Nota
El fin de un delirio
“Una vergüenza” fueron dos de las palabras que usó la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, para definir las medidas tomadas por la jueza porteña María Luisa Escrich, que había ordenado el desalojo y condenas de hasta seis meses de cárcel efectiva, para diez familias (formadas sobre todo por mujeres solas con hijos, además de una pareja de jubilados y un joven discapacitado), que viven en Chacabuco 630, San Telmo, Buenos Aires. La jueza las acusaba de la supuesta usurpación de un domicilio cuyo presunto dueño nunca pudo acreditar la propiedad, y terminó internado en el Borda. Sin embargo, la magistrada, desoyó a las vecinas y vecinos, y les dictaminó cárcel y desalojo, en un juicio tan desquiciado como el presunto propietario de la casa. Ahora la Cámara declaró nulo ese fallo por sus obvias irregularidades, y las familias iniciarán juicio político a la jueza Escrich y al fiscal Ángel Carestía, los funcionarios que las querían mandar presas.
Abuso de poderSegún relató a lavaca Mariela Aguirre, mamá de dos nenas que había sido condenada a seis meses de prisión efectiva, la Cámara señaló que Escrich, titular del Juzgado N° 20 del Fuero Contravencional “se tomó muchas atribuciones, sobrepasó los limites y cometió abuso del poder porque no pudo haber tomado una resolución de castigar a los condenados sin pruebas”.
La mayoría de los falsamente acusados eran mujeres solas, con más de tres hijos. Quince de esos menores tienen menos de 12 años, y al grupo de acusados se sumaban una pareja de jubilados y un joven discapacitado.
La jueza Escrich los había condenado al desalojo y prisión para que la vivienda fuera entregada a Néstor Nakama, quien no había podido acreditar derecho alguno sobre el inmueble.
“El proceso fue duro” reconoce Mariela. “Nosotros peleamos por todos lados, con la radio abierta, con (el arzobispo Jorge) Bergoglio. Pasamos mucho nerviosismo. Yo me sentí discriminada porque como empleada doméstica, con una causa así, no me aceptan en ningún lado. Yo estaba trabajando bien y con todo esto perdí dos empleos. Me perjudicó muchísimo”.
Cacería de pobresLa Asamblea del Pueblo y el Comité de Apoyo que se formó especialmente, acompañaron y asistieron jurídicamente a los inquilinos daminificados: “Sostuvimos, desde un principio, que este juicio era una verdadera cacería de pobres e inquilinos instrumentada por el poder político de Macri, el gran desalojador, a través de sus esbirros”, señalan en un comunicado en el que mencionan a la propia Escrich y al fiscal del caso, Ángel Carestía, entre otros.
El abogado de las víctimas, Gerardo Echevery, había dicho a lavaca: “Nunca en toda mi carrera presencié un procesamiento así, con tal falta de pruebas. Nakama, el presunto dueño, fue internado en el Borda por orden judicial, considerándolo peligroso para sí mismo y para los demás”.
El día del fallo, “la Cámara no tenía mucho que decir porque el fiscal general dijo que la causa en primera instancia estaba llena de irregularidasdes, que era tendenciosa, que estaba suprimida la pista de audio, que es la grabación del juicio. Un juicio se documenta con una grabación y el resumen que hace la secretaria, que es algo subjetivo. Entonces lo fundamental es el audio entero. Cuando pedimos el audio, no nos lo querían dar porque ahí salen todas las irregularidades. Cuando apareció, nos dimos cuenta de que faltaban partes enteras”, señaló Rubén Saboulard de la Asamblea del Pueblo. “Con esos elementos, el fiscal general Walter Fernández indicó que por la cantidad de irregularidades que aparecían, él no podía acusar porque era un juicio nulo”.
Después de eso, relató Saboulard, “la Sala, encabezada por la jueza Marta Paz, más cuatros funcionarios de segunda instancia de la ciudad, declararon de manera unánime la nulidad del juicio”.
Juicio a la justicia
Mariela calcula que “de ahora en adelante tenemos que ver con el verdadero dueño a qué acuerdo se puede llegar, y ver si podemos seguir quedándonos pagando un alquiler como hicimos siempre”.
Las familias del inmueble de la calle Chacabuco no recibieron ningún tipo de asistencia ni consideración durante el proceso iniciado el 29 de septiembre. “Yo trabajo los fines de semana con las comidas, es de lo que vivo. Por la edad que tengo y al no tener estudios secundarios se me dificulta entrar a cualquier trabajo” dice Mariela.
Otro paso a futuro es que tanto la jueza Escrich como el fiscal Carestía serán llevados a juicio político por las irregularidades en este caso. “Yo voy a seguirlo por daños y perjuicios psicológicos y morales. No sólo perdí el trabajo: las nenas la pasaron mal y yo también porque no sabía lo que iba a pasar conmigo”. Saboulard, que integra la Asamblea de San Telmo, explica además el tono que había tenido la sentencia: “En el expediente de primera instancia se dice que fue una ‘usurpación promovida por una asociación criminal dedicada a la extorsión de propietarios y ocupación de viviendas’”. La injusticia no es gratuita y a pesar de todo, en este caso, los responsables tendrán la oportunidad de hacerse cargo de las consecuencias de su actos.
Nota
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
Nota
Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
Nota
5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
- Revista MuHace 4 semanas
Mu 202: Abuela coraje
- Derechos HumanosHace 3 semanas
40 años del Juicio a las Juntas: ¿qué significa hoy?
- Mu199Hace 4 semanas
Juan Monteverde: recuerdos del futuro
- ActualidadHace 3 semanas
Un legado del Papa Francisco: nuestra casa, el planeta
- NotaHace 4 días
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld