Aunque la familia del asesinado Rafael Nahuel no fue notificada del resultado de la autopsia, el gobierno nacional obtuvo y filtró el resultado de la pericia que confirma la muerte del joven de 22 años por un balazo 9 milímetros de un arma del grupo Albatros de la Prefectura. O sea: lo que había informado la comunidad mapuche. Patricia Bullrich y Germán Garavano (ministros de Seguridad y Justicia) salieron a cuestionar las decisiones del juez Gustavo Villanueva, omitiendo cualquier idea relacionada con la división de poderes. Criticaron la histórica predisposición a una solución pacífica acordada por el juez y el obispo de Río Negro Juan José Chaparro con la comunidad en Villa Mascardi, Bariloche. El propio obispo estuvo a cargo de la emotiva misa en el barrio Nahuel Hue, que despidió el cuerpo de Rafael. Se preveía que este martes se realicen las pericias judiciales en Mascardi. La abogada y los referentes indígenas volvieron a desvincular a las comunidades de la sigla que agita el oficialismo para justificar el acoso a los mapuches: la RAM.
“El gobierno no puede hablar del ‘beneficio de la duda’ cuando hay una persona asesinada. No hubo un enfrentamiento sino que los corrieron a tiros”, dijo a lavaca Natalia Araya, abogada de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche. Sus dichos son en respuesta a la frase de la vicepresidenta Gabriela Michetti: «El beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad».
Ni Araya como abogada de la comunidad ni la familia de Rafael Nahuel recibieron notificación de los resultados de la autopsia realizada el domingo en la morgue de Bariloche. Eso ya es un índice del tipo de trato que se suele dispensar a las víctimas y sus familiares.
Pero el informe sí llegó al gobierno nacional que a su vez lo filtró a través de empresas como Clarín e Infobae, que clonaron casi las mismas palabras cual vieja gacetilla, descartando que el joven hubiese sido víctima del llamado “fuego amigo”. Araya: “Tampoco hubo fuego amigo, porque los mapuches no tenían armas de fuego, ni las usan por una cuestión cultural”.
Un rato antes de conocerse el resultado de la autopsia los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano, defendieron en conferencia conjunta los operativos de las fuerzas de seguridad en el sur. “Nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento. El juez tendrá que ir a buscar las pruebas y está perdiendo bastantes días”, presionó Bullrich a dos días del asesinato de Rafael Nahuel. La ministra no tuvo palabras similares cuando el juez Guido Otranto dejó escapar más de un mes mientras funcionarios, candidatos, medios adictos y trolls lanzaban mentiras sobre el paradero de Santiago Maldonado.
Dijo también Bullrich: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”. Insistió con que los mapuches tenían armas de grueso calibre aunque “seguramente ya se las llevaron”. Esta idea de una logística mapuche empalma con el llamativo informe de su Ministerio que describió que los mapuches tenían armas de fuego de alto calibre, máscaras de gas, lanzas con cuchillos atados en la punta, boleadoras y un visible entrenamiento militar.
La doctora Araya: “Tomo todo eso que dicen como de quien viene. Hay un evidente conflicto de poderes porque el Ejecutivo no tiene por qué presionar las reaoluciones de un juez. Pero es algo a lo que venimos acostumbrados. El Ejecutivo cuestiona a los jueces que toman resoluciones que no favorecen al propio gobierno”.
Para la abogada el gobierno “resulta ignorante en cuanto a los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Hay un tinte de impunidad que intenta demostrar que las minorías son grupos terroristas militarizados y radicalizados que ponen en jaque al pueblo argentino, mientras en realidad los que ocupan las tierras y limitan el ingreso a lugares públicos a todos los argentinos son los grandes terratenientes como Joe Lewis o Luciano Benetton”.

Cómo lo mataron

Sobre las armas dice la abogada: “No sólo no hubo enfrentamiento. Por una cuestión de creencia y de cultura la comunidad mapuche no porta armas de fuego. Lo de las boleadoras y lanzas es otro desconocimiento de lo que es el pueblo mapuche y tiene un tinte a Conquista del Desierto y a caricatura. Cuando los mapuche han tenido que defenderse lo han hecho con piedras, no con boleadoras o con armas. Y en cualquier caso, na da es comparable con el uso de un arma letal como una escopeta o una ametralladora”.
Araya relata: “La comunidad manifiesta que lo que ocurrió fue que la Prefectura los salió a cazar, que no les dieron ni voz de alto, los corrieron a balazos mientras ellos subían, y en un momento Rafa se agachó. Ahí recibió el impacto de bala y Prefectura lo dejó tirado sin asistirlo”.
Esa bala, 9 milímetros, entró por el glúteo de forma ascendente y atravesó destruyendo órganos. Según los medios oficiales son las municiones que utilizan las pistolas ametralladoras MP5.

No es la RAM

Los argumentos oficiales suelen agitar a RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) como grupo violento que justifica la intervención estatal para mantener el orden y evitar atentados. El grupo es calificado como radical, violento y terrorista.
Dice la abogada de la comunidad Lafken Winkul Mapu: “Hablar de RAM no tiene absolutamente nada que ver. Es más. Si existió el grupo RAM, hace mucho que no se sabe nada del mismo y creo que hay una intención de las fuerzas de inteligencia de crear este tipo de imágenes de grupos terroristas para justificar la represión y la violencia contra las comunidades. Hubo un incendio en agosto en el Refugio Jakob, y se encontraron panfletos donde la RAM se atribuía el incendio, pero nunca se pudo corroborar la existencia de ese grupo, ni si fue el que provocó el incendio”.

Monólogos o diálogos

El cuestionamiento de Bullrich y Garavano al juez parece originado en la propuesta de diálogo de la comunidad mapuche de Lafken Winkul Mapu con autoridades de Parques Nacionales, a través de una mesa en la que participe también el obispo de Bariloche Juan José Chaparro, diputados, organismos de derechos humanos.
Araya: “Fue un avance totalmente significativo. Algo histórico si es que se logra concretar. La comunidad está muy abierta al diálogo y conforme. Y esperamos que se hagan todas las pericias en el lugar para demostrar exactamente cómo ocurrieron las cosas”. Esas pericias se realizarán posiblemente este mismo martes. Y es posible que también en ese momento la familia pueda conocer de modo formal y oficial el resultado de la autopsia sobre el cuerpo de Rafael Nahuel.
Juan Pilquiman, referente de la Coordinadora Mapuche, Zona Andina, explicó a lavaca: “Declaraciones como la de Bullrich son irresponsables porque hay una situación de mucha violencia en la región, con riesgo de que continúe. Pero en lugar de poner un poco de calma, sale a agredir a las comunidades. La gente está consternada con la muerte de un hermano. Y estamos expectantes de que puedan aparecer funcionarios nacionales con capacidad de resolver esto. No hablo de funcionarios de INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) porque reunirnos con ellos ha resultado una pérdida de tiempo, mientras hay situaciones que necesitan resolverse con urgencia”.
Este lunes fue enterrado el cuerpo de Rafael en el cementerio municipal, tras una misa que ofició el obispo de Bariloche Juan José Chaparro. Cuenta Alejandro, de la organización Al Margen en la que participaba Rafael: “El barrio se reunió alrededor de la casita en la que él vivía. Estaban el papá, la mamá y los hermanos. Hicimos una vaquita para comer juntos, hubo mucha gente, mucha sorpresa y mucha tristeza. Nos quedamos todos pensando las cosas que hay que hacer ahora para seguir la vida”.