Nota
Jornadas La protesta social no es delito: Reclamos y definiciones en la reunión con Duhalde
Más a de dos mil personas marcharon el viernes 11 hacia la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para reclamar respuestas concretas contra la criminalización de la protesta. Los detalles de la reunión con el secretario Eduardo Duahlde, los reclamos y las respuestas. Una vez finalizado el alegato público en las escalinatas de Tribunales, la delegación de Alerta Salta comenzó la marcha avanzando por la avenida Corrientes. En el Obelisco, se unió una nutrida columna del Movimiento Teresa Rodríguez (MTD) y en la Avenida Corrientes y 25 de Mayo se sumaron los integrantes del MTD de Solano y del MTD Maximiliano Kosteki, de Guernica. Al llegar a la puerta de la Secretaría, la policía los esperaba con un cordón que custodiaba la entrada del edificio. Sin embargo, en el quinto piso, el asesor Daniel Ciesa recibió a la delegación con una frase inesperada: -«No estábamos al tanto de esta reunión». La carta presentada ocho días antes, los llamados telefónicos para confirmar la entrevista, la publicación en los diarios de la marcha hacia la Secretaría o, finalmente, los gritos que provocaron las palabras de Ciesa consiguieron que, finalmente, el secretario Eduardo Duhalde y el jefe de gabinete de asesores, Rodolfo Mattarolo, se hicieran presentes en la sala de reuniones. La delegación de Alerta Salta estaba compuesta por Marina Schifrin- docente procesada por participar de un reclamo gremial- Pepino Fernández y la doctora Mara Puntano –de la UTD de Mosconi, con record de imputados- y representantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano y Guernica, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), la Red de Intelectuales, Artistas y Académicos, la Universidad Trashumante y la vaca.org. También se sumaron a la reunión dos integrantes de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora: Nora Cortiñas y Mirta Naravalle. En concreto, los reclamos planteados fueron:
· Se solicitó un pronunciamiento explícito de la Secretaría en contra de la criminalización de la protesta.
· Se pidió que, en particular, exprese su oposición con respecto a los fallos de la Cámara de Casación, en los casos de Marina Schiffrin y los trabajadores ferroviarios, y sobre el acoso judicial a Pepino Fernández.
· Que la Secretaría se comprometa a que los derechos sociales postergados -causa impulsora de las protestas- no desaparezcan de la agenda pública.
· Que la Secretaría se comprometa a monitorear de cerca la situación de Salta y San Luis, como focos de conflicto de los derechos humanos hoy.
· Que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto de ley de amnistía para acabar con los procesos judiciales iniciados y comience a trabajar, consultando a los propios damnificados, para reformar el Código Penal en aquellos puntos que entran en conflicto con los derechos civiles garantizados por la Constitución.
La respuesta del Secretario Duhalde y el jefe de gabinete, Mattarolo fue:
· Que trasladarán estas preocupaciones al Presidente.
· Que estaban decididos a implementar una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos en Salta
· Que ya habían comenzado a trabajar en un informe sobre la situación de los derechos humanos en San Luis
Ante esta respuesta, se solicitó una audiencia con el Presidente, con carácter de urgencia, para reiterar los reclamos. Las definiciones más importantes La primera en hablar fue la docente Marina Schifrin, condenada por un corte de ruta en defensa de la escuela pública, hace siete años en Bariloche. Preguntó, concretamente, qué había sucedido con el proyecto de la ley de amnistía. El secretario Duhalde contestó: -Para nosotros la amnistía no soluciona el problema de fondo, sólo soluciona hacia atrás. Pero no para adelante. Nosotros formamos una comisión de juristas y movimientos sociales para reformar el Código Penal, sobre todo el artículo 194 que es el que se utiliza mayoritariamente para criminalizar la protesta. Pero no se llegó a un consenso sobre los alcances de esa reforma. Y la decisión del gobierno era ir adelante con el tema sólo si había consenso de las organizaciones interesadas. Luego, explicó que la principal dificultad residía en elaborar una ley de amnistía que englobe casos tan disímiles. Y confesó: «El Gobierno Nacional no tiene una política definida en cuanto a la criminalización de la protesta social»
La ley de la criminalización
Schifrin y Roberto Martino (MTR) coincidieron en expresar que la falta de consenso no exculpaba al gobierno de su obligación de elaborar una solución para estos casos. «Si hay un proyecto mejor que el que existe, el gobierno debe enviarlo al Congreso», dijo Schifrin. Viki, del MTD de Guernica, aseguró que, si bien una ley de amnistía era necesaria para terminar con las causas abiertas, también era necesario trabajar «para adelante», reformando el Código Penal.
El secretario Duhalde preguntó, entonces, si todos los presentes estaban de acuerdo con la amnistía. La respuesta fue positiva. Luego, preguntó si todos estaban de acuerdo también con la reforma del Código Penal. La respuesta fue también positiva. Martino, del MTR, le aclaró entonces que una cosa no quitaba la otra: «Queremos la ley de amnistía y también la reforma del Código. El consenso se construye en la medida en que se avance en dirección a la no criminalización. El Ejecutivo podría entonces mandar el proyecto de ley de amnistía y trabajar, con más tiempo, el consenso alrededor de la reforma del Código». La delegación señaló, entonces, el porqué de la urgencia de resolver estos temas: el punto de inflexión lo han marcado los fallos del Tribunal de Casación en las causas de los trabajadores ferroviarios y en el de Marina Schiffrin. En esos fallos, los jueces han dejado por escrito no solo que se considera un delito el reclamo de derechos humanos impostergables, sino también la participación popular.
«La única forma legítima y verificable de la expresión soberana del pueblo, es el sufragio. Por medio de éste, el pueblo rechaza o acepta las alternativas que le propone la clase política. Otros tipos de presunta expresión de la voluntad popular, distintos del sufragio (tales como reuniones multitudinarias en plazas o lugares públicos, encuestas, huelgas, lock-outs u otros medios de acción directa, vayan o no acompañadas por las armas, etc.) no reflejan realmente la opinión mayoritaria del pueblo, sino a los sumo, la de un grupo sedicioso», dice textualmente el fallo del Tribunal de Casación que confirmó la sentencia de tres meses de prisión en suspenso y dos años de prohibición de participar en manifestación de la docente Marina Schifrin . Palabras que, con idéntico sentido, han repetido los jueces que condenaron a los trabajadores ferroviarios y procesaron a Pepino Fernández. Esta coincidencia no es casual: desnuda una misma política.
El secretario Duhalde coincidió en la similitud de los fallos. La abogada Mara Puntano preguntó cuál es el sentido de una Secretaría de Derechos Humanos si no puede actuar en situaciones concretas de violación de esos derechos. Y recordó que no le mandaron un fax ni un mail para adjuntar a las causas, a pesar de que ella les remitió los datos de los 600 procesados. También subrayó que la criminalización de la protesta social es una política del gobierno y citó al jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien prometió perseguir a los piqueteros con el Código Penal en la mano. Duhalde manifestó su desacuerdo con esta lectura de la política oficial. Dijo que para él, este gobierno no criminalizaba la protesta. Que esa fue una manifestación puntual ante los hechos ocurridos en el Ministerio de Trabajo y, a modo de prueba, recordó que el ministro Tomada ahora tiene denuncias por falso testimonio por haber retirado la demanda contra aquellos piqueteros.
En otro tramo de la conversación, Duhalde reconoció que el gobierno no era homogéneo y convivían distintas posiciones sobre el tema. Duhalde expresó que no cree que el gobierno tenga intención de criminalizar, pero que la justicia, sobre todo en algunas provincias, van en esa dirección. «Es cierto que el gobierno nacional no impulsó ningún proyecto para despenalizar la protesta, pero hay varios estamentos del gobierno que lo estudian», aseguró. «Hacemos mucho trabajo invisible» se justificó. Vicky, del MTD de Guernica, preguntó entonces porqué no es visible una política de derechos humanos. «No nos pueden decir que no quieren ser mediáticos. Nosotros necesitamos que lo sean. El conjunto de los luchadores tiene que saber que no están solos». Pepino Fernández preguntó cómo una secretaría de Derechos Humanos permite que torturen, o fumiguen a la gente, como ocurrió cuando fue preso en Salta. El secretario Duhalde admitió tener límites jurisdiccionales. Aseguró que como forma de solucionar esas ausencias decidieron crear una delegación de la Secretaría en Salta. “Ya hay dos: una en Santiago del Estero y otra en Neuquén”, aseguró. Jojó Lucero Belgrano (Universidad Trashumante) expuso sobre la situación en San Luis. Denunció los abusos a los derechos humanos ejercidos por el gobierno provincial. La vigencia del artículo 242 del Código de Procedimiento Criminal que autoriza a la policía a allanar y detener personas sin orden de un juez. Y describió cómo se comenzó a criminalizar la protesta: a través de la persecución (física e ideológica) a referentes sociales y la detención y luego encausamiento de los detenidos en movilizaciones. Reclamó, finalmente, por la demora de la Secretaría en pronunciarse al respecto e incluso, de presentarse en San Luis cuando más se los necesitaba. Y recalcó que esa provincia está abandonada y silenciada por los medios nacionales, situación que obliga aún más a que dicha Secretaría se pronuncie clara y contundentemente. El secretario Duhalde comentó que la Secretaría decidió instalar un Observatorio en San Luis. Dicho observatorio, precisó ante el pedido de detalles, consistirá en una persona de la Secretaría que coordinará actividades con organizaciones sociales y cátedras de Derechos Humanos de San Luis, pero no estará de manera permanente en la provincia. También aseguró que ya se estaba trabajando en un documento sobre la situación de los derechos humanos en esa provincia. El secretario Duhalde se excusó de poder hacer más, alegando los escasos recursos humanos y económicos de la Secretaría. También dijo que hay poderes judiciales provinciales y ejecutivos provinciales con más poder juridiccional que los nacionales. Ejemplificó con Salta. Roberto Martino le respondió: «Estamos reclamando por los derechos que establece la Constitución Nacional. Los que están en falta son otros. Nosotros somos las víctimas», sostuvo. Destacó el gesto del juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, quien recibió la semana anterior a Pepino Fernández y representantes del MTR. «Son gestos: en Salta lo tratan como a un delincuente y aquí lo reciben en el Palacio de Justicia. Esos gestos también dicen algo. Y no se necesitan recursos para llevarlos a cabo, sino políticas claras.» Reclamó, entonces, que el Secretario se pronuncie públicamente en los momentos oportunos para dejar en claro ante la opinión pública qué significa un compromiso con la defensa de los derechos humanos: «Es un obligación de esta Secretaría pronunciarse, por
ejemplo, en los casos de los fallos del Tribunal de Casación o cuando un fiscal quiere filmar a los manifestantes». La doctora Puntano señaló: «En el campo popular con poco se hace y se puede lograr mucho. El fundamento de que no tienen fondos ni medios para cubrir todas las situaciones provinciales se deshace cuando nosotros, sin un peso y con mucha voluntad, logramos revertir situaciones de injusticia y de abuso de nuestros derechos”. El secretario Duhalde prometió entonces transmitir las preocupaciones expresadas en esa reunión en una charla con el presidente Néstor Kirchner. Neka Jara (MTD Solano) opinó que eso no alcanzaba: que era necesario un pronunciamiento público de parte de la Secretaria. Los funcionarios de la Secretaría solicitaron a los presentes que valoren, cuanto menos, la política llevada a cabo con respecto a la memoria, lo cual les ha valido presiones y amenazas. Maristella Svampa (Red de Intelectuales, Artistas y Acad�micos) fue quien reflejó hizo explícita esa valoración, pero señaló que el secretario Duhalde tiene la obligación de pronunciarse no solo respecto del pasado, sino sobre los derechos humanos hoy. Duhalde se defendió: «No somos nostálgicos”. Y agregó: «No crea que no hay resistencias». Por último, los presentes remarcaron la urgencia de las respuestas a los reclamos presentados.»¿Vamos a esperar que las causas de Pepino lleguen a cien? No pueden contemplar los tiempos políticos cuando hay semejantes necesidades. Así es la defensa por los derechos humanos: urgente e impostergable». El jefe de gabinete, Rodolfo Mattarolo y reiteró: -Trasladaremos estas preocupaciones al Presidente. -Le pedimos, entonces, que tramiten en forma urgente una reunión con el Presidente, así podemos expresarles estas preocupaciones directamente, expresó Neka Jara para finalizar la reunión.
Nota
Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos
Este 24 de marzo, a 49 años del golpe, la editorial lavaca publica Escritos sobrevivientes, un libro creado junto a un grupo de personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas en distintos centros clandestinos de represión durante la última dictadura militar. Se presenta el próximo viernes 28, pero ya podés pasar a buscarlo por MU (Riobamba 143) desde hoy. En este texto, Claudia Acuña cuenta qué representa esta obra parida en colectivo y en medio de aires negacionistas.
Por Claudia Acuña
Este libro representa muchas cosas y todas y cada una nos parecen decisivas para estos tiempos desesperados.
Ni sé por dónde comenzar a enumerarlas, así que sin orden de importancia ni cronológico enumero algunas, aunque sin duda me faltarán otras que invito a que completen quienes lo lean.
Lo primero, para mí, es reconocer el valor social, político, histórico y ético que merecen las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura cívico militar que azotó este país desde el 24 de marzo de 1976. No olvidamos esa fecha gracias a ellas, pero no siempre se las nombra con la relevancia que han tenido para construir verdad, justicia y memoria.
A algunas de ellas he tenido el honor de escucharlas y verlas testimoniar en los juicios de lesa humanidad, pero también en los diferentes procedimientos contra la impunidad que crearon y sostuvieron para que esos juicios sucedan.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Hasta lograrlo.
Solo a una pude agradecerle con palabras y lágrimas el esfuerzo, el coraje y el legado que recibíamos por su esfuerzo, pero fundamentalmente por sus vidas consagradas a hacer posible lo imposible. Fue en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, mientras los altoparlantes transmitían la primera condena a los genocidas responsables del centro de detención clandestino y de tortura que funcionaba en la Esma. Ahora, con este libro queremos extender esas gracias a cada una, a cada uno.
Sé, porque comprendí la lección que nos daban, que no puedo afirmar que lo hicieron solo ellas, ellos. Esa es otra de las cosas que representa este libro: el saberse parte – y reconocerlo siempre- de algo más grande, más importante y más trascendente no solo del yo, sino incluso del núcleo colectivo en el que nos organizamos, reflexionamos y tomamos fuerza para resistir. Nuestras fuerzas individuales y nuestras construcciones políticas suman, activan, empujan, pero alcanzan sus objetivos cuando sincronizan con la necesidad social, con la época y con la Historia. Tienen alas porque tienen raíces y mueven al mundo hacia lugares mejores porque se sabe más grande y más poderosa que lo que nos rodea.
Eso que aquí las y los autores definen como “subjetividad sobreviviente” nos advierte eso: somos nuestros cuerpos y la sombra que proyectan, lo que hacemos y lo que soñamos, nuestras obras y nuestra imaginación, nuestros saberes y nuestra intuición, pero también y además aquellos cuerpos, proyecciones, hechos, batallas ganadas y perdidas, que nos anteceden y desbordan para fortalecernos y sostenernos de pie. Aquello que ilumina la oscuridad es la memoria sensible: de eso se trata este libro, además.
Otra: el valor de las utopías. En los momentos más aterradores hemos gritado “Aparición con vida y castigo a los culpables”. Bueno: la noticia es que hemos tenido éxito y aquí están las personas que cuando pronunciábamos esas palabras mágicas no podíamos abrazar. Algunas de ellas son las que el tercer sábado de cada mes vimos ingresar a nuestra trinchera durante el largo y desalentador año 2024. Para nosotros ese taller de escritura significó una cita con la esperanza, cada vez. Y una comprobación: el futuro se construye con el hacer colectivo, cada vez.
Por último: este no es un libro de testimonios sobre el horror de la dictadura, sino su contracara o quizá, lo que se puede pensar después de cruzar el abismo de la impunidad.
Quizá.
Me falta todavía superar la alegría de haberlo logrado, de sostener con las manos esta pequeña utopía realizada en tiempos de saqueo de recursos simbólicos y materiales, en las cuales sólo proponerlo sonaba casi irresponsable, para poder encontrar las palabras certeras, que expresen lo que representa que personas empobrecidas y violentadas podamos hacer lo que querramos financiadas sólo por el deseo y la convicción, que siempre es política.
Quizá la palabra exacta sea una sola: Argentina.
La presentación
Escritos sobrevivientes y compila una serie de textos producidos en un taller de escritura que tuvo lugar en MU durante 2024. Estos relatos abordan historias marcadas por lo que el grupo denomina «subjetividad sobreviviente». El resultado es un conjunto de textos poéticos, políticos y filosóficos, de una potencia y belleza conmovedoras.
Participan: Rufino Almeida, Margarita Fátima Cruz, Graciela Daleo, Lucía Fariña, Mercedes Joloidovsky, Eduardo Lardies, Susana Leiracha, María Alicia Milia, Claudio Niro, Silvia Irene Saladino, Stella Maris Vallejos e Inés Vázquez.
Así lo resumen sus autoras y autores: «Un grupo de compañeras y compañeros, ex detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, nos reunimos en un taller de escritura para crear textos enfocados en la subjetividad sobreviviente, mientras la voz del poder alimenta el negacionismo y la reiteración del sufrimiento popular por variados medios».
El libro se presentará el próximo viernes 28 de marzo a las 20 horas en Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143.
Podés conseguirlo desde hoy, 24 de marzo, también en MU.

Nota
La Justicia esquiva la causa por el disparo a Pablo Grillo: “Hasta ahora no se investigó nada”

La recuperación de Pablo “es muy rápida” pero la investigación sobre su intento de asesinato, muy lenta, o directamente inexistente. Qué dijo el padre hoy frente al Hospital Ramos Mejía donde Pablo sigue pelando por su vida, aún en terapia intensiva pero con avances prometedores, y las abogadas del caso que presentaron ante la Justicia: primero Servini de Cubría y luego el candidateado a la Corte Ariel Lijo rechazaron la causa, y ahora se sortea en la Cámara Federal de Casación a qué juez le tocará investigar a quien le disparó y a sus superiores jerárquicos. Los dichos de Adorni en conferencia de hoy, y quién cortó el diálogo con la familia; las pruebas que se pidieron y las que se aportaron; y el texto de la presentación judicial en la que la familia pide ser querellante, con las pruebas que aportamos desde decenas de medios, fotoperiodistas y organizaciones sociales.
Por Francisco Pandolfi
Pablo Grillo todavía no está fuera de peligro, pero la mejoría día a día, paulatina y constante, le permite a la familia hablar ya no sólo de su estado de salud. Hasta hoy, el único foco era la supervivencia de este fotógrafo de 35 años impactado por una granada de gas lacrimógeno, fuera de toda legalidad, por las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich.
La pérdida de masa encefálica y la fractura de cráneo con la que llegó de urgencia al Hospital Ramos Mejía –el miércoles 12 de marzo, cuando se desató la represión en la marcha por las paupérrimas condiciones en las que viven las y los jubilados–; la primera operación esa misma noche en la que se bajó la presión intracraneal y se le reconstruyó algo del tejido. Las pupilas que empiezan a reaccionar bien. La merma en la sedación. Los primeros movimientos – prematuros e inesperados por los propios médicos–. Otra operación por un derrame que es revertido a tiempo. La baja de los glóbulos blancos como síntoma de la baja en la infección. Y a solo una semana del disparo, Pablo abre los ojos. Y le sacan el respirador para ver cómo reacciona y lo hace agarrándole la mano a la mamá. Y por si fuera poco le susurra las palabras más hermosas a su papá: “Hola, viejo”.
Pablo continúa en terapia intensiva, en estado crítico, pero respondiendo bien neurológica y físicamente. “Es asombroso el nivel de avance que tuvo”, dice Fabián, su viejo, con los ojos emocionados e incrédulos por la mejoría impensada en tan poco tiempo. Esa sucesión de buenas noticias las que posibilitan a la familia convocar este viernes a una conferencia de prensa «para contar novedades en la causa judicial».
Primero, habla Fabián, su papá, sobre la salud de Pablo: “Las novedades son que está estable, por lo tanto es bueno. Está con los ojos abiertos y sigue sin respirador”.
Fabián lleva puesta una remera azul, con letras blancas que dicen: “Justicia por Pablo Grillo”. Se lo nota cansado, pero más distendido. Se ríe cuando cuenta: “Tengo un video con saludos de (Ricardo) Bochini, veremos si los médicos nos permiten que se lo pasemos. Si lo escucha al Bocha, va a volver a hablar seguro Pablo”. Mantiene los pies sobre la tierra: “Todavía la situación es grave: está en terapia y con riesgo de vida. Pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es favorable. A todos nos sorprendió su evolución. Incluso los médicos manifiestan que la evolución que está teniendo es asombrosa. Es muy rápida”.
Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el diálogo con la familia quedó roto desde que el padre de Pablo acusó a Bullrich de ser cómplice. Fabián le responde: “Nosotros no cortamos nada porque nunca existió el diálogo. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por tanto si es que alguien cortó el diálogo fueron ellos. Yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien me llama”. Y agregó: “A esta altura no lo espero (ese llamado). Espero poco. Pero demostraría que tienen todavía un grado de humanidad”.
En relación a las mentiras de Bullrich sobre el trayecto del proyectil, expresó: “Me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira. La va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente, es hasta absurdo, burdo, grotesco: no sé que palabra utilizar”. Cuando le preguntaron si le diría algo al gendarme que, según los elementos reconstruidos hasta el momento, sería quien disparó (presuntamente, el cabo Guerrero), afirmó: “Personalmente no le diría nada. Sí lo vamos a decir de forma jurídica. El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es en lo judicial”.
La causa, sin avances
Fabián estuvo acompañado por Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y a Paula Litvachky, del CELS, organismos que patrocinarán legalmente a la familia, que este 21 de marzo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida en cuenta como querellante en la investigación judicial.
Lo más importante de la causa hasta ahora: desde el 12 de marzo “no se investigó nada y reclamamos que se empiece a investigar urgente”. Las abogadas cuentan el por qué: “La causa iniciada por la denuncia de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) que dio inicio a la instrucción estaba presentada en el Juzgado 12 de Ariel Lijo, quien se la devolvió a la Jueza Servini de Cubría, que otra vez la rechazó. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de la investigación. Ahora irá a sorteo para definir quién la sigue. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver”. Agregan: “Hasta ahora el Ministerio de Seguridad dijo que no hará sumarios internos por el accionar de su Fuerza, lo que refleja el encubrimiento”.
La causa aún no tiene carátula porque no está radicada en ningún juzgado. La denuncia presentada es por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.
Dice Paula Litvachky, del CELS: “Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial y se inicie el pedido de pruebas antes de que pase más tiempo”.
Dice Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Esperamos que en estos primeros 9 días en los que no se hizo nada, no haya ninguna prueba que se haya destruido, modificado, alterado. Hay cámaras del Gobierno de la Ciudad que tienen un tiempo de duración determinado, o de negocios que también se van borrando y si no las pedís inmediatamente después ya no están. Es vergonzoso que un hecho así no lo esté investigando nadie”.
Las abogadas pidieron una serie de pruebas. Las más relevantes: “Quién dio las órdenes, cómo se manifestaron esas órdenes y cuáles fueron, antes y después del impacto; cuál fue el protocolo que se aplicó, quienes integraban el equipo donde estaba incluido el cabo Guerrero y qué órdenes se le impartió a ese grupo en particular; qué armas utilizaron”. También exigen que se lo llame a indagatoria a Guerrero. “Ya hay suficientes elementos para hacerlo”.
Completa Paula Litvachky: “Hicimos una presentación con los hechos, tenemos un montón de pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quién disparó y de toda la cadena jerárquica”.
Concluyen ambas: “Las pruebas están. Nunca hubo tanto registro fotográfico y audiovisual. Necesitamos el acompañamiento social para empujar a que se haga justicia y que no quieran desviar el foco de la investigación”.
Nota
La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (81 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.
Por Franco Ciancaglini.
La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo.
En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso.
“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.
La que habla es una de sus hijas, Paula.
El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10.
Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 81 años.

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.
El arma y la palabra
Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.
Es jubilada.
Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.
Tiene tres hijas.
Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.
Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.
Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.
La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.
Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.
El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.
Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.
Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.
Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.
“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.
Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.
Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.
Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.
Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.
La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”.
¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.
La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.
¿Necesitan algo? “Sí: paz”.
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