Nota
Desde Porto Alegre (IV). Coca Cola y las petroleras: la génesis de la violencia
Colombia sufre estadísticas alucinantes de violencia desde hace décadas. Abogados e investigadores de dicho país han iniciado juicios en los Estados Unidos contra las multinacionales (Coca Cola, y las petroleras Repsol y Occidental) por múltiples crímenes y homicidios, el exterminio de pueblos indígenas, y la degradación ambiental. Cifras de la muerte, para comprender qué quieren decir estos holdings cuando aseguran que todo va mejor.
Alirio Uribe Muñoz estaba sentado en una de las muchas carpas que funcionan como auditorios en el Foro, a la espera de que comenzara una de las charlas.
Se lo notaba distendido, luego de mucho tiempo: en Colombia debe moverse con custodia y en auto blindado porque el colectivo de 17 abogados y abogadas que integra, llamado José Alvear Restrepo, brinda asistencia legal a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
Recientemente, su organización le inició en Estados Unidos un juicio a la Coca Cola por la muerte de unos sindicalistas colombianos en su planta de Carepa, tal como contó a lavaca. Unos metros más adelante, otro colombiano -el investigador Oscar Cañas Fajardo- daba por lanzada una campaña internacional contra las petroleras Occidental y Repsol por el exterminio de dos comunidades indígenas.
La gaseosa de los paramilitares
En Colombia se cometen 19 asesinatos por día, 5 en conflictos armados -entre policía, paramilitares, militares y guerrilleros- y 14 cuyos blancos son civiles: estudiantes, campesinos, indígenas, sindicalistas, jueces, políticos… Ese es el abanico de defendidos del colectivo Restrepo, desde hace 25 años.
Incluye también a personas sometidas a torturas, persecuciones, detenciones arbitrarias, expulsiones compulsivas, entre otras víctimas del «estado y los paramilitares porque son conniventes y actúan en conjunto», tal como señala Uribe Muñoz.
De los 45 millones de habitantes del país, unos tres millones fueron forzados a desplazarse de sus lugares. De modo que, a la par que recibían esas denuncias, los abogados empezaron a sospechar que había «beneficiarios de esa violencia.»
Atrás -o al lado- del gobierno, los militares y los paramilitares se encontraroncon empresas multinacionales interesadas en la explotación de cultivos ilícitos; en la producción de oro, petróleo, carbón; en la construcción de represas hidroeléctricas o en megaproyectos viales.
Así llegaron, entre muchas otras empresas, hasta la Coca Cola. En Colombia fueron asesinados más de tres mil sindicalistas, desde mediados de la década del 80. En 1999, un grupo paramilitar entró a la planta de la embotelladora en Carepa y a punta de fusil obligó a los trabajadores a renunciar al sindicato.
Luego interceptaron el bus de los empleados y mataron a los sindicalistas delante de sus compañeros, y poco después volaron con una bomba la sede del gremio. Desde entonces ya no hay sindicatos en la zona.
Haciendo uso de la Ley ATCA, de los Estados Unidos -según la cual se puede reclamar por las ofensas a extranjeros- los abogados pudieron demandar a las casas matrices de empresas estadounidenses por violación a los derechos humanos. Exigen reparaciones individuales y colectivas (al sindicato y a la comunidad afectada). La causa, que incluye también el caso de unas detenciones ilegales realizadas en la planta de Bucaromanga, fue elevada por el colectivo a la Corte Federal de La Florida. Es un precedente de suma importancia para que se inicie una investigación criminal en Colombia y para «probar la responsabilidad de la empresa en la contratación de paramilitares para matar».
Denuncia contra Repsol
En la misma carpa donde Muñoz esperaba, el investigador colombiano Oscar Cañas Fajardo repartía el petitorio de la campaña internacional contra dos compañías petroleras, Occidental y Repsol, por el extermino de las comunidades indígenas y la degradación ambiental que causan en el departamento de Arauca desde 1982, cuando iniciaron la explotación de tierras pertenecientes a las comunidades guahiba y uwa.
Desde entonces el lugar se militarizó y el accionar violento de grupos paramilitares se hizo cotidiano, agudizándose desde 1998 con los asesinatos de campesinos, mujeres y niños perpetrados ya no solo por los paramilitares sino también por oficiales y suboficiales de la policía nacional. Poco después se incrementaron los asesinatos selectivos, a dirigentes y luchadores de los derechos humanos. Solo entre enero y mayo de 2004, en un solo municipio, mataron a 82 personas. y hubo más víctimas antes y más después, en toda la zona: la lista impresiona porque no deja de crecer.
«Esta comprobado que en las zonas de influencia de las trasnacionales Occidental y Repsol, donde exploran y explotan hidrocarburos, es donde se dan con mayor rigor las acciones de violencia que se expresan en la degradación de los derechos humanos, la destrucción ecológica, el exterminio de comunidades indígenas, los destierros de campesinos y la apropiación de sus bienes mediante la fuerza sucia», denuncia el documento que acompaña el petitorio que ayercomenzó a circular por el Foro.
INFORME ENERO-FEBRERO 2026 DEL OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ DE VIOLENCIA PATRIARCAL
Temporada de femicidios
Por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (https://observatorioluciaperez.org/)
Durante el verano de este 2026 sufrimos un femicidio y una tentativa de femicidio cada día y medio. Un promedio alarmante que, además costó la vida de cuatro criaturas; tres de ellas apenas superaban el año.
Las víctimas tienen un rango etáreo que va de los 78 a los 17 años y dejaron a 16 infancias huérfanas.
Los datos: enero y febrero suman 43 femicidios y 43 tentativas de femicidio.
No son cifras. Son vidas, como la de Natalia Cruz (foto principal), en Campo Quijano, Salta: su hermana también fue víctima de femicidio años atrás. Hubo marchas para exigir justicia durante casi todos los días desde el día del crimen en que se fugó su asesino –17 de febrero– hasta ayer, cuando finalmente lo atraparon, consecuencia de haber logrado con estos reclamos que la fiscalía ofrezca una importante suma de recompensa por información sobre su paradero.
Lo que deja este verano también es la condena a perpetua por los femicidios territoriales de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en Rosario, Santa Fe, la ciudad más castigada con este tipo de asesinatos.
Estefanía y Mariela Gorosito, dos femicidios territoriales en Rosario.
Así el Poder Judicial reconoció por primera vez y explícitamente la relación entre la violencia del narcotráfico y la de género. Tal como expuso claramente el fiscal Patricio Saldutti “Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”.
El condenado es Pablo Nicolás Camino, de 31 años, jefe de una cédula de la banda narco Los Monos, quien ya acumula 40 años de prisión por delitos de homicidio, balaceras y asociación ilícita y está procesado, entre otras causas, por el ataque al supermercado que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.
Pablo Nicolás Camino, condenado por el femicidio de las hermanas Gorosito.
Pablo Camino ordenó la ejecución de las hermanas desde el penal donde cumple condena. Es decir: estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias en el momento de organizar el crimen. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Sus cuerpos fueron encontrados en un basural al día siguiente de la ejecución.
Ley de explotación laboral
Conste en actas
lavaca.org
Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.
A las 12:50 se fueron.
El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.
A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.
En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.
La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.
A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.
A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.
A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi
A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.
“Somos los obreros, la base de este juego
en el que siempre pierde el mismo.
Un juego bien pensado en el que nos tienen callados
y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”
Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.
Hasta Dios tuvo un mal día: fue este.
PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.
Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
Lucrecia Martel y Nuestra Tierra, su nueva película: “Tenemos que recuperar la vida comunitaria”
Temporada de femicidios
“Nación se está robando los recursos de Tierra del Fuego”
Conste en actas
La policía investigada
Feliz año viejo: el INTA amenaza con sancionar a un ingeniero por fomentar la agroecología
Ituzaingó: los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa
Mu 209: Una de terror
Mu 208: Lara Brenda Morena
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