Nota
Espionaje ilegal: procesan a un agente de la AFI
El juzgado federal de Esquel procesó a un agente de inteligencia por realizar espionaje ilegal a vecinos y vecinas del movimiento No a la Mina en el marco de una causa por terrorismo contra una comunidad mapuche. La medida judicial revela la promiscua relación entre espías, funcionarios judiciales y policiales.
El juzgado federal de Esquel procesó a un agente de inteligencia por realizar espionaje ilegal a vecinos y vecinas del movimiento No a la Mina en el marco de una causa por terrorismo contra una comunidad mapuche. La medida judicial revela la promiscua relación entre espías, funcionarios judiciales y policiales.
Un agente de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (su nombre aún permanece oculto porque es el Estado quien debe relevar su secreto) fue procesado por realizar tareas de espionaje prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia. El juzgado federal de Esquel le trabó además un embargo por 30 mil pesos y le prohibió salir del país. La Corte Suprema, mientras tanto rechazaba juzgar a una comunidad mapuche según el patrón de la impresentable Ley Antiterrorista, ocurrencia plasmada por el gobierno de Cristina Kirchner. El supuesto delito: demandas sociales por tierras que ocupa el emporio internacional Benneton.
Los elementos de este caso son: una comunidad mapuche, una corporación, un espía, tres fiscales, una asamblea, una mina. Los ingredientes de esta historia perfilaban para convertirla en una película de Oliver Stone, pero las circunstancias la transformaron en un capítulo del Superagente 86. ¿Cómo ocurrió? Hay que leer el guión.
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Llega una persona
El 28 de mayo de 2015 “una persona” se presentó “espontáneamente” ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel (provincia de Chubut) para dejar información sobre la investigación que tres fiscales generales estaban realizando sobre la toma de tierras que una comunidad mapuche había iniciado en una estancia de la corporación Benetton, ubicada en la localidad de Leleque, departamento de Cushamen. La “persona” se identificó como un agente de inteligencia, exhibió su credencial y el fiscal general Fernando Rivarola lo invitó a pasar a su despacho y sentarse.
La recuperación de los territorios ancestrales mapuche había comenzado en marzo, dos meses antes. Benetton no perdió tiempo: presentó una denuncia por “usurpación”, que abrió una causa judicial, y llegó a imputar a los mapuche por terrorismo, ya que los tres fiscales que instruían la causa (María Bottini, Fernanda Révori y el propio Rivarola) entendieron que “el accionar” afectaba “directamente los intereses de la Nación, hasta el punto de poner en riesgo la seguridad interior”.
¿Conclusión? La Justicia provincial buscó aplicar por primera vez en Chubut la Ley Antiterrorista y emitió órdenes de captura internacionales para los mapuche, en medio de represiones con balas de plomo.
En ese contexto llegó el agente de inteligencia al Ministerio Público Fiscal de Esquel. En una reunión de una hora, donde les dejó su mail y número de teléfono, les dio a los fiscales un disco externo que los funcionarios públicos guardaron en la computadora del fiscal Rivarola. La información quedó guardada allí, junto a otras medidas de prueba solicitadas por la fiscalía. Tres meses después, tan solo unos minutos antes de la audiencia pública donde Benetton se constituiría como querellante, el defensor público Fernando Radziwilowski consultó el legajo para ver qué medidas habían sido solicitadas por los fiscales. Llegó a las carpetas guardadas desde mayo y observó, entre archivos y carpetas, un documento word que le llamó la atención, porque en mayúsculas titulaba:
- “Activistas antimineros en Zona de Comarca Andina”.
¿Qué hacía un archivo así en una causa sobre la recuperación de tierras mapuche?
Doble click.
La pantalla se pobló con 26 fichas de inteligencia sobre periodistas, activistas, asambleístas, empleados públicos, docentes y otras profesiones reales o supuestas de personas vinculadas a la asamblea No a la Mina, el movimiento que detuvo el avance del modelo extractivo en la región gracias a movilizaciones, boca a boca, comunicación y a un plesbicito que, en 2003, no dejó dudas: el 82% de Esquel se opuso al ingreso de la minera Meridian Gold.
El texto completo del procesamiento, en formato pdf
La justicia acusada
El defensor público imprimió las fichas y denunció el delito en la audiencia. Se viralizaron por Facebook y Twitter y obligó a los tres fiscales a dar una conferencia de prensa donde explicaron que las fichas “nunca” habían sido parte de una línea de investigación propia. Como acto reflejo, los fiscales Rivarola, Bottini y Révori denunciaron el acto de espionaje ilegal ante el juzgado federal de Esquel, a cargo del doctor Guido Otranto, pero ya era tarde: en la calle la asamblea pedía la renuncia de los funcionarios y escrachaban el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el juzgado emitió el 12 de abril un auto donde procesó al agente (su nombre aún permanece oculto porque es el Estado quien debe relevar su secreto) por realizar tareas de espionaje prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia. También le trabó un embargo por 30 mil pesos y le prohibió salir del país. El auto podría ser considerado una pieza de ficción si no se tratara de un hecho escandaloso: funcionarios públicos aceptando información ilegal de un agente que nunca requirieron y que guardaron y remitieron a la defensa pública junto al expediente que investigaban.
¿Cuál es entonces el enlace entre James Bond y el Superagente 86? La respuesta está en la foja 41 del auto de procesamiento del juzgado federal, donde se cita la declaración indagatoria del agente de inteligencia, que dice que Rivarola marcó su número de teléfono y lo llamó cuando el escándalo estalló.
Y, para la antología de la historia judicial argentina, le dijo:
-Me mandé un cagadón.
El cono del silencio
“El procesamiento es una buena noticia”, celebra Pablo Galperín, periodista de la radio comunitaria FM Kalewche, integrante del movimiento No a la Mina y una de las 26 personas fichadas por el agente de inteligencia que descansaban en el Ministerio Público Fiscal. “El fiscal Rivarola queda bastante mal parado porque el juez remarca contradicciones entre lo que declaró, la pericia informática que se hizo sobre su computadora y la versión del espía. Recordemos que la primera reacción de los fiscales fue salir a despegarse aclarando que desconocían la existencia de ese material. Pero las pericias informáticas llaman la atención porque puntualizan en las fechas en las que se crearon las carpetas en su computadora y se volcó la información suministrada. Según la descripción del juzgado, Rivarola iba monitoreando el material que le pasaba el espía”.
¿Cómo puede saberlo el juzgado federal? Los fiscales filmaron la reunión que tuvieron con el agente de inteligencia y el video es prueba que la fiscal federal Silvina Ávila analizó y cruzó junto a la pericia de la CPU de Rivarola, para verificar la creación de carpetas y archivos. Todas coinciden con el día en que el espía visitó su despacho. La reunión comenzó a las 9:11 horas y duró 57:52 minutos. El espía se presentó como agente de la Secretaría de Inteligencia, exhibió credencial y aclaró que hacía unos años estaba realizando tareas de investigación abocado “a los hechos de ´Vuelta del Río´ (paraje donde se produjo la toma)”. Le dijo al fiscal que tenía identificadas a “montones de personas”, pero aclaró que sus intervenciones no eran “precisamente las judicializables”, sino que después deberían ser corroboradas “por los canales correspondientes para quedar a salvo de cualquier objeción de algún abogado defensor”.
Rivarola le dijo que estaba “de acuerdo”.
El fiscal estaba solo. A casi 7 minutos de comenzada la entrevista vio pasar a la Fiscal Jefe María Bottini por el pasillo del Ministerio Público. Le pidió que se sumara. Lo hizo. Rivarola le preguntó entonces al espía “en concreto, de esta gente qué datos maneja”. El agente contestó que trataban de identificar a las personas que iban a las reuniones o a colaborar al lugar de ocupación. “Para ello, tomaban fotografías y anotaban la patente de los vehículos que las trasladaban”, explica el auto. El juzgado consigna al espía como Agente AFI (por las siglas de la Agencia Federal de Inteligencia) Y sigue: “Sobre esto, mencionó que tenía identificada a una pareja de Bariloche, ingenieros nucleares del Balseiro, que concurren a prestar apoyo, también a una doctora”. El espía aclaró que toda la información la tenía “la brigada” porque “se manejaba con ellos”.
La fiscal Bottini le preguntó por el financiamiento de la toma. El espía respondió que los mapuche estaban “rentados” y que la organización italiana Ya Basta “gira dinero”. Agregó que la FM Kalewche recibió “remesas de dinero muy importantes sin explicación en publicidad”. Cabe aclarar que Kalewche es una radio comunitaria.
A los 18:50 minutos de comenzada la entrevista el espía sacó de su bolsillo el disco externo y comentó que tenía filmaciones. Rivarola se mostró interesado. “Lo bajamos, sí”, le dijo. Según el auto, “Rivarola y Bottini observaron el contenido del dispositivo conectado a la computadora, mientras [Agente AFI] realizaba explicaciones a medida que avanzaban por fotos, videos y documentos de texto”. El espía les dice que tiene información de una periodista de El Bolsón que “acostumbra a escrachar a los agentes de inteligencia que concurren de incógnito a las manifestaciones”, y mencionó que después le mostraría la “ficha” de una mujer que tenía identificada. Rivarola manifestó que le interesaba: “Yo tengo que imputarla”. El auto describe cómo los fiscales fueron pasando por carpetas y archivos, y a casi 40 minutos, describe: “Rivarola preguntó ´¿esto´”, a lo que el agente respondió “que se trataba de un teléfono que estaba ´dentro de listado´ y pertenecía a una periodista del diario Crónica”.
Nadie se salvaba.
Más: “Al revisar otro archivo [Agente AFI] comenzó a decir ´ah, ese es un periodista´ y Rivarola completó ´militante de la Cámpora´. [Agente AFI] explicó que ´lamentablemente uno tiene que saber quiénes son y qué quieren´”.
Rivarola desconectó el disco externo a los 50:25 minutos. Es decir, más de media hora después. Textual del auto:
- “Rivarola culminó diciendo ´bueno, la verdad nos ha traído algunos datos importantes´. Intercambiaron sus direcciones de mail y Rivarola le dijo que ´todo lo que usted me quiera pasar por mail como dato a nosotros nos sirve, después veremos si lo podemos verificar o no´. Cuando se despidieron [Agente AFI] dijo que los visitaría una vez por mes, mientras Rivarola le decía que cuando venga le pase los datos que tenga para ir actualizando”.
El espía se fue a la 10:07 de la oficina del fiscal Rivarola.
Tres meses después estalló el escándalo inevitable.
El rastrero
Algunas de las declaraciones testimoniales que tomó el juzgado federal también son indicativas de la relación promiscua entre las fuerzas de seguridad y espías respecto a tareas de inteligencia con escaso o nulo sustento legal. La primera declaración citada es la de Adrián Alejandro Muñoz, jefe de la División Investigaciones de Esquel. Muñoz declaró que el espía acudió a su oficina “en el marco de la investigación relativa a la ocupación territorial de Leleque”. Sostuvo que no lo conocía, pero “reconoció que trabaja de manera coordinada con la ex Secretaría de Inteligencia”.
Según Muñoz, “en la brigada consideraron que era lo que en la jerga se conoce como ´rastrero´, saca información y la lleva”, y quiso dejar en claro que “este agente nunca intervino con la policía dando indicaciones”. Muñoz aporta un dato interesante:
- “Señaló que el mismo día en que se hizo público a través de redes sociales la existencia de documentación referida a personas del movimiento ´No a la Mina´, dos integrantes de la ex Secretaría de Inteligencia concurrieron a su oficina y le pidieron entrevistarse con el Fiscal Rivarola porque tenían información para darle. Dijeron ´viste, [Agente AFI] se la re mandó, venimos a pedir disculpas a la Fiscalía y al Juzgado Federal. Rivarola accedió a reunirse con ellos a las 18 horas en la dependencia policial”.
Muñoz declaró que cuando llegó a su oficina, Rivarola ya estaba reunido con los dos agentes y con “el oficial Carrizo”. Según la declaración de otro de los integrantes de la Brigada, la reunión duró “20 minutos”. Muñoz dijo que en ese momento se enteró de la existencia del archivo con información de las personas del No a la Mina.
El “oficial Carrizo” es Pablo Nicolás Carrizo, segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de Esquel, que también prestó declaración al juzgado federal. Confirmó parte de lo dicho por Muñoz: “Luego de la ocupación territorial en Leleque se presentó en la brigada una persona que se identificó como agente de la ex Secretaría de Inteligencia”. El agente pidió hablar “con el Jefe”. Es decir, Muñoz.
¿Qué dijo sobre la reunión de los otros dos agentes con Rivarola? Que sólo “se quedó cebando mate”. Según el oficial Carrizo, en ese momento se enteró de todo lo que se había destapado. Según la declaración, Carrizo “advirtió que los tres estaban al tanto de lo que había pasado y Rivarola pedía asesoramiento a los dos agentes”, que le confirmaron que la persona que había concurrido a su despacho con el disco externo era “compañero de ellos”. La declaración termina: “Se mostraban indignados”.
Otra declaración que remarca esa promiscuidad es la de José Luis Santillán, comisario 2do de El Maitén, que dijo que “en una oportunidad una persona que desde hace años conoce como [Agente AFI] y sabe que es agente de la ex Secretaría de Inteligencia lo fue a buscar a la Comisaría”. Agregó que, de allí, lo mandaron a verlo a su casa. Santillán declara que fue al hogar del espía, que estaba “con su esposa e hija”. Comentó que hablaron de temas personales. Según el auto, el agente le manifestó que estaba “trabajando con el tema de los mapuche”, pero que Santillán “no le hizo ninguna pregunta sobre ello porque sabe que se manejan de manera confidencial”.
Otro que declaró fue Claudio Alfredo Rodríguez, encargado de la Sección Comarca Andina de la Brigada de Investigaciones de Esquel, y su importancia radica en que, como expresa el auto, “tuvo intervención desde el primer momento en la investigación por la ocupación”. Rodríguez afirmó que en marzo se presentó el espía, que dijo ser de “la SIDE”. Según el oficial, “tuvo por lo menos dos o tres encuentros” con el agente, que le “trataba de sacar información” y que bajó información en su computadora, pero que “la borró” porque “no tenía nada que ver con sus investigaciones”. Dijo que no vio nada sobre las fichas del No a la Mina.
El juzgado federal requirió el listado de llamadas recibidas y emitidas por el espía. La empresa prestataria del servicio de telefonía móvil informó que su celular estaba domiciliado en Puerto Madryn y registrado bajo la titularidad de “SIDE”. Según el listado completo citado en el auto de procesamiento:
- Recibió 17 llamadas desde el celular del subcomisario Rodríguez entre el 12 de abril y el 2 de octubre de 2015. “A su vez, lo llamó en veinticinco ocasiones y le envió cinco mensajes de texto entre el 12 de abril y el 15 de agosto”.
- Recibió 3 llamadas del Comisario Muñoz entre el 17 de marzo y el 3 de junio de 2015. El espía lo llamó 17 veces y le envió 3 mensajes de texto entre el 25 de marzo y el 20 de julio de 2015.
- El 4 de junio llamó al celular del “oficial Carrizo”.
- El 28 de agosto recibió una llamada del fiscal Rivarola. El juzgado federal constató que la llamada fue a las 18:05 horas y duró siete minutos. El auto no aclara otra llamada, por lo que se podría intuir que fue en esa comunicación que el funcionario público se sinceró: “Me mandé un cagadón”. La fecha coincide con el día en que el defensor público denunció la existencia de las fichas.
Qué dice Pablo Galperín, de FM Kalewche: “La importancia de este auto es poner en evidencia la complicidad en el manejo irregular de información entre servicios de inteligencia, la justicia y la policía. El espía alcanzó un nivel de gestión con distintos funcionarios judiciales y policiales que llama la atención que sea por pura iniciativa propia. Es mucho trabajo. Una cosa es aportar un material, otra cosa es todo esto. Además, genera cierta inquietud que aún no se conoce su identidad. Puede seguir trabajando. No hay muchas garantías de que esto no siga pasando”.
Qué dice el espía
El agente de inteligencia prestó declaración indagatoria el 2 de febrero. El juzgado le imputaba que, en su condición de agente de la Delegación Provincial de Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia, “cumplió funciones de investigación criminal sin autorización legal ni requerimiento judicial alguno realizado en una causa concreta”.
Qué respondió el espía. Extractos textuales del auto:
- “En defensa de esta imputación, [Agente AFI] refirió que concurrió a esta zona comisionado por órdenes superiores para realizar una tarea que ´no puedo revelar en el marco de la ley de inteligencia´. Vino en cuatro oportunidades, inició su comisión el 12 de marzo y estuvo en la región en abril, mayo y junio. Que se presentó ante las ´distintas autoridades´ a raíz de ´los nuevos paradigmas de la AFI´, hablando de la apertura del organismo, que está trabajando en un ´marco abierto y plena colaboración´.”.
- “Dijo que Rivarola no lo convocó, sí sabía que ´estaba trabajando y me entrevistaba con la policía´. Sólo estuvo dos veces con él, en mayo y junio, y conversó por teléfono en una sola oportunidad. El vínculo era a través de Muñoz”.
- “´Rivarola quería saber cosas, insistía, pero yo no le podía decir, yo le dije que para incorporar a la causa necesitaba la orden judicial´. Dijo que Rivarola creó una carpeta en su computadora y copió los archivos que iba viendo y le interesaban. ´Todos los documentos que copió en su computadora los abrió, los miro y decidió copiarlos… si mal no recuerdo, me parece [que la carpeta] la tildó como ‘Inteligencia’…´. Las fotos que ´yo había tomado de la toma´ le servían para su investigación”.
Dijo que la información que le dio a Rivarola “no es clasificada”, sino sacada de “redes sociales, medios masivos de comunicación, de radios, de declaraciones públicas”.
- “Con relación al archivo ´ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA ANDINA.doc´ (donde estaban las fichas del No a la Mina) dijo que Rivarola ´lo abrió, lo vio e incluso dijo que le podía interesar´. En ese momento, él se dio cuenta que se le había ´traspapelado´, ´pero como me dijo que le podía interesar se lo dejé que lo copie´”.
- “Agregó que él no confeccionó ese archivo, sino que había circulado en ´redes sociales´ tiempo atrás con motivo a un conflicto suscitado entre la UOCRA y sectores anti mineros. Ignoraba que todavía estuviera en su computadora. Estimó que el archivo debió haber sido creado en 2014. ´Yo no lo levanté, llegó a mi computadora porque fue visto en la delegación, estaba dentro del marco social conflictivo de esa época, entre estos sectores había escraches mutuos´».
- “Por último, comentó que un día Rivarola lo llamó y le dijo ´me mandé un cagadón´. Primero le dijo que le habían sacado la información y después que no sabía cómo se le había traspapelado. Le dijo que sabía que iba a tener un problema muy grande y que por ende también lo iba a tener él. Le hizo referencia al archivo de activistas anti mineros, él le dijo que no sabía ni de donde había salido. Rivarola le dijo que tenía que hacer una denuncia. Después no tuvo más contacto con él”.
“Dijo no estar al tanto de la reunión que mantuvieron compañeros suyos con Rivarola en la sede de la Brigada. Nunca escuchó los nombres de los agentes que habrían participado en esa reunión, ni como nombres de cobertura”.
Dardos cruzados
Desde la Agencia Federal de Inteligencia, aún en tiempos de Oscar Parrilli, informaron al juzgado que el organismo no ordenó ninguna de las actividades que se desprenden en la causa. Antes de dictar el procesamiento, el juez federal Otranto subraya que la información suministrada por el espía “no consistió en una mera búsqueda a través de alguna red social en Intenet”, ya que “las características de los datos recabados dan la pauta de que fue producida por alguien que venía recabando datos y realizando una observación prolongada de la actividad anti minera y de defensa de pueblos originarios en la región”. El juez se apoya en el peritaje informático: el archivo fue creado sólo cinco días después del comienzo de la recuperación mapuche en tierras de Benneton.
El juzgado también remarca la contradicción entre la declaración del espía con la declaración del fiscal Rivarola. El funcionario afirmó en sede judicial que la existencia del fichaje le pasó inadvertida. El agente, por su parte, declaró que Rivarola lo vio. Para el juzgado, “no se ha podido establecer con exactitud –hasta ahora- en qué momento abrieron el archivo” que contenía las fichas. Sin embargo, el magistrado aclara que lo que sí pudo establecerse es el momento de la entrevista en el que los fiscales observan las fotografías que el agente de inteligencia obtuvo cuando acudió a una reunión del movimiento No a la Mina. Es decir, observaron un delito.
Por ese motivo el juzgado no saca la lupa sobre el proceder de los fiscales.
Una alta fuente de ese juzgado federal encargada de la investigación había asegurado en septiembre del 2015 a MU que el accionar de los fiscales había sido irregular: “No hay protocolo en estos casos, porque la respuesta debe ser una: no hay que recibir este tipo de información. No es lo mismo un vecino que un agente de inteligencia”.
No pensaba lo mismo Bottini, que en una entrevista a esta revista dijo: “¿Por qué yo voy a pensar que los agentes públicos cometen ilegalidades?”. Rivarola, en tanto, además de confirmar que “la Ley Nacional de Inteligencia nunca la manejamos”, fue por el mismo carril: “No podíamos inferir que un agente de un servicio nacional, que se presentara de esta forma, infligiera la ley y nos dejara un documento ilegal”. No fue gratis: el Procurador provincial los apartó de la causa y el Consejo de la Magistratura aprobó por 8 a 5 la apertura de un sumario a los tres fiscales. Para el doctor Jorge Amado Gutiérrez, instructor del sumario, los funcionarios “no han incurrido en mal desempeño de sus funciones ni en desconocimiento inexcusable del derecho”, por lo que propone el archivo de la causa, según su dictamen del 9 de abril. De todos modos, aún resta que el informe sea abordado por el Consejo, que sesionará el 10 y 13 de mayo.
¿Cómo se leerá en ese contexto el procesamiento del espía?
¿Casualidad o causalidad?
¿Qué pasó con la acusación de terrorismo hacia los mapuche? La Corte Suprema de Justicia de la Nación derribó en nueve líneas el intento de aplicación de la Ley Antiterrorista. El fallo firmado en diciembre por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda hizo propias las palabras del Procurador Fiscal ante la Corte, Victor Abramovich, cuyo dictamen deshizo la interpretación del juez provincial Martín Zacchino, que entendía –apoyado por la instrucción de las fiscales Bottini y Révori y el fiscal Rivarola, hoy apartados de la causa- que el “accionar” mapuche ponía “en riesgo la seguridad interior” de la Nación.
Dice Abramovich:
- Por el contrario, los acontecimientos bajo análisis están enmarcados en una protesta llevada adelante en reclamo de derechos sociales, lo que ameritaría aplicar, eventualmente, la excepción prevista en el artículo 41 quinquies del Código Penal, en la medida que prevé que «las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional».
¿Es casual que las fichas hayan aparecido en el marco de esa causa?
Galperín concluye: “Que aparezcan justo en una investigación territorial no puede leerse como una casualidad y una coincidencia, sino como la amenaza que ven ciertos sectores hacia lo que son los procesos de organización y movilización social como las comunidades originarias y la asamblea No a la Mina, que en el fondo discuten lo mismo: la tierra, los recursos naturales, los bienes comunes. Todos los que aparecemos en al auto somos integrantes y referentes de la asamblea y de diferentes comunidades, que peleamos por la reivindicación de ciertos derechos”.
Nota
Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

Nota
La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

Nota
Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza
Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.
La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.
Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.
Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.
Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.
Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.
Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.
La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?
Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.
Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?
Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.
¿Les iban informando qué harían con ustedes?
Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.
¿Por qué Italia primero?
Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.
¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?
Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.
¿Cómo es un ataque con drones?
Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.
En altamar también siguieron las intimidaciones
Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.
¿En algún momento temiste por tu vida?
Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.
Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?
Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.
¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?
Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.
¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?
Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.
¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?
En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.
Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?
No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.
El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…
Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.
¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?
Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.
Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?
Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.
¿Qué edad tiene tu hija?
9 años.

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