Nota
Dictamen del INADI: los músicos porteños son discriminados
El Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) emitió un dictamen que señala que los músicos que tocan en vivo son discriminados en la Ciudad de Buenos Aires. El organismo nacional tomó posición después de analizar las dificultades que viven los artistas para presentar sus shows después de la masacre de Cromañón. “Clausuran los lugares porque no tienen máquinas expendedoras de preservativos, se pena la actividad en sí en vez de las condiciones en que tiene lugar. Se instaló la idea de que la música era en sí mismo una actividad peligrosa”, advierte a lavaca Diego Boris, titular de UMI.
El Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) emitió un dictamen que señala que los músicos que tocan en vivo son discriminados en la Ciudad de Buenos Aires. El organismo nacional tomo posición después de analizar una denuncia presentada por la Unión de Músicos Independientes (UMI), en abril de 2007.
La UMI había decidido presentarse ante el INADI después de que los músicos que la integran comenzaran a tener problemas para encontrar lugares donde tocar en la Ciudad. “Después de Cromañón, donde murieron 194 personas, se intensificaron los controles en los lugares para tocar. Lo que al principio parecieron medidas precautorios para poner en orden todo aquello que no estaba, bajo el gobierno de Jorge Telerman terminó por convertirse en una sobreactuación de los funcionarios que terminaron agarrándosela con los músicos”, explica Diego Boris, presidente de UMI y agrega: “El enseñamiento tuvo lugar por una cuestión política: había un Jefe de Gobierno destituido y el sucesor quiso hacer creerle a la sociedad que hacía las cosas bien. Nosotros no cuestionamos las políticas culturales de los gobiernos de turno, que se supone los votaron para que las lleven a cabo. Pero sí nos metemos cuando los gobiernos anulan las herramientas que tiene la sociedad para hacer cultura popular”.
Los músicos independientes denunciaron que los locales donde tocaban terminaban siendo clausurados porque carecían de máquinas expendedoras de preservativos o por carecer de agua lo suficientemente caliente. “Lo peligroso pasó a ser la actividad en sí y no las condiciones en que se llevaba a cabo”, sentencia Boris.
A partir de esa situación, UMI marcó tres líneas de acción. Por un lado creó la red-UMI, en la que un grupo de músicos se propuso encontrar lugares alternativos para tocar en vivo. Otra iniciativa, en tanto, consistió en presentar una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia, organismo que terminó por declarar inconstitucional varias disposiciones que regulaban la actividad. “La normativa es tan compleja –advierte Boris- que por las mismas razones que te habilitaban, un fiscal podía clausurarte. Entre las cosas que te exigían, por ejemplo, era que un local tenga todo un año por adelantado prevista su programación, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad?”. Ese fallo, además, obliga a la Ciudad a reformular el Código de Habilitaciones y en ese trabajo UMI se involucró de manera directa.
La tercera vía de acción fue la presentación en el INADI. “Considerábamos que era apropiado, porque si un mimo, un actor o un artista plástico quiere realizar una presentación en un bar o un café no le exigen nada de lo que nos exigen a los músicos. A nosotros nos piden una habilitación especial aunque vaya un tipo a cantar con una guitarra criolla”, se queja Boris.
Boris señala que la sobreactuación ejercida por el gobierno porteño después de Cromañón benefició la concentración del negocio. “Si querían proteger a los pibes, hicieron todo lo contrario. Como terminaron cerrando los pequeños lugares, terminaban tocando en casas tomadas, garages, lugares con peores condiciones de seguridad que las que tenían antes. Se terminaron beneficiando los más poderosos”.
“Se instaló la idea de que la música en sí misma era un elemento peligroso para la sociedad. Se privilegió un celo excesivo para la seguridad sobre el libre ejercicio de la actividad. Debería haber primado un punto de equilibrio. Cromañón nos hizo reconsiderar en el ambiente un montón de conductas que parecían pintorescas, nosotros aprendimos rápidamente la lección. El Ejecutivo, en cambio, no la aprendió. Si vos vas a algunos lugares que aparecen habilitados y ves las condiciones que tienen no sabés –o sí sabés- por qué están funcionando”.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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