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Gendarmería, la única hipótesis que la Justicia no investiga en el caso Maldonado
El Estado asegura que “investiga todas las hipótesis”, pero la causa judicial sigue sin ordenar medidas concretas para esclarecer el rol de Gendarmería en el operativo que culminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El nuevo juez en su visita a la comunidad Pu Lof en Resistencia habló de la posibilidad de un cuarto operativo en el territorio. Tampoco cambió la desinformación filtrada a través de medios adictos: hoy la familia tuvo que desmentir que la mochila y el celular que Sergio Maldonado refirió al juez en su declaración testimonial y se comprometió a entregar fueran las que estaban en poder de Santiago el día que desapareció.
“Investigamos todas las hipótesis”, dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en su interpelación el Senado nacional el 16 de agosto. En ese mismo momento el juez federal Guido Otranto y la fiscal federal Silvina Ávila estaban allanando por segunda vez la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen en busca de rastros de Santiago Maldonado. Hubo un tercero, el 18 de setiembre. Fue el más violento. El nuevo juez de la causa, Gustavo Lleral, se reunió la semana pesada con integrantes de la Pu Lof, y más allá de la buena voluntad del magistrado de acercarse sin fuerzas policiales, desde la comunidad alertaron que el juez habló de la posibilidad de un cuarto operativo en el territorio.
Hasta ahora la única hipótesis que no fue investigada a fondo por la justicia es la que señala a la Gendarmería. El nuevo informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló exactamente ese punto: la reticencia de la justicia a investigar al principal sospechoso.
El informe puntualizó, en este sentido, dos cosas:
- Que resultaba preocupante que el gobierno negara la participación de Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado, anticipando esa conclusión antes de conocer el resultado de la investigación judicial.
- Que era necesario “esclarecer de forma prioritaria” la participación de Gendarmería en la represión que culminó con la desaparición de Maldonado.
En esa sintonía también se expresó el Representante Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra: “Es urgente esclarecer la participación de Gendarmería en los hechos, y en el caso de demostrarse, establecer sus responsabilidades y sancionar debidamente tanto a los autores materiales como a sus superiores jerárquicos”.
Ese es el eje que debe investigar el juez Gustavo Lleral.
Hasta ahora no lo hizo.
En tanto, hace 69 días que Santiago Maldonado está desaparecido.
Las irregularidades del operativo judicial a Gendermería
El irregular y violento operativo de Gendarmería que culminó con la desaparición de Maldonado consta en el acta que el defensor federal Fernando Machado labró el mismo 1 de agosto en la comunidad, en la denuncia penal de Julio Saquero (integrante de la Regional Noroeste de Chubut de la APDH) el día siguiente y también está descripto por el testigo Santana, que declaró cómo tres gendarmes golpeaban y se llevaban a Maldonado. Pese a las contradicciones entre sí, los gendarmes que declararon como testigos en la causa de habeas corpus reforzaron la irregularidad del operativo, que debía ceñirse a liberar el corte parcial de ruta que la comunidad realizaba en reclamo de la liberación del lonko Facundo Jones Huala, detenido desde el 27 de junio.
A pesar de las pruebas y los testimonios, la Justicia tardó nueve días en rastrillar los escuadrones de Esquel y El Bolsón.
Ocurrió el 10 de agosto. Cuatro días atrás se había realizado una diligencia en el Escuadrón de El Bolsón, sin participación de ningún actor judicial. Así lo describió Saquero a lavaca: “Desde el Juzgado nos dijeron que no iba a actuar nadie judicialmente, preguntamos por qué y nos contestaron que no tenían jurisdicción sobre Río Negro. Pensamos que podía participar alguien de Bariloche. Tampoco. Así que ese día estábamos solos con mi compañera de la APDH y el que comandaba el operativo era un oficial de Criminalística de la Policía Federal en Buenos Aires”.
Saquero se llevó una sorpresa al ver que la persona que los recibió de Gendarmería fue el comandante Fabián Méndez, uno de los jefes del operativo del 1 de agosto. “No me dejaron sacar fotos. Había tres vehículos: dos Amarok y un camión Iveco. El comandante dijo que esos eran los que se iban a analizar. Su presencia estuvo durante todo el procedimiento. Fueron seis horas en total. ¿Cómo se sabía si habían sido esos vehículos? Había otros camiones. Pero lo más desprolijo de todo fue que abrieron un galpón enorme y en el fondo vemos otra camioneta Amarok, no limpia como las otras, sino sucia. Preguntamos qué era eso. Méndez dijo que no la usaban y que estaba ahí por reparación, que tenía desperfectos. Dijo que no se peritaba porque era de Las Lajas, un pueblito de Neuquén. Ninguno de los vehículos tenía el menor resguardo. No tenían faja ni nada”.
Saquero cuenta el final de ese largo día: “Cuando al terminar el operativo el oficial nos muestra el acta, saltan algunas cosas fuertes: los números de los vehículos de los registros que había dado Otranto no coincidía con lo que se había auditado. Algunas camionetas ni siquiera tenían matrículas. Le planteamos al juez Otranto esta irregularidad. Soy ajeno a las instrucciones que dio. El oficial hizo el acta con los números que había, como si fuera sólo una desprolijidad de tipeo. Nosotros la firmamos bajo reserva, porque no queríamos anular las evidencias de las manchas de sangre. Quizá por esa informalidad se operó el segundo rastrillaje, realizado el jueves 10. Ese día la sorpresa fue ver que, cuando abren el galpón, la camioneta de Las Lajas ya no estaba. En su lugar apareció el unimog”.
El Comité también señaló otras irregularidades: “La demora con la cual ocurrió el allanamiento, así como las alegaciones de la posible limpieza de los vehículos que fueron usados con ocasión del operativo, y la no integración de las fotos y videos en los primeros momentos de la investigación, han prolongado de forma indebida los procesos de búsqueda e investigación llevados a cabo”.
La hipótesis que falta
Las querellas dijeron a lavaca que aún faltan los análisis de las computadoras y el resto de las fotografías, filmaciones y el entrecruzamiento de llamadas telefónicas. También exigieron el crudo de todas las llamadas telefónicas de los gendarmes. “Hay elementos para dejar de buscar a Santiago en la Pu Lof y buscarlo en Gendarmería”, dijo a lavaca la abogada Heredia.
“Desde el día 1 la única hipótesis con cierto sustento que explica lo que pasó, y que hasta el día de hoy no fue descartada sino todo lo contrario, es la hipótesis de Gendarmería”, señala también Federico Efron, coordinador del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS.
Explica Efron: “ En el marco de una posible desaparición forzada, toda hipótesis tiene que ser investigada. Lo que pasa es que cuando se introducen intencionalmente hipótesis en la causa obligan al juez a tomar medidas de prueba para descartarlas, como lo fue el falso informe de la Federal, que decía que a Santiago lo detuvieron el 31 y lo llevaron a Chile. Eso también se tuvo que evacuar. Lo mismo con más de 300 llamadas que dicen que a Santiago lo vieron en distintas partes del país. Todo eso exige recursos del Estado y consume tiempo. Una cosa es tener en claro que toda hipótesis tiene que ser descartada, otra es que se sostengan hipótesis insostenibles. Eso es lo que nos parece muy grave: si uno analiza lo que hizo el Ministerio de Seguridad hasta ahora, es introducir estas hipótesis que fueron completamente descartadas y no tienen ningún sustento, mientras todavía no aportaron toda la información que tienen. Y si todavía no sabemos qué gendarmes llegaron al río ni tenemos la lista completa de todos los que participaron, hay algo que no está bien.
¿Qué significa eso?
-No lo sabemos. Sí podemos decir que no están aportando información que tienen desde el día 1. ¿Qué significa eso? Sera una cuestión a probar después. Primero sepamos qué pasó con Santiago.
La desinformación del día: la mochila y otras falacias
No es la mochila que llevaba Santiago el día que desapareció ni es el celular chileno lo que tiene en su poder Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido. Así lo dejó en claro la familia en un comunicado en el que tiene que explicar lo que todos saben: recién la semana pasada la justicia le tomó declaración testimonial a Sergio Maldonado y en esa oportunidad se comprometió a entregar las pertenencias que el juez, al escucharlo, le requirió. Cómo esa información fue hoy difundida en forma desvirtuada a través de los medios es algo que parece no haber cambiado en estos 69 días, a pesar de que sí cambió el responsable de responder ¿dónde está Santiago Maldonado?
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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