El crimen de Rodolfo Orellana desnuda el déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires , el problema del hambre y el rol de las organizaciones. ¿Cuál es la estafa detrás de la propiedad de los terrenos? El rol de la policía y el termómetro social de las vecinas. Por Lucas Pedulla.
Sobre la mesa de madera sostenida por dos cajones de cerveza hay siete velas encendidas. Es casi la única iluminación de esta sala, sin contar el tenue rayo de sol que se filtra entre los dos portones de chapa que separan la calle de tierra de la casa de Lía Mamani en el barrio 17 de Noviembre, Villa Celina, La Matanza.
ras las velas hay coronas y dos fotos de su marido, Rodolfo Orellana, ubicadas en otra mesa acompañadas de una botella de licor, un bollo de pan en una lata y un vaso de plástico, junto a sus pecheras de la Organización Libres del Pueblo (OLP) y de la Confederaciòn de Trabajadores de la Economìa Popular (CTEP).
Sentada frente al santuario, Lía recuerda la última vez que lo vio: “El 22 de noviembre se corrió el boca a boca en el barrio. Decían que la gente iba a pedir esos terrenos, pero para pagarlos en cuotas. A eso de las tres de la mañana él entró en el cuarto, rápido, agarró un gorrito y una mochila. Yo estaba dormida. ‘Me estoy yendo’, me dijo. ‘No vayas’ , le dije. No tuvimos tiempo para hablar. Salió. Y no volvió más. Después, alrededor de las seis de la mañana, me llaman diciendo que estaba mal. Que la policía no dejaba entrar ambulancias. Lo llevaron al hospital en auto particular. Pero ya estaba fallecido. Murió en el momento, me dijeron”.
Rodolfo ‘Ronald’ Orellana -37 años, papá de tres varones y dos niñas, cooperativista textil de la OLP que fabrica 6.000 guardapolvos para el Ministerio de Desarollo Social- fue asesinado esa mañana de un balazo de plomo en medio de una represión de la Policía Bonaerense a un intento de toma de tierras en la zona de Puente 13, en La Matanza. Las interpretaciones sobre su muerte comenzaron de inmediato: el diario Clarín publicó que la muerte se había dado por una herida de arma blanca en el marco de un enfrentamiento entre vecinos por la ocupación del predio. El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, lo desmintió al día siguiente: “La autopsia preliminar determina el ingreso de un proyectil de arma de fuego por la zona del omóplato de la espalda y orificio de salida en la zona facial a la altura de la nariz, luego de penetrar el maxilar y la zona dentaria”.
Los vecinos afirman que los disparos provenían de una sola dirección: la Bonaerense. La causa por el asesinato tramita en la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos de La Matanza, a cargo de Jorge Daniel Yametti. Lía: “La policía está para cuidar, no para matar. Tengo miedo de que esto quede en la nada. Tiene que hacerse justicia. Tiene que saberse quién lo mató. Dicen que, al escapar de la represión, mi marido se cayó al correr y que ahí me lo mataron. Directamente. No lo dejaron levantarse. No puede ser que lo maten así como a un perro. No puede ser”.

Foto: Nacho Yuchark

Estafas & querandíes

El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) relevó que en Argentina hay 4.400 sitios que involucran villas o asentamientos informales en el que -estiman- viven 4 millones de personas. Casi el 38 por ciento se encuentra en el conurbano bonaerense.
El predio de Puente 13 -ubicado en la intersección de Camino de Cintura y la autopista Ricchieri, en Ciudad Evita- es foco de múltiples conflictos desde hace años. Hoy está dividido en tres sectores: A, B y C. En febrero de 2016, el referente de la colectividad boliviana y militante de la CTEP en La Matanza, Iber Mamani, acudió con compañeras y compañeros a un llamado de auxilio en el sector B. Cuenta a MU: “Un vecino nos avisó que estaban desalojando y rompiendo sus casas. Nos encontramos con la Bonaerense y topadoras. Los vecinos nos decían que habían comprado esos lotes y no entendían por qué los estaban echando”. La policía reprimió, Mamani terminó en el Hospital Ballestrini con cinco balazos de goma en las piernas y hubo cinco detenidos.
Comenzaron a estudiar qué había pasado. La titularidad de esas tierras es del Estado a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que hace 50 años había otorgado esos terrenos a un particular al que se le asignó una custodia del lugar. Cuando falleció, la persona que quedó a cargo fue su hija, María Isabel Carballo. “Ella desconoce el contrato y reivindica la titularidad de los terrenos por prescripción adquisitiva, es decir, por usucapión”, explica Pablo Ledesma, abogado de la APDH. La usucapión es la adquisición de alguna posesión que confiere la calidad de dueño a alguien por el mero hecho de tenerla, según plazos que fija el Código Civil y Comercial. Por ese motivo, explican, hay dos procesos judiciales. Uno es del Estado contra la mujer por desalojo. El otro es un juicio de esta particular contra el Estado por esos terrenos.
El conflicto comenzó a echar raíces sobre el territorio y la necesidad de vecinos y vecinas. Mamani: “Carballo vendió una cesión de derecho por esa usucapión a los vecinos. Pero nos dimos cuenta de que la señora nunca tuvo la potestad de la tierra. Era, lisa y llanamente, una estafa”. Los vecinos del sector B, entonces, comenzaron a organizarse. Armaron mesas de diálogo con la Municipalidad, el Consulado de Bolivia y APDH para que la AABE se interiorizara en el conflicto. También convocaron al colectivo Tres Ombúes, una organización dedicada a la preservación de una porción del sector C, declarada Patrimonio Arqueológico porque hay vestigios de un cementerio quedandí. Mamani: “Fueron reuniones con todos los actores, para que quedara en claro que las familias del sector B habían comprado esos terrenos de buena fe. La AABE lo entendió y prometió una solución, con el acuerdo de no seguir loteando ni revendiendo”. El conurbano, sin embargo, tiene sus propias leyes.
Mamani subraya que en el sector A viven entre 20 y 25 familias; en el B, entre 45 y 50; y en C, hay unas 300, ya que es el predio más grande. ¿Qué pasó con el acuerdo de no avanzar? Mamani: “Allí aparece en juego otra persona, Rolando Pardo, un puntero de Lugano, que compró todo el sector C a Carballo para revender, aun sabiendo el estado de esas tierras”. El avance sobre el sector C fue denunciado por el colectivo Tres Ombúes, que observó el deterioro del sitio histórico luego de los negociados. Los vecinos del B, además, denunciaron que Pardo y Carballo los estaban amenazando.
Por ese motivo, la APDH exigió una reunión con el jefe de Seguridad del Municipio y la fiscal general, Patricia Ochoa. Sólo ella los recibió. Cuentan a MU: “A partir de otros hechos de violencia, temíamos que todo terminara en una pelea entre vecinos por culpa de los negociados. Pero nunca nos imaginamos todo lo que pasó”.
La reunión fue un día antes del asesinato de Orellana.

Foto: Nacho Yuchark

Dormir en una comisaría

Las hermanas Rosse Mary y Mirian Calizaya también se enteraron de la toma de los predios de Puente 13 por el boca a boca. “Fuimos porque dijeron que el terreno iba a ser pagado, en cuotas, una vez que nos censáramos”, dice Mirian, 25 años, mamá de Daira Alejandra, tres meses. Ellas fueron antes de las seis de la mañana.
Rosse Mary, 31 años, alquila dos piezas en Villa Celina. “Cada una tiene tres metros por tres. Una la uso para cocina. La otra, para descansar. Tengo dos nenes. Pago 3 mil pesos por cada una. Pero otras compañeras pagan hasta 15 mil por dos piezas. Nunca participamos de ninguna toma, pero lo que nos llevó a muchas personas a ese lugar fue la posibilidad de no vivir más de alquiler en alquiler. Y no queremos nada de arriba, no: queremos pagarlo. Por eso fuimos. Pero hoy la situación está cada vez más difícil”.
Cuando llegaron se encontraron con muchos policías. Algunos vecinos sostienen que vieron a Pardo hablando con los efectivos. Otros, que había varias “personas de civil” dialogando con los uniformados. Y si bien aún no declararon en sede judicial, todos subrayaron a la OLP que los disparos salieron sólo de la Bonaerense. Y, en particular, apuntan a una “oficial rubia”, que sindican como la autora del crimen de Orellana.
Las hermanas Calizaya no tuvieron mucho tiempo para observar. Rosse Mary: “No paraban de disparar. Cuando salíamos, vimos caído a Ronald. También otro vecino tenía un tiro de bala de goma en la cara”. Sin razón, tres mujeres policías tiraron a Mirian al piso. La retuvieron casi una hora. La llevaron a las comisarías de San Justo, Ciudad Evita (la misma que coordinó el operativo, y donde testigos apuntan que vieron efectivos consolando a una “oficial rubia” muy nerviosa) y de La Tablada. También detuvieron a otros tres vecinos.
Allí comenzó otro calvario. Mirian estuvo detenida e incomunicada desde ese jueves hasta el martes. Dice a MU: “Te tratan muy mal, como si hubieras matado a alguien. Me encerraron en una celda vacía. Pared y suelo. Nada más. En la noche me pasaron una colcha, que la había traído la OLP, y así dormí hasta que salí”. Su peor tortura: “No me dejaban amamantar a mi hija. Debía alimentarla cada dos horas”. Sólo pudo verla algunas veces y en pocos minutos. Rosse Mary tuvo que llevarla el sábado al Hospital Garraham por un cuadro de deshidratación, con fiebres y vómitos por una leche que no le era apta. Le rogó al comisario por la situación. La respuesta: “Tu hermana tenía que haber pensado bien antes de usurpar”.
Las mujeres del merendero Sol y Tierra, donde trabajan y militan las hermanas, se movilizaron junto a organizaciones el domingo 2 de diciembre a la puerta de la comisaría. Recién así lograron que los efectivos respetaran el sistema de horas que habían previsto. Tras la liberación, todos afrontan una causa por “usurpación”.

La otra cara

En el merendero Sol y Tierra, Villa Celina, faltan dos horas para las cinco de la tarde. El momento en que llegan 300 niños y niñas -aun de barrios vecinos- tiene a Mirian y Rosse Mary, junto a otras seis mujeres, preparando el arroz con leche y amasando bollos que en minutos se convertirán en pan casero y torta fritas. Este es otro de los espacios de la OLP, junto a las cooperativas textiles (donde trabajaba Ronald) o las de panadería (donde trabaja Lía), que surgió en enero de este año luego de un diagnóstico claro: el hambre, la otra cara de la falta de vivienda.
“Somos más de 100 mujeres que trabajamos acá”, dice María Estela, 36 años. Rosse Mary dimensiona: “De lunes a viernes damos merienda: somos cuatro compañeras por día. A las 14 estamos puntual acá. Nunca repetimos comida. De 17 a 19 repartimos. Luego, limpiamos y dejamos todo listo para el día siguiente. Terminamos a las 20: son seis horas, a veces más. Y los sábados somos ocho compañeras: arrancamos a las 8, a las 12 damos de comer, hasta las 14. Lavamos y ordenamos”.
Los domingos los están dedicando a kermesses donde cada integrante de la organización debe comprar un plato. La recaudación irá a la compra de una heladera o microondas. Diego Markus, referente de la OLP en La Matanza, y compañero de Ronald en la cooperativa textil, apunta: “Peleamos para que el trabajo de las compañeras sea reconocido. Hay otros más tangibles, como la gastronomía o lo textil. Estos son los llamados sociocomunitarios. En términos monetarios, pueden dar pérdida, pero son los que más sirven al barrio. Acá se le da un lugar para que los chicos se recreen, estudien, y eso también tiene que ver con la vivienda digna”.
Rosse Mary pone un ejemplo. “Hay un chico que vive a una cuadra de General Paz. Viene casi todos los días a pie y a pie se va. Serán unas 20 cuadras. Llega, se toma su merienda, come, saca su tupper y se lleva tres o cuatro platos, con la mochilita cargada”. Rosse Mary se toca el pecho: “Tiene 9 años”.

Lo que no se dice

Por la casa de Lía todo el tiempo hay visitas. Ella saluda a cada una con un beso. Y pregunta a compañeros de la organización si tienen noticias sobre lo que más le importa en este momento: a una semana de su asesinato, aún no tiene el cuerpo de su marido para despedirlo en paz. “El día que tenía que ir a retirarlo me retuvieron en la fiscalía, diciendo que tenía que declarar. Sólo quería retirar a mi marido. Soy asmática. Me descompuse. Mi bebé se puso a llorar y no me dejaban dar de tetar”. Fue el único contacto con lo que suele llamarse “la Justicia”.
Markus, fuera de la casa, dice: “Los compañeros no sabían del trasfondo de esos terrenos. La realidad es que el predio tendría que haber estado regulado por el Estado, pero acá el Estado no interviene. Un ejemplo: en Sol y Tierra, la calle, el poste de luz, todo, salió de plata de los vecinos. Y los compañeros viven en piecitas hacinados sólo para estar con sus hijos y producir. Hace unas semanas acá fallecieron tres niños: la mamá vendía en la feria, y por un cortocircuito se prendió fuego la casa. Murieron calcinados. No salió en ningún canal de televisión. Quiero decir: no existe el Estado acá, y sólo cuando está la posibilidad de organizarse y de ir a buscar un terreno vacío,aparece y en su peor versión: matando y encarcelando”.
¿Cómo entender lo que nos muestra este conflicto?
Iber Mamani: Lo que hay que decir acá es que el cómplice perfecto es la policía: saben que en esos predios estaban construyendo. Hay toda una cadena de corrupción pero, en su lugar, dicen que son ocupas y que el problema son los inmigrantes. No es el punto: hablemos de la necesidad que hay en los barrios populares. La gente está pasando una situación económica y habitacional tremenda. Eso no sale en los medios. La gente la está pasando mal. Y, en medio de la desesperación, se enteran de estas cosas y sólo quieren un pedazo de tierra para vivir de forma digna. Parece que hay que recordar que la vivienda es un derecho.