Nota

MU en la capital del veneno: Paren de amenazar

Publicada

hace 2 años

13/07/2022

El Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás decidió procesar por amenazas a Fernanda Lilian Roces, hija de productor agropecuario de Pergamino Mario Roces, procesado a su vez por la contaminación y los daños generados por las fumigaciones. La noticia fue difundida este martes por la abogada y vecina Sabrina Ortiz, víctima de los agrotóxicos al igual que su familia y la comunidad de Pergamino. En sus redes sociales la doctora Ortiz informó: “Creídos los hijos del poder, arrebatado la salud y la vida impunemente, hasta ahora… La Justicia Federal procesó a Fernanda Lilian Roces por el delito de amenazas agravadas en contra de mi familia en circunstancias que irrumpieron en el domicilio de mis padres al grito de ‘la vamos a matar a tu hija, dala por muerta a esa negra de mierda’. Fernanda es hija de uno de los procesados por envenenamiento en Pergamino, Mario Roces. Procesada y embargada por un millón de pesos y con imposición de prohibición de acercamiento tanto a mis padres e hijos como a mí. Será Justicia”.

Las denuncias de Sabrina Ortiz contra las fumigaciones habìan generado ya en 2016 la reacción de los grupos del agronegocio.

En aquel momento el propio Roces se acercó a la casa de la familia de Sabrina armado, disparando y gritando ‘esos negros se tienen que morir’.

Al día siguiente María Fernanda Roces la encontró en el supermercado y le dijo a Sabrina: “Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso”. El procesamiento dictado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo incluye la prohibición de dicha mujer de acercarse a menos de 500 metros de Sabrina y de cualquier integrante de su familia, además de trabarle un embargo por un millón de pesos.

Lo denunciado por Sabrina Ortiz y Paren de fumigar de Pergamino sobre la situación en la ciudad se fundamenta en hechos concretos.

la experiencia de la comunidad,
estudios del INTA que confirmaron la gravísima contaminación de las aguas,
estudios del Hospital Austral que ratificaron la presencia de agrotóxicos en pacientes de la ciudad,
fallos ejemplares de la justicia federal que procesó y embargó a productores (incluido Roces), a funcionarios, y prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Detalle: al prohibirse las fumigaciones fue notable el descenso de la contaminación en el agua que consume la población.

Símbolo de la situación: Sabrina no solo se movilizó como vecina sino que al hacerlo decidió estudiar derecho para llevar adelante ella misma las causas al no encontrar abogados que quisieran involucrarse en estos temas que amenazan la salud ambiental y social, pero perjudican intereses del lobby de los agronegocios.

Publicamos aquí la investigación en Pergamino realizada por MU en septiembre, “La capital del veneno” que revela no solo una historia increíble sino también los nuevos estilos productivos que también en este caso presentan un horizonte distinto para el campo.

Compartimos el reportaje ublicado en la última MU, nº 163, que hicimos gracias a nuestrxs cómplics. Apoyanos desde $250

MU en la capital del veneno: Paren de amenazar

Pergamino: La capital del veneno

El INTA confirmó la contaminación de las aguas; hospitales como el Austral detectaron los agrotóxicos en los cuerpos de pacientes de Pergamino, y la comunidad logró fallos ejemplares de la justicia. Los detalles de casos que merecerían figurar en una serie de terror, pero forman parte de la realidad cotidiana. Desde el cáncer hasta la sojización de las cabezas, empresarios, medios y gobierno coinciden en un silencio sin grieta. La mirada hacia el futuro de vecinas y vecinos que se defienden organizándose, y la inauguración de nuevos modos de producción sanos. Por Francisco Pandolfi.

-Con vos, no tengo nada que hablar.

Las palabras del intendente a una vecina quedan flotando en el aire de la Municipalidad. La lengua no tiene huesos, pero los rompe. Y en el partido bonaerense de Pergamino hay palabras y también hay silencios que se sienten en la atmósfera, que calan hondo, que parecen resonar para siempre. Al mismo tiempo, en la bautizada “ciudad de la semilla” y núcleo sojero de más de 100 mil habitantes, hay cuerpos que hablan. Cuerpos vivos, cuerpos enfermos, cuerpos muertos. Hablan. Y denuncian.

La vecina se llama Sabrina Ortiz. El intendente, Javier Martínez. Ese primer encuentro con el mandamás de Juntos por el Cambio –que ocupa el cargo desde 2015 (50,82% de los votos) y fue reelecto en 2019 (58,70%)–, se dio en 2018, un par de horas después de que Sabrina denunciara por radio la certificación de que sus dos hijos y ella tenían agrotóxicos en sus cuerpos. Se había acercado a la intendencia con una carpeta llena de datos para mostrar y demostrar el mal generado por los venenos. Él la miró de arriba a abajo. Y sin que ella pudiera pronunciar ningún sonido, le enrostró: “Con vos, no tengo nada que hablar”.

Una noticia origina el viaje de MU a Pergamino, 222 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires: la confirmación del procesamiento a dos ex funcionarios encargados de controlar la aplicación de agrotóxicos. Una medida judicial sin precedentes en el país. Sin embargo, entre la buena nueva y el inicio de esta historia, hay diez años de una vida de película, protagonizada por varias actrices y actores, y uno de cuyos papeles principales lo afronta Sabrina Ortiz, 37 años, de Paren de Fumigar Pergamino.

Balazos, soja y derecho

2011: Sabrina vive en Villa Alicia, uno de los barrios populares del lugar lindante al campo y, por consiguiente, a las fumigaciones que hace meses denuncia sin respuesta. Ya sufría brotes, picazón y desprendimientos de la piel. Pero ese día fue distinto: “Estaba embarazada de casi seis meses. Era tan fuerte el olor que respiraba veneno puro. Se me empezaron a quemar las fosas nasales, la boca, la garganta, la cara me ardía, los ojos inflamados, rojos. Parecía casi deformada por el mismo tóxico. Tuve náuseas, luego vómitos, hasta que fui al hospital. Mi hijo ya estaba muerto”. La explicación: “Quien me atendió me dijo que se debió a una intoxicación, pero que si certificaba que era por los agroquímicos, lo iban a matar”. Silencio… “Ahí empecé a entender que había algo muy grande detrás, que por algo no me recibían las denuncias”.

2012: Sabrina aprovecha los pocos espacios radiales que le dan para contar lo que pasa. Va conociendo a personas que sufren lo mismo en otros barrios, mientras se sigue fumigando a diez metros de las casas en zonas urbanas y periurbanas. “Ningún abogado nos quiso acompañar ante la justicia para que se investigue. Ni los especialistas en derecho ambiental aceptaron. Me sentía muy sola”.

2013: La batalla empieza a dar frutos: se presenta en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la regulación de “fitosanitarios”, eufemismo para nombrar a los agrotóxicos. Sabrina es docente en salud. No la agobia una necesidad laboral, pero toma una decisión que cambia radicalmente su vida: comienza la carrera de abogacía: “Seguía golpeando puertas de abogados, que tenían herramientas para cambiar mi situación y no lo hacían. Tampoco respondían desde la Secretaría de Salud, ni del hospital, ni de la Municipalidad. Nadie se acercó a ver qué estaba pasando”. Silencio… “Me sentí morir muchas veces, sola, mientras mi familia seguía enfermándose”, agrega, y se saca los anteojos para secarse las lágrimas.

2014: Sabrina sufre su primer ACV. No claudica. Se aprueba la ordenanza para la regulación de agrotóxicos: 100 metros desde el final de la zona periurbana.

2015: Sabrina padece el segundo ACV. Continúa luchando. Entra en vigencia la ordenanza y se crea la Secretaría de Ambiente Rural, órgano de control que no controla. A la cabeza, el veterinario Mario Tocalini; como subjefe y auditor, el ingeniero agrónomo Guillermo Naranjo. Ambos han sido procesados en segunda instancia por incumplimiento de deberes funcionarios públicos.

2016: Comienzan las amenazas. En mayo, el productor agropecuario Mario Roces, vecino de Sabrina, se acerca en dirección a su casa. “Lo veo venir por la ventana. Lo escucho gritar ‘estos negros se tienen que morir’, saca un arma y dispara dos tiros con balas de plomo. Con una mató a mi perro, la otra dio en la pared. Mi hija había estado afuera un par de minutos antes. Me quedé paralizada”. Completa: “Al día siguiente me crucé a la hija en el supermercado. Me dijo: ‘Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso’. Hice la denuncia mucho después, por miedo”. Y amplía: “También me tiraron a mi casa bidones de agrotóxicos y hace unos meses me pusieron ramas de soja arriba del auto”.

2017: Sabrina tiene una hija y un hijo. Fiamma y Ciro. Un día Fiamma se levantó con dolor en una pierna. Le levantó fiebre, prosiguieron infecciones. “Estuvo 25 días internada y no detectaban qué era. En paralelo, a Ciro se le empieza a inflamar la boca y la garganta, hasta que le detectan cadenas ganglionares intestinales. Tenía 3 años y adelgazó 5 kilos en un mes. No sabían el motivo, hasta que en infectología preguntaron de dónde éramos. Nos mandaron a toxicología ambiental del Hospital Austral y tras los análisis se confirmó lo peor: mis hijos y yo teníamos alarmantes niveles de agrotóxicos en el cuerpo. Ciro 120 veces más de lo que un cuerpo puede tolerar; Fiamma 100 y yo 58”.

Las cifras no explican el sentimiento: “Fue un detonante, me desmoroné por completo. El daño ya estaba hecho y representaba un riesgo biológico que podía desencadenar en cualquier cosa. Luego entendí que los ACV se originaron por esa exposición a sustancias neurotóxicas”. ¿Cómo reaccionó el municipio? “Matías Villeta, secretario de Salud, declaró que los análisis eran truchos”. Al final de ese año, Sabrina potencia la proeza y se recibe de abogada: “Estaba presionada por recibirme rápido, para empezar a denunciar y no depender de otros; lo sentía como una bomba de tiempo”. Con título en mano, hace la denuncia en la fiscalía.

2018: Al no haber avances, Sabrina acude al Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo. La escuchan. “Por primera vez la justicia daba respuestas; pedí ser querellante en la causa que se abrió en julio contra los productores procesados por el delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud: Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribo. A Enrique Turín le dictaron la falta de mérito. La motivación de estudiar derecho me estaba llevando al objetivo: tener las herramientas para cambiar la historia”. Peritos ambientales de la justicia federal realizan en noviembre el primer muestreo de agua de red y de pozo, así como en el suelo, en los tres barrios más afectados: Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, al sur de Pergamino. El INTA Balcarce determina la presencia de 18 moléculas de agrotóxicos.

2019: En abril, el juez dictamina la primera medida cautelar, la cual prohíbe fumigar en las zonas aledañas a los barrios más damnificados, precisamente en los predios de cuatro productores. En un segundo relevamiento sobre la calidad del agua, en mayo, la justicia agrega al barrio Santa Julia, donde se habían denunciado múltiples casos de cáncer. Se encuentran 19 moléculas de agroquímicos. En agosto, el juez amplía la cautelar y prohíbe la fumigación “a la totalidad de la ciudad de Pergamino fijándose un límite restrictivo y de exclusión de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas”. La intendencia apeló todas las medidas cautelares que defendían a la ciudadanía, incluida la que exhortaba al municipio a entregar bidones de agua potable a las familias más expuestas. Recuerda Sabrina: “Al otro día de haber sido informado sobre la cautelar, el intendente dio una conferencia de prensa negando la contaminación y asegurando que se trataba de un acto de politiquería”. El vecino productor Fernando Cortese le hace llegar a Sabrina un mensaje: “Prometió que me iba a pegar un tiro en la espalda y dejarme paralítica”. No fueron solo palabras: “En la ruta, le tiró su camioneta encima a mi papá, que casi vuelca”.

2020: Se conocen los resultados del tercer muestreo extraído en diciembre de 2019. Las cifras son tan asombrosas como lógicas: tras las medidas judiciales restrictivas a las fumigaciones, se encuentra un 50% menos de químicos.

2021: El proceso judicial avanza y se ha diversificado. La causa madre focaliza en los tres productores procesados por las fumigaciones y la contaminación del agua, pero existen otros expedientes. Entre ellos: la imputación al intendente por incumplimiento de medida cautelar en la entrega de agua potable a la comunidad; una escuela fumigada en el pueblo de Gornati; los ex funcionarios procesados. “Los productores fumigaban con Tocalini y Naranjo presentes y no hacían nada. Se reían juntos. Más de una vez, venían a inspeccionar y el mecanismo que tenían era oler el campo. Sí, se agachaban, olían y dejaban asentado que había olor a humo”, rememora Sabrina, con un pañuelo de colores que rodea su cuello y unos ojos oscuros llenos de vida.

Breves historias clínicas

A la causa judicial la llevan adelante tres mujeres de tres de los barrios más avasallados por los pesticidas. A Sabrina, que vivía en Villa Alicia antes de mudarse por pedido médico, se le sumaron Alejandra Bianco, de Santa Julia, y Florencia Morales, de Luar Kayad.

Alejandra, 48 años, parece no perder el humor pese a la tragedia: “Dios los cría y el viento me los trae a mí. En Pergamino hay cáncer como para hacer dulce de leche”. La metáfora no es exagerada. Vive a 100 y a 600 metros de dos campos donde se fumigaba. Enumera el horror: “A principio de 2018 se enfermó Sergio, mi ex pareja, de un cáncer de páncreas e hígado sin la posibilidad de operar. Falleció en diciembre pasado; en marzo último, Sandrita, mi amiga, mi hermana murió de cáncer de huesos; a mi hijo Benjamín le detectan púrpura trombocitopénica (trastorno de la sangre) y a mi hijo Ignacio cáncer de tiroides, ambos a sus 17 años; a mí me quitaron el útero, 12 tumores tenía. Un cuerpo minado”. Hay más: “El dueño de la casa donde vivíamos, cáncer de testículo; pegada a mi casa, un matrimonio con cáncer; pegado a ellos, Juan, cáncer de estómago. A la vuelta: Guada, cáncer de lengua; Gloria, cáncer de intestino y de colon; una familia entera: la mamá cáncer de intestino, el papá de garganta, el hijo de lengua. Pergamino es un desastre”. Su actual pareja trabaja en el campo. Va de cuerpo con sangre y aún no saben lo que tiene.

Alejandra comprendió que no era normal lo que pasaba en su cuerpo, en su familia, en su barrio. “En 2018 empecé a hacer un censo. Como en Santa Julia la gente es muy cerrada, dejé una hoja en el almacén para quien no se animara a hablar conmigo. Muchos vecinos accedieron y en diez manzanas registramos 56 casos de cáncer”.

El caso de Florencia Morales: en 2011 se estableció en una quinta de Pergamino, junto a su marido buscaban criar a sus dos hijas en una paz que no les brindaba la ciudad de Buenos Aires. “Al año ya sentíamos síntomas raros. Mi hija empezó con asma, se le obstruía mucho la nariz. Se le adormecían las piernas, tenía ronchas, forúnculos. En una fumigación muy fuerte se nos murieron algunos animales: un perrito y dos loros amanecieron explotados, totalmente inflamados”.

El nacimiento de su tercer hijo, en 2016, evidenció el problema de fondo: “A los cinco meses, mientras le estaba dando la teta, veo que en una de las mamas no tenía leche y en una de las palpaciones siento una pelotita. Resultó ser un cáncer con estadío avanzado que había hecho metástasis en la columna, por lo que ya no hay posibilidades de cura”. Complementa: “Debo hacer tratamiento de por vida, pero la medicación oncológica no es leve: me trae varias dificultades. Soy consciente de que hoy estoy estable y en cualquier momento puede detonar y ya está. Estoy todo el tiempo conviviendo con la finitud, es terrible que haya gente que por un tema económico destroce a otros seres humanos. Y encima, acá en Pergamino la mayoría trabaja o tiene familia que vive del campo, entonces quienes nos enfrentamos a esto somos los bichos raros”.

Madres fumigadas

El reclamo en el barrio popular Villa Alicia lo emprendió Sabrina y lo siguieron muchas vecinas nucleadas en la organización Madres de Barrios Fumigados Pergamino. Cinco de ellas reciben a MU en la casa de Paola Díaz, quien encabeza un movimiento que fusiona fuerza, impotencia y una catarata de denuncias por el uso de agroquímicos. “En 2014 falleció Mónica, mi nena de 11 años por leucemia aguda. Fue fulminante, de un día para el otro. Ahí conocí a Sabrina que ya estaba denunciando las fumigaciones. Para mí era un trabajo que hacía daño al suelo, al pasto, pero no a nosotros. La muerte de mi hija me demostró lo contrario”.

Erika Díaz, 45 años, cuatro hijos: “Tengo hidradenitis supurativa, enfermedad cutánea que no tiene cura. Soy alérgica y todo el tiempo me pica la piel, me salen forúnculos. También sufro de tiroides. No me acostumbro al dolor aunque lo cargo desde los once años. Ya desde ahí fumigaban”. Sus hijos y nietos también presentan diversas afecciones, como piel atópica, hipoacusia, broncoespasmo y asma.

Silvana Mansilla, 37 años, una hija de 19, un hijo de 14. “En 2012 mi nena empezó con ronchas en la cara y no encontrábamos la solución. Hoy tiene hipotiroidismo y todavía nunca menstruó. Además, mi hijo y mi marido sufren de asma”.

En Pergamino, la grieta es horizontal, de clases. Los dólares que entran por la agricultura se ven en grandes latifundios dedicados sobre todo a la soja, y en menor medida al trigo y al maíz, pero no se derraman en barrios como Villa Alicia. No hay gas natural, no llega el cable ni el wifi ni el teléfono; hace 40 años espera el pavimento y recién hace tres se hicieron las obras del cordón cuneta. Tampoco hay historias clínicas en la salita médica: cuando el juez las pidió para incorporarlas a la causa, desaparecieron.

Juana Payero tiene tres chicos, 40 años y un aborto espontáneo en su primer embarazo. “Tenía una malformación del corazón”, narra, luciendo una remera que reza: “Los agrotóxicos matan”. Sobre el agua: “La Municipalidad no cumple con los 20 litros de agua por persona por día que el juzgado le ordenó dar a los cuatro barrios. En mi familia somos 5 y nos dan 10 bidones de 20 litros por semana que no nos alcanzan para nada. Solo a mis dos hijas más chicas las llego a bañar con el agua sin veneno”. Y se le viene la infancia, como si fuera hoy: “Mi mamá me decía que salude al avión y yo pensaba que tiraba papelitos, como en el circo. Nos mojaba y creía que era rocío. Así nos enfermamos”.

Natalia Mansilla, 39 años, mamá de tres hijos junto a su marido semillero. El más chico se llama Dante y enfermó en 2016. “Se le deformaba toda la panza, gritaba del dolor; el médico me decía que eran gases. No soporté más y lo trasladé a Buenos Aires, donde me dijeron que si no lo agarraban a tiempo, se moría. Estuvo dos meses internado y le sacaron 75 centímetros cúbicos de pus de la infección que tenía. Él y su hermano Daniel tienen retrasos madurativos. Mi hija, un quiste en los ovarios. Necesitamos urgente los estudios genéticos”.

En 2019 Sabrina pidió al juzgado análisis genéticos para 78 personas afectadas. Fueron aprobados 20, pero el Consejo de la Magistratura aún no remitió el dinero. “Necesitamos urgente los estudios y saber qué hay en nuestros cuerpos. Tenemos el derecho a respirar aire limpio”, cierra Paola, que en su remera lleva una calavera y palabras alrededor: “Madres de Barrios Fumigados Pergamino”.

“Un tema que no manejo”

Javier Arturo Martínez es el jefe municipal de Pergamino. Como Mauricio Macri, uno de sus referentes, llegó a la intendencia mediante el fútbol como trampolín, tras haber sido presidente del club Douglas Haig de la ciudad. Su camiseta de rayas verticales rojas y negras ha llevado en el pecho la publicidad de Monsanto, empresa estadounidense de agroquímicos comprada por Bayer. A continuación, la escueta conversación telefónica con Martínez.

Hola Javier, ¿cómo le va? Quisiéramos entrevistarlo en persona sobre el medio ambiente en Pergamino.

¿Por qué tema?

Agrotóxicos.

Tengo gente que puede tratarlo a ese tema. Desde la Secretaría de Producción están trabajando en eso.

Pero además, ¿no podemos hablar con usted, como máximo responsable?

Sobre ese tema no, porque lo manejan ellos, los indicados son ellos porque están trabajando hace dos años. Se ha avanzado mucho, por eso sería una lástima que no lo veas con quien tenés que verlo. Es un tema que yo no manejo. Así que te agradezco el llamado, muy amable.

¿Nos podría dar una opinión sobre los funcionarios procesados?

Ya hablamos mucho de eso. No tenemos más para hablar. Ya está todo dicho. No hay mucho más.

¿Y en relación a la contaminación del agua?

Por otro tema llamame cuando quieras. Gracias.

Javier Genoud es el Secretario de Producción de Pergamino, la persona indicada para hablar según el intendente. Pero tampoco habla. Tras no contestar a las llamadas, respondió un mensaje para interiorizarse sobre el eje de la nota. Luego, dejó de responder. Guillermo Naranjo, ex subjefe de la Dirección de Ambiente Rural, tampoco tampoco contestó los llamados y mensajes.

El logo del hospital público

“Mi hija se brota toda tras estar en el campo. Los médicos niegan su relación con los agrotóxicos. Nos dan un jaboncito o corticoide, pero no van al fondo del problema”, expresa Julia Siciliani, integrante de Paren de Fumigar. Plantea otro problema: “No hay historias clínicas ambientales en los centros médicos correspondientes a lugares donde se fumiga y hay actividad industrial como Pergamino”. Julia participa de un bachillerato popular en el barrio popular Kennedy, que está pegado al Parque Industrial. El olor que emanan las empresas es insoportable, nauseabundo. Miles de vecinas y vecinos lo respiran cada segundo de sus vidas. “Muchos se brotan por el polvillo que se desprende de las fábricas” y concluye: “Lo que sale del parque industrial va al arroyo. Sobre todas estas problemáticas queremos hablar, pero la Municipalidad nunca nos abrió las puertas”.

La secretaria de Salud María Marta Perretta sigue la línea de su gobierno. No atiende el teléfono. No responde ningún mensaje. El silencio aturde y trasciende el gabinete. Silvia García es la directora del hospital público regional San José, dependiente de la provincia de Buenos Aires. Al contactarla, pide que se la llame al día siguiente. Cuando se entera de qué es la nota, no responde nunca más. Tampoco habilitan a hacer un registro fotográfico del interior del centro médico. Sin embargo, no hace falta ingresar para hacer clic: desde afuera, se ve el logo de Bayer (la dueña de Monsanto) en las salas de espera que la mismísima compañía fabricante de agroquímicos instaló en el nosocomio.

Ante el mutismo interno, la comunidad contó con la ayuda de especialistas. Uno de ellos fue el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, que acompañó todo el proceso y atestiguó ante el juez. Desde su Córdoba natal, donde es docente de la Universidad Nacional, detalla su experiencia en la ciudad de la semilla… transgénica: “La realidad de Pergamino es similar al resto de los pueblos expuestos a los agrotóxicos, pero hay algo diferente que me impactó mucho y es cómo este fenómeno penetró en las napas subterráneas de las cuales se surte de agua potable la población. Están totalmente contaminadas, no habíamos visto antes algo así en el agua corriente”.

Integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, enumera las enfermedades más comunes que provocan los pesticidas: “Irritaciones oculares, de garganta, de piel; autismo, asma, broncoespasmos: el 50% por ciento de los chicos usan broncodilatador en los pueblos fumigados, cuando la carga de asma de los niños en el resto del país es de 12%”. Continúa: “Hay muchos trastornos endócrinos, porque los agrotóxicos son moléculas que interfieren con mensajes hormonales y producen desbalances en el funcionamiento de las hormonas tiroideas. En el país, hay un promedio del 6% en población adulta mayor a 20 años de hipotiroidismo; mientras que en los lugares afectados llega a haber un 23%”.

Los problemas reproductivos: “También son muy frecuentes, como la esterilidad, la virilidad en los hombres, inconvenientes para quedar embarazadas las mujeres. Los obstetras nos cuentan que casi la mitad de los embarazos no llegan a término. El aborto espontáneo es un fenómeno que en general se da en un 3%. En estos ámbitos, entre el 10% y el 20%. Lo mismo ocurre con muchos niños que nacen mal formados: la tasa natural en Argentina es del 2%, o sea, 2 de cada 100 nace con algún problema genético. En estas localidades, entre el 5 y el 6%”. Finaliza: “Los cánceres son una locura. En los pueblos un 40, 50% de la gente muere por esto, cuando el promedio nacional es del 20%”.

Por su trabajo en Pergamino, ningún funcionario ni sanitarista se comunicó con él. Cree saber el porqué: “En este tipo de lugares, los intendentes son productores o fumigadores, principales contaminantes del pueblo. En Pergamino el municipio es defensor y una de las patas del agronegocio”.

Transición a lo distinto

Fabián Díaz tiene 49 años y vive en Villa Alicia. Es el hermano mayor de Paola, referenta de Madres de Barrios Fumigados. Toda la vida trabajó en el campo y sufrió las consecuencias: “Fumigué el campo de enfrente y en muchos otros lados. Lo hacía con una mochila y me mojaba la espalda. Usaba el Roundup (glifosato fabricado por Monsanto) para la soja transgénica. Así fue que me enfermé de hipertiroidismo”, repasa, mientras camina por una calle de tierra en un barrio donde décadas atrás había achicoria, hinojo, plantas frutales como naranjas, mandarinas y ciruelas, “hasta que el roundup mató todo”. “No sabía lo que podía generar; acá se agarran esos trabajos por necesidad, pero falta información”. Y hace un análisis económico y sociológico, mirando hacia al futuro: “En Pergamino te rounduplizan la cabeza, o te la sojalizan y no salen de ese encierro. La solución es sentarse a hablar con los productores para que creen nuevas opciones de producción, hay mucha gente joven que sabe sembrar soja de una única manera”.

Germán Neffen, Florencia Allende y Laureano Fontana integran la incipiente cooperativa Turba, que hace harina integral y asesoramiento agroecológico. “Realizamos producciones a pedido de particulares y de organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra y el Movimiento de Trabajadores Excluidos”, afirma Florencia. Laureano muestra el molino donde fabrican la harina y cuenta por qué decidió unirse al proyecto: “El juntarse con otras personas y construir colectivamente no lo cambio por nada”. Germán, además, forma parte de la asamblea Vida, Salud y Ambiente de Pergamino. Opina sobre la ordenanza de promoción de la agroecología que se estableció en 2019: “Quedó en la nada; se creó un consejo asesor que nunca se activó”. Desde hace cuatro años incursiona en la ganadería regenerativa, a través del sistema del Pastoreo Racional Voisin, tecnología agroecológica rentable que regenera suelos sin venenos.

El manejo del campo de sus padres lo divide con sus hermanos, que lo alquilan para feedlot (encierro de animales para engordarlos y así intensificar la producción). “Donde hay verde, es mi parte”, dice, y se ríe. “Parece un slogan, pero es así”. Y es así. En sus 140 hectáreas tiene 300 animales, entre vacas, toros y terneros. Sus hermanos alquilan 15 hectáreas y caben alrededor de 6.000 animales (con la contaminación y el hacinamiento que implica). “Para llevar adelante el pastoreo racional no se necesita tener muchas hectáreas. La diferencia mayor entre ambos sistemas es en la forma en la que viven los animales. Conmigo están en un lote y recién vuelven a ese espacio en 90 días, para que el pasto se regenere usando la bosta que dejan”, comenta en una llanura con distintos matices de verdes, según cuándo haya pisado el ganado.

Como contraparte, el feedlot. Se ve una montaña de vacas, terneros, novillos, vaquillonas, toros, todos juntos, en el barro que genera su propia bosta, con comida las 24 horas. Así viven el tiempo que dure el engorde, que va entre dos y seis meses. “Hoy, el 95 por ciento de la carne argentina proviene de estos sistemas de feedlot”, relata Germán, y el olor a podrido es insoportable, envuelve las fosas nasales. Traspasa el simple olor a mierda. Te descompone. Es mierda concentrada de hace días, semanas, meses. Pisoteada por miles de animales. “Hay un montón de patógenos, por eso el olor. Le dan puro grano para que aumenten rápido de peso y tengan más ganancia. Un kilo y pico por día aumentan acá”, y acota: “A diferencia del sistema que hago durante el año, que es todo autoproducción y los animales aumentan medio kilo por día, en el feedlot no se produce nada de alimento. Todo se trae de afuera. Ahí tenés una deficiencia tremenda ambiental y en el consumo energético, ya que transportás todo lo que se va a consumir, que ya no es alimento, sino materia prima para que coman los animales”.

Un oasis en la llanura

En las entrañas de la agricultura tradicional, en medio de un pueblo fumigado y contaminado, hay una lucecita que cada día ilumina un poco más, desde que Sabrina Ortiz decidió apretar la perilla de la justicia. No puede taparse el sol con la mano, y entonces en Pergamino ya funciona una feria netamente agroecológica, en vías de seguir creciendo. Se instala los sábados en el Parque España, donde se erigen 16 puestos, entre hortícolas, panificación, hierbas aromáticas y medicinales, huevos, miel, cosmética, humus de lombriz, y diversas experiencias para transmitir:

Por ejemplo Joaquín, 35 años. Vive en el campo hace siete. Cultiva dos hectáreas de 40 donde su familia usa agroquímicos. “Estoy a favor de la naturaleza e intenté cortar con la tradición familiar”. Desarrolla: “Nadie está en contra de nadie. Ellos no ven con buenos ojos el uso de agroquímicos, pero no les cierra de otra manera, el sistema impositivo y de deuda no les deja margen para salirse. El Estado te saca en las buenas y en las malas. Le saca lo mismo al dueño de 30 hectáreas que al de 5 mil. Se hace muy complicado”. Propone: “Hay que tejer puentes. El Estado debe cambiar la política, porque hoy no tiene las manos limpias. Te dice que no uses agroquímicos cuando lo único que le conviene es que uses agroquímicos”.

Guido Bruno, 30 años, ingeniero agrónomo, que cultiva junto a un amigo en 4 hectáreas de un campo familiar de 100. “Buscamos producir en armonía con el ambiente, cuidando los recursos y así llevar a la gente alimentos sanos y de calidad. Tenemos muchas limitaciones porque no hay cultura de la agroecología. Ni de los productores ni de los consumidores”.

Su socio es Pedro Novas, 30 años, hortícola desde hace cinco. “La feria creció un montón y nosotros con ella. A la hora y media de llegar, ya me quedé sin verdura. Hace un año y medio llenábamos media camioneta de cajones, hoy la traemos completa”, precisa, antes de recordar cómo llegó a este tipo de producción: “Cuando me mudé a Pergamino primero trabajé en agricultura convencional. Sé lo que hago ahora porque estuve del otro lado. Lo hacía en relación de dependencia y veía cómo se revoleaban bidones en cualquier lugar, me daba escalofríos. Te hablan de buenas prácticas, pero adentro pasa otra cosa. Acá estamos en la cueva del lobo”.

Profundiza: “Yo era maquinista, andaba arriba de la fumigadora tirando todo tipo de herbicida: 2,4-D, glifosato, paraquat. No llegué a trabajar un año, terminé saturado”. Y plantea un horizonte sobre las 6 mil hectáreas que están sin utilizarse por las restricciones judiciales: “Hay que hacer cultivo extensivo agroecológico en la zona periurbana; tenemos esa posibilidad gracias a la lucha de Sabrina”.

El papá de Pedro se llamaba José María Novas. Murió en 2016. Había trabajado 24 años para la empresa estadounidense Cargill, una de las principales exportadoras de granos. “Le diagnosticaron cáncer. Un linfoma no Hodgkin, principal causa de muerte por agroquímicos. Tras su fallecimiento, encontré en su computadora documentos descargados sobre el agua contaminada en Pergamino. Ahí entendí que él sabía por qué se moría”.

Mucho que hablar

Pergamino fue uno de los primeros conglomerados que cortaron rutas por el proyecto de ley sobre las retenciones impositivas al campo, en 2008. En las últimas PASO, Juntos por el Cambio ganó con más del 58% de los votos. A su vez, cada 24 de Marzo la concentración por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia no supera las 30 personas. Y una participación similar ocurre en las movilizaciones por la contaminación del agua y el uso de venenos: “80 personas fue lo máximo, pero en general somos 20, 30”, contextualiza Sabrina a una ciudad que desde la cúpula dirigencial opta por el silencio.

Alejandra Bianco, doce tumores en los ovarios, querellante del barrio Santa Julia, lo rompe a palabras: “Estamos queriendo tumbar monstruos, a quienes no les importa si se mueren nuestros hijos y se vacían nuestras familias, mientras se sigan llenando los bolsillos. Somos un grano para el intendente y para muchos señores feudales que creen poder decir y decidir quién muere y quién no. Tenemos contaminado el acuífero y no es solo cuestión local, sino nacional. No le tengo miedo a nada después de lo que me pasó”.

Florencia Morales, cáncer en fase 4, querellante del barrio Luar Kayad, lo rompe a palabras: “Sé que no me voy a curar ni recuperar el tiempo perdido. Estoy con la salud muy deteriorada. Pero estoy. Y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza; empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel”.

Sabrina Ortiz, envenenada con agrotóxicos, querellante del barrio Villa Alicia e inspiración para esta historia, lo rompe a palabras: “Tengo que seguir porque es un camino largo. Ni la salud ni la vida de mis hijos ni de ninguno se negocia. Estamos en el centro de un huracán que te avasalla, te somete, te intenta callar y parar. No hay espacios para informar lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? Mucho. Y entre muchos, a los gigantes les seguiremos limando las patas para que dejen de causar tanto daño, y eso, solo se logra de manera colectiva”.

Último momento: informan que hay arte más allá de Netflix

Eric Sadin: “Nuestra época está marcada por la ingobernabilidad permanente”

Nota

Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular

Publicada

hace 5 días

16/11/2024

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:

Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.

Seguir leyendo

Nota

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

Publicada

hace 2 semanas

10/11/2024

En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

Seguir leyendo

Portada

Hasta siempre, Mirta

Publicada

hace 3 semanas

02/11/2024

Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Seguir leyendo