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Qué hay detrás de la campaña antimapuche

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Las presiones de terratenientes y empresas. La operación de los medios. El rol del modelo económico. Y un genocidio que no termina. Darío Aranda explica en esta nota el marco de la avanzada del gobierno contra los mapuches.
   Por Darío Aranda
El modelo extractivo: petrolero, minero, agropecuario, forestal.
Una multinacional (Benetton) con directa influencia en el poder político y judicial.
Políticas de Estado de despojo y sometimiento.
Un genocidio que jamás tuvo su “nunca más”.
Sólo algunos de los elementos detrás de la campaña que pide represión para el Pueblo Mapuche.

   Extractivo

Durante el menemismo se aprobó la ingeniería legal que dio pie a la profundización del extractivismo en Argentina: leyes mineras, privatización de YPF, ley forestal, aprobación de transgénicos con uso de agrotóxicos. Pero la implementación en los territorios se dio durante el kirchnerismo. Dos ejemplos: se pasó de 40 proyectos mineros en estudios (en 2003) a 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de hectáreas con soja transgénica se pasó a 20 millones (22 en la actualidad).
El macrismo continúa esa línea: quite de retenciones a la minería, baja de retenciones al agro, flexibilización laboral para  trabajadores petroleros. Más extractivismo, más avance sobre territorios rurales, donde viven pueblos indígenas y campesinos.
Amnistía Internacional contabilizó un piso de 250 casos conflictivos, entre los que detectó un punto en común: detrás siempre hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos.
Cómo sucedió con la Campaña del Desierto, que tenía como fin económico incluir tierras al mercado capitalista, la Argentina del Siglo XXI repite la historia de avanzar sobre los pueblos indígenas.

   Preexistente

“Mapuche” significa en mapuzungun “gente de la tierra”. Los mapuches, como todos los pueblos indígenas del continente, son a partir del vínculo con el territorio. De allí proviene su historia, su cultura, su filosofía, su vida y de ese territorio dependen sus hijos, nietos y su futuro como pueblo.
Un argumento falaz para atacar a los indígenas del sur es que decir que son chilenos. Los pueblos indígenas tienen miles de años de historia, y el Pueblo Mapuche en particular existe desde muchos antes de la conformación de los Estado-nación. Es decir, son previos a la existencia de Argentina y Chile. El artículo 75 de la Constitución Nacional lo reconoce: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano (…). Asegurar la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.
Ante cada campaña mediática de ataque a los mapuches, académicos repudian las falsedades de sectores periodísticos. En enero pasado, investigadores del Conicet escribieron un texto que resume cientos de estudios académicos: “Afirmamos que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches (…) Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina”.

Periodismo represivo

“Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, tituló el diario Perfil el domingo 8 de enero en un extenso artículo, referido al conflicto del Lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que aparecen más datos, la acción de (Facundo) Huala y su grupo puede ser leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la financiación del grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones Huala sería el nexo”.
Dos días después, el martes 10 de enero, hubo feroces represiones sobre el Lof Mapuche. Una por la mañana (Gendarmería Nacional). Otra por la tarde (policía de Chubut). El miércoles se produjo un tercer operativo violento. Tres represiones en dos días. Una cacería de mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de gravedad. La imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el cuello, recorrió el país.
A la campaña anti-indígena se sumó el diario Clarín, con un extenso artículo anunciado en tapa el domingo 22 de enero y doble página interna. “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, fue el título, firmado por Gonzalo Sánchez. Citó en seis oportunidades voces oficiales del Ministerio de Seguridad de Nación, Cancillería y Secretaría de Seguridad. Todas voces en “off”, sin nombre ni apellido, que acusan al Lof Cushamen de hechos tan insólitos como ajenos a la realidad. Según Clarín:
-Los mapuches están vinculados a grupos kurdos y a la ETA del país Vasco.
-Recibieron financiamiento del kirchnerismo.
-Afirma que el Lof Cushamen ocasionó incendios, secuestro de personas e intento de asesinatos, entre otros hechos.
No se aporta ninguna prueba de todos estos hechos. Sólo la opinión del gobernador Mario Das Neves y voces en off.
Gonzalo Sánchez, autor de la nota y editor del diario, repite lo de Cecilia Moncalvo en Perfil: vincula al Lof Cushamen (y a Jones Huala) con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuando la comunidad nunca ha declarado ser parte de esa organización. Segunda coincidencia: Sánchez no otorga ni una línea a la voz del Lof Cushamen, ni de sus abogados, ni de las organizaciones de derechos humanos que acompañan.
Infobae no se quedó atrás. “Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y la Argentina”, tituló el 9 de agosto un artículo de Martín Dinatale, con todas voces en off y ninguna entrevista a mapuches. Un artículo que podría haber sido escrito por Patricia Bullrich.
Insólita la nota de Claudia Peiró en Infobae. Acusó a los mapuches de estar financiados por ingleses. “The Mapuche Nation, el pueblo originario con sede en Bristol, Inglaterra”. No aporta una sola prueba que acredite esa relación.
Clarín retrucó. “Jones Huala redobla la apuesta: llamó a la rebelión y la lucha armada. Desde el penal donde está detenido, el referente mapuche convocó abiertamente a la acción violenta”. Firmada por el corresponsal el Bariloche, Claudio Andrade, conocido de las organizaciones mapuches por sus continuas que rozan el racismo.
Por otro lado, también sobresalen comunicadores, intelectuales, artistas y políticos no dudaban en echar sospechas sobre el líder qom Félix Díaz de Formosa y, al mismo tiempo, silenciar las atrocidades del gobierno feudal de Gildo Insfrán. Figuras radiales afines al kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacían entrevistas condescendientes a Insfrán. En el “mejor de los casos”, se llamaban a silencio ante la violación de derechos. El periodismo afín al kirchnerismo apoyó fervientemente la explotación petrolera en Vaca Muerta, aunque allí se violaban derechos indígenas y también se reprimía (y se reprime). Con el macrismo en el poder, esos mismos periodistas, intelectuales y artistas se horrorizan y repudian la violencia que sufren los mapuches.
Periodistas de uno y otro lado tienen una coincidencia: escriben sobre un hecho sin recorrer el territorio. No visitan (ni visitarán) las comunidades indígenas. Son periodistas de escritorio. Y sus mentiras repercuten de la peor manera: legitiman represiones.

   Genocidio

Robo de bebés. Desaparición de personas. Torturas. Campos de concentración. Asesinatos.
Lo sufrió la sociedad argentina en manos de la última dictadura cívico-militar.
Lo sufrió el pueblo judío en manos del nazismo.
El Pueblo Mapuche también padeció robó de bebés, desaparición de personas, torturas, campos de concentración, asesinatos. Pero no hubo jamás pedido de perdón, tampoco reparación ni justicia. No hubo un “nunca más” para lo sufrido por los pueblos indígenas.
Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la UBA, lo resume así: «El Estado se construyó sobre un genocidio. Se requirió que no hubiera más diversidad interna. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado».

   Recuperaciones

“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu” significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios volver a parcelas que les fueron arrebatadas en el pasado. En los últimos quince años, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el Pueblo Mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes.
Los pequeños burgueses urbanos deben permanecer tranquilos: los indígenas no ocuparán los departamentos en Palermo o Recoleta, ni les interesan las mansiones de Nordelta. Sólo vuelven a las tierras de sus antepasados que hoy están en manos de grandes empresas.
Los legalistas también deben estar conformes: las recuperaciones territoriales están respaldadas por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales.
“Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”, detalla el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a las leyes nacionales. El artículo 14 también apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
La Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución (…) por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados”.
“Las comunidades indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” es el título del trabajo sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, ex secretario de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. Al analizar la acción de la CIDH, abordó la posesión ancestral: “Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.
La recuperación territorial implica mucho más que hectáreas: instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario.

   Benetton

   En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena: recuperó 625 hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Compañía de Tierras Sud Argentino (Grupo Benetton), ubicada entre Esquel y El Bolsón. El caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que prometió la donación de tierras dentro de Chubut. Pero la compañía sólo ofreció parcelas que eran improductivas.
La comunidad no aceptó y aclaró que los pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que habían sido robados por privados. La causa avanzó en tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca aceptó la derrota entre otras cosas porque habilitaría que otras comunidades repitieran la acción.
En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa Leleque. En el marco de la Ley Nacional 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del Pueblo Mapuche. La comunidad siempre denunció las irregularidades en el título que adquirió la compañía Benetton (explicadas en detalle en el libro “Ese ajeno sur”, del investigador Ramón Minieri).
El 13 de marzo de 2015 se produjo una nueva recuperación territorial en la estancia Leleque de Benetton. “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explicó como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).
Ya no era un sólo mal ejemplo. Ya eran dos. Y pueden ser más.
Benetton descargó todo su maquinaria legal contra los mapuches y contrató una agencia internacional de prensa y lobby (JeffreyGroup) para una campaña mediática, tanto a nivel provincial como nacional. El responsable en Argentina de JeffreyGroup es Diego Campal, que se presenta como “especialista en resolución de conflictos y gestión de crisis”.
Periódicamente llegaban las gacetillas de prensa y fotos en alta definición de los “atentados” que sufría la estancia  Benetton. Sus principales destinatarios: el diario Jornada (Chubut), Río Negro (el más leído de la Patagonia), Clarín y La Nación. Los mismos comunicados llegaban al despacho del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y sus ministros.
La campaña mediático daba sus primeros pasos y vinculaba a los mapuches con grupos paramilitares (ETA, FARC).

Mapuche vs. Benetton: la corte no reconoce derechos originarios

   Enemigo interno

En diciembre de 2016, el gobernador Das Neves pidió juicio político para el juez Guido Otranto por no haber condenado a Facundo Jones Huala (lonko del Lof en Resistencia de Cushamen). “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, refirió en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno de agosto de 2016 a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales y catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, cuestionó al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
El 21 de junio pasado, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.

   Peligro

“Ser indígena hoy es ser subversivo”, resumió con simpleza en una mateada Jeremías Chauque, mapuche, músico, productor de alimentos sanos (sin agrotóxicos). Y amplió: “Los indígenas no aceptamos el extractivismo. Nunca lo aceptaremos. Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso nos consideran un peligro”.
Facundo Jones Huala, desde la cárcel de Esquel, fue en línea similar: “El Pueblo Mapuche impulsa la reconstrucción de nuestro mundo, y la expulsión de extractivas del territorio. Como mapuches no podemos ser en tierras desbastadas, no podemos ser mapuche con pozos petroleros o con mineras. Necesitamos nuestra tierra sana, en equilibrio y armonía. Restablecer ese equilibrio es hoy revolucionario, es alterar el orden actual del capitalismo extractivo. Por eso los mapuches somos un problema para el poder”.

   Disparen

Ante la desaparición de Santiago Maldonado, en el marco de una represión de Gendarmería Nacional el 1 de agosto, la ministra Patricia Bullrich apuntó contra las comunidades indígenas: «No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista».
La Sociedad Rural Argentina, impulsora de la Campaña del Desierto y parte de la última dictadura cívico-militar, aportó un comunicado: “Tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del Sur” (en referencia a los mapuches).
La Confederación Mapuche de Neuquén le contestó a la Ministra de Seguridad: “La funcionaria Patricia Bullrich en sus declaraciones cargadas de desprecio racial e ignorancia, construye una verdadera ensalada de conceptos errados. Desconoce conceptos básicos de estados modernos y evolucionados que se asumen como Estados Plurinacionales. Nuestra condición de Nación Mapuche está basada en la preexistencia milenaria que reconoce la propia Constitución Argentina. Negar esta realidad es propia de los estados autoritarios y colonialistas que desconocen la diversidad”.
“Un estado prlurinacional no depende del permiso de una funcionaria. Está relacionado a una existencia de miles de años, ante un estado moderno de solo dos siglos de existencia”, explicó la Confederación Mapuche y afirmó: “La plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad. Si los mapuches no asumiéramos nuestra nacionalidad, seríamos un pueblo sin historia y peor aún, seríamos un pueblo sin futuro”.
El Consejo Asesor Indígena (CAI), histórica organización mapuche de la Patagonia, también emitió un documento: “Repudiamos el accionar del Estado frente los hechos que han sucedidos (el Cushamen) y manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia estatal y sus familias. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y responsabilizamos al Estado Nacional por la actual situación de militarización que sufren los pueblos originarios”.
“No queremos que la actitud de Estado y la sociedad frente a nosotros sea de represión, discriminación y racismo”, precisó la organización indígena. Recordó que el Pueblo Mapuche ha sufrido incendios, persecuciones judiciales y policiales, amenazas de muerte, acosos, allanamientos e intentos de desalojo. Y el CAI dejó una aclaración: “Mantenemos nuestros reclamo y la firmeza en nuestra lucha”.

   ¿Solución?

Una pregunta recurrente es por dónde pasa la solución. Y la respuesta indígena suele ser simple: “Que se respete la ley”.
Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Ley 26160 (freno a los desalojos), Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. La legislación vigente establece que los pueblos indígenas deben contar con “tierras aptas y suficientes” y que se debe realizar la “consulta libre, previa e informada” ante cualquier hecho que los pudiera afectar. Traducido: ninguna empresa extractiva puede ingresar a territorio indígena sin antes realizar todo un proceso de consulta (que puede llevar hasta años) con la comunidad.
De la mano de jueces y fiscales, esas leyes no se cumplen.
¿Por qué el incumplimiento? Porque es una política de Estado que atraviesa a todos los gobiernos: violar los derechos indígenas y beneficiar a petroleras, grandes estancieros, empresas del agronegocio y mineras.

La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

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Primavera con florazos y verdurazos en Congreso para que el acceso a la tierra sea ley

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La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT) inauguró el primero de los dos días de acampe frente al Congreso de la Nación para exigir el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. Este 21 de septiembre vendrá con Florazo incluido. La norma, crucial desde el punto de vista de una alimentación más sana para la sociedad, fue presentada por tercera vez el año pasado (siempre pierde estado parlamentario por falta de tratamiento). No se trata de una reforma agraria sino que propone la creación de un Fondo Fiduciario para otorgar créditos a familias agricultoras para que compren su propia tierra, reformen sus viviendas y mejoren su infraestructura. El proyecto busca además que tierras del Estado en desuso se destinen a crear colonias de producción de alimentos agroecológicos, como ya está ocurriendo en diversos municipios del país. “La ley tiene que ver con algo estratégico, en medio de un mundo con pandemia, como el acceso a los alimentos. Ahora es cuando pensar un modelo agroalimentario que nos dé realmente de comer”, proponen. El proyecto completo.  

Eran las 11:52 de este lunes cuando el tractor rugió y el cielo de un día gris en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se coloreó de verde: cientos de puños elevaron al cielo lechugas, acelgas, espinacas, remolachas y rabanitos, entre otros alimentos agroecológicos y cooperativos, que la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT) destinó en un nuevo verdurazo, que inauguró el primero de los dos días de acampes previstos frente al Congreso de la Nación.

El motivo lo resumía una de las banderas que, junto al tractor y al canto de ‘alerta, alerta, alerta que camina / la lucha campesina por América Latina’, dieron la vuelta manzana al Palacio donde debe tratarse el proyecto que impulsa un sueño bajo el siguiente nombre:  

  • “Ley de Acceso a la Tierra”.

En medio de esa caminata, Agustín Suárez, uno de los referentes del gremio que representa a 20 mil familias campesinas, explica a lavaca la urgencia: “La ley es muy sencilla y está pensada para que pueda aprobarse sin tanta discusión. Establece un mecanismo que apunta hacia un PROCREAR, pero rural, donde pequeños productores, campesinos y cooperativas puedan acceder a créditos para comprar tierra e insumos, infraestructura, y con eso poder mejorar la producción. También pone en discusión las tierras del Estado, que hay muchas y sin uso, para que puedan ser destinadas a creación de colonias agroecológicas”.

La UTT explicó que el proyecto se presentó por tercera vez en octubre del año pasado, luego de perder estado parlamentario en 2016 y 2018. En mayo, las comisiones de Agricultura y Asuntos Legislativos de Diputados lo trataron pero no llegaron a ningún dictamen.

“Hay que dar un sacudón”, dice Rosalía Pellegrini, una de las fundadoras de la organización. “Tiene que ver con algo estratégico, en medio de un mundo con pandemia, como el acceso a los alimentos. Ahora es cuando pensar un modelo agroalimentario que nos dé de comer. Ahora es cuando, y con un Congreso así: si bien fueron unas PASO, vemos unas elecciones que dejan un saldo de un sector que no va a apoyar una Ley como esta. También nos sentimos defraudados, porque todas las fuerzas políticas te dicen que es justo, pero cada fin de año se da una dinámica que es perjudicial para avanzar en conquistas para el pueblo. Ahora es cuando y es urgente”.

No es reforma agraria

Luego de la marcha con el tractor alrededor del Congreso, la primera jornada de acampe continuó con un verdurazo y yerbatazo que, mientras descargaban cientos de cajones de verduras, congregó una cola de media cuadra. En otra mesa de madera había productos cooperativos y agroecológicos: talitas ($66), aceitunas ($287), dulce de leche ($50), yerba ($360 el kilo, uno de los hits del día). También hubo una asamblea de nodos y de la Red de Comedores por la ley, un taller de huerta a cargo del Consultorio Técnico Popular (CoTePo, un equipo de técnicos y técnicas conformados por propios productores y productoras).

El martes continuará con radio abierta, otro verdurazo, un florazo por el Día de la Primavera, otro taller a cargo del área de Alimentación y de la Red de Comedores, una charla sobre trigo transgénico que realizará Plataforma Socioambiental, y un cierre con festival en las músicas y voces de Eruca Sativa, Susy Shock y Sudor Marika, entre otros artistas.

“En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país”, explica la UTT en el texto de difusión de los acampes.

Desde el Congreso, otro de los referentes del gremio, Lucas Tedesco, amplía: “Ese modelo es el que genera que vayamos a la verdulería, a la panadería o al almacén y nos encontremos con los precios de hoy en día. Cada vez hay menos tierra para producir alimentos, y hay gobiernos que apuntan a que los dueños de la tierra sean justamente quienes generan los commodities, los que especulan, los que atentan contra este Gobierno. Los lock-out patronales vienen de ese sector, y si hay algo que se fortaleció en estos años fue el modelo agroindustrial, el mismo que te discute a ver si puede fumigar por arriba de una escuela mientras hay chicos en clase.  Nosotros venimos a pedir, dentro de los cánones del capitalismo, simplemente poder pagar un crédito accesible. A partir de ahí, concientizamos a la población de que esta ley favorece a todos: consumidores y productores”.

El artículo 1 de la Ley propone la constitución de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, administrado por el Banco Nación, como política rural de promoción del derecho a la vivienda, a un hábitat digno, al desarrollo económico y social.

Suárez plantea que la ley no propone ninguna reforma agraria, cuco que siempre atemoriza a todo ese sector concentrado: “Estamos lejos de eso. Nadie puede estar en contra: es un mecanismo de crédito para el sector. Sí puede haber un proceso de mayor discusión respecto a las tierras del Estado. Pero hoy parte de esas tierras están en uso con nuestras colonias agrícolas, mostramos que sirve, que da vida digna, y alimentos sanos para el pueblo. Si mejoramos el sector productivo, vamos a generar más alimentos sanos para la población”.

¿Dónde está la política?

Suárez y el impacto de la ley: “El 90% del sector campesino y pequeño productor es el que produce las verduras que están acá. Y más del 90% no tiene tierra propia. El impacto es alto, no sabemos cuánto porque depende del Fondo, pero es muy simbólico para el sector. Es algo estructural en Argentina: en un país con mucha tierra en pocas manos, hablás de redistribución, y que la tierra del Estado, en vez de ser vendida, pueda ser parte de colonias”.

Pellegrini apunta: “Imaginate lo que significa para todas estas familias, que pagan 15 mil pesos la hectárea todos los meses, poder acceder a la tierra propia, arriesgarse, poder tener una vivienda digna de material. Hoy se vive muy mal, en casillas precarias, y somos familias que no solo estamos garantizando alimentos a precios justos, sino también agroecológicos. Somos más de 20 mil familias organizadas demostrando que es posible, y sin embargo no hay ni una sola política pública que no sea de la boca para afuera”.

Un ejemplo: “Para tratar el tema de los precios se juntan con los grandes y lo único que hacen es desarrollar políticas de acuerdos con los supermercados para que bajen unos productos una semana y después vuelvan a subir”.

Desde el Covid, las elecciones y la actual crisis política e institucional, los factores que fueron retrasando el tratamiento de la ley –indican- son múltiples. Pellegrini: “Estamos viviendo una crisis de represión política muy grave, porque pareciera que la política está en otro lado. Cuando digo política me refiero a actos como este, que resuelvan los problemas de la gente, del ciudadano de a pie. La política, hoy, no está en lo que se debate. No vivimos solo con vacunas y hay una demora en resolver estas cuestiones”.

¿Fue la semana donde esa evaluación más que nunca quedó en evidencia?

“De alguna manera hay que escuchar. Es lo que te genera la democracia: poder escuchar a la gente. Hoy la mayoría del salario se va en combustible, en moverte y comer, cosas súper esenciales. Hoy resolver el precio de los alimentos es discutir el modelo agroalimentario: acceso a la tierra, agricultura sustentable, financiamiento a cooperativas, desarrollo de economía social en almacenes, venta directa y ferias. Todo lo que se ve que se habla de soberanía alimentaria es de cartón, detrás no tenés a las familias directamente vendiendo lo que se produce”.

El proyecto completo

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Juicio de Araceli Fulles: otro detenido, declaraciones bajo presión y el recuerdo omnipresente de la joven de 22 años

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Hoy comienza una nueva semana de declaraciones en el juicio por el femicidio de Araceli Fulles, la joven de 22 años asesinada en abril de 2017, que se celebra en San Martín. La familia ya declaró, los imputados también y restan hacerlo más de 300 testigos. La semana pasada se detuvo a uno de los imputados porque quiso ingresar a la audiencia con un elemento cortante: otro símbolo de cómo se desarrolla un proceso signado por amenazas y la lucha por justicia: “Hacemos de investigadores, salimos a buscarlas, y después de que aparece el cuerpo somos los que buscamos pruebas. Después pedimos justicia en la calle y acompañamos a otros familiares”, dice Mónica a lavaca sobre el trabajo de los familiares contra la impunidad.

Durante la primera semana del juicio por el femicidio de Araceli Fulles, la joven de 22 años asesinada en abril de 2017, declararon menos del 10% de los testigos previstos para todo el proceso: cerca de 300. Mónica Ferreyra, mamá de Araceli, y su familia estuvieron en el Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de San Martín de 9 a 18 horas, de lunes a viernes. “Si una quiere la justicia por su persona más querida tenés que aguantar mucha impotencia y mucho dolor”, relata Mónica a lavaca. “También hubo alegrías de gente que conocía realmente a mi hija. Un chico dijo: ‘la verdad que Araceli era mi amiga, era un ser de luz. Lo que le hicieron no es justo’. Todas esas cosas te duelen porque sabés que hay mucha gente que está con el mismo dolor”.

En los primeros cinco días del juicio Mónica se descompuso dos veces. En la primera y extensa jornada declaró y después se tuvo que hacer un receso de 5 minutos: “Me afectó mucho dar declaración, me agarró como una crisis: recordar todo es muy triste”, sintetiza. En la cuarta jornada se quebró cuando declararon sus hijos. “Lloraba cuando empezaron a declarar porque yo estuve mucho tiempo en estado de shock y fue escuchar todo lo que hicieron por su hermana en ese tiempo. Volver a recordar todo lo que pasaron fue muy doloroso; escuchar su sufrimiento y ansiedad por encontrarla es un sufrimiento doble. Cuando terminaron de declarar me empecé a sentir mal. Salí y explote en llantos. Llamaron a la ambulancia, me subió mucho la presión”.

Buscar justicia

Su familia buscó a Araceli Fulles durante 27 días. Desapareció el 2 de abril del 2017 –a los 22 años-, cuando iba de regreso a su casa. Su cuerpo fue encontrado violado, asfixiado, destrozado, enterrado y cubierto de cal. Estaba enterrado en la casa de la madre de Darío Badaracco, un hombre del barrio vinculado a la policía. La orden de requisar esa casa la había dado el juzgado al comienzo de la búsqueda, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Araceli la división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición.

El único detenido había sido Darío Badaracco, quien murió el 13 de abril de 2019 tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica, en otro claro hecho de tinte mafioso. El resto de los imputados -Carlos Cassalz, Hernán Rodrigo Badaracco, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos- estaban en libertad gracias a un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín que consideró, en septiembre del 2017, que por la “ineficiencia del sistema investigativo” no pudieron se obtenerse las pruebas necesarias para probar inculparlos. Pero dos de ellos fueron detenidos en los últimos días:

Carlos Cassalz fue apresado el domingo electoral en la escuela donde votaba por amenazar a Mónica días atrás. Fue mediante un mensaje que recibió a las 4 de la madrugada, decía: “Hay balas en el pecho para toda la familia de Araceli”; e incluía un video de 9 segundos en donde se veía a Cassalz con una ametralladora.

El segundo detenido fue Hugo Cabañas cuando, el segundo día del juicio, intentó ingresar a la sala de audiencias con un elemento cortante.

Todos los sospechosos están imputados por el delito de “homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas”.

La familia de Araceli está acompañada por otras familias que pasaron situaciones de violencia. “Nos tenemos entre nosotros. Yo fui a varios juicios en todo este tiempo y ahora me acompañan”, cuenta Mónica.

Los une la experiencia: “Hacemos de investigadores, salimos a buscarlas, y después de que aparece el cuerpo somos los que buscamos pruebas. Después pedimos justicia en la calle y acompañamos a otros familiares. Hacemos todo. En este tiempo cambió mi forma de ser. Antes miraba todo por televisión, hasta que me tocó a mí. Yo decía: cómo puede ser que no les den bolilla, y ahora me toca a mí. Por eso hay que seguir luchando”

El Tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio con quienes Mónica dice sentirse cómoda.

Durante las audiencias, el juzgado está lleno de fotos de Araceli sonriendo. “Así era ella. Escuché todo lo que declararon los imputados, y las cosas que decían, pero a mí no me va ni me viene porque yo sé muy bien quien era mi hija”.

Esa semana continuarán las declaraciones.

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Enigmas de un día agitado

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Tras el resultado electoral del domingo, ocurrió un miércoles cruzado por rumores y cartas de renuncia de ministros cercanos a Cristina Kirchner, en aparente búsqueda de abrir espacios a renuncias de sus pares cercanos a Alberto Fernández. En un día así dominado por los comentarios, rumores y aparentes razonamientos de los panelistas televisivos, aquí se materializó otra propuesta: salir a las calles a conversar sobre el presente. Y abrir las conexiones a territorios y situaciones que no aparecen en los discursos electorales. Desde las fábricas y empresas recuperadas, la producción agroecológica, las cooperativas de cirujas, los pueblos fumigados. Desde las comarcas antimineras, los pueblos originarios cercanos a Vaca Muerta y las creaciones de la diversidad. Reflexiones sobre los maquillajes, el extractivismo, los “dos modelos de país”, la “grieta” y el rol que la clase política atribuye a la sociedad.

La mujer trabaja en un kiosco del subterráneo y dice que el resultado de las elecciones y los corcoveos de renuncias en el gobierno representan lo siguiente: “Son un vamos a ver”.

Votó al Frente de Todos hace dos años, pero no ahora. Se llama Claudia y dice que se sintió humillada cuando por primera vez como adulta tuvo que pedirle plata a su padre jubilado para sobrellevar lo que no había ocurrido nunca: el cierre del kiosco durante un año. La vieja teoría de la “movilidad social ascendente” en Argentina, transformada en un tobogán.

Sobre la crisis ministerial, le surge un gesto irritado: “Es una pelea entre ellos por el reparto de poder: no les importamos nosotros. Todavía estoy esperando que el gobierno me ayude. Nunca recibí ningún apoyo estatal”. Desde que abrió, ya casi no vende diarios ni revistas, pero sí libros, alcohol en gel y chucherías.

Ya dentro del subte hay una chiquita de unos tres años con un parche en el ojo mirando a su hermano menor que sueña lo suyo, cuatro personas capturadas por sus celulares, otras escuchando música, y una joven hace algo extravagante: lee un libro. Título: El poder del ahora, que no trata sobre pujas políticas en estos tiempos pantanosos, sino que se ofrece como “una guía para la iluminación espiritual”, proyecto de alcances inciertos en la zona de Plaza Miserere y el mundo que la rodea.  

La doctrina de la sorpresa

“Todo el tiempo dicen que se enfrentan dos proyectos de país, pero para mí tienen un solo proyecto, que es la incapacidad de poder transformar a la Argentina, que tiene un capital impresionante por su pueblo y por su riqueza. Menos mal que no gobiernan otros lugares con menos posibilidades. Realmente la incapacidad de la dirigencia que ha gobernado el país en los últimos años, oficialistas y opositores, es admirable”. Ernesto Lalo Paret fue niño ciruja, joven integrante del movimiento de recuperación de fábricas por sus trabajadores, impulsor de empresas recicladoras de basura conformadas por cartoneros, de proyectos como la instalación de la universidad en la cárcel de San Martín, integra la red de empresas recuperadas de San Martín, se encarga de la articulación territorial de la UNSAM y está en la Mesa del río Reconquista que reúne a las organizaciones sociales que han crecido alrededor de esa cuenca.

“Venimos bancando la incapacidad de gestión frente a las urgencias. Los funcionarios se refieren siempre a la pandemia, para justificar lo que no hacen. Les falta agilidad y voluntad de transformación”.

Sobre el resultado del domingo: “Sabemos que está la famosa grieta inventada por las corporaciones políticas para retroalimentarse a sí mismas. Pero la grieta real está entre toda la clase dirigente y el pueblo. En ningún caso tuvo capacidad de cambiar la situación estructural de desigualdad en el país”.

“La situación de desconexión de las dos corporaciones políticas –oficialistas y opositoras- se nota por esto: les llama la atención ganar, y les llama la atención perder. Los porcentajes en 2019 y ahora siempre fueron sorprendentes para todos”.

Impresión: “Entonces, entre los partidos y la sociedad, la que juega a la política es la sociedad. La idea es: como la herramienta que tenés es la electoral, ya está comprobado que el culo me lo rompen todos, entonces te devuelvo con lo mismo. Hace dos años te sorprendimos con un voto, ahora te sorprendemos con el contrario. Pero la sociedad es la que más hace política”.

El argumento: “Las dos corporaciones dicen que cuando perdieron fue porque no profundizaron. Todos dicen lo mismo. Pero en el caso del actual gobierno: tuviste toda la estructura del Estado casi al pedo durante casi dos años. Si no te animaste a profundizar en pandemia, ¿cuándo te vas a animar? ”.

Un caso emblemático para Lalo son las fábricas recuperadas: “No te oyen, no les interesa. Estamos todos con el culo al aire y al borde del desalojo. Tienen un prurito contra la autogestión. Pero venimos planteando incluso en la provincia de Buenos Aires que suspendan las leyes de desalojo, y mostrando todo lo que representan esas empresas como generación de trabajo, de cultura, incluso transformando algunos de los planes en trabajo genuino. ¿Resultado? No tomaron una sola medida. Claro, los planes son una forma de construir política, y no tienen ni la voluntad o ni si quiera la astucia de tomar alguna medida. Ni te contestan”.

Otro caso: las fotos de Olivos y las excusas posteriores. “Por supuesto, son símbolos, pero los símbolos te muestran que nos toman a todos de pelotudos”.  

Diegnóstico: “El Estado es una máquina de repetir fracasos, despilfarrar guita, no se optimizan los recursos, no se piensa a mediano ni largo plazo. No me sorprende para nada. A Macri le duró muy poco la proyección fabulosa que parecía que iban a tener. Perdieron en la primera elección. Este gobierno podría intentar algo distinto”.

Sostiene Paret que la cultura barrial tiene problemas demasiado más gruesos que los espasmos electorales que ella misma parece haber generado. “La cultura popular hace rato que se cagó en la política, como la política se cagó en la gente. En los barrios se viven cosas mucho más grave que el resultado de una elección. Los últimos 10 femicidios son todos narcofemicidios. El acceso a la justicia es peor que antes. La incapacidad de gestión la ves tanto en lo macro como en lo micro, pero no les interesa cambiar su propia lógica”.  

«En los barrios se viven cosas mucho más grave que el resultado de una elección. Los últimos 10 femicidios son todos narcofemicidios. El acceso a la justicia es peor que antes».

Inesperadamente, Lalo propugna una reforma del Estado. “Claro, porque los sectores populares no tienen acceso a la justicia, a la salud ni a la educación. Entonces hay que hablar de una reforma que permita acceder a esos derechos que están escritos, pero no se aplican”.  

¿Se derechizó la sociedad?

“El verdadero problema de los procesos progresistas es que no terminan de dar respuestas reales” dice a lavaca Nahuel Levaggi, uno de los fundadores de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y actual presidente del Mercado Central.

No comparte el diagnóstico sobre la derechización de la sociedad: “Para mí no hay derechización sino que la sociedad está enojada. Lo de Milei es algo que se repite históricamente, pero aquí el enojo se expresó de otro modo”. El próximo martes, 21 de septiembre, está previsto el tratamiento en comisión de la Ley de Acceso a la Tierra que la UTT promueve para que exista una especie de Procrear rural que permita que miles de familias agricultoras accedan a comprar su propia tierra. Los últimos sucesos electorales y los terremotos ministeriales ponen en riesgo tal cuestión. La UTT tiene previsto un acampe frente al Congreso y un Florazo para festejar la llegada de la Primavera, y recordar la importancia de otra política que no termina de concretarse más allá de los buenos deseos.

En un video distribuido por la UTT Levaggi aparece diciendo, entre otras cosas: “Nosotros y nosotras venimos peleando por un país más justo, parados desde la producción, desde un modelo agroalimentario sano que garantice alimentos a todos y todas. Creemos que es el momento en que hay que reforzar el camino, que hay que dejar de escuchar a los poderes concentrados y garantizar una economía que le ponga poder adquisitivo en el bolsillo al pueblo, que los alimentos estén a precio justo”. “El domingo el pueblo habló y quienes ocupamos cargos de gestión tenemos que escucharlo. Venimos haciendo un esfuerzo enorme y todas y todos tenemos que hacerlo. Hay un pueblo que nos necesita, que la está pasando mal y no hay que mirar para el costado: hay que preguntarnos qué, cada uno de nosotras y nosotros, hacemos todos los días”.

Cristina y Alberto según los mapuche

“No nos sorprendió demasiado el resultado electoral, porque venimos con cierta carga de frustración con este gobierno nacional y popular” dice desde Neuquén a lavaca Jorge Nahuel (aunque prefiere escribirlo Nawel), referente de la Confederación Mapuche de Neuquén

“Vemos mucha claridad conceptual, de parte del Presidente, pero no lo vemos después consecuente en los hechos y en la obra. En el aspecto que más nos afecta, como el fracking y la promoción del extractivismo, el Presidente ha dicho que la pandemia era una excelente oportunidad para replantearse este modelo que está atentando contra la naturaleza. Lo hemos escuchado con gran expectativa, pero después vemos alentar la meganinería en Chubut, en San Juan. Es decir una absoluta incoherencia entre el discurso y la práctica. Y en ese sentido es muy desesperanzador porque no se aparta de la política llevada adelante por el gobierno nefasto de Macri. En relación a los pueblos originarios es peor, porque directamente ni aparecemos en su agenda. Por lo tanto es muy frustrante para los pueblos originarios. A eso sumale la crisis económica, con una inflación galopante, que es lo que sufrimos todos los sectores del pueblo”.

«Hay una absoluta incoherencia entre el discurso y la práctica. Y en ese sentido es muy desesperanzador porque no se aparta de la política llevada adelante por el gobierno nefasto de Macri».

¿Vaca Muerta no representa una especie de bombazo productivo y de crecimiento? Nawel: “Eso ya no lo puede creer nadie, porque vivimos en una provincia totalmente endeudada. Es un discurso para afuera, y por eso mismo el oficialismo perdió la gobernación: la provincia no se beneficia con el extractivismo, lo sufre”.

Sobre los cambios en el gabinete: “No veo ninguna diferencia entre una política representada por Cristina o una política representada por Alberto, desde el punto de vista de los problemas que nosotros tenemos. En ambos casos nunca pudimos lograr que -en un Congreso absolutamente mayoritario- se pudiese tratar el tema de la propiedad comunitaria de la tierra, que es lo que le pedimos en el Bicentenario (2010) cuando gobernaba Cristina. Alberto representa la continuidad de esa deuda. Lo único que nos hermana con Cristina es que una mujer odiada por el poder. A nosotros nos sigue pareciendo que es dentro del pensamiento peronista que podemos resolver nuestros problemas. Tengo enorme expectativa en la nueva generación de la militancia peronista porque noto que hay un cambio y comprenden los temas cruciales sin caer en los viejos paradigmas”.

Carne, dólares y flores

La recorrida callejera va alumbrando otras voces. Lucy y Julián tienen una carnicería en Parque Chacabuco desde hace 20 años. Cuentan que pudieron pelearle al 2001, al macrismo y ahora a la actual crisis económica. No hablan de lo electoral, pero sí dicen que el Estado –ni el gobierno anterior ni el actual- los ayuda: “Nos hicieron comprar, hace cuatro años, una máquina de ticket de la AFIP que ahora nos dicen no sirve más. Y pretenden que compremos otra que sale 80 mil pesos”. Conclusión: si no hay plata ni trabajo, tampoco hay ingenio oficial para aliviar la situación de los comerciantes: “No la podemos pagar en cuotas, ni actualizar el sistema de la otra, nada”. Dato técnico: el proveedor de la máquina les pasó el precio en dólares.

Andrea y Sandra están en un puesto de vena de flores en Congreso: “Lo peor es la inflación” dice Andrea. “Si no hay tanta inflación la gente puede ser más consumista. El argentino no es de guardar, es de gastar, pero ahora no te alcanza. Yo hasta hace una semana estaba sin trabajo. Pero Sandra decidió reabrir el kiosco y podemos vender flores justo que se viene la primavera”.

Sobre las pulseadas en el gabinete: “Vivo en Lugano. Me desperté a las cuatro de la mañana para ir a comprar flores frente a la cancha de Huracán. Abro el kiosco a las 7 y trabajo hasta las 19”. ¿Escucha radio, mira televisión? “Cuando llego a casa cocino, ceno, me baño y me duermo. Venía de tener una enfermedad terminal, me curé, voy a la Catedral de la Fe, y le agradezco a Dios seguir peleándola, como siempre. No, del gabinete no sé nada”. Dice que lo suyo más que religión, es una relación con Dios. Y sigue armando ramos.

Diversidad x 3  

La recorrida trae de vuelta un mensaje por whatsapp de la artista trans Susy Shock, que se prende a su modo en pensar lo que está en juego: “No quiero creer en la estrategia comunicacional de que el país se derechizó sólo porque la Ciudad de Buenos Aires lo haya hecho. La izquierda fue la tercera fuerza votada a nivel nacional y eso es señal importante de que hay otra agenda que se reclama, y esa agenda no le conviene a sus intereses, por eso lo ningunean. ¿Qué son las quemas de humedales, si no? ¿Qué es Berni, si no? ¿Qué es el titubeo de ir con firmeza en repartir mejor en un país saqueado y en semejante crisis sanitaria mundial? ¿Qué es pensar un país sin extractivismo?”

Y la última: “¿Qué es una mirada profunda y real de un feminismo que atraviese a la vez todo esto y no sea algo light y reservado a áreas específicas, sino una nueva gesta desde donde reconstruirlo todo?” Acompaña Susy ese mensaje contra la burorcratización de los sueños con fotos de Lohana Berkins y de Diana Sacayán.

Nora Corvalán, desde la Comarca Andina, venía denunciando en los últimos días la persecución a las comunidades mapuches, el desmonte ilegal de bosque originario en la lof Catriman Coihueque, en territorios originarios, por parte de las empresas privadas apañadas por entes estatales.  Sobre las elecciones dice: “Yo no fui a votar. Cada vez creo menos. Hay un castigo al gobierno nacional y en la provincia hubo un gran crecimiento de la izquierda que llegó al 10 por ciento. La situación es de mucha represión y criminalización hacia el pueblo mapuche, en toda la Cordillera, desde Villa Mascardi hasta el Parque Nacional Los Alerces. Hay un crecimiento fuerte de la derecha, sobre todo en Bariloche, con posiciones estigmatizantes y racistas. Ahí se conformó lo que se llama Consenso Bariloche, que busca la creación de un Parque privado en una zona bastante céntrica en donde viven cinco o seis comunidades mapuches, desde un discurso muy xenófobo. Y que viene desde antes de la conformación de un partido llamado Propiedad Privada. Todo esto con el aval del intendente de Bariloche y la gobernadora (Anabela Carrera)”. 

Sobre los vaivenes electorales y pujas internas del gobierno: “Para mí no hay grieta cuando hablamos del extractivismo, la defensa del agua y la tierra. Los cambios serán de maquillaje: saco este, pongo este. Nadie puede ver más allá. O no quiere, porque los intereses son otros”.

Carlos Manessi integra el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y la Campaña Paren de Fumigar: “Ningún candidato tomó el tema ambiental, salvo en Santa Fe Carlos del Frade. Es algo totalmente borrado del discurso de todos los candidatos».   

“Ningún candidato tomó el tema ambiental, salvo en Santa Fe Carlos del Frade. Es algo totalmente borrado del discurso de todos los candidatos».   

Manessi disiente con un lugar común: “No hay dos modelos de país. Eso es un discurso. Hay un solo modelo de país: extracrtivista, a full, y con la naturalización tremenda por parte de muchos sectores de la sociedad”. Sobre los resultados electorales: “Se notó una abstención muy alta, que tiene que ver para mí con lo económico y lo ambiental. Sólo hay discursos vacíos. Cuando Alberto Fernández estuvo en la Cumbre por el clima, escuché un rato y me fui, porque notabas que era puro maquillaje, pura actuación”. Le parece un hecho emblemático el encuentro entre Fernando Chino Navarro, funcionario oficial y miembro de Movimiento Evita, con Gustavo Grobocopatel, llamado el “rey de la soja”: “Es un símbolo de la época. Uno de los referentes principales de un movimiento social con un frente agrario, con el que trabajamos, negociando con Grobocopatel que sabemos lo que significa desde el punto de vista del agronegocio, la concentración económica, los transgénicos y las fumigaciones. Juro que no encuentro palabras para decir lo que siento frene a esas actitudes”. Cree Manessi que el concepto de cambio climático incluye problemas como los agronegocios, la megaminería, el fracking, la pesca. “Ese  es uno de los principales problemas de la humanidad en estos tiempos, pero ningún político habla de eso. Lo que sí hacen es puro maquillaje, pero si me apurás  el gobierno de Alberto Fernández no sé si es más extractivista que el de Macri. Y del mismo modo fue el kirchnerismo el que permitió y promovió la expansión del negocio sojero. Entonces no hablemos de dos modelos de país, si seguís insistiendo con un modelo de atraso, de muerte y de enriquecimiento de los de siempre”.

Los espectadores del show

Otras palabras.

Bruno Di Mauro, del Movimiento de Empresas Recuperadas: “Están por chocar una calesita en la cual el único que no tiene cinturón de seguridad es el pueblo. Hay que bajar la confrontación estúpida y realmente sentarse a componer. El mismo pueblo no pudo construir la dirigencia necesaria para representar sus intereses, y hoy lo mejor que tenemos para frenar al neoliberalismo es este gobierno y hay que bancarlo. Nos gustaría que fuera una transición mucho más fiel a nuestros intereses, pero hay que defenderlo y dejar tanto circo por unas PASO de medio término, que no son el principio ni el fin de nada: todavía falta mucho”.

Una joven militante de La Cámpora, que estuvo fiscalizando el domingo negro para el oficialismo. “Hay algunos que son muy buenos para generar unidad en el café, pero trabajar en la gestión o generar políticas para la gente, les cuesta mucho”. Sobre los posibles cambios en en gabinete: “Es una puja de poder típica de un gobierno de coalición: sectores que vienen de organizaciones políticas y sociales son las que mejor saben lo que está pasando”. Defiende obviamente a los ministros cercanos a Cristina, y no defiende obviamente lo contrario.

Un militante del Movimiento Evita desgrana un análisis sobre las pre-elecciones: “Hubo un mal análisis de la realidad, a partir del cual se prendieron actitudes dentro del peronismo que no suman”. ¿Cuáles? “La frivolidad y la carencia de un discurso político fuerte en la campaña orientado a la necesidad económica. La desconexión con la base social de la sociedad produce que no veas venir la cachetada, y construís un relato como si no hubieran necesidades reales y concretas, urgentes”.

«La desconexión con la base social de la sociedad produce que no veas venir la cachetada, y construís un relato como si no hubieran necesidades reales y concretas, urgentes”.

Menos politizado (o no) el domingo al mediodía en tres grupos de WhatsApp de jóvenes corre la misma frase: “Ya fue, si hay mucha cola ni voto”. En uno hasta se aclara de cuánto era la multa sino ibas: de $50 a $500. La sensación: “Si total es lo mismo, no nos sentimos convocados”. En los mismos chats, esta sensación empezó a revertirse con los resultados que favorecieron a la derecha.  

El martes a la noche, en una cena de amigas – dos madres- se habla de:

-Precios de alquileres, y la suerte que tiene una a la que no le aumentó tanto como la inflación.

-Que se dividen para ir cada una y al mismo tiempo a dos supermercados mayoristas. Mientras compran, se llaman por teléfono para ver en cuál de los dos lugares está más barato cada producto que necesitan.

-El maltrato que sufrió una de las contertulias en un trabajo que había sumado extra cuando necesitaba sí o sí más dinero para pagar el impagable crédito UVA.

-Se analiza mandar a hijes a jornada completa para poder trabajar más.

Los Tiempos de Estrés parecen llegar hasta un cumpleaños de seis: una mamá cuenta que está brotada -espalda, pecho y cuello, y tuvo que empezar tratamiento. Otra madre cuenta que se le empezó a caer el pelo: también, estrés.

Elena, mamá de dos niñas. “El pueblo con su voto parece ya haber cumplido su cometido y no está esperando mucho cambio. Y ganancia menos. Los titulares sobre aprietes y renuncias dentro del mismo kirchnerismo generan una amarga victoria para muchos”.

Elena medita: “Me resulta raro este caos en el que cayó el gobierno tras la elección. Como si el resultado hubiera sido impensado, como su no tuviera un plan de acción ante un resultado así. Mi corazón que mantiene intacto el deseo revolucionario de mi juventud. No me inquiean tanto estas turbulencias políticas. Lo que sí me inquieta es que perdí esperanza de que este cambio nos traiga mejoras reales al pueblo. Parecemos simples espectadores que sólo importan a la hora de pagar la entrada del show”.

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La última Mu: La lista que falta

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