Nota

Qué hay detrás de la campaña antimapuche

Publicada

hace 6 años

27/11/2017

Las presiones de terratenientes y empresas. La operación de los medios. El rol del modelo económico. Y un genocidio que no termina. Darío Aranda explica en esta nota el marco de la avanzada del gobierno contra los mapuches.
Por Darío Aranda
El modelo extractivo: petrolero, minero, agropecuario, forestal.
Una multinacional (Benetton) con directa influencia en el poder político y judicial.
Políticas de Estado de despojo y sometimiento.
Un genocidio que jamás tuvo su “nunca más”.
Sólo algunos de los elementos detrás de la campaña que pide represión para el Pueblo Mapuche.

Extractivo

Durante el menemismo se aprobó la ingeniería legal que dio pie a la profundización del extractivismo en Argentina: leyes mineras, privatización de YPF, ley forestal, aprobación de transgénicos con uso de agrotóxicos. Pero la implementación en los territorios se dio durante el kirchnerismo. Dos ejemplos: se pasó de 40 proyectos mineros en estudios (en 2003) a 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de hectáreas con soja transgénica se pasó a 20 millones (22 en la actualidad).
El macrismo continúa esa línea: quite de retenciones a la minería, baja de retenciones al agro, flexibilización laboral para trabajadores petroleros. Más extractivismo, más avance sobre territorios rurales, donde viven pueblos indígenas y campesinos.
Amnistía Internacional contabilizó un piso de 250 casos conflictivos, entre los que detectó un punto en común: detrás siempre hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos.
Cómo sucedió con la Campaña del Desierto, que tenía como fin económico incluir tierras al mercado capitalista, la Argentina del Siglo XXI repite la historia de avanzar sobre los pueblos indígenas.

Preexistente

“Mapuche” significa en mapuzungun “gente de la tierra”. Los mapuches, como todos los pueblos indígenas del continente, son a partir del vínculo con el territorio. De allí proviene su historia, su cultura, su filosofía, su vida y de ese territorio dependen sus hijos, nietos y su futuro como pueblo.
Un argumento falaz para atacar a los indígenas del sur es que decir que son chilenos. Los pueblos indígenas tienen miles de años de historia, y el Pueblo Mapuche en particular existe desde muchos antes de la conformación de los Estado-nación. Es decir, son previos a la existencia de Argentina y Chile. El artículo 75 de la Constitución Nacional lo reconoce: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano (…). Asegurar la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.
Ante cada campaña mediática de ataque a los mapuches, académicos repudian las falsedades de sectores periodísticos. En enero pasado, investigadores del Conicet escribieron un texto que resume cientos de estudios académicos: “Afirmamos que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches (…) Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina”.

Periodismo represivo

“Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, tituló el diario Perfil el domingo 8 de enero en un extenso artículo, referido al conflicto del Lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que aparecen más datos, la acción de (Facundo) Huala y su grupo puede ser leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la financiación del grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones Huala sería el nexo”.
Dos días después, el martes 10 de enero, hubo feroces represiones sobre el Lof Mapuche. Una por la mañana (Gendarmería Nacional). Otra por la tarde (policía de Chubut). El miércoles se produjo un tercer operativo violento. Tres represiones en dos días. Una cacería de mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de gravedad. La imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el cuello, recorrió el país.
A la campaña anti-indígena se sumó el diario Clarín, con un extenso artículo anunciado en tapa el domingo 22 de enero y doble página interna. “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, fue el título, firmado por Gonzalo Sánchez. Citó en seis oportunidades voces oficiales del Ministerio de Seguridad de Nación, Cancillería y Secretaría de Seguridad. Todas voces en “off”, sin nombre ni apellido, que acusan al Lof Cushamen de hechos tan insólitos como ajenos a la realidad. Según Clarín:
-Los mapuches están vinculados a grupos kurdos y a la ETA del país Vasco.
-Recibieron financiamiento del kirchnerismo.
-Afirma que el Lof Cushamen ocasionó incendios, secuestro de personas e intento de asesinatos, entre otros hechos.
No se aporta ninguna prueba de todos estos hechos. Sólo la opinión del gobernador Mario Das Neves y voces en off.
Gonzalo Sánchez, autor de la nota y editor del diario, repite lo de Cecilia Moncalvo en Perfil: vincula al Lof Cushamen (y a Jones Huala) con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuando la comunidad nunca ha declarado ser parte de esa organización. Segunda coincidencia: Sánchez no otorga ni una línea a la voz del Lof Cushamen, ni de sus abogados, ni de las organizaciones de derechos humanos que acompañan.
Infobae no se quedó atrás. “Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y la Argentina”, tituló el 9 de agosto un artículo de Martín Dinatale, con todas voces en off y ninguna entrevista a mapuches. Un artículo que podría haber sido escrito por Patricia Bullrich.
Insólita la nota de Claudia Peiró en Infobae. Acusó a los mapuches de estar financiados por ingleses. “The Mapuche Nation, el pueblo originario con sede en Bristol, Inglaterra”. No aporta una sola prueba que acredite esa relación.
Clarín retrucó. “Jones Huala redobla la apuesta: llamó a la rebelión y la lucha armada. Desde el penal donde está detenido, el referente mapuche convocó abiertamente a la acción violenta”. Firmada por el corresponsal el Bariloche, Claudio Andrade, conocido de las organizaciones mapuches por sus continuas que rozan el racismo.
Por otro lado, también sobresalen comunicadores, intelectuales, artistas y políticos no dudaban en echar sospechas sobre el líder qom Félix Díaz de Formosa y, al mismo tiempo, silenciar las atrocidades del gobierno feudal de Gildo Insfrán. Figuras radiales afines al kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacían entrevistas condescendientes a Insfrán. En el “mejor de los casos”, se llamaban a silencio ante la violación de derechos. El periodismo afín al kirchnerismo apoyó fervientemente la explotación petrolera en Vaca Muerta, aunque allí se violaban derechos indígenas y también se reprimía (y se reprime). Con el macrismo en el poder, esos mismos periodistas, intelectuales y artistas se horrorizan y repudian la violencia que sufren los mapuches.
Periodistas de uno y otro lado tienen una coincidencia: escriben sobre un hecho sin recorrer el territorio. No visitan (ni visitarán) las comunidades indígenas. Son periodistas de escritorio. Y sus mentiras repercuten de la peor manera: legitiman represiones.

Genocidio

Robo de bebés. Desaparición de personas. Torturas. Campos de concentración. Asesinatos.
Lo sufrió la sociedad argentina en manos de la última dictadura cívico-militar.
Lo sufrió el pueblo judío en manos del nazismo.
El Pueblo Mapuche también padeció robó de bebés, desaparición de personas, torturas, campos de concentración, asesinatos. Pero no hubo jamás pedido de perdón, tampoco reparación ni justicia. No hubo un “nunca más” para lo sufrido por los pueblos indígenas.
Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la UBA, lo resume así: «El Estado se construyó sobre un genocidio. Se requirió que no hubiera más diversidad interna. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado».

Recuperaciones

“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu” significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios volver a parcelas que les fueron arrebatadas en el pasado. En los últimos quince años, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el Pueblo Mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes.
Los pequeños burgueses urbanos deben permanecer tranquilos: los indígenas no ocuparán los departamentos en Palermo o Recoleta, ni les interesan las mansiones de Nordelta. Sólo vuelven a las tierras de sus antepasados que hoy están en manos de grandes empresas.
Los legalistas también deben estar conformes: las recuperaciones territoriales están respaldadas por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales.
“Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”, detalla el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a las leyes nacionales. El artículo 14 también apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
La Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución (…) por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados”.
“Las comunidades indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” es el título del trabajo sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, ex secretario de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. Al analizar la acción de la CIDH, abordó la posesión ancestral: “Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.
La recuperación territorial implica mucho más que hectáreas: instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario.

Benetton

En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena: recuperó 625 hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Compañía de Tierras Sud Argentino (Grupo Benetton), ubicada entre Esquel y El Bolsón. El caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que prometió la donación de tierras dentro de Chubut. Pero la compañía sólo ofreció parcelas que eran improductivas.
La comunidad no aceptó y aclaró que los pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que habían sido robados por privados. La causa avanzó en tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca aceptó la derrota entre otras cosas porque habilitaría que otras comunidades repitieran la acción.
En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa Leleque. En el marco de la Ley Nacional 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del Pueblo Mapuche. La comunidad siempre denunció las irregularidades en el título que adquirió la compañía Benetton (explicadas en detalle en el libro “Ese ajeno sur”, del investigador Ramón Minieri).
El 13 de marzo de 2015 se produjo una nueva recuperación territorial en la estancia Leleque de Benetton. “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explicó como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).
Ya no era un sólo mal ejemplo. Ya eran dos. Y pueden ser más.
Benetton descargó todo su maquinaria legal contra los mapuches y contrató una agencia internacional de prensa y lobby (JeffreyGroup) para una campaña mediática, tanto a nivel provincial como nacional. El responsable en Argentina de JeffreyGroup es Diego Campal, que se presenta como “especialista en resolución de conflictos y gestión de crisis”.
Periódicamente llegaban las gacetillas de prensa y fotos en alta definición de los “atentados” que sufría la estancia Benetton. Sus principales destinatarios: el diario Jornada (Chubut), Río Negro (el más leído de la Patagonia), Clarín y La Nación. Los mismos comunicados llegaban al despacho del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y sus ministros.
La campaña mediático daba sus primeros pasos y vinculaba a los mapuches con grupos paramilitares (ETA, FARC).

Mapuche vs. Benetton: la corte no reconoce derechos originarios

Enemigo interno

En diciembre de 2016, el gobernador Das Neves pidió juicio político para el juez Guido Otranto por no haber condenado a Facundo Jones Huala (lonko del Lof en Resistencia de Cushamen). “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, refirió en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno de agosto de 2016 a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales y catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, cuestionó al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
El 21 de junio pasado, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.

Peligro

“Ser indígena hoy es ser subversivo”, resumió con simpleza en una mateada Jeremías Chauque, mapuche, músico, productor de alimentos sanos (sin agrotóxicos). Y amplió: “Los indígenas no aceptamos el extractivismo. Nunca lo aceptaremos. Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso nos consideran un peligro”.
Facundo Jones Huala, desde la cárcel de Esquel, fue en línea similar: “El Pueblo Mapuche impulsa la reconstrucción de nuestro mundo, y la expulsión de extractivas del territorio. Como mapuches no podemos ser en tierras desbastadas, no podemos ser mapuche con pozos petroleros o con mineras. Necesitamos nuestra tierra sana, en equilibrio y armonía. Restablecer ese equilibrio es hoy revolucionario, es alterar el orden actual del capitalismo extractivo. Por eso los mapuches somos un problema para el poder”.

Disparen

Ante la desaparición de Santiago Maldonado, en el marco de una represión de Gendarmería Nacional el 1 de agosto, la ministra Patricia Bullrich apuntó contra las comunidades indígenas: «No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista».
La Sociedad Rural Argentina, impulsora de la Campaña del Desierto y parte de la última dictadura cívico-militar, aportó un comunicado: “Tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del Sur” (en referencia a los mapuches).
La Confederación Mapuche de Neuquén le contestó a la Ministra de Seguridad: “La funcionaria Patricia Bullrich en sus declaraciones cargadas de desprecio racial e ignorancia, construye una verdadera ensalada de conceptos errados. Desconoce conceptos básicos de estados modernos y evolucionados que se asumen como Estados Plurinacionales. Nuestra condición de Nación Mapuche está basada en la preexistencia milenaria que reconoce la propia Constitución Argentina. Negar esta realidad es propia de los estados autoritarios y colonialistas que desconocen la diversidad”.
“Un estado prlurinacional no depende del permiso de una funcionaria. Está relacionado a una existencia de miles de años, ante un estado moderno de solo dos siglos de existencia”, explicó la Confederación Mapuche y afirmó: “La plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad. Si los mapuches no asumiéramos nuestra nacionalidad, seríamos un pueblo sin historia y peor aún, seríamos un pueblo sin futuro”.
El Consejo Asesor Indígena (CAI), histórica organización mapuche de la Patagonia, también emitió un documento: “Repudiamos el accionar del Estado frente los hechos que han sucedidos (el Cushamen) y manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia estatal y sus familias. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y responsabilizamos al Estado Nacional por la actual situación de militarización que sufren los pueblos originarios”.
“No queremos que la actitud de Estado y la sociedad frente a nosotros sea de represión, discriminación y racismo”, precisó la organización indígena. Recordó que el Pueblo Mapuche ha sufrido incendios, persecuciones judiciales y policiales, amenazas de muerte, acosos, allanamientos e intentos de desalojo. Y el CAI dejó una aclaración: “Mantenemos nuestros reclamo y la firmeza en nuestra lucha”.

¿Solución?

Una pregunta recurrente es por dónde pasa la solución. Y la respuesta indígena suele ser simple: “Que se respete la ley”.
Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Ley 26160 (freno a los desalojos), Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. La legislación vigente establece que los pueblos indígenas deben contar con “tierras aptas y suficientes” y que se debe realizar la “consulta libre, previa e informada” ante cualquier hecho que los pudiera afectar. Traducido: ninguna empresa extractiva puede ingresar a territorio indígena sin antes realizar todo un proceso de consulta (que puede llevar hasta años) con la comunidad.
De la mano de jueces y fiscales, esas leyes no se cumplen.
¿Por qué el incumplimiento? Porque es una política de Estado que atraviesa a todos los gobiernos: violar los derechos indígenas y beneficiar a petroleras, grandes estancieros, empresas del agronegocio y mineras.

La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

Temas:Santiago Maldonado

Fue la Prefectura

Hasta Santiago, siempre

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Madres de Plaza de Mayo: rondar el presente

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hace 3 horas

30/11/2023

La Ronda de Madres de cada jueves como lugar de encuentro, denuncia y reflexión, desde los 12 hasta los 93 años. Elia Espen y lo que vienen pidiendo hace más de 40 años. Por Lucas Pedulla

Tiene 12 años, se llama Catalina y es la primera vez que viene. «Es hermoso», dice, con brillo en los ojos, después de tomarse un tren y un subte desde Lomas de Zamora, sur del conurbano, con su tía Daniela, para venir a la ronda de las Madres en Plaza de Mayo, segunda después del triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial.

La caminata la encabezan Nora Cortiñas y Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora. Hay menos personas que la semana pasada, pero el movimiento sigue siendo vital para pensar esta época.

Catalina, por ejemplo, cuenta que en su colegio se discutió mucho durante las elecciones, y si bien fueron pocos los compañeros que apoyaban a Milei, lo hacían con argumentos que le parecían extraños: «Hablaban de la dolarización y pedían que vuelvan los militares».

Madres de Plaza de Mayo: rondar el presente

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

Zurda vas a correr

Daniela –31 años, preceptora– abre los ojos: «¿Por qué será que siendo tan jóvenes crean eso? Soy docente y he tenido problemas por tratar de frenar esos discursos. Tenía estudiantes que me chicaneaban, y aun si lo hacían para hacerme enojar, eran chicanas violentas: ‘Se te acaba la joda’, ‘viene el Falcon verde’. Mi otro sobrino, el hermano de ella, me dijo: ‘Zurda vas a correr’. Tiene 10 años».

¿Dónde vio eso? «En Tik Tok», dice. Catalina suma su visión: “Hay mucho Tik Tok y mucha violencia. Las redes sociales no ayudan para nada”. Daniela piensa que son necesarias nuevas formas de comunicar: “Trato de dar información, hablar con mi mejor tono, y enfatizar los ejemplos: los militares secuestraban personas y las tiraban vivas de los aviones. Pero no cala. En algo estamos fallando. Ahora todo son 10 segundos efímeros”.

De fondo, mientras caminamos, una voz lee nombres:

Lopez Ceferino.

López Bravo José María.

Lópes Calvo María Eugenia.

Son personas que siguen desaparecidas.

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

El lugar donde se mira al mundo

Otro de los camina en ronda es Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven de 28 años que desapareció el 1º de agosto de 2017 en medio de una brutal represión de Gendarmería a una comunidad mapuche en Esquel, provincia de Chubut. Su cadáver, sospechosamente aparecido meses después, fue señalado como efecto de un “accidente”. Eran tiempos de Mauricio Macri como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Tiempos en que también fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel en la Patagonia. Maldonado está en Buenos Aires porque el 11 de diciembre iba a tener la audiencia de apelación por el intento del juez Gustavo Lleral de cerrar la causa, pero se la postergaron hasta el 28 de febrero.

Percibe, en general, un sentimiento de retroceso: “Todas las instituciones se rompen, como un desmoronamiento general. Ya no es un negacionismo, sino desidia. Hubo una disconformidad que se manifestó, pero también es irresponsabilidad: es triste ver cómo la tercera fuerza se mete ahora a manejar el gobierno, con el discurso de rebeldía, pero el ministro de Economía va a ser el mismo que nos endeudó por 100 años (Nicolás Caputo). Hay un grupo de gente que no votó con el bolsillo, sino de manera irracional”.

No sintió miedo, pero sí preocupación: “Bullrich está coqueteando con el Ministerio de Seguridad, aunque hoy también sonó para Trabajo. Representa dos épocas nefastas, porque como ministra de Trabajo en 2001 ya le recortó el 13% a los jubilados. Y ni que hablar que ahora, si asume en Seguridad, tiene como vicepresidenta a alguien que reivindica el genocidio”.

¿Por qué, entonces, venir a la Plaza? “Quedan poquitas Madres y esto tiene que seguir. Nos encontramos con seres queridos en una misma línea. Capaz no sabés la fecha de cumpleaños, pero es un lugar de reencuentro. Desde acá se mira el mundo y también se interpela a la Casa Rosada. No hay que perder el vínculo con las Madres”.

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

Pensar todo otra vez

Lua tiene 16 años y Paloma 17. Son estudiantes de cuarto año del colegio porteño Carlos Pellegrini. Paloma viene por primera vez: “Estamos en una situación complicada y ahora, que se está reivindicando la dictadura, es súper importante cuidar la memoria”.

Lua ya vino varias veces: “Se cuestiona algo tan básico que siempre me pareció incuestionable. Y es importante venir para que en las casas se vuelva a hablar”. Percibió que Milei entró en el Pellegrini más silenciosamente, a diferencia de otros colegios donde el apoyo fue más colectivo, precisa: “La mayoría son por las familias; o lo toman como chiste, un meme, algo nuevo; o por la desconfianza en la política. Muchos descreen de lo político, entonces tampoco hablan, por lo general, con alguien que no piensa como ellos”.

¿Qué pudieron hablar post balotaje en el Pellegrini? “Siento que es un momento donde deberíamos hablar más que nunca, pero en mi colegio la juventud no se está pudiendo organizar lo suficiente para pensar estos cuatro años. Recién pasaron dos semanas, pero tuvimos una instancia para hablar y éramos nada más que 20 personas. Siendo un colegio tan politizado, es poco, y hay que replantearnos cosas básicas y volver a esquematizar todo”.

–¿A qué te referís con esquematizar?

–Pensar cómo vamos a salir, cómo van a ser nuestras marchas, cómo nos vamos a cuidar. Probablemente a mucha gente no la dejen ir a las marchas, porque somos pibes de 16, 17, 18 años, incluso menos. Tenemos que ser un gran volumen.

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

Me tienen podrida

Elia Espen tiene 93 años. El 18 de febrero de 1977, su hijo Hugo Orlando Miedan Espen fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención y tortura El Atlético. Sigue desaparecido.

«Están diciendo pobrecitos los generales, que tienen que liberarlos, mientras nuestros hijos siguen desaparecidos, fueron tirados al mar –habla, micrófono en mano, una vez terminada la ronda–. Estamos como empezamos: me tienen podrida. ¿Qué más podemos decir? Seguimos pidiendo lo mismo que pedimos hace más de 40 años: verdad y justicia. Estoy escuchando cada cosa por la radio y televisión que me espanta. Todavía no sabemos nada de lo que pasó con nuestros familiares. Ojalá se unan, ustedes, todos. Lo único que tenemos que seguir haciendo es estar juntos».

Luego, le pasó el micrófono a Nora Cortiñas, 93 marzos. Su hijo Gustavo está desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Nora habló y dejó frases para tomar apuntes:

“Todavía este pueblo no llegó a captar los horrores que vivimos durante el terrorismo de Estado porque, si no, las elecciones hubieran sido diferentes”.
“Vamos a tener que seguir hablando”.
“Como vienen días muy difíciles tratemos de estar juntas, juntos, y pensar que no queremos que se repita más lo que vivimos”.
“Tenemos que estar en la calle todo lo que podamos”.
«En vez de absorber el veneno que tienen les contestaremos con el amor que tenemos».
“Hay que salir y reivindicar lo que lucharon nuestros 30 mil”.
“Vengan acá, vengan a acompañarnos porque así vamos a demostrar que exigimos memoria y verdad hasta el final”.
“A seguir luchando. Vamos a vencer”.
“No pasarán”.

Voto cansancio

Rocío, 23 años, de Lomas de Zamora, estudiante de Periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda (UnDAV), militante del Movimiento Evita, la escucha con atención. También, es la primera vez que viene. “Me movilizó mucho venir ahora que Milei es gobierno, ver todo el sufrimiento de las Madres, pero que siguen acá. Vine por eso. Y seguro vuelva”.

Rocío es de las que piensa que no fue un voto negacionista sino un voto cansancio: “Venimos haciendo las cosas muy mal y hay reconocerlo: en los últimos cuatro años no hubo grandes políticas que le cambiaran la vida a la gente, que es por lo que el peronismo se identifica. Hay un cansancio: no creo que el 55% sea negacionista. Espero que no”.

Le cuento que recién, en otra entrevista, una docente hablaba de la necesidad de nuevas formas de comunicar. ¿Qué piensa una estudiante de periodismo? “Las empresas de medios siguen siendo funcionales al sistema. Yo me tiro del lado de los medios autogestivos, ahí se cuenta la realidad de los hechos. Soy mamá de una nena de cuatro años y no quiero que se malinforme por Tik Tok. Deberíamos volver a lo que hicieron las Madres y contar desde ahí. Por no querer confrontar, la juventud peronista fue tibia. Tenemos que perder el miedo y dejar de ser sumisos. El Nunca Más es Nunca Más en muchas cosas”.

-¿Qué destacás en las Madres como comunicación?

-La sensibilidad. Las Madres son un gran ejemplo de cómo enfrentaron la dictadura. Hubo estrategia ahí. Cuentan un hecho terrible que vivieron en carne propia, pero desde la sensibilidad con el otro, de entender al otro, de comunicar hacia el otro. Es por ahí y es lo que nos está faltando.

Repite: “Es por ahí”.

El jueves que viene, a las 15:30, habrá ronda otra vez, como hace 46 años.

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

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Crimen de Rafael Nahuel: condenan a los prefectos a 4 y 5 años de prisión; la familia apelará

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hace 4 horas

30/11/2023

La condena por el asesinato de Rafael Nahuel llegó tarde y mal: el prefecto Sergio Guillermo Cavia, responsable del delito de homicidio agravado, fue condenado a 5 años de prisión. Sus cuatro compañeros, cómplices, a 4 años y 6 meses. Y hasta tanto no quede firme la condena, seguirán libres. La familia anunció que apelará el fallo, a las puertas de una nueva presunta asunción de Patricia Bullrich, la responsable política del asesinato. Crónica de la audiencia de un veredicto anunciado, en cobertura colaborativa con Perycia.

Por Ludmila Cabana Crozza. Fotos de Jaime Carriqueo
desde fiske menuco

El fiscal llegó antes que nadie. Al habilitarse la sala de audiencias era la única persona sentada en la sala, en su lugar. Por momentos cerraba los ojos, por momentos revisaba su teléfono celular. Cuando ingresó al Juzgado saludó a una de las decenas de policías federales que custodiaban el edificio del Tribunal Federal de la ciudad de General Roca adentro y afuera. Antes de iniciar la subida por la escalera recibió un buen deseo. Va a estar todo bien, doctor, le dijo un policía.

Desde las 7:25 am hasta que se habilitó el ingreso a la prensa, el fiscal Rafael Vehils Ruiz estuvo solo en la sala. Entraron la prensa y la familia de Nahuel. Se llamó a un breve cuarto intermedio y todos regresaron, junto al Tribunal, cerca de las 11 para presenciar la lectura de la decisión final.

Crimen de Rafael Nahuel: condenan a los prefectos a 4 y 5 años de prisión; la familia apelará

Este miércoles 29 de noviembre de 2023 en la sala de audiencias Alfredo C. Nielsen se leyó el veredicto que los jueces federales Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava entendieron como justicia por unanimidad: condenar a Sergio Guillermo Cavia por considerarlo autor material responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de arma de fuego y con exceso de legítima defensa, a 5 años de prisión e inhabilitación especial por 8 años.

Eran cinco los prefectos procesados por la muerte de Rafael Nahuel en 2017 en Bariloche. Francisco Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7 años por el tribunal oral criminal federal de General Roca ya que los consideraron partícipes necesarios del delito de homicidio agravado cometido por Cavia. Los 5 condenados no tendrán condena preventiva: serán detenidos cuando la sentencia quede firme. Hasta tanto no podrán abandonar el país ni retirarse de su domicilio por más de 24 horas salvo que avisen con anticipación.

Pero antes de los 6 minutos que tardó la lectura del veredicto hecha por el presidente del tribunal, Alejandro Silva, los cinco procesados tuvieron un momento para decir las palabras finales. Todos hicieron uso de ese derecho y dijeron casi lo mismo: que obraron en cumplimiento del deber, conforme a derecho, sin cometer excesos y con una orden judicial que los legitimaba.

Cavia agregó que tenía fe en que se iba a hacer justicia; Obregón dijo que respetó la vida propia y la de terceros en cuanto se pudo. García dijo que actuó en este “lamentable hecho conforme a derecho”. Todo fue escuchado y visto en una pantalla, porque ninguno de los acusados pisó el Tribunal Federal en ninguna de las audiencias: siguieron el juicio desde sus casas, conectados a internet. Recibieron el veredicto en las mismas circunstancias.

Durante el debate oral hubo dos querellas: una por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con el abogado Mariano Przybylski como representante, y otra por parte de los padres de Rafael Nahuel con los abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino. En los alegatos ambas querellas pidieron prisión perpetua para los 5 prefectos por homicidio agravado.

El pedido de pena máxima se desprende de lo que el abogado Marigo entiende es un delito político, un delito de violencia institucional pero fundamentalmente una deuda de la democracia: no haber terminado con prácticas que vienen de la dictadura militar. Se refiere a usar el aparato estatal (en este caso las fuerzas de seguridad) en contra de ciudadanos comunes.

La defensa fue por la absolución, no reconoció ningún delito pese al resultado de una persona muerta y dos heridos de bala del mismo lado. El fiscal Vehils Ruiz, por su parte, pidió 5 años de prisión para los acusados. No consideró quitar el atenuante en la acusación original de homicidio en exceso de legítima defensa y fue por la idea de un enfrentamiento entre las partes. Esta posición, pese al pedido de las querellas, limitó la decisión del Tribunal en cuanto a la pena dictada: la más alta fue la que pidió el Ministerio Público Fiscal.

Rafael Nahuel fue alcanzado por un disparo por la espalda y murió el 25 de noviembre de 2017, tenía 22 años. Quienes lo acompañaban también fueron heridos y oficiaron de testigos en una de las jornadas del juicio que ayer terminó, no estaban armados.

El miércoles 29 de noviembre, día del veredicto, la mamá de Rafael Nahuel cumplió años. Se llama Graciela, es una mujer bajita, lleva zapatillas negras de caña alta, medias de color rosa, un pantalón animal print y una remera mangas largas con otra blanca encima con la cara de su hijo asesinado. La misma remera llevan Alejandro, el padre y Ezequiel, el hermano. Graciela tiene, en el día de su cumpleaños, que estar lejos de su casa en Bariloche, a 481 kilómetros, porque le falta un hijo y busca justicia.

Lleva dos hebillas con brillos en el pelo, tiene una bolsa de tela de Unelen que revisa buscando alguna cosa, hace un gesto como de revolver algo en la boca mientras escucha y mira lo que dicen los jueces sobre los acusados de la muerte de su hijo, que son culpables y están en sus casas -¿qué mastica Graciela? ¿bronca?-.

Afuera, al sol, dijo frente a un micrófono que no está conforme, que esperaba más, que está desilusionada. El abogado Marigo aseguró que apelarán, Horacio Pietragalla Corti, titular de la Secretaría de Derechos humanos de la Nación que acompañó la jornada dijo que, a pesar del cambio de gestión que se acerca, esa también es la intención de la Secretaría.

El 29 de Diciembre de 2023 a las 11 hs. es el día fijado para dar a conocer los motivos del hecho en el que se funda el veredicto conocido hoy. «Que tengan un excelente día, cuídense», fueron las palabras del juez antes de dejar el recinto.

En 2017, el año del hecho juzgado hoy, la poeta neuquina Silvia Mellado escribió:

Rafael Nahuel

han soltado los albatros

en el medio del bosque

donde dice tierra ancestral

leen coto de caza los perdigueros que olisquean

gustosos un pedazo de tu muerte

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Nota

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

Publicada

hace 1 día

29/11/2023

(Desde Mar del Plata/lavaca.org) Guillermo Pérez se quedó mirando absorto unos pupitres escolares que había enviado el cura Héctor Díaz, muchísimo más conocido como Chobi. Los pupitres estaban siendo acomodados por toda la gente de la Campaña Somos Lucía en el patio de una casa ubicada en la calle Alvarado al 4500.

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

Las mujeres y luchas en el acto. Fotos: Lina Etchesuri.

En medio del vértigo de la inminente inauguración Guillermo (mecánico de automóviles) le habló a su esposa, la enfermera Marta Montero:

–Acá hay un mensaje. Acá empezó todo– dijo señalando los pupitres garabateados en algunos casos, un símbolo de la escuela pública a la que iba Lucía cuando fue captada como tantas otras adolescentes por narcos que vendían lo suyo a la salida de las clases. En el caso de Lucía, el negocio terminó en el femicidio de esa chica que iba a 4º año del secundario, en octubre de 2016, caso que provocó el primer Paro Nacional de Mujeres.

La ministra Mazzina, Marta, Guillermo, Raquel Vivanco, Yamila Rodríguez. Fotos: Lina Etchesuri.

Guillermo completó su idea:

–Y acá puede continuar todo ahora: a esto vamos con todo lo que estamos haciendo– dijo señalando los pupitres, porque el proyecto de la Casa de Lucía es que sea un lugar para capacitaciones, talleres, para compartir ideas, acciones y la contención de las familias víctimas. Un punto de encuentro crucial para el trazado de estrategias de vida frente a la violencia contra las mujeres en la ciudad, y la impunidad que suele acompañarla desde siempre.

La mamá de Candela, la mamá de Iaria. El sentido de tener un lugar de encuentro. Fotos: Lina Etchesuri.

Tres datos para sintetizar la historia

–El femicidio de Lucía provocó un cimbronazo social que derivó en aquel primer Paro Nacional de Mujeres el 19 de octubre de 2016. La familia llevó el caso a un juicio (2018) que resultó vergonzoso, con jueces dedicados a sembrar sospechas sobre la víctima menor de edad y a exculpar a los narcos acusados, Matías Gabriel Farías (29) y Juan Pablo Offidani (48). El tercero, Alejandro Maciel, había fallecido en 2020.
–Marta y Guillermo se propusieron entonces lo que parecía impensable: la anulación de esa vergüenza, y la realización de un nuevo juicio que se realizó finalmente en febrero de este año, en el que sí se pudo lograr la condena a perpetua por femicidio de Farías, y a 15 años a Offidani como “partícipe secundario”, tema que está apelado.
–La familia además impulsó un jury aún pendiente, que juzgue a los jueces del primero de esos juicios, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas (el tercer juez, Alejandro Carnevale, eludió el proceso al jubilarse antes).
–Ahora la Campaña Somos Lucía obtuvo algo más: recibió del Estado, a través de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) una casa abandonada y derruida que en apenas dos meses lograron acondicionar a pulmón y corazón, y que fue inaugurada este martes 28 de noviembre junto a otras familias de víctimas de femicidios que se acercaron a compartir ese momento acaso histórico.
Lugar de encuentro y aprendizaje
Así contado todo parece veloz, pero en la práctica significó años, meses, días y cada segundo de energía, de lágrimas, de insomnios, de amenazas, que Guillermo y Marta, y también su otro hijo Matías Pérez, lograron superar.

No lo hicieron dedicados solo al caso de Lucía sino también buscando acompañar y reunir a otras familias que pasaron por infiernos similares. Así fue que inspiraron otra organización clave: Familias Victimas de Femicidios, Transfemicidios y Desparecidas.

Madres que no bajan los brazos, y el sacerdote Héctor Díaz, Chobi, siempre acompañando las luchas marplatenses. Fotos: Lina Etchesuri.

Entre los familiares estuvieron Gustavo Mellman, papá de Natalia (asesinada en febrero de 2001). Los policías condenados están presionando para obtener su libertad. Estaba también Mariela Quintanilla, la mamá de Iara Nardelli (sus huesos aparecieron este año, pero el caso sigue sin investigarse como femicidio), Carola Labrador, madre de Candela Rodríguez (asesinada por una banda narcopolicial en 2011, cuando ella tenía 11 años), Marisa, la madre de Luna Ortiz (asesinada en 2017 a los 19 años). Participaron también integrantes de la Asamblea por un mar libre de petroleras, y de la multisectorial Ni un hundimiento más, creada por familiares del barco pesquero El Repunte, hundido en 2017.

Estuvieron además las hijas de Evangelina Sánchez, asesinada el 20 de noviembre pasado. Por el lado oficial se hizo presente la ministra nacional de Mujeres, Igualdad y Género, Ayelén Mazzina. El presidente Alberto Fernández no pudo asistir, y fue representado en el acto por una de sus asesoras, Raquel Vivanco, así como Yamila Zavala Rodríguez representó a Estela Díaz, ministra provincial de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

Marta, Guillermo, y una idea: “No nos podemos quedar en el dolor, el sufrimiento y que todo termine así. Nuestras hijas son la semilla». Fotos: Lina Etchesuri.

“Lucía está acá” dijo Marta durante su intervención, junto a la gigantografía con los ojos de su hija. “La perversidad de la justicia fue de tal magnitud… pero no pudieron con nosotros, que somos gente de la calle, y eso muestra que nadie nunca debe bajar los brazos”. Marta nombró y presentó a quienes fueron a compartir la inauguración formal de la casa y destacó que en los casos de femicidios no alcanza con la condena: “Siguen las vidas de quienes quedan, pero el Estado tiene que estar presente como tiene que ser. Que las hijas de Evangelina, por ejemplo, puedan tener comida, educación, que puedan cubrir sus necesidades básicas porque quedaron solas, criaturas enfrenando un mundo perverso de adultos. No es una dádiva, es un derecho el que hay que darles. Y organizados vamos a hacerlo” dijo mirando a dos de las hijas de Evangelina Sánchez.

Dijo también: “Esto va a ser un lugar de encuentro, de aprendizaje. Acá no terminó nada. Acá seguimos sin bajar los brazos para que crezca una esperanza de vida, de respeto y de derechos. Esto hay que hacerlo porque en el fondo lo que se quiere es que estemos desunidos. Si estamos desunidos, ganan ellos”.

Familiares de un pesquero hundido, El Repunte. Fotos: Lina Etchesuri.

“No nos podemos quedar en el dolor, el sufrimiento y que todo termine así. Nuestras hijas son la semilla. Jamás nos van a convencer de que somos unos negros de mierda. Somos mujeres y hombres trabajadores, que no son egoístas, gente que piensa que no somos el ombligo del mundo, sino que necesitamos comunidad para trabajar”.

Después fue el tiempo de las fotos, los abrazos y las lágrimas de tantos familiares, que por esta vez no fueron de tristeza sino que simbolizaron una puerta al futuro.