza de manera semipresencial; tiene su punto de partida desde las propias declaraciones de López, el 28 de junio del 2006, tres meses antes de su secuestro, en aquel juicio que se realizó en el salón del Palacio municipal. Garachico había sido mencionado por López en aquel año pero fue detenido 6 años después.

Garachico afronta acusaciones como “coautor inmediato de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de siete personas” – entre ellas López-, y como “responsable en calidad de partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado” en perjuicio de tres de ellas.

Mientras Etchetolatz espera el juicio en prisión, Garachico lo hace gozando de prisión domiciliaria.

En la última audiencia, se volvió a emitir la última declaración de López a través de video: https://www.diariocontexto.com.ar/2021/09/13/volvieron-a-transmitir-los-testimonios-de-jorge-julio-lopez-de-2006-en-el-juicio-a-etchecolatz/ El testimonio de Nilda Eloy también fue retransmitido. Nilda, quien dio su testimonio seis días antes que López, el 22 de junio del 2006 y fue una incansable luchadora para desarmar la impunidad de la causa, falleció en 2017.

En aquella oportunidad Eloy contó cómo fue secuestrada a los 19 años, el 1 de octubre de 1976 cuando estudiaba Medicina en La Plata. También describió su cautiverio en los centros clandestinos de La Cacha, el Pozo de Quilmes, el destacamento de Arana, el Vesubio, El Infierno y la comisaría de Valentín Alsina, tras lo cual fue “blanqueada” como prisionera y alojada en el penal de Devoto.

Los testimonios de Nilda Eloy y el de Jorge Julio López fueron clave para condenar por genocidio a Etchecolatz en el 2006 y todo indica que impulsarán una nueva condena en este juicio.

Etchetolatz acumulaba ocho sentencias por genocidio.

Murió hoy, en una cárcel común.

Pero mientras ocurre todo esto, López sigue sin aparecer.

Foto: Helen Zout
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#NiUnaMás

Terminó el no-juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa: el proceso reveló la complicidad policial y de la fiscalía

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¿Qué es la Justicia? La familia de Cecilia Basaldúa – joven asesinada en Capilla del Monte- debió soportar hasta ayer un juicio en el que se acusaba una persona, sin pruebas, señalada únicamente por la policía y el fiscal Sergio Cuello, que en el alegato dijo esto: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Finalmente, el jurado absolvió al joven y su madre y la de Cecilia Basaldúa terminaron abrazadas. Lo que reveló el proceso judicial fue que a metros de donde fue hallado el cuerpo, una familia denunció haber encontrado una habitación llena de sangre: eso nunca se investigó. Ahora la familia motoriza un nuevo proceso en el que se investigue esa prueba y las responsabilidades de quienes hospedaban a Cecilia, y también las de la policía y la fiscalía que buscaron armar este no-juicio. La movilización social, clave para desarmar la in-justicia.

Por Bernardina Rosini desde Cruz del Eje.

La gramática de la justicia explotó. Ésta es la noticia.

Cuando a poco más de las 18:30hs del viernes 1 de julio se anunció la absolución de Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la decisión fue celebrada por la familia de la víctima.

Tras la lectura del veredicto la madre de Cecilia vio a la mamá del acusado en el pasillo de Tribunales, y le dio un fuerte abrazo.

Si el imaginario de Justicia – por lo menos el que sobrevive raquíticamente entre quienes se mantienen vírgenes de estas experiencias infernales- es un juez o jurado imparcial dirimiendo entre dos partes en conflicto, eso ya no existe. Como ver estrellas en la noche que hace tiempo no están. Otros tiempos, y otras distancias.

Veamos esto de cerca.

El proceso judicial que se inició el 2 de mayo ya tenía otro encuadre: no había conflicto entre las partes, los padres de Cecilia jamás consideraron a Lucas como posible femicida. Sabían que el joven poblador rural de 24 años había sufrido aprietes por parte de la policía local para forzar una confesión. La consistencia de la investigación que debía sostener no sólo la imputación de Lucas como autor material sino también la necesidad de que permaneciera dos años presos a la espera del juicio, no contaba con la mínima carga probatoria. La supuesta confesión se basaba únicamente en el testimonio de cuatro policías que dicen haber escuchado dicha confesión. Eso declaró, por ejemplo, el oficial Ariel Zárate, quien participó de manera virtual de la audiencia por encontrarse detenido por otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” a una joven de 21 años.

Nada más. No había testigos que incriminaran a Lucas en la escena del crimen, ni rastros genéticos. Tampoco en el cuerpo de Cecilia. No había pruebas siquiera de que Lucas y Cecilia se hubieran conocido. En las audiencias casi no se lo mencionaba, a él, a Lucas, a quien se supone que todo debiera señalar. Pero sí se mencionaba a otras personas: a la última persona que con certeza se sabe vio con vida a Cecilia, a Mario Mainardi. A quien nunca se investigó a pesar de que el luminol, sustancia que revela la presencia de rastros de sangre, diera positivo en 11 puntos de su casa. Por mencionar solo una de las líneas de investigación que claramente se presentaban y fueron descartadas, a pesar del pedido insistente de la familia de la víctima.

Las audiencias entraron en pausa en el mes de junio cuando la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, presentó al Tribunal una denuncia realizada a pocos días de la desaparición de Cecilia en abril del 2020. Una familia se acercó a la policía de Capilla del Monte tras haber encontrado en una casa de su propiedad una habitación manchada de sangre.  Radicaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras, pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas nunca se realizaron. Casa ubicada a sólo 600 metros de donde se halló finalmente el  cuerpo de Cecilia. Quedó  tambaleante la definición del lugar del crimen.

Y así, repetidamente en las audiencias del juicio se exhibía la desprolijidad, el incumplimiento de los procesos y la deficiencia de la fiscal Paula Kelm. Y de una investigación llevada no judicialmente sino por efectivos policiales locales.

Tan trastocados estaban los roles y responsabilidades que en el alegato final, el fiscal Sergio Cuello expresó: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Seguidamente, repitió su solicitud de condena a cadena perpetua. Fue el abogado Gerardo Battiston, querellante por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que debió recordarle al fiscal que su deber no era forzar una condena sino exhibir una sucesión de hechos probados que constituyan el crimen juzgado. “No hay certezas sobre el lugar del hecho, se omitieron testimonios claves, se ha dejado de valorar pruebas determinantes. ¿Van a condenar a un joven con un fiscal que manifiesta el deseo de tener más pruebas contra él?»

Para el cierre, Susana, la madre de Cecilia, pidió decir unas palabras. Se paró en el medio de la sala, micrófono en mano dijo desilusión. Dijo que todo era un mamarracho. Giró hacia el fiscal y le dijo que rompió una promesa, el compromiso de ir hacia la verdad. Y le apuntó: “Voy a pedir juicio político para vos”.

Afuera del edificio, bombos, cantos, bailes y golpes sobre las ventanas. “Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia por Cecilia, el Estado es responsable”.

Anunciaron el veredicto dos horas más tarde: “El Tribunal, integrado por jurados populares y jueces técnicos por unanimidad resuelve absolver a Lucas Adrián Bustos”. Y ordenó que se remitan las actuaciones para una nueva investigación y recomendó al Sr. Fiscal General de la provincia de Córdoba la designación de una nueva fiscalía de instrucción.

De este modo se celebró alegremente la absolución del acusado por el femicidio de Cecilia, se reconoció su inocencia y se logró abrir la puerta para una nueva investigación. Después de este estallido, puede que nazca algo nuevo.

Tal vez, luz.

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Las Criadas: acción ante la Embajada norteamericana en defensa del derecho al aborto

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Las capas rojas y cofias blancas volvieron a recorrer las calles de la ciudad de Buenos Aires en la tarde del jueves 30 de junio.  Vestidas como las protagonistas de la novela de Margaret Atwood, El cuento de la criada (convertida también en serie televisiva), doce mujeres caminaron en fila desde el Museo Eva Perón hasta la Embajada de Estados Unidos, donde el embajador Marc Stanley celebraba un cóctel con más de mil invitados por el aniversario 246 de la independencia de su país, que se festeja el 4 de julio.

Luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que el pasado viernes 24 de junio anuló el derecho a la interrupción del embarazo en todo ese país revocando la histórica sentencia Roe vs. Wade, que data de 1973, cada estado tomará la decisión de legalizar o no el derecho al aborto. Con este panorama, la colectiva Las Criadas —cuya primera acción fue en junio de 2018, iniciativa que se repitió en CABA y en distintas ciudades del país hasta que se obtuvo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Argentina— encendió el alerta y volvió a ponerle el cuerpo al vestuario, al pañuelo verde y a la afirmación de este derecho adquirido. Y como tantas veces repitió la marea verde: “Si tocan a una, nos tocan a todas”.

Con la intención de acercarse a la puerta de la Embajada y permanecer allí sosteniendo en alto el pañuelo verde, Las Criadas se dirigieron en fila hacia la esquina de Av. Del Libertador y John F. Kennedy pero a pocos metros de la entrada fueron interceptadas por la custodia policial. Varios patrulleros, personal policial, perros y caballos formaban parte del operativo.

Las Criadas permanecieron en fila y en silencio sobre la plaza que está frente a la Embajada, durante cuarenta minutos. Frente a ellas, un cordón policial.  

La web de la Embajada estadounidense publicó el discurso que dio el  embajador Stanley ante sus invitados, en el que expresa que “es un buen momento para reflexionar sobre los principios que fueron la base de nuestro país: la igualdad, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estamos orgullosos de estos valores”. Y anunció que junto a su esposa Wendy prepararon un “programa maravilloso” que consistió en un video de fuegos artificiales y música en vivo.

La escritora Margaret Atwood escribió hace días una columna que reprodujo el diario español El País titulada: “Yo inventé Gilead. El Tribunal Supremo de Estados Unidos lo está haciendo realidad”, en referencia a esa geografía que imaginó de autoritarismo, fundamentalismo y sometimiento de las mujeres.

Continúa Atwood: “Cuando escribí El cuento de la criada creía que era ficción. Qué ingenua. Las dictaduras teocráticas no pertenecen solo al pasado remoto, hoy existen varias en el planeta. ¿Qué nos garantiza que Estados Unidos no sea una más?”. 

Inspiradas en esas mujeres que imaginó Atwood, Las Criadas en Argentina realizaron desde 2018 sus acciones en la puerta del Congreso de la Nación, en Tribunales, en la Feria del Libro, en la Casa Rosada, en el Centro Cultural Recoleta y la acción realizada en el Parque de la Memoria fue considerada por el sitio norteamericano de arte y cultura visual Artsy.net como uno de los hechos más importantes del fotoperiodismo mundial en 2018.

Ayer volvieron a estar en la calle, movilizadas por una lucha urgente, por un derecho de todas. Los pañuelos verdes se siguen agitando.  

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La última Mu: Tenete fe

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