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MU en la capital del veneno: Paren de amenazar

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El Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás decidió procesar por amenazas a Fernanda Lilian Roces, hija de productor agropecuario de Pergamino Mario Roces, procesado a su vez por la contaminación y los daños generados por las fumigaciones. La noticia fue difundida este martes por la abogada y vecina Sabrina Ortiz, víctima de los agrotóxicos al igual que su familia y la comunidad de Pergamino. En sus redes sociales la doctora Ortiz informó: “Creídos los hijos del poder, arrebatado la salud y la vida impunemente, hasta ahora… La Justicia Federal procesó a Fernanda Lilian Roces por el delito de amenazas agravadas en contra de mi familia en circunstancias que irrumpieron en el domicilio de mis padres al grito de ‘la vamos a matar a tu hija, dala por muerta a esa negra de mierda’. Fernanda es hija de uno de los procesados por envenenamiento en Pergamino, Mario Roces. Procesada y embargada por un millón de pesos y con imposición de prohibición de acercamiento tanto a mis padres e hijos como a mí. Será Justicia”.

Las denuncias de Sabrina Ortiz contra las fumigaciones habìan generado ya en 2016 la reacción de los grupos del agronegocio.

En aquel momento el propio Roces se acercó a la casa de la familia de Sabrina armado, disparando y gritando ‘esos negros se tienen que morir’.

Al día siguiente María Fernanda Roces la encontró en el supermercado y le dijo a Sabrina: “Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso”. El procesamiento dictado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo incluye la prohibición de dicha mujer de acercarse a menos de 500 metros de Sabrina y de cualquier integrante de su familia, además de trabarle un embargo por un millón de pesos.

Lo denunciado por Sabrina Ortiz y Paren de fumigar de Pergamino sobre la situación en la ciudad se fundamenta en hechos concretos.

  • la experiencia de la comunidad,
  • estudios del INTA que confirmaron la gravísima contaminación de las aguas,
  • estudios del Hospital Austral que ratificaron la presencia de agrotóxicos en pacientes de la ciudad,
  • fallos ejemplares de la justicia federal que procesó y embargó a productores (incluido Roces), a funcionarios, y prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Detalle: al prohibirse las fumigaciones fue notable el descenso de la contaminación en el agua que consume la población.

Símbolo de la situación: Sabrina no solo se movilizó como vecina sino que al hacerlo decidió estudiar derecho para llevar adelante ella misma las causas al no encontrar abogados que quisieran involucrarse en estos temas que amenazan la salud ambiental y social, pero perjudican intereses del lobby de los agronegocios.

Publicamos aquí la investigación en Pergamino realizada por MU en septiembre, “La capital del veneno” que revela no solo una historia increíble sino también los nuevos estilos productivos que también en este caso presentan un horizonte distinto para el campo.

Compartimos el reportaje ublicado en la última MU, nº 163, que hicimos gracias a nuestrxs cómplics. Apoyanos desde $250

MU en la capital del veneno: Paren de amenazar

Pergamino: La capital del veneno

El INTA confirmó la contaminación de las aguas; hospitales como el Austral detectaron los agrotóxicos en los cuerpos de pacientes de Pergamino, y la comunidad logró fallos ejemplares de la justicia. Los detalles de casos que merecerían figurar en una serie de terror, pero forman parte de la realidad cotidiana. Desde el cáncer hasta la sojización de las cabezas, empresarios, medios y gobierno coinciden en un silencio sin grieta. La mirada hacia el futuro de vecinas y vecinos que se defienden organizándose, y la inauguración de nuevos modos de producción sanos. Por Francisco Pandolfi.

MU en la capital del veneno: Paren de amenazar
Con el cartel, Sabrina Ortiz, contaminada de agrotóxicos, que se recibió de abogada porque no encontraba quien la defendiera. Fotos: Nacho Yuchark

-Con vos, no tengo nada que hablar.

Las palabras del intendente a una vecina quedan flotando en el aire de la Municipalidad. La lengua no tiene huesos, pero los rompe. Y en el partido bonaerense de Pergamino hay palabras y también hay silencios que se sienten en la atmósfera, que calan hondo, que parecen resonar para siempre. Al mismo tiempo, en la bautizada “ciudad de la semilla” y núcleo sojero de más de 100 mil habitantes, hay cuerpos que hablan. Cuerpos vivos, cuerpos enfermos, cuerpos muertos. Hablan. Y denuncian.

La vecina se llama Sabrina Ortiz. El intendente, Javier Martínez. Ese primer encuentro con el mandamás de Juntos por el Cambio –que ocupa el cargo desde 2015 (50,82% de los votos) y fue reelecto en 2019 (58,70%)–, se dio en 2018, un par de horas después de que Sabrina denunciara por radio la certificación de que sus dos hijos y ella tenían agrotóxicos en sus cuerpos. Se había acercado a la intendencia con una carpeta llena de datos para mostrar y demostrar el mal generado por los venenos. Él la miró de arriba a abajo. Y sin que ella pudiera pronunciar ningún sonido, le enrostró: “Con vos, no tengo nada que hablar”.

Una noticia origina el viaje de MU a Pergamino, 222 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires: la confirmación del procesamiento a dos ex funcionarios encargados de controlar la aplicación de agrotóxicos. Una medida judicial sin precedentes en el país. Sin embargo, entre la buena nueva y el inicio de esta historia, hay diez años de una vida de película, protagonizada por varias actrices y actores, y uno de cuyos papeles principales lo afronta Sabrina Ortiz, 37 años, de Paren de Fumigar Pergamino.

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Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia.

Balazos, soja y derecho

2011: Sabrina vive en Villa Alicia, uno de los barrios populares del lugar lindante al campo y, por consiguiente, a las fumigaciones que hace meses denuncia sin respuesta. Ya sufría brotes, picazón y desprendimientos de la piel. Pero ese día fue distinto: “Estaba embarazada de casi seis meses. Era tan fuerte el olor que respiraba veneno puro. Se me empezaron a quemar las fosas nasales, la boca, la garganta, la cara me ardía, los ojos inflamados, rojos. Parecía casi deformada por el mismo tóxico. Tuve náuseas, luego vómitos, hasta que fui al hospital. Mi hijo ya estaba muerto”. La explicación: “Quien me atendió me dijo que se debió a una intoxicación, pero que si certificaba que era por los agroquímicos, lo iban a matar”. Silencio… “Ahí empecé a entender que había algo muy grande detrás, que por algo no me recibían las denuncias”.

2012: Sabrina aprovecha los pocos espacios radiales que le dan para contar lo que pasa. Va conociendo a personas que sufren lo mismo en otros barrios, mientras se sigue fumigando a diez metros de las casas en zonas urbanas y periurbanas. “Ningún abogado nos quiso acompañar ante la justicia para que se investigue. Ni los especialistas en derecho ambiental aceptaron. Me sentía muy sola”.

2013: La batalla empieza a dar frutos: se presenta en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la regulación de “fitosanitarios”, eufemismo para nombrar a los agrotóxicos. Sabrina es docente en salud. No la agobia una necesidad laboral, pero  toma una decisión que cambia radicalmente su vida: comienza la carrera de abogacía: “Seguía golpeando puertas de abogados, que tenían herramientas para cambiar mi situación y no lo hacían. Tampoco respondían desde la Secretaría de Salud, ni del hospital, ni de la Municipalidad. Nadie se acercó a ver qué estaba pasando”. Silencio… “Me sentí morir muchas veces, sola, mientras mi familia seguía enfermándose”, agrega, y se saca los anteojos para secarse las lágrimas.

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Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento

2014: Sabrina sufre su primer ACV. No claudica. Se aprueba la ordenanza para la regulación de agrotóxicos: 100 metros desde el final de la zona periurbana.

2015: Sabrina padece el segundo ACV. Continúa luchando. Entra en vigencia la ordenanza y se crea la Secretaría de Ambiente Rural, órgano de control que no controla. A la cabeza, el veterinario Mario Tocalini; como subjefe y auditor, el ingeniero agrónomo Guillermo Naranjo. Ambos han sido procesados en segunda instancia por incumplimiento de deberes funcionarios públicos.

2016: Comienzan las amenazas. En mayo, el productor agropecuario Mario Roces, vecino de Sabrina, se acerca en dirección a su casa. “Lo veo venir por la ventana. Lo escucho gritar ‘estos negros se tienen que morir’, saca un arma y dispara dos tiros con balas de plomo. Con una mató a mi perro, la otra dio en la pared. Mi hija había estado afuera un par de minutos antes. Me quedé paralizada”. Completa: “Al día siguiente me crucé a la hija en el supermercado. Me dijo: ‘Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso’. Hice la denuncia mucho después, por miedo”. Y amplía: “También me tiraron a mi casa bidones de agrotóxicos y hace unos meses me pusieron ramas de soja arriba del auto”.

2017: Sabrina tiene una hija y un hijo. Fiamma y Ciro. Un día Fiamma se levantó con dolor en una pierna. Le levantó fiebre, prosiguieron infecciones. “Estuvo 25 días internada y no detectaban qué era. En paralelo, a Ciro se le empieza a inflamar la boca y la garganta, hasta que le detectan cadenas ganglionares intestinales. Tenía 3 años y adelgazó 5 kilos en un mes. No sabían el motivo, hasta que en infectología preguntaron de dónde éramos. Nos mandaron a toxicología ambiental del Hospital Austral y tras los análisis se confirmó lo peor: mis hijos y yo teníamos alarmantes niveles de agrotóxicos en el cuerpo. Ciro 120 veces más de lo que un cuerpo puede tolerar; Fiamma 100 y yo 58”. 

Las cifras no explican el sentimiento: “Fue un detonante, me desmoroné por completo. El daño ya estaba hecho y representaba un riesgo biológico que podía desencadenar en cualquier cosa. Luego entendí que los ACV se originaron por esa exposición a sustancias neurotóxicas”. ¿Cómo reaccionó el municipio? “Matías Villeta, secretario de Salud, declaró que los análisis eran truchos”. Al final de ese año, Sabrina potencia la proeza y se recibe de abogada: “Estaba presionada por recibirme rápido, para empezar a denunciar y no depender de otros; lo sentía como una bomba de tiempo”. Con título en mano, hace la denuncia en la fiscalía.

2018: Al no haber avances, Sabrina acude al Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo. La escuchan. “Por primera vez la justicia daba respuestas; pedí ser querellante en la causa que se abrió en julio contra los productores procesados por el delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud: Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribo. A Enrique Turín le dictaron la falta de mérito. La motivación de estudiar derecho me estaba llevando al objetivo: tener las herramientas para cambiar la historia”. Peritos ambientales de la justicia federal realizan en noviembre el primer muestreo de agua de red y de pozo, así como en el suelo, en los tres barrios más afectados: Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, al sur de Pergamino. El INTA Balcarce determina la presencia de 18 moléculas de agrotóxicos.

2019: En abril, el juez dictamina la primera medida cautelar, la cual prohíbe fumigar en las zonas aledañas a los barrios más damnificados, precisamente en los predios de cuatro productores. En un segundo relevamiento sobre la calidad del agua, en mayo, la justicia agrega al barrio Santa Julia, donde se habían denunciado múltiples casos de cáncer. Se encuentran 19 moléculas de agroquímicos. En agosto, el juez amplía la cautelar y prohíbe la fumigación “a la totalidad de la ciudad de Pergamino fijándose un límite restrictivo y de exclusión de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas”. La intendencia apeló todas las medidas cautelares que defendían a la ciudadanía, incluida la que exhortaba al municipio a entregar bidones de agua potable a las familias más expuestas. Recuerda Sabrina: “Al otro día de haber sido informado sobre la cautelar, el intendente dio una conferencia de prensa negando la contaminación y asegurando que se trataba de un acto de politiquería”. El vecino productor Fernando Cortese le hace llegar a Sabrina un mensaje: “Prometió que me iba a pegar un tiro en la espalda y dejarme paralítica”. No fueron solo palabras: “En la ruta, le tiró su camioneta encima a mi papá, que casi vuelca”.

2020: Se conocen los resultados del tercer muestreo extraído en diciembre de 2019. Las cifras son tan asombrosas como lógicas: tras las medidas judiciales restrictivas a las fumigaciones, se encuentra un 50% menos de químicos.

2021: El proceso judicial avanza y se ha diversificado. La causa madre focaliza en los tres productores procesados por las fumigaciones y la contaminación del agua, pero existen otros expedientes. Entre ellos: la imputación al intendente por incumplimiento de medida cautelar en la entrega de agua potable a la comunidad; una escuela fumigada en el pueblo de Gornati; los ex funcionarios procesados. “Los productores fumigaban con Tocalini y Naranjo presentes y no hacían nada. Se reían juntos. Más de una vez, venían a inspeccionar y el mecanismo que tenían era oler el campo. Sí, se agachaban, olían y dejaban asentado que había olor a humo”, rememora Sabrina, con un pañuelo de colores que rodea su cuello y unos ojos oscuros llenos de vida.

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Asamblea de puesteros en la feria agroecológica.

Breves historias clínicas 

A la causa judicial la llevan adelante tres mujeres de tres de los barrios más avasallados por los pesticidas. A Sabrina, que vivía en Villa Alicia antes de mudarse por pedido médico, se le sumaron Alejandra Bianco, de Santa Julia, y Florencia Morales, de Luar Kayad.

Alejandra, 48 años, parece no perder el humor pese a la tragedia: “Dios los cría y el viento me los trae a mí. En Pergamino hay cáncer como para hacer dulce de leche”. La metáfora no es exagerada. Vive a 100 y a 600 metros de dos campos donde se fumigaba. Enumera el horror: “A principio de 2018 se enfermó Sergio, mi ex pareja, de un cáncer de páncreas e hígado sin la posibilidad de operar. Falleció en diciembre pasado; en marzo último, Sandrita, mi amiga, mi hermana murió de cáncer de huesos; a mi hijo Benjamín le detectan púrpura trombocitopénica (trastorno de la sangre) y a mi hijo Ignacio cáncer de tiroides, ambos a sus 17 años; a mí me quitaron el útero, 12 tumores tenía. Un cuerpo minado”. Hay más: “El dueño de la casa donde vivíamos, cáncer de testículo; pegada a mi casa, un matrimonio con cáncer; pegado a ellos, Juan, cáncer de estómago. A la vuelta: Guada, cáncer de lengua; Gloria, cáncer de intestino y de colon; una familia entera: la mamá cáncer de intestino, el papá de garganta, el hijo de lengua. Pergamino es un desastre”. Su actual pareja trabaja en el campo. Va de cuerpo con sangre y aún no saben lo que tiene.

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Una pintada para romper el silencio en una esquina.

Alejandra comprendió que no era normal lo que pasaba en su cuerpo, en su familia, en su barrio. “En 2018 empecé a hacer un censo. Como en Santa Julia la gente es muy cerrada, dejé una hoja en el almacén para quien no se animara a hablar conmigo. Muchos vecinos accedieron y en diez manzanas registramos 56 casos de cáncer”.

El caso de Florencia Morales: en 2011 se estableció en una quinta de Pergamino, junto a su marido buscaban criar a sus dos hijas en una paz que no les brindaba la ciudad de Buenos Aires. “Al año ya sentíamos síntomas raros. Mi hija empezó con asma, se le obstruía mucho la nariz. Se le adormecían las piernas, tenía ronchas, forúnculos. En una fumigación muy fuerte se nos murieron algunos animales: un perrito y dos loros amanecieron explotados, totalmente inflamados”. 

El nacimiento de su tercer hijo, en 2016, evidenció el problema de fondo: “A los cinco meses, mientras le estaba dando la teta, veo que en una de las mamas no tenía leche y en una de las palpaciones siento una pelotita. Resultó ser un cáncer con estadío avanzado que había hecho metástasis en la columna, por lo que ya no hay posibilidades de cura”. Complementa: “Debo hacer tratamiento de por vida, pero la medicación oncológica no es leve: me trae varias dificultades. Soy consciente de que hoy estoy estable y en cualquier momento puede detonar y ya está. Estoy todo el tiempo conviviendo con la finitud, es terrible que haya gente que por un tema económico destroce a otros seres humanos. Y encima, acá en Pergamino la mayoría trabaja o tiene familia que vive del campo, entonces quienes nos enfrentamos a esto somos los bichos raros”.

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Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano.

Madres fumigadas

El reclamo en el barrio popular Villa Alicia lo emprendió Sabrina y lo siguieron muchas vecinas nucleadas en la organización Madres de Barrios Fumigados Pergamino. Cinco de ellas reciben a MU en la casa de Paola Díaz, quien encabeza un movimiento que fusiona fuerza, impotencia y una catarata de denuncias por el uso de agroquímicos. “En 2014 falleció Mónica, mi nena de 11 años por leucemia aguda. Fue fulminante, de un día para el otro. Ahí conocí a Sabrina que ya estaba denunciando las fumigaciones. Para mí era un trabajo que hacía daño al suelo, al pasto, pero no a nosotros. La muerte de mi hija me demostró lo contrario”.

Erika Díaz, 45 años, cuatro hijos: “Tengo hidradenitis supurativa, enfermedad cutánea que no tiene cura. Soy alérgica y todo el tiempo me pica la piel, me salen forúnculos. También sufro de tiroides. No me acostumbro al dolor aunque lo cargo desde los once años. Ya desde ahí fumigaban”. Sus hijos y nietos también presentan diversas afecciones, como piel atópica, hipoacusia, broncoespasmo y asma.

Silvana Mansilla, 37 años, una hija de 19, un hijo de 14. “En 2012 mi nena empezó con ronchas en la cara y no encontrábamos la solución. Hoy tiene hipotiroidismo y todavía nunca menstruó. Además, mi hijo y mi marido sufren de asma”.

En Pergamino, la grieta es horizontal, de clases. Los dólares que entran por la agricultura se ven en grandes latifundios dedicados sobre todo a la soja, y en menor medida al trigo y al maíz, pero no se derraman en barrios como Villa Alicia. No hay gas natural, no llega el cable ni el wifi ni el teléfono; hace 40 años espera el pavimento y recién hace tres se hicieron las obras del cordón cuneta. Tampoco hay historias clínicas en la salita médica: cuando el juez las pidió para incorporarlas a la causa, desaparecieron.

Juana Payero tiene tres chicos, 40 años y un aborto espontáneo en su primer embarazo. “Tenía una malformación del corazón”, narra, luciendo una remera que reza: “Los agrotóxicos matan”. Sobre el agua: “La Municipalidad no cumple con los 20 litros de agua por persona por día que el juzgado le ordenó dar a los cuatro barrios. En mi familia somos 5 y nos dan 10 bidones de 20 litros por semana que no nos alcanzan para nada. Solo a mis dos hijas más chicas las llego a bañar con el agua sin veneno”. Y se le viene la infancia, como si fuera hoy: “Mi mamá me decía que salude al avión y yo pensaba que tiraba papelitos, como en el circo. Nos mojaba y creía que era rocío. Así nos enfermamos”.

Natalia Mansilla, 39 años, mamá de tres hijos junto a su marido semillero. El más chico se llama Dante y enfermó en 2016. “Se le deformaba toda la panza, gritaba del dolor; el médico me decía que eran gases. No soporté más y lo trasladé a Buenos Aires, donde me dijeron que si no lo agarraban a tiempo, se moría. Estuvo dos meses internado y le sacaron 75 centímetros cúbicos de pus de la infección que tenía. Él y su hermano Daniel tienen retrasos madurativos. Mi hija, un quiste en los ovarios. Necesitamos urgente los estudios genéticos”.

En 2019 Sabrina pidió al juzgado análisis genéticos para 78 personas afectadas. Fueron aprobados 20, pero el Consejo de la Magistratura aún no remitió el dinero. “Necesitamos urgente los estudios y saber qué hay en nuestros cuerpos. Tenemos el derecho a respirar aire limpio”, cierra Paola, que en su remera lleva una calavera y palabras alrededor: “Madres de Barrios Fumigados Pergamino”.

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Florencia Allende, Germán Neffen y su pequeño. La pareja creó una cooperativa de harina integral y asesoramiento agroecológico para poder producir en los espacios en los que la justicia prohibió fumigar.

“Un tema que no manejo”

Javier Arturo Martínez es el jefe municipal de Pergamino. Como Mauricio Macri, uno de sus referentes, llegó a la intendencia mediante el fútbol como trampolín, tras haber sido presidente del club Douglas Haig de la ciudad. Su camiseta de rayas verticales rojas y negras ha llevado en el pecho la publicidad de Monsanto, empresa estadounidense de agroquímicos  comprada por Bayer. A continuación, la escueta conversación telefónica con Martínez.

Hola Javier, ¿cómo le va? Quisiéramos entrevistarlo en persona sobre el medio ambiente en Pergamino.

¿Por qué tema?

Agrotóxicos.

Tengo gente que puede tratarlo a ese tema. Desde la Secretaría de Producción están trabajando en eso.

Pero además, ¿no podemos hablar con usted, como máximo responsable?

Sobre ese tema no, porque lo manejan ellos, los indicados son ellos porque están trabajando hace dos años. Se ha avanzado mucho, por eso sería una lástima que no lo veas con quien tenés que verlo. Es un tema que yo no manejo. Así que te agradezco el llamado, muy amable.

¿Nos podría dar una opinión sobre los funcionarios procesados?

Ya hablamos mucho de eso. No tenemos más para hablar. Ya está todo dicho. No hay mucho más.

¿Y en relación a la contaminación del agua?

Por otro tema llamame cuando quieras. Gracias.

Javier Genoud es el Secretario de Producción de Pergamino, la persona indicada para hablar según el intendente. Pero tampoco habla. Tras no contestar a las llamadas, respondió un mensaje para interiorizarse sobre el eje de la nota. Luego, dejó de responder. Guillermo Naranjo, ex subjefe de la Dirección de Ambiente Rural, tampoco tampoco contestó los llamados y mensajes.

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Producción regenerativa de ganado, en contraposición a los feed lots que contaminan y enferman a los animales, y luego a quienes consumen.

El logo del hospital público

“Mi hija se brota toda tras estar en el campo. Los médicos niegan su relación con los agrotóxicos. Nos dan un jaboncito o corticoide, pero no van al fondo del problema”, expresa Julia Siciliani, integrante de Paren de Fumigar. Plantea otro problema: “No hay historias clínicas ambientales en los centros médicos correspondientes a lugares donde se fumiga y hay actividad industrial como Pergamino”. Julia participa de un bachillerato popular en el barrio popular Kennedy, que está pegado al Parque Industrial. El olor que emanan las empresas es insoportable, nauseabundo. Miles de vecinas y vecinos lo respiran cada segundo de sus vidas. “Muchos se brotan por el polvillo que se desprende de las fábricas” y concluye: “Lo que sale del parque industrial va al arroyo. Sobre todas estas problemáticas queremos hablar, pero la Municipalidad nunca nos abrió las puertas”. 

La secretaria de Salud María Marta Perretta sigue la línea de su gobierno. No atiende el teléfono. No responde ningún mensaje. El silencio aturde y trasciende el gabinete. Silvia García es la directora del hospital público regional San José, dependiente de la provincia de Buenos Aires. Al contactarla, pide que se la llame al día siguiente. Cuando se entera de qué es la nota, no responde nunca más. Tampoco habilitan a hacer un registro fotográfico del interior del centro médico. Sin embargo, no hace falta ingresar para hacer clic: desde afuera, se ve el logo de Bayer (la dueña de Monsanto) en las salas de espera que la mismísima compañía fabricante de agroquímicos instaló en el nosocomio.

Ante el mutismo interno, la comunidad contó con la ayuda de especialistas. Uno de ellos fue el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, que acompañó todo el proceso y atestiguó ante el juez. Desde su Córdoba natal, donde es docente de la Universidad Nacional, detalla su experiencia en la ciudad de la semilla… transgénica: “La realidad de Pergamino es similar al resto de los pueblos expuestos a los agrotóxicos, pero hay algo diferente que me impactó mucho y es cómo este fenómeno penetró en las napas subterráneas de las cuales se surte de agua potable la población. Están totalmente contaminadas, no habíamos visto antes algo así en el agua corriente”.

Integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, enumera las enfermedades más comunes que provocan los pesticidas: “Irritaciones oculares, de garganta, de piel; autismo, asma, broncoespasmos: el 50% por ciento de los chicos usan broncodilatador en los pueblos fumigados, cuando la carga de asma de los niños en el resto del país es de 12%”. Continúa: “Hay muchos trastornos endócrinos, porque los agrotóxicos son moléculas que interfieren con mensajes hormonales y producen desbalances en el funcionamiento de las hormonas tiroideas. En el país, hay un promedio del 6% en población adulta mayor a 20 años de hipotiroidismo; mientras que en los lugares afectados llega a haber un 23%”.

Los problemas reproductivos: “También son muy frecuentes, como la esterilidad, la virilidad en los hombres, inconvenientes para quedar embarazadas las mujeres. Los obstetras nos cuentan que casi la mitad de los embarazos no llegan a término. El aborto espontáneo es un fenómeno que en general se da en un 3%. En estos ámbitos, entre el 10% y el 20%. Lo mismo ocurre con muchos niños que nacen mal formados: la tasa natural en Argentina es del 2%, o sea, 2 de cada 100 nace con algún problema genético. En estas localidades, entre el 5 y el 6%”. Finaliza: “Los cánceres son una locura. En los pueblos un 40, 50% de la gente muere por esto, cuando el promedio nacional es del 20%”.

Por su trabajo en Pergamino, ningún funcionario ni sanitarista se comunicó con él. Cree saber el porqué: “En este tipo de lugares, los intendentes son productores o fumigadores, principales contaminantes del pueblo. En Pergamino el municipio es defensor y una de las patas del agronegocio”.

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Transición a lo distinto

Fabián Díaz tiene 49 años y vive en Villa Alicia. Es el hermano mayor de Paola, referenta de Madres de Barrios Fumigados. Toda la vida trabajó en el campo y sufrió las consecuencias: “Fumigué el campo de enfrente y en muchos otros lados. Lo hacía con una mochila y me mojaba la espalda. Usaba el Roundup (glifosato fabricado por Monsanto) para la soja transgénica. Así fue que me enfermé de hipertiroidismo”, repasa, mientras camina por una calle de tierra en un barrio donde décadas atrás había achicoria, hinojo, plantas frutales como naranjas, mandarinas y ciruelas, “hasta que el roundup mató todo”. “No sabía lo que podía generar; acá se agarran esos trabajos por necesidad, pero falta información”. Y hace un análisis económico y sociológico, mirando hacia al futuro: “En Pergamino te rounduplizan la cabeza, o te la sojalizan y no salen de ese encierro. La solución es sentarse a hablar con los productores para que creen nuevas opciones de producción, hay mucha gente joven que sabe sembrar soja de una única manera”.

Germán Neffen, Florencia Allende y Laureano Fontana integran la incipiente cooperativa Turba, que hace harina integral y asesoramiento agroecológico. “Realizamos producciones a pedido de particulares y de organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra y el Movimiento de Trabajadores Excluidos”, afirma Florencia. Laureano muestra el molino donde fabrican la harina y cuenta por qué decidió unirse al proyecto: “El juntarse con otras personas y construir colectivamente no lo cambio por nada”. Germán, además, forma parte de la asamblea Vida, Salud y Ambiente de Pergamino. Opina sobre la ordenanza de promoción de la agroecología que se estableció en 2019: “Quedó en la nada; se creó un consejo asesor que nunca se activó”. Desde hace cuatro años incursiona en la ganadería regenerativa, a través del sistema del Pastoreo Racional Voisin, tecnología agroecológica rentable que regenera suelos sin venenos.

El manejo del campo de sus padres lo divide con sus hermanos, que lo alquilan para feedlot (encierro de animales para engordarlos y así intensificar la producción). “Donde hay verde, es mi parte”, dice, y se ríe. “Parece un slogan, pero es así”. Y es así. En sus 140 hectáreas tiene 300 animales, entre vacas, toros y terneros. Sus hermanos alquilan 15 hectáreas y caben alrededor de 6.000 animales (con la contaminación y el hacinamiento que implica). “Para llevar adelante el pastoreo racional no se necesita tener muchas hectáreas. La diferencia mayor entre ambos sistemas es en la forma en la que viven los animales. Conmigo están en un lote y recién vuelven a ese espacio en 90 días, para que el pasto se regenere usando la bosta que dejan”, comenta en una llanura con distintos matices de verdes, según cuándo haya pisado el ganado.

Como contraparte, el feedlot. Se ve una montaña de vacas, terneros, novillos, vaquillonas, toros, todos juntos, en el barro que genera su propia bosta, con comida las 24 horas. Así viven el tiempo que dure el engorde, que va entre dos y seis meses. “Hoy, el 95 por ciento de la carne argentina proviene de estos sistemas de feedlot”, relata Germán, y el olor a podrido es insoportable, envuelve las fosas nasales. Traspasa el simple olor a mierda. Te descompone. Es mierda concentrada de hace días, semanas, meses. Pisoteada por miles de animales. “Hay un montón de patógenos, por eso el olor. Le dan puro grano para que aumenten rápido de peso y tengan más ganancia. Un kilo y pico por día aumentan acá”, y acota: “A diferencia del sistema que hago durante el año, que es todo autoproducción y los animales aumentan medio kilo por día, en el feedlot no se produce nada de alimento. Todo se trae de afuera. Ahí tenés una deficiencia tremenda ambiental y en el consumo energético, ya que transportás todo lo que se va a consumir, que ya no es alimento, sino materia prima para que coman los animales”.

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Un oasis en la llanura

En las entrañas de la agricultura tradicional, en medio de un pueblo fumigado y contaminado, hay una lucecita que cada día ilumina un poco más, desde que Sabrina Ortiz decidió apretar la perilla de la justicia. No puede taparse el sol con la mano, y entonces en Pergamino ya funciona una feria netamente agroecológica, en vías de seguir creciendo. Se instala los sábados en el Parque España, donde se erigen 16 puestos, entre hortícolas, panificación, hierbas aromáticas y medicinales, huevos, miel, cosmética, humus de lombriz, y diversas experiencias para transmitir:

Por ejemplo Joaquín, 35 años. Vive en el campo hace siete. Cultiva dos hectáreas de 40 donde su familia usa agroquímicos. “Estoy a favor de la naturaleza e intenté cortar con la tradición familiar”. Desarrolla: “Nadie está en contra de nadie. Ellos no ven con buenos ojos el uso de agroquímicos, pero no les cierra de otra manera, el sistema impositivo y de deuda no les deja margen para salirse. El Estado te saca en las buenas y en las malas. Le saca lo mismo al dueño de 30 hectáreas que al de 5 mil. Se hace muy complicado”. Propone: “Hay que tejer puentes. El Estado debe cambiar la política, porque hoy no tiene las manos limpias. Te dice que no uses agroquímicos cuando lo único que le conviene es que uses agroquímicos”.

Guido Bruno, 30 años, ingeniero agrónomo, que cultiva junto a un amigo en 4 hectáreas de un campo familiar de 100. “Buscamos producir en armonía con el ambiente, cuidando los recursos y así llevar a la gente alimentos sanos y de calidad. Tenemos muchas limitaciones porque no hay cultura de la agroecología. Ni de los productores ni de los consumidores”.

Su socio es Pedro Novas, 30 años, hortícola desde hace cinco. “La feria creció un montón y nosotros con ella. A la hora y media de llegar, ya me quedé sin verdura. Hace un año y medio llenábamos media camioneta de cajones, hoy la traemos completa”, precisa, antes de recordar cómo llegó a este tipo de producción: “Cuando me mudé a Pergamino primero trabajé en agricultura convencional. Sé lo que hago ahora porque estuve del otro lado. Lo hacía en relación de dependencia y veía cómo se revoleaban bidones en cualquier lugar, me daba escalofríos. Te hablan de buenas prácticas, pero adentro pasa otra cosa. Acá estamos en la cueva del lobo”.

Profundiza: “Yo era maquinista, andaba arriba de la fumigadora tirando todo tipo de herbicida: 2,4-D, glifosato, paraquat. No llegué a trabajar un año, terminé saturado”. Y plantea un horizonte sobre las 6 mil hectáreas que están sin utilizarse por las restricciones judiciales: “Hay que hacer cultivo extensivo agroecológico en la zona periurbana; tenemos esa posibilidad gracias a la lucha de Sabrina”.

El papá de Pedro se llamaba José María Novas. Murió en 2016. Había trabajado 24 años para la empresa estadounidense Cargill, una de las principales exportadoras de granos. “Le diagnosticaron cáncer. Un linfoma no Hodgkin, principal causa de muerte por agroquímicos. Tras su fallecimiento, encontré en su computadora documentos descargados sobre el agua contaminada en Pergamino. Ahí entendí que él sabía por qué se moría”.

Mucho que hablar

Pergamino fue uno de los primeros conglomerados que cortaron rutas por el proyecto de ley sobre las retenciones impositivas al campo, en 2008. En las últimas PASO, Juntos por el Cambio ganó con más del 58% de los votos. A su vez, cada 24 de Marzo la concentración por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia no supera las 30 personas. Y una participación similar ocurre en las movilizaciones por la contaminación del agua y el uso de venenos: “80 personas fue lo máximo, pero en general somos 20, 30”, contextualiza Sabrina a una ciudad que desde la cúpula dirigencial opta por el silencio.

Alejandra Bianco, doce tumores en los ovarios, querellante del barrio Santa Julia, lo rompe a palabras: “Estamos queriendo tumbar monstruos, a quienes no les importa si se mueren nuestros hijos y se vacían nuestras familias, mientras se sigan llenando los bolsillos. Somos un grano para el intendente y para muchos señores feudales que creen poder decir y decidir quién muere y quién no. Tenemos contaminado el acuífero y no es solo cuestión local, sino nacional. No le tengo miedo a nada después de lo que me pasó”.

Florencia Morales, cáncer en fase 4, querellante del barrio Luar Kayad, lo rompe a palabras: “Sé que no me voy a curar ni recuperar el tiempo perdido. Estoy con la salud muy deteriorada. Pero estoy. Y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza; empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel”.

Sabrina Ortiz, envenenada con agrotóxicos, querellante del barrio Villa Alicia e inspiración para esta historia, lo rompe a palabras: “Tengo que seguir porque es un camino largo. Ni la salud ni la vida de mis hijos ni de ninguno se negocia. Estamos en el centro de un huracán que te avasalla, te somete, te intenta callar y parar. No hay espacios para informar lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? Mucho. Y entre muchos, a los gigantes les seguiremos limando las patas para que dejen de causar tanto daño, y eso, solo se logra de manera colectiva”.

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Hasta siempre, Mirta

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Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Hasta siempre, Mirta

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Hasta siempre, Mirta

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

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Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.

Por Francisco Pandolfi

Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan. 

Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.

La salud de quienes cuidan la salud

Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020: 

–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.

–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.

–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá. 

Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil). 

Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.

La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.

El sueldo más bajo de la historia 

Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos. 

Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”. 

Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.

Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”. 

Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.

S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.

El éxodo de trabajadores

Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”. 

Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.

Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”. 

Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”. 

Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”. 

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Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.

El ministro que nunca pisó el hospital

El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.

Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.

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A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.

La resistencia

Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.

Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego. 

Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.

Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.

Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.

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Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial

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La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.

Por Francisco Pandolfi

En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política. 

Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.

No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Arrasa-miento

Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.

El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.

El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Jenefes, el patrón

De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.

Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Una peli de terror

El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la  ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.

Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.

Un puñado de kollas

La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.

La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”. 

Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.

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