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MU en la capital del veneno: Paren de amenazar

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El Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás decidió procesar por amenazas a Fernanda Lilian Roces, hija de productor agropecuario de Pergamino Mario Roces, procesado a su vez por la contaminación y los daños generados por las fumigaciones. La noticia fue difundida este martes por la abogada y vecina Sabrina Ortiz, víctima de los agrotóxicos al igual que su familia y la comunidad de Pergamino. En sus redes sociales la doctora Ortiz informó: “Creídos los hijos del poder, arrebatado la salud y la vida impunemente, hasta ahora… La Justicia Federal procesó a Fernanda Lilian Roces por el delito de amenazas agravadas en contra de mi familia en circunstancias que irrumpieron en el domicilio de mis padres al grito de ‘la vamos a matar a tu hija, dala por muerta a esa negra de mierda’. Fernanda es hija de uno de los procesados por envenenamiento en Pergamino, Mario Roces. Procesada y embargada por un millón de pesos y con imposición de prohibición de acercamiento tanto a mis padres e hijos como a mí. Será Justicia”.

Las denuncias de Sabrina Ortiz contra las fumigaciones habìan generado ya en 2016 la reacción de los grupos del agronegocio.

En aquel momento el propio Roces se acercó a la casa de la familia de Sabrina armado, disparando y gritando ‘esos negros se tienen que morir’.

Al día siguiente María Fernanda Roces la encontró en el supermercado y le dijo a Sabrina: “Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso”. El procesamiento dictado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo incluye la prohibición de dicha mujer de acercarse a menos de 500 metros de Sabrina y de cualquier integrante de su familia, además de trabarle un embargo por un millón de pesos.

Lo denunciado por Sabrina Ortiz y Paren de fumigar de Pergamino sobre la situación en la ciudad se fundamenta en hechos concretos.

  • la experiencia de la comunidad,
  • estudios del INTA que confirmaron la gravísima contaminación de las aguas,
  • estudios del Hospital Austral que ratificaron la presencia de agrotóxicos en pacientes de la ciudad,
  • fallos ejemplares de la justicia federal que procesó y embargó a productores (incluido Roces), a funcionarios, y prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Detalle: al prohibirse las fumigaciones fue notable el descenso de la contaminación en el agua que consume la población.

Símbolo de la situación: Sabrina no solo se movilizó como vecina sino que al hacerlo decidió estudiar derecho para llevar adelante ella misma las causas al no encontrar abogados que quisieran involucrarse en estos temas que amenazan la salud ambiental y social, pero perjudican intereses del lobby de los agronegocios.

Publicamos aquí la investigación en Pergamino realizada por MU en septiembre, “La capital del veneno” que revela no solo una historia increíble sino también los nuevos estilos productivos que también en este caso presentan un horizonte distinto para el campo.

Compartimos el reportaje ublicado en la última MU, nº 163, que hicimos gracias a nuestrxs cómplics. Apoyanos desde $250

MU en la capital del veneno: Paren de amenazar

Pergamino: La capital del veneno

El INTA confirmó la contaminación de las aguas; hospitales como el Austral detectaron los agrotóxicos en los cuerpos de pacientes de Pergamino, y la comunidad logró fallos ejemplares de la justicia. Los detalles de casos que merecerían figurar en una serie de terror, pero forman parte de la realidad cotidiana. Desde el cáncer hasta la sojización de las cabezas, empresarios, medios y gobierno coinciden en un silencio sin grieta. La mirada hacia el futuro de vecinas y vecinos que se defienden organizándose, y la inauguración de nuevos modos de producción sanos. Por Francisco Pandolfi.

MU en la capital del veneno: Paren de amenazar
Con el cartel, Sabrina Ortiz, contaminada de agrotóxicos, que se recibió de abogada porque no encontraba quien la defendiera. Fotos: Nacho Yuchark

-Con vos, no tengo nada que hablar.

Las palabras del intendente a una vecina quedan flotando en el aire de la Municipalidad. La lengua no tiene huesos, pero los rompe. Y en el partido bonaerense de Pergamino hay palabras y también hay silencios que se sienten en la atmósfera, que calan hondo, que parecen resonar para siempre. Al mismo tiempo, en la bautizada “ciudad de la semilla” y núcleo sojero de más de 100 mil habitantes, hay cuerpos que hablan. Cuerpos vivos, cuerpos enfermos, cuerpos muertos. Hablan. Y denuncian.

La vecina se llama Sabrina Ortiz. El intendente, Javier Martínez. Ese primer encuentro con el mandamás de Juntos por el Cambio –que ocupa el cargo desde 2015 (50,82% de los votos) y fue reelecto en 2019 (58,70%)–, se dio en 2018, un par de horas después de que Sabrina denunciara por radio la certificación de que sus dos hijos y ella tenían agrotóxicos en sus cuerpos. Se había acercado a la intendencia con una carpeta llena de datos para mostrar y demostrar el mal generado por los venenos. Él la miró de arriba a abajo. Y sin que ella pudiera pronunciar ningún sonido, le enrostró: “Con vos, no tengo nada que hablar”.

Una noticia origina el viaje de MU a Pergamino, 222 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires: la confirmación del procesamiento a dos ex funcionarios encargados de controlar la aplicación de agrotóxicos. Una medida judicial sin precedentes en el país. Sin embargo, entre la buena nueva y el inicio de esta historia, hay diez años de una vida de película, protagonizada por varias actrices y actores, y uno de cuyos papeles principales lo afronta Sabrina Ortiz, 37 años, de Paren de Fumigar Pergamino.

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Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia.

Balazos, soja y derecho

2011: Sabrina vive en Villa Alicia, uno de los barrios populares del lugar lindante al campo y, por consiguiente, a las fumigaciones que hace meses denuncia sin respuesta. Ya sufría brotes, picazón y desprendimientos de la piel. Pero ese día fue distinto: “Estaba embarazada de casi seis meses. Era tan fuerte el olor que respiraba veneno puro. Se me empezaron a quemar las fosas nasales, la boca, la garganta, la cara me ardía, los ojos inflamados, rojos. Parecía casi deformada por el mismo tóxico. Tuve náuseas, luego vómitos, hasta que fui al hospital. Mi hijo ya estaba muerto”. La explicación: “Quien me atendió me dijo que se debió a una intoxicación, pero que si certificaba que era por los agroquímicos, lo iban a matar”. Silencio… “Ahí empecé a entender que había algo muy grande detrás, que por algo no me recibían las denuncias”.

2012: Sabrina aprovecha los pocos espacios radiales que le dan para contar lo que pasa. Va conociendo a personas que sufren lo mismo en otros barrios, mientras se sigue fumigando a diez metros de las casas en zonas urbanas y periurbanas. “Ningún abogado nos quiso acompañar ante la justicia para que se investigue. Ni los especialistas en derecho ambiental aceptaron. Me sentía muy sola”.

2013: La batalla empieza a dar frutos: se presenta en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la regulación de “fitosanitarios”, eufemismo para nombrar a los agrotóxicos. Sabrina es docente en salud. No la agobia una necesidad laboral, pero  toma una decisión que cambia radicalmente su vida: comienza la carrera de abogacía: “Seguía golpeando puertas de abogados, que tenían herramientas para cambiar mi situación y no lo hacían. Tampoco respondían desde la Secretaría de Salud, ni del hospital, ni de la Municipalidad. Nadie se acercó a ver qué estaba pasando”. Silencio… “Me sentí morir muchas veces, sola, mientras mi familia seguía enfermándose”, agrega, y se saca los anteojos para secarse las lágrimas.

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Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento

2014: Sabrina sufre su primer ACV. No claudica. Se aprueba la ordenanza para la regulación de agrotóxicos: 100 metros desde el final de la zona periurbana.

2015: Sabrina padece el segundo ACV. Continúa luchando. Entra en vigencia la ordenanza y se crea la Secretaría de Ambiente Rural, órgano de control que no controla. A la cabeza, el veterinario Mario Tocalini; como subjefe y auditor, el ingeniero agrónomo Guillermo Naranjo. Ambos han sido procesados en segunda instancia por incumplimiento de deberes funcionarios públicos.

2016: Comienzan las amenazas. En mayo, el productor agropecuario Mario Roces, vecino de Sabrina, se acerca en dirección a su casa. “Lo veo venir por la ventana. Lo escucho gritar ‘estos negros se tienen que morir’, saca un arma y dispara dos tiros con balas de plomo. Con una mató a mi perro, la otra dio en la pared. Mi hija había estado afuera un par de minutos antes. Me quedé paralizada”. Completa: “Al día siguiente me crucé a la hija en el supermercado. Me dijo: ‘Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso’. Hice la denuncia mucho después, por miedo”. Y amplía: “También me tiraron a mi casa bidones de agrotóxicos y hace unos meses me pusieron ramas de soja arriba del auto”.

2017: Sabrina tiene una hija y un hijo. Fiamma y Ciro. Un día Fiamma se levantó con dolor en una pierna. Le levantó fiebre, prosiguieron infecciones. “Estuvo 25 días internada y no detectaban qué era. En paralelo, a Ciro se le empieza a inflamar la boca y la garganta, hasta que le detectan cadenas ganglionares intestinales. Tenía 3 años y adelgazó 5 kilos en un mes. No sabían el motivo, hasta que en infectología preguntaron de dónde éramos. Nos mandaron a toxicología ambiental del Hospital Austral y tras los análisis se confirmó lo peor: mis hijos y yo teníamos alarmantes niveles de agrotóxicos en el cuerpo. Ciro 120 veces más de lo que un cuerpo puede tolerar; Fiamma 100 y yo 58”. 

Las cifras no explican el sentimiento: “Fue un detonante, me desmoroné por completo. El daño ya estaba hecho y representaba un riesgo biológico que podía desencadenar en cualquier cosa. Luego entendí que los ACV se originaron por esa exposición a sustancias neurotóxicas”. ¿Cómo reaccionó el municipio? “Matías Villeta, secretario de Salud, declaró que los análisis eran truchos”. Al final de ese año, Sabrina potencia la proeza y se recibe de abogada: “Estaba presionada por recibirme rápido, para empezar a denunciar y no depender de otros; lo sentía como una bomba de tiempo”. Con título en mano, hace la denuncia en la fiscalía.

2018: Al no haber avances, Sabrina acude al Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo. La escuchan. “Por primera vez la justicia daba respuestas; pedí ser querellante en la causa que se abrió en julio contra los productores procesados por el delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud: Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribo. A Enrique Turín le dictaron la falta de mérito. La motivación de estudiar derecho me estaba llevando al objetivo: tener las herramientas para cambiar la historia”. Peritos ambientales de la justicia federal realizan en noviembre el primer muestreo de agua de red y de pozo, así como en el suelo, en los tres barrios más afectados: Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, al sur de Pergamino. El INTA Balcarce determina la presencia de 18 moléculas de agrotóxicos.

2019: En abril, el juez dictamina la primera medida cautelar, la cual prohíbe fumigar en las zonas aledañas a los barrios más damnificados, precisamente en los predios de cuatro productores. En un segundo relevamiento sobre la calidad del agua, en mayo, la justicia agrega al barrio Santa Julia, donde se habían denunciado múltiples casos de cáncer. Se encuentran 19 moléculas de agroquímicos. En agosto, el juez amplía la cautelar y prohíbe la fumigación “a la totalidad de la ciudad de Pergamino fijándose un límite restrictivo y de exclusión de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas”. La intendencia apeló todas las medidas cautelares que defendían a la ciudadanía, incluida la que exhortaba al municipio a entregar bidones de agua potable a las familias más expuestas. Recuerda Sabrina: “Al otro día de haber sido informado sobre la cautelar, el intendente dio una conferencia de prensa negando la contaminación y asegurando que se trataba de un acto de politiquería”. El vecino productor Fernando Cortese le hace llegar a Sabrina un mensaje: “Prometió que me iba a pegar un tiro en la espalda y dejarme paralítica”. No fueron solo palabras: “En la ruta, le tiró su camioneta encima a mi papá, que casi vuelca”.

2020: Se conocen los resultados del tercer muestreo extraído en diciembre de 2019. Las cifras son tan asombrosas como lógicas: tras las medidas judiciales restrictivas a las fumigaciones, se encuentra un 50% menos de químicos.

2021: El proceso judicial avanza y se ha diversificado. La causa madre focaliza en los tres productores procesados por las fumigaciones y la contaminación del agua, pero existen otros expedientes. Entre ellos: la imputación al intendente por incumplimiento de medida cautelar en la entrega de agua potable a la comunidad; una escuela fumigada en el pueblo de Gornati; los ex funcionarios procesados. “Los productores fumigaban con Tocalini y Naranjo presentes y no hacían nada. Se reían juntos. Más de una vez, venían a inspeccionar y el mecanismo que tenían era oler el campo. Sí, se agachaban, olían y dejaban asentado que había olor a humo”, rememora Sabrina, con un pañuelo de colores que rodea su cuello y unos ojos oscuros llenos de vida.

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Asamblea de puesteros en la feria agroecológica.

Breves historias clínicas 

A la causa judicial la llevan adelante tres mujeres de tres de los barrios más avasallados por los pesticidas. A Sabrina, que vivía en Villa Alicia antes de mudarse por pedido médico, se le sumaron Alejandra Bianco, de Santa Julia, y Florencia Morales, de Luar Kayad.

Alejandra, 48 años, parece no perder el humor pese a la tragedia: “Dios los cría y el viento me los trae a mí. En Pergamino hay cáncer como para hacer dulce de leche”. La metáfora no es exagerada. Vive a 100 y a 600 metros de dos campos donde se fumigaba. Enumera el horror: “A principio de 2018 se enfermó Sergio, mi ex pareja, de un cáncer de páncreas e hígado sin la posibilidad de operar. Falleció en diciembre pasado; en marzo último, Sandrita, mi amiga, mi hermana murió de cáncer de huesos; a mi hijo Benjamín le detectan púrpura trombocitopénica (trastorno de la sangre) y a mi hijo Ignacio cáncer de tiroides, ambos a sus 17 años; a mí me quitaron el útero, 12 tumores tenía. Un cuerpo minado”. Hay más: “El dueño de la casa donde vivíamos, cáncer de testículo; pegada a mi casa, un matrimonio con cáncer; pegado a ellos, Juan, cáncer de estómago. A la vuelta: Guada, cáncer de lengua; Gloria, cáncer de intestino y de colon; una familia entera: la mamá cáncer de intestino, el papá de garganta, el hijo de lengua. Pergamino es un desastre”. Su actual pareja trabaja en el campo. Va de cuerpo con sangre y aún no saben lo que tiene.

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Una pintada para romper el silencio en una esquina.

Alejandra comprendió que no era normal lo que pasaba en su cuerpo, en su familia, en su barrio. “En 2018 empecé a hacer un censo. Como en Santa Julia la gente es muy cerrada, dejé una hoja en el almacén para quien no se animara a hablar conmigo. Muchos vecinos accedieron y en diez manzanas registramos 56 casos de cáncer”.

El caso de Florencia Morales: en 2011 se estableció en una quinta de Pergamino, junto a su marido buscaban criar a sus dos hijas en una paz que no les brindaba la ciudad de Buenos Aires. “Al año ya sentíamos síntomas raros. Mi hija empezó con asma, se le obstruía mucho la nariz. Se le adormecían las piernas, tenía ronchas, forúnculos. En una fumigación muy fuerte se nos murieron algunos animales: un perrito y dos loros amanecieron explotados, totalmente inflamados”. 

El nacimiento de su tercer hijo, en 2016, evidenció el problema de fondo: “A los cinco meses, mientras le estaba dando la teta, veo que en una de las mamas no tenía leche y en una de las palpaciones siento una pelotita. Resultó ser un cáncer con estadío avanzado que había hecho metástasis en la columna, por lo que ya no hay posibilidades de cura”. Complementa: “Debo hacer tratamiento de por vida, pero la medicación oncológica no es leve: me trae varias dificultades. Soy consciente de que hoy estoy estable y en cualquier momento puede detonar y ya está. Estoy todo el tiempo conviviendo con la finitud, es terrible que haya gente que por un tema económico destroce a otros seres humanos. Y encima, acá en Pergamino la mayoría trabaja o tiene familia que vive del campo, entonces quienes nos enfrentamos a esto somos los bichos raros”.

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Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano.

Madres fumigadas

El reclamo en el barrio popular Villa Alicia lo emprendió Sabrina y lo siguieron muchas vecinas nucleadas en la organización Madres de Barrios Fumigados Pergamino. Cinco de ellas reciben a MU en la casa de Paola Díaz, quien encabeza un movimiento que fusiona fuerza, impotencia y una catarata de denuncias por el uso de agroquímicos. “En 2014 falleció Mónica, mi nena de 11 años por leucemia aguda. Fue fulminante, de un día para el otro. Ahí conocí a Sabrina que ya estaba denunciando las fumigaciones. Para mí era un trabajo que hacía daño al suelo, al pasto, pero no a nosotros. La muerte de mi hija me demostró lo contrario”.

Erika Díaz, 45 años, cuatro hijos: “Tengo hidradenitis supurativa, enfermedad cutánea que no tiene cura. Soy alérgica y todo el tiempo me pica la piel, me salen forúnculos. También sufro de tiroides. No me acostumbro al dolor aunque lo cargo desde los once años. Ya desde ahí fumigaban”. Sus hijos y nietos también presentan diversas afecciones, como piel atópica, hipoacusia, broncoespasmo y asma.

Silvana Mansilla, 37 años, una hija de 19, un hijo de 14. “En 2012 mi nena empezó con ronchas en la cara y no encontrábamos la solución. Hoy tiene hipotiroidismo y todavía nunca menstruó. Además, mi hijo y mi marido sufren de asma”.

En Pergamino, la grieta es horizontal, de clases. Los dólares que entran por la agricultura se ven en grandes latifundios dedicados sobre todo a la soja, y en menor medida al trigo y al maíz, pero no se derraman en barrios como Villa Alicia. No hay gas natural, no llega el cable ni el wifi ni el teléfono; hace 40 años espera el pavimento y recién hace tres se hicieron las obras del cordón cuneta. Tampoco hay historias clínicas en la salita médica: cuando el juez las pidió para incorporarlas a la causa, desaparecieron.

Juana Payero tiene tres chicos, 40 años y un aborto espontáneo en su primer embarazo. “Tenía una malformación del corazón”, narra, luciendo una remera que reza: “Los agrotóxicos matan”. Sobre el agua: “La Municipalidad no cumple con los 20 litros de agua por persona por día que el juzgado le ordenó dar a los cuatro barrios. En mi familia somos 5 y nos dan 10 bidones de 20 litros por semana que no nos alcanzan para nada. Solo a mis dos hijas más chicas las llego a bañar con el agua sin veneno”. Y se le viene la infancia, como si fuera hoy: “Mi mamá me decía que salude al avión y yo pensaba que tiraba papelitos, como en el circo. Nos mojaba y creía que era rocío. Así nos enfermamos”.

Natalia Mansilla, 39 años, mamá de tres hijos junto a su marido semillero. El más chico se llama Dante y enfermó en 2016. “Se le deformaba toda la panza, gritaba del dolor; el médico me decía que eran gases. No soporté más y lo trasladé a Buenos Aires, donde me dijeron que si no lo agarraban a tiempo, se moría. Estuvo dos meses internado y le sacaron 75 centímetros cúbicos de pus de la infección que tenía. Él y su hermano Daniel tienen retrasos madurativos. Mi hija, un quiste en los ovarios. Necesitamos urgente los estudios genéticos”.

En 2019 Sabrina pidió al juzgado análisis genéticos para 78 personas afectadas. Fueron aprobados 20, pero el Consejo de la Magistratura aún no remitió el dinero. “Necesitamos urgente los estudios y saber qué hay en nuestros cuerpos. Tenemos el derecho a respirar aire limpio”, cierra Paola, que en su remera lleva una calavera y palabras alrededor: “Madres de Barrios Fumigados Pergamino”.

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Florencia Allende, Germán Neffen y su pequeño. La pareja creó una cooperativa de harina integral y asesoramiento agroecológico para poder producir en los espacios en los que la justicia prohibió fumigar.

“Un tema que no manejo”

Javier Arturo Martínez es el jefe municipal de Pergamino. Como Mauricio Macri, uno de sus referentes, llegó a la intendencia mediante el fútbol como trampolín, tras haber sido presidente del club Douglas Haig de la ciudad. Su camiseta de rayas verticales rojas y negras ha llevado en el pecho la publicidad de Monsanto, empresa estadounidense de agroquímicos  comprada por Bayer. A continuación, la escueta conversación telefónica con Martínez.

Hola Javier, ¿cómo le va? Quisiéramos entrevistarlo en persona sobre el medio ambiente en Pergamino.

¿Por qué tema?

Agrotóxicos.

Tengo gente que puede tratarlo a ese tema. Desde la Secretaría de Producción están trabajando en eso.

Pero además, ¿no podemos hablar con usted, como máximo responsable?

Sobre ese tema no, porque lo manejan ellos, los indicados son ellos porque están trabajando hace dos años. Se ha avanzado mucho, por eso sería una lástima que no lo veas con quien tenés que verlo. Es un tema que yo no manejo. Así que te agradezco el llamado, muy amable.

¿Nos podría dar una opinión sobre los funcionarios procesados?

Ya hablamos mucho de eso. No tenemos más para hablar. Ya está todo dicho. No hay mucho más.

¿Y en relación a la contaminación del agua?

Por otro tema llamame cuando quieras. Gracias.

Javier Genoud es el Secretario de Producción de Pergamino, la persona indicada para hablar según el intendente. Pero tampoco habla. Tras no contestar a las llamadas, respondió un mensaje para interiorizarse sobre el eje de la nota. Luego, dejó de responder. Guillermo Naranjo, ex subjefe de la Dirección de Ambiente Rural, tampoco tampoco contestó los llamados y mensajes.

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Producción regenerativa de ganado, en contraposición a los feed lots que contaminan y enferman a los animales, y luego a quienes consumen.

El logo del hospital público

«Mi hija se brota toda tras estar en el campo. Los médicos niegan su relación con los agrotóxicos. Nos dan un jaboncito o corticoide, pero no van al fondo del problema”, expresa Julia Siciliani, integrante de Paren de Fumigar. Plantea otro problema: “No hay historias clínicas ambientales en los centros médicos correspondientes a lugares donde se fumiga y hay actividad industrial como Pergamino”. Julia participa de un bachillerato popular en el barrio popular Kennedy, que está pegado al Parque Industrial. El olor que emanan las empresas es insoportable, nauseabundo. Miles de vecinas y vecinos lo respiran cada segundo de sus vidas. “Muchos se brotan por el polvillo que se desprende de las fábricas” y concluye: “Lo que sale del parque industrial va al arroyo. Sobre todas estas problemáticas queremos hablar, pero la Municipalidad nunca nos abrió las puertas”. 

La secretaria de Salud María Marta Perretta sigue la línea de su gobierno. No atiende el teléfono. No responde ningún mensaje. El silencio aturde y trasciende el gabinete. Silvia García es la directora del hospital público regional San José, dependiente de la provincia de Buenos Aires. Al contactarla, pide que se la llame al día siguiente. Cuando se entera de qué es la nota, no responde nunca más. Tampoco habilitan a hacer un registro fotográfico del interior del centro médico. Sin embargo, no hace falta ingresar para hacer clic: desde afuera, se ve el logo de Bayer (la dueña de Monsanto) en las salas de espera que la mismísima compañía fabricante de agroquímicos instaló en el nosocomio.

Ante el mutismo interno, la comunidad contó con la ayuda de especialistas. Uno de ellos fue el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, que acompañó todo el proceso y atestiguó ante el juez. Desde su Córdoba natal, donde es docente de la Universidad Nacional, detalla su experiencia en la ciudad de la semilla… transgénica: “La realidad de Pergamino es similar al resto de los pueblos expuestos a los agrotóxicos, pero hay algo diferente que me impactó mucho y es cómo este fenómeno penetró en las napas subterráneas de las cuales se surte de agua potable la población. Están totalmente contaminadas, no habíamos visto antes algo así en el agua corriente”.

Integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, enumera las enfermedades más comunes que provocan los pesticidas: “Irritaciones oculares, de garganta, de piel; autismo, asma, broncoespasmos: el 50% por ciento de los chicos usan broncodilatador en los pueblos fumigados, cuando la carga de asma de los niños en el resto del país es de 12%”. Continúa: “Hay muchos trastornos endócrinos, porque los agrotóxicos son moléculas que interfieren con mensajes hormonales y producen desbalances en el funcionamiento de las hormonas tiroideas. En el país, hay un promedio del 6% en población adulta mayor a 20 años de hipotiroidismo; mientras que en los lugares afectados llega a haber un 23%”.

Los problemas reproductivos: “También son muy frecuentes, como la esterilidad, la virilidad en los hombres, inconvenientes para quedar embarazadas las mujeres. Los obstetras nos cuentan que casi la mitad de los embarazos no llegan a término. El aborto espontáneo es un fenómeno que en general se da en un 3%. En estos ámbitos, entre el 10% y el 20%. Lo mismo ocurre con muchos niños que nacen mal formados: la tasa natural en Argentina es del 2%, o sea, 2 de cada 100 nace con algún problema genético. En estas localidades, entre el 5 y el 6%”. Finaliza: “Los cánceres son una locura. En los pueblos un 40, 50% de la gente muere por esto, cuando el promedio nacional es del 20%”.

Por su trabajo en Pergamino, ningún funcionario ni sanitarista se comunicó con él. Cree saber el porqué: “En este tipo de lugares, los intendentes son productores o fumigadores, principales contaminantes del pueblo. En Pergamino el municipio es defensor y una de las patas del agronegocio”.

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Transición a lo distinto

Fabián Díaz tiene 49 años y vive en Villa Alicia. Es el hermano mayor de Paola, referenta de Madres de Barrios Fumigados. Toda la vida trabajó en el campo y sufrió las consecuencias: “Fumigué el campo de enfrente y en muchos otros lados. Lo hacía con una mochila y me mojaba la espalda. Usaba el Roundup (glifosato fabricado por Monsanto) para la soja transgénica. Así fue que me enfermé de hipertiroidismo”, repasa, mientras camina por una calle de tierra en un barrio donde décadas atrás había achicoria, hinojo, plantas frutales como naranjas, mandarinas y ciruelas, “hasta que el roundup mató todo”. “No sabía lo que podía generar; acá se agarran esos trabajos por necesidad, pero falta información”. Y hace un análisis económico y sociológico, mirando hacia al futuro: “En Pergamino te rounduplizan la cabeza, o te la sojalizan y no salen de ese encierro. La solución es sentarse a hablar con los productores para que creen nuevas opciones de producción, hay mucha gente joven que sabe sembrar soja de una única manera”.

Germán Neffen, Florencia Allende y Laureano Fontana integran la incipiente cooperativa Turba, que hace harina integral y asesoramiento agroecológico. “Realizamos producciones a pedido de particulares y de organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra y el Movimiento de Trabajadores Excluidos”, afirma Florencia. Laureano muestra el molino donde fabrican la harina y cuenta por qué decidió unirse al proyecto: “El juntarse con otras personas y construir colectivamente no lo cambio por nada”. Germán, además, forma parte de la asamblea Vida, Salud y Ambiente de Pergamino. Opina sobre la ordenanza de promoción de la agroecología que se estableció en 2019: “Quedó en la nada; se creó un consejo asesor que nunca se activó”. Desde hace cuatro años incursiona en la ganadería regenerativa, a través del sistema del Pastoreo Racional Voisin, tecnología agroecológica rentable que regenera suelos sin venenos.

El manejo del campo de sus padres lo divide con sus hermanos, que lo alquilan para feedlot (encierro de animales para engordarlos y así intensificar la producción). “Donde hay verde, es mi parte”, dice, y se ríe. “Parece un slogan, pero es así”. Y es así. En sus 140 hectáreas tiene 300 animales, entre vacas, toros y terneros. Sus hermanos alquilan 15 hectáreas y caben alrededor de 6.000 animales (con la contaminación y el hacinamiento que implica). “Para llevar adelante el pastoreo racional no se necesita tener muchas hectáreas. La diferencia mayor entre ambos sistemas es en la forma en la que viven los animales. Conmigo están en un lote y recién vuelven a ese espacio en 90 días, para que el pasto se regenere usando la bosta que dejan”, comenta en una llanura con distintos matices de verdes, según cuándo haya pisado el ganado.

Como contraparte, el feedlot. Se ve una montaña de vacas, terneros, novillos, vaquillonas, toros, todos juntos, en el barro que genera su propia bosta, con comida las 24 horas. Así viven el tiempo que dure el engorde, que va entre dos y seis meses. “Hoy, el 95 por ciento de la carne argentina proviene de estos sistemas de feedlot”, relata Germán, y el olor a podrido es insoportable, envuelve las fosas nasales. Traspasa el simple olor a mierda. Te descompone. Es mierda concentrada de hace días, semanas, meses. Pisoteada por miles de animales. “Hay un montón de patógenos, por eso el olor. Le dan puro grano para que aumenten rápido de peso y tengan más ganancia. Un kilo y pico por día aumentan acá”, y acota: “A diferencia del sistema que hago durante el año, que es todo autoproducción y los animales aumentan medio kilo por día, en el feedlot no se produce nada de alimento. Todo se trae de afuera. Ahí tenés una deficiencia tremenda ambiental y en el consumo energético, ya que transportás todo lo que se va a consumir, que ya no es alimento, sino materia prima para que coman los animales”.

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Un oasis en la llanura

En las entrañas de la agricultura tradicional, en medio de un pueblo fumigado y contaminado, hay una lucecita que cada día ilumina un poco más, desde que Sabrina Ortiz decidió apretar la perilla de la justicia. No puede taparse el sol con la mano, y entonces en Pergamino ya funciona una feria netamente agroecológica, en vías de seguir creciendo. Se instala los sábados en el Parque España, donde se erigen 16 puestos, entre hortícolas, panificación, hierbas aromáticas y medicinales, huevos, miel, cosmética, humus de lombriz, y diversas experiencias para transmitir:

Por ejemplo Joaquín, 35 años. Vive en el campo hace siete. Cultiva dos hectáreas de 40 donde su familia usa agroquímicos. “Estoy a favor de la naturaleza e intenté cortar con la tradición familiar”. Desarrolla: “Nadie está en contra de nadie. Ellos no ven con buenos ojos el uso de agroquímicos, pero no les cierra de otra manera, el sistema impositivo y de deuda no les deja margen para salirse. El Estado te saca en las buenas y en las malas. Le saca lo mismo al dueño de 30 hectáreas que al de 5 mil. Se hace muy complicado”. Propone: “Hay que tejer puentes. El Estado debe cambiar la política, porque hoy no tiene las manos limpias. Te dice que no uses agroquímicos cuando lo único que le conviene es que uses agroquímicos”.

Guido Bruno, 30 años, ingeniero agrónomo, que cultiva junto a un amigo en 4 hectáreas de un campo familiar de 100. “Buscamos producir en armonía con el ambiente, cuidando los recursos y así llevar a la gente alimentos sanos y de calidad. Tenemos muchas limitaciones porque no hay cultura de la agroecología. Ni de los productores ni de los consumidores”.

Su socio es Pedro Novas, 30 años, hortícola desde hace cinco. “La feria creció un montón y nosotros con ella. A la hora y media de llegar, ya me quedé sin verdura. Hace un año y medio llenábamos media camioneta de cajones, hoy la traemos completa”, precisa, antes de recordar cómo llegó a este tipo de producción: “Cuando me mudé a Pergamino primero trabajé en agricultura convencional. Sé lo que hago ahora porque estuve del otro lado. Lo hacía en relación de dependencia y veía cómo se revoleaban bidones en cualquier lugar, me daba escalofríos. Te hablan de buenas prácticas, pero adentro pasa otra cosa. Acá estamos en la cueva del lobo”.

Profundiza: “Yo era maquinista, andaba arriba de la fumigadora tirando todo tipo de herbicida: 2,4-D, glifosato, paraquat. No llegué a trabajar un año, terminé saturado”. Y plantea un horizonte sobre las 6 mil hectáreas que están sin utilizarse por las restricciones judiciales: “Hay que hacer cultivo extensivo agroecológico en la zona periurbana; tenemos esa posibilidad gracias a la lucha de Sabrina”.

El papá de Pedro se llamaba José María Novas. Murió en 2016. Había trabajado 24 años para la empresa estadounidense Cargill, una de las principales exportadoras de granos. “Le diagnosticaron cáncer. Un linfoma no Hodgkin, principal causa de muerte por agroquímicos. Tras su fallecimiento, encontré en su computadora documentos descargados sobre el agua contaminada en Pergamino. Ahí entendí que él sabía por qué se moría”.

Mucho que hablar

Pergamino fue uno de los primeros conglomerados que cortaron rutas por el proyecto de ley sobre las retenciones impositivas al campo, en 2008. En las últimas PASO, Juntos por el Cambio ganó con más del 58% de los votos. A su vez, cada 24 de Marzo la concentración por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia no supera las 30 personas. Y una participación similar ocurre en las movilizaciones por la contaminación del agua y el uso de venenos: “80 personas fue lo máximo, pero en general somos 20, 30”, contextualiza Sabrina a una ciudad que desde la cúpula dirigencial opta por el silencio.

Alejandra Bianco, doce tumores en los ovarios, querellante del barrio Santa Julia, lo rompe a palabras: “Estamos queriendo tumbar monstruos, a quienes no les importa si se mueren nuestros hijos y se vacían nuestras familias, mientras se sigan llenando los bolsillos. Somos un grano para el intendente y para muchos señores feudales que creen poder decir y decidir quién muere y quién no. Tenemos contaminado el acuífero y no es solo cuestión local, sino nacional. No le tengo miedo a nada después de lo que me pasó”.

Florencia Morales, cáncer en fase 4, querellante del barrio Luar Kayad, lo rompe a palabras: “Sé que no me voy a curar ni recuperar el tiempo perdido. Estoy con la salud muy deteriorada. Pero estoy. Y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza; empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel”.

Sabrina Ortiz, envenenada con agrotóxicos, querellante del barrio Villa Alicia e inspiración para esta historia, lo rompe a palabras: “Tengo que seguir porque es un camino largo. Ni la salud ni la vida de mis hijos ni de ninguno se negocia. Estamos en el centro de un huracán que te avasalla, te somete, te intenta callar y parar. No hay espacios para informar lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? Mucho. Y entre muchos, a los gigantes les seguiremos limando las patas para que dejen de causar tanto daño, y eso, solo se logra de manera colectiva”.

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Continúa el destierro mapuche: Desalojan a otra comunidad para favorecer a un empresario forestal

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La lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero, El Bolsón, fue desalojada tras la denuncia del empresario Rocco, que ocupa esas tierras fiscales y goza de impunidad judicial, con aval político. El fallo que da la razón a la comunidad, versus las presiones que reconoció la fiscalía local a la comunidad mapuche. El testimonio de sus integrantes, y la relación con los recientes incendios. La voz de la abogada que desmiente las relaciones con la RAM y el «circo» montado para justificar el despojo con argumentos racistas. El post del gobernador Weretilneck, alineado a la bajada de Nación, y las amenazas a los pobladores locales. Una de terror que sucede en la Patagonia, donde las comunidades originarias se encuentran sin ley y sin derechos, y con cada vez menos territorios. «Vamos a presentar una medida cautelar para volver a nuestro territorio lo antes posible”.

Por Francisco Pandolfi

El 10 de diciembre pasado, Javier Milei derogó la ley de Emergencia Territorial Indígena dando así vía libre a los desalojos de las comunidades originarias y allanando el terreno para el destierro, sobre todo del pueblo mapuche y sobre todo en la Patagonia. Ayer, el Gobierno de Río Negro, mediante un despliegue de más de 150 agentes de la Policía provincial, dio un nuevo paso en ese sentido: desalojó de sus tierras a la comunidad Quemquemtrew, en el paraje Cuesta del Ternero, El Bolsón.

El operativo se realizó por orden judicial tras una denuncia del empresario forestal Rolando Rocco, que ocupa esas tierras fiscales desde hace años, gozando de beneficios tanto por parte del Ejecutivo como de la Justicia. En noviembre de 2021, dos empleados de Rocco atacaron a la comunidad y asesinaron a Elías Garay e hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera, dos de sus integrantes. 

La voz de la comunidad

Romina Jones es integrante del lof Quemquemtrew, pero no habla con lavaca desde ahí. “Nos dejaron sin nada”, comienza.

¿Qué hay detrás de este despojo?

Los intereses de un empresario forestal, Rolando Rocco, a quien la provincia prácticamente le regaló más de 2500 hectáreas en Cuesta del Ternero, en un proceso de muchísimas irregularidades. A un fiscalero (quien ocupa tierras fiscales) se lo obliga a vivir en el lugar, pero él vive incluso en otra provincia (Chubut); a un fiscalero se le otorga un terreno único, pero a él le dieron diferentes porciones de la Cuesta, un montón de parcelas. A un fiscalero también se le exige que tenga buena relación con sus vecinos, pero él tiene denuncias de varios por amenazarlos con armas de fuego y armas blancas. Y ni hablar que él fue quien contrató a las dos personas que entraron al territorio a matar a Elías (Garay, asesinado en noviembre de 2021). La Justicia lo eximió, pero la vinculación es evidente, no sólo por sus amenazas previas de que lo iba a hacer, sino que su abogado es el mismo que defiende a uno de los asesinos de Elías. En ese crimen también estuvo involucrado el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad provincial, ya que los autores materiales eludieron, portando armas de fuego, varios retenes policiales, en un momento donde nadie podía pasar. Hubo una cadena de responsabilidades que nadie las paga, como las hay ahora también con el desalojo de ayer. Hicimos varios reclamos a la Dirección de Tierra de Río Negro, pero es un organismo que ha venido regalando grandes extensiones a distintos empresarios, como es el caso de Joe lewis (el magnate británico que tiene la llave de Lago Escondido). Nosotros teníamos todas las de ganar, pero sin embargo nos desalojaron.

¿Por qué tenían todas las de ganar?

Porque estamos en territorio mapuche y eso fue reconocido por la jueza Romina Martini en la sentencia del juicio. Habló de nuestra ancestralidad, nos reconoció como comunidad mapuche, el derecho a reagruparnos, la necesidad de desarrollar la espiritualidad, pero ni eso alcanzó. El fallo que ordena el desalojo es una gran ironía, que se explica por los aprietes que hay hacia el Poder Judicial, que no es autónomo, sino que se inclina según las presiones políticas. Desde la propia fiscalía nos reconocieron las presiones del gobernador y de su partido Juntos Somos Río Negro. 

Circo y mentiras

Andrea Raile integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos y es la abogada que representa a la comunidad Quemquemtrew. Dice que le gustaría que algo quede bien claro: “Tiene que dejar de hablarse de desalojo porque aunque la sentencia de la jueza sí ordenó la desocupación del predio, lo que hizo la lof fue un cumplimiento voluntario de la sentencia”. Se pregunta y se responde: “¿Qué significa esto? Significa que tanto el operativo que hizo ayer la provincia de Río Negro llevando tantos policías, así como sus discursos que hablan de una vinculación con la RAM, es todo circo y pura mentira. No hay ninguna vinculación con la RAM y lo único que encontraron en la comunidad fueron banderas mapuche y cartelería de Eíias Garay, recordando su asesinato”.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ayer hizo una publicación en sus redes sociales en la que se jacta del magnífico operativo (cuando ya sabían que no habría nadie) y endilga a la comunidad de violenta y desobediencia judicial, así como de ser un sector radicalizado “que pretende imponer sus propios términos, desafiando al Estado y a la Justicia”. 

Andrea tiene muchísima bronca. Dice que la provincia siempre se escuda en un privado, pero es la que “tiene que dar la cara, porque es la dueña de la propiedad de la tierra”. Y aclara: “Esta comunidad siempre estuvo abierta al diálogo, aún después de que entraran en la comunidad y asesinaran a uno de sus integrantes, burlando dos retenes policiales. Lof Quemquemtrew siempre estuvo a derecho y cuando quedó firme la sentencia, la comunidad la cumplió y dejó su tierra, sin violencia. El circo que hicieron ayer no sé quién lo pagará, no era necesario”. 

Patagonia en venta

El desalojo de ayer se da en un contexto de persecución general al pueblo mapuche. A principios de este año el gobierno provincial desalojó a la comunidad Paillako; hace dos semanas comenzó el juicio a lof Lafken Winkul Mapu; todo en medio de monumentales incendios que desde el poder político buscaron culpabilizar al pueblo ancestral:

Romina Jones cuenta lo que percibe que sucede en la Patagonia: “Se están vendiendo todos los recursos naturales que todavía existen, a capitales extranjeros israelitas, cataríes, yanquis, a los amigos del poder. Y se va contra quienes defendemos estos bienes, sean del pueblo mapuche o no. Hace un mes, en el incendio de Mallín Ahogado, detuvieron a brigadistas a partir de mentiras, ensuciándolos, diciendo que en vez de apagar los incendios los prendían. Hoy sale a la luz, a punto de empezar las clases, que una escuela arranca con cuatro hectáreas menos en su predio, por habérselo vendido a terceros. El empresario Rocco tiene una plantación de pino, y justamente el pino es uno de los factores de incendios, porque además de secar la tierra, al prenderse el lugar se expande la pinocha, que vuela y genera distintos focos en poco tiempo. Entonces, el trasfondo de todo es la entrega de la tierra y para eso valen todos los hostigamientos, vale toda la campaña mediática que nos tilda de terroristas e incendiarios. Y esto se está extendiendo a cualquiera que nos acompañe”.

Romper el silencio

Daniela tiene 32 años y desde hace seis que se mudó de Buenos Aires a la Comarca Andina. Es productora hortícola y vive en Mallín Ahogado, paraje rural de El Bolsón. Integra la red de apoyo al lof Quemquemtrew. Daniela, anteayer, no dio más, y necesitó decir. Escribió un comunicado, en el que denunció: 

“Cómo es de público conocimiento, hoy jueves 6 de marzo 2025, durante la mañana se llevó adelante el nefasto operativo de desalojo en dicha Lof. Hoy también, alrededor de las 12hs, mientras el ministro de seguridad de la provincia (Daniel Jara) y el jefe de la policía de Río Negro (Daniel Bertazzo) daban una conferencia de prensa en la Comisaría N°12, se presentaron frente a la casa donde vivo junto a una amiga, un móvil y una 4×4, ambos de la policía de Río Negro. Desde hace un mes, en distintos momentos, venimos siendo amedrentadas por la policía. Empezó el 6 de febrero, cuando agentes subidos en tres motos señalaron nuestra casa desde el camino”. 

Horas después, Daniela habla con lavaca: “Desde que fue el desalojo a la comunidad Paillako, en el Parque Nacional Los Alerces, comenzó una campaña mediática acusando al pueblo mapuche de terrorista. Empezaron los incendios en Epuyén (noroeste de Chubut) e inmediatamente militarizaron la Cuesta del Ternero, donde está el territorio del Lof Quemquemtrew. Luego se prendió fuego Mallín y la solidaridad que empezó a gestarse entre la comunidad fue impresionante, para  gestionar donaciones, armado de viandas. Eso molesta mucho al poder, lo pone en jaque, así que en respuesta arrancó una embestida de medios de comunicación demonizándonos, se escrachó a gente que estaba ayudando a apagar el fuego para generar pánico y divisiones, que detonó en detenciones al voleo y una patota (de Joe Lewis) golpeándonos a quienes reclamábamos por las liberaciones. Ese circo que se armaba era alrededor de un montón de vecinos de a pie que pedían el linchamiento y la muerte de todos los que estábamos ahí. Desde ese día empiezo a notar el hostigamiento policial hacia mí y a otras personas”.

¿Qué tipo de hostigamiento? 

Al día siguiente, tres motos de las fuerzas especiales de la Policía rionegrina se apostaron frente a mi casa a señalarla. Yo estaba adentro. Me asusté, me paralicé; sabía que no era algo individual, sino un un mensaje para el conjunto. Para resguardarme, decidí apagar el celular, y a los diez días aproximadamente se me prendió. Estaba muy caliente y tenía la fecha cambiada: decía 24 de marzo, una fecha lo suficientemente sugerente para nuestro país. Una semana después, volviendo a mi casa una noche, me apuntaron con un láser hasta que me perdieron de vista. Y ayer fue el detonante, tras el desalojo de la comunidad, el apostarse en la puerta de mi casa. Primero le resté importancia, pero después uní todo y decidí salir a hablar, y en las próximas horas presentar un hábeas corpus para averiguar qué pasa, qué están haciendo realmente conmigo y por qué merodean mi casa”.

Cuando le pregunto a Daniela cómo está, cómo se siente, su primera respuesta es en llanto. Y después le sale la voz, un poco entrecortada pero le sale, porque decidió decir: “Tengo mucha bronca, mucha impotencia y si estoy así de mal es por mi vieja, que vive en Buenos Aires; ella fue presa en la dictadura, estuvo un año y tres meses detenida en Chaco y todavía no he podido contarle la situación para no asustarla. El llanto, en realidad, es porque no sé cómo abordar la situación con mi mamá. Pero otra enseñanza que nos dejó el periodo de la dictadura es que hay que decir, que si me llega a pasar algo, se sepa el por qué”.

Quemquemtrew, en mapudungún, significa el sonido que se produce con la corriente de un río y las piedras. Romina Jones, integrante de la comunidad, adelanta que presentarán una medida cautelar en resguardo al sitio ceremonial y al rewe (sitio sagrado) y para que la machi (guía sanadora y espiritual) pueda volver al territorio: “Como pueblo originario lo que reclamamos es recuperar nuestros sitios ceremoniales, que son de suma importancia para nuestro físico, para lo espiritual, lo emocional. Entendemos que gran parte de la sociedad no llega a comprenderlo, porque hay un trabajo muy fino del discurso oficial, con expresiones racistas de distintos gobiernos, que reforzado por los medios hegemónicos da como resultado que no haya ni un pequeño interés en nuestra cosmovisión, al punto de banalizarla. Pero quienes menos respeto nos tienen son los que toman las decisiones, y que en realidad están obligados a proteger nuestras creencias, como lo establece la Constitución Nacional. Porque si bien hay leyes que protegían nuestros derechos y que Javier Milei ha derogado, siguen vigentes la Constitución y varios convenios internacionales que nos amparan. Vamos a presionar, porque el objetivo es claro: volver a nuestro territorio lo antes posible”. 

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Alerta Lugano: a espaldas de la comunidad, AUSA y el GCBA avanzan con el Máster Plan 

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La obra que pretende modificar al barrio sin ningún beneficio vecinal, para colocar entre otras cosas un nuevo peaje, se estima que acabará con 70 mil metros cuadrados de espacio verde. Ayer la empresa concesionaria de la autopista Dellepiane comenzó con la tala, pese a que se había pactado una “mesa de trabajo” previo al inicio de las obras, que la comunidad rechaza. La voz de las y los vecinos, el silencio del gobierno porteño y la postura de AUSA: no dar entrevistas “en on”. Hoy por la tarde el barrio se autoconvoca a una ceremonia de reflexión y concientización: 18.30, en Cañada de Gómez y Riestra. 

Por Francisco Pandolfi

Ni el gobierno porteño ni la empresa AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) cumplieron lo que habían prometido: ayer, con la luz verde del Gobierno de la Ciudad, la empresa concesionaria de la Autopista Dellepiane empezó con la tala indiscriminada de árboles, incumpliendo la promesa de no comenzar la obra del Máster Plan Autopista Dellepiane hasta iniciar una mesa de trabajo conjunta con las y los vecinos autoconvocados de Lugano, que la vienen exigiendo desde noviembre pasado.

Silencios y engaños

El pedido de diálogo primero fue en una audiencia pública. Ante el silencio como respuesta, se exigió por escrito un pedido de información pública a AUSA, a APRA (Agencia de Protección Ambiental), al Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. No hubo ninguna respuesta hasta el pasado jueves 20 de febrero, cuando en una reunión en la Junta Histórica de Lugano, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a iniciar las mesas de trabajo previo al inicio de la obra. Los representantes gubernamentales en la reunión fueron Facundo Echeverría, de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad, y Jorge Fiorentino, asesor de la secretaría de Ambiente y Espacios Arbolados. “La obra empezó y de las mesas de trabajo no hubo noticias, hasta que hoy vinieron y arrasaron con los primeros siete árboles”, denuncia la comunidad. 

Desde AUSA, la semana pasada habían informado que hoy harían la extracción y posterior trasplante de cuatro especies (dos ceibos y dos aguaribay) en Dellepiane Sur, pero el accionar fue otro: no hubo trasplante, sino tala directa, tanto en Dellepiane Sur como en Dellepiane Norte.

‼️ Ahora, urgente. El Gobierno de la Ciudad empezó hace minutos con una tala indiscriminada de árboles, incumpliendo la promesa de no empezar la obra del Máster Plan Autopista Dellepiane hasta iniciar una mesa de trabajo conjunta con las y los vecinos autoconvocados de Lugano.

www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-05T15:20:39.551Z

Sin beneficios

En esta nota publicada la semana pasada (https://lavaca.org/actualidad/lugano-resiste-al-master-plan-que-quiere-imponer-macri/), contamos los pormenores de una obra que modificará al barrio sin ningún beneficio vecinal, y de la que no está enterada (como figura por ley) la mayoría de los frentistas a la Dellepiane. Allí, a metros de la General Paz, el gobierno porteño pretende colocar un nuevo peaje, a sólo 4 kilómetros del ya existente en avenida Lacarra.

El “Máster Plan Autopista Parque Dellepiane” se emplazará sobre la traza de la autopista Dellepiane, desde el cruce de la avenida General Paz hasta el Peaje de Lacarra, y abarcará 4,6 km. La comunidad afirma que en ese tramo se talarán cientos de árboles, entre los cuales hay álamos, ceibos, ombúes, aguaribay, algunos de más de 100 años, que ahora están marcados con una cruz, como señal de la muerte anunciada. Dice Silvina Cammarotta, vecina: “Según un ingeniero de AUSA, 121 árboles los van a arrasar con una máquina y triturar, hasta convertirlos en aserrín”. 

El rediseño de la autopista incorporará dos carrilles exclusivos para metrobús y la terminación de las colectoras, por lo que se eliminarán de cada lado diez metros de espacio verde. Dice Néstor Muñoz, vecino de Villa Lugano: “El Gobierno de la Ciudad presentó esta obra de modernización de la autopista para poder cobrar un nuevo peaje, y para hacerlo, la ley obliga que cada camino con peaje debe tener un camino alternativo. La ampliación de las colectoras significa más asfalto, y la destrucción de 70 mil metros cuadrados de espacio verde”.

Policías y más policías

A sabiendas de la extracción que devino en tala, los vecinos autoconvocados fuera de toda bandera partidaria, se convocaron este miércoles a las 6 de la mañana, de manera pacífica, para registrar los movimientos de la empresa. Presagiaban que podía pasar lo que finalmente ocurrió: el aniquilamiento de los árboles. Cuando arribaron –todavía de noche–, ya había una camioneta de la Policía de Ciudad esperándolos. Luego llegó otra. Y luego otra. Y luego una más. 12 agentes uniformados y otros de civil se apostaron frente a la autopista, para garantizar que se llevara a cabo la tala, sin inconvenientes. 

Enzo es frentista de la Dellepiane. Le dicen el Tano. Mira la situación, con una docena de efectivos de un lado, con máquinas del otro. Y dice: “Es lamentable que destruyan, en vez de construir”. 

Recurso de amparo

Hace dos semanas, los vecinos y vecinas de Villa Lugano presentaron un amparo solicitando que el Gobierno porteño y AUSA detuvieran la obra hasta que se iniciaran las mesas de trabajo conjuntas. El amparo cuenta con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y lo presentó la Defensora Oficial, Giselle Furlong Pader, que exigió convocar a un proceso participativo institucional y vinculante, previo al desarrollo de la primera etapa de la obra. 

Eso ya no se cumplió. 

La Defensoría también exhortó a que el gobierno porteño convoque a una audiencia “para facilitar el diálogo entre las distintas partes del proceso judicial”. Y solicita suspender la extracción de los árboles hasta que no se dé cumplimiento “con la obligación de brindar información pública y se otorgue la debida participación en asuntos ambientales”.

Esto tampoco se cumplió.

Qué democracia

Silvina tiene una angustia que se le nota en los ojos. Y en la voz: “Nos mintieron en todo y en la cara. No hicieron nada de lo que dijeron. Talaron en vez de trasplantar; dejaron los troncos al ras. Vamos a hacer una denuncia penal. Llamamos a Facundo Echeverría, de Vínculo Ciudadano de la Ciudad y nos re boludeó; dijo que la obra se iba a hacer igual y que nosotros éramos unos subversivos. Siento mucha impotencia, dolor, un nudo en el pecho, se manejan con muchísima impunidad. Hicimos todo lo que había que hacer, sin violencia, buscando todos los canales de diálogo y nada. No parece un gobierno democrático, sino una tiranía”.

Néstor: “Seguiremos exigiendo al gobierno un plan integral de ciudad, donde se contemplen espacios verdes necesarios de mantener. Internacionalmente se busca que las ciudades tengan un 12% por ciento de espacios verdes, y nosotros con suerte pasamos los 6. Nosotros no tomamos un camino de violencia para reclamar, pero en cambio, la violencia la está generando este gobierno, vallando los caminos, no conformando las mesas de trabajo y ahora talando los árboles. El artículo 1 de la Constitución lo dice muy claro, y parece que este gobierno no lo sabe: el sistema que desarrollemos en la Ciudad de Buenos Aires debe ser democrativo y participativo” 

Cecilia, también vecina: “Esperamos que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, entre en razón; lo que hicieron hoy es de sinvergüenzas. Hoy se llevaron puestos siete árboles. Hoy asesinaron siete árboles”. 

Que en esta nota hablen sólo vecinas y vecinos tiene un por qué. O dos, en realidad. Comunicarse a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano es una tarea titánica, que no da resultado. Nadie atiende. 

Con AUSA la cosa es distinta, aunque parecida: el prensa de la empresa le dice a lavaca que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”. 

Los vecindad organizada sigue en pie y para mañana jueves por la tarde (18.30, en Cañada de Gómez y Riestra) convoca a una ceremonia de reflexión y concientización ante el ombú centenario de Lugano. Es una más de las decenas de movidas que la comunidad viene haciendo desde noviembre, cuando se enteró del Máster Plan. Como la convocatoria casa por casa a los frentistas desinformados; como la repartición de volantes en los corsos de carnaval; como la juntada de firmas en los centros comerciales; como las innumerables reuniones presenciales y virtuales para organizarse; y hasta la creación de dos ideas fuera de lo común, pero bien dentro de lo comunitario: una cumbia que cuenta y canta la problemática (subir video) y un concurso donde se premiará (con una semana en San Clemente del Tuyú, gracias a una vecina que prestará su casa) a la pancarta más llamativa y original. Hay una en donde vuelan dólares, con el lema “Una obra que de verde, sólo tiene los billetes”; otra que muestra una topadora llevándose puesta un árbol; y hay otra que es una cartulina celeste, con letras rojas y negras, que dice: 

No hay peor 

Jorge Macri

que el que 

no quiere ver. 

Alerta Lugano: a espaldas de la comunidad, AUSA y el GCBA avanzan con el Máster Plan 

Silvina y Néstor, dos de los guardianes de los árboles. / Foto: Elena Gorocito.

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Megaminería, patotas y Cornejo junto a Milei: la asamblea de Uspallata resiste al proyecto San Jorge

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En la localidad mendocina de Uspallata el gobierno provincial junto a la multinacional Solway -radicada en paraísos fiscales, con denuncias de contaminación y agresión a pobladores originarios de Guatemala- buscan imponer (otra vez) el proyecto minero San Jorge, rechazado por la comunidad desde hace más de 15 años. Esta vez la ofensiva se dio a través de la represión (patota de la UOCRA, un vecino detenido y varios allanamientos), y la censura. El rol de la Justicia, los daños y perjuicios de la megaminería en una zona cordillerana y de glaciares, y la resistencia de un pueblo que sigue de pie: “Sin licencia social no hay minería”. El agua como recurso estratégico, y la figura del gobernador Cornejo, que mientras tanto se encuentra junto a Karina Milei en la «feria minera más importante del mundo en Canadá».

Por Francisco Pandolfi

Uspallata es una localidad del departamento de Las Heras, en el norte de Mendoza, que está a 120 kilómetros de la capital provincial y a 90 del paso fronterizo con Chile. Es un sitio estratégico: pasa la ruta del Mercosur. E histórico: albergó el Paso Sanmartiniano y el Camino del Inca. Uspallata es el pueblo argentino más grande a menor distancia del cerro Aconcagua (62 km). Y es, también, el epicentro donde el gobierno mendocino junto a la empresa multinacional Solway Holding, buscan imponer (por enésima vez) un proyecto minero de cobre, oro y plata, sin la licencia social y pese a la vigente Ley 7.722 que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua.

Al proyecto minero San Jorge (PSJ) intentan instalarlo desde 2007, y es desde ese entonces que tiene la resistencia de la población. A inicios de este año volvió la ofensiva gubernamental y empresarial, sostenida en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Volvió con la fuerza de los millones, y también de la censura y la represión.

¿Qué está pasando en Mendoza?

A fines de enero se inauguró en Uspallata una oficina de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros, en un acto al que acudieron empresarios del sector, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, así como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Nora Moyano tiene 73 años e integra la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza. Le dice a lavaca: “El intendente, que en un año de gestión no fue nunca a Uspallata para conocer las necesidades de la gente, apareció para este acto acompañado por la patota de la UOCRA. Vinieron a amedrentar a las vecinas y vecinos de Uspallata en contra de la minería. A uno de nuestros compañeros la patota de la UOCRA se le vino encima, le rompió el tabique, y un vecino comerciante, para evitar que le siguieran pegando agarró un matafuegos de un negocio y le tiró el polvito (sic) para que se fueran”. Agrega Nora: “Este vecino se llama Mauricio Cornejo y el lunes 24 de febrero iba caminando por la calle del pueblo y lo detuvieron. Desde ese día está preso. A eso hay que sumarle varios allanamientos a vecinos de las asambleas. Es una locura lo que está pasando. Es tal la ambición y codicia que avanzan y ya no respetan ni las mínimas leyes de nuestras libertades democráticas. Defender el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es llevar a la patota de la UOCRA a pegarle a los vecinos”.

El artículo 213 bis

Eugenia Segura conforma la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que denuncia la persecución del gobierno provincial con Alfredo Cornejo (UCR) al mando. Alfredo y Mauricio tienen el mismo apellido, pero no son parientes. Uno es el gobernador de Mendoza. Otro, está preso. Eugenia dice que “el foco y el ojo” de lo que pasa en su pueblo “hay que ponerlo en el artículo 213 bis del Código Penal”. Explica el por qué: “La figura penal que se agarran para detener a Mauricio apunta a convertir toda forma de protesta y organización en algo que puede ser tildado de terrorista; no importa si hacés algo que esté contra la ley o no, igual te pueden imputar porque hay un otro que se supone hizo algo ilegal y es de tu organización, lo cual debería ser completamente inconstitucional. Es inadmisible que corran el arco de los derechos humanos como lo están haciendo”.

El artículo 213 bis fue incorporado al Código Penal en 1984 y refiere al delito denominado de “prepotencia ideológica”, y apunta contra quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena es de 5 a 15 años de prisión. 

Exclama Nora Moyano: “Estamos sufriendo una persecución y en esta peligrosidad nos encontramos. No puede ser que a tantos años de recuperar la democracia todavía esté en vigencia un artículo que nos quieren aplicar a todos los que somos de las asambleas socioambientales por defender el agua y los bienes comunes”.

Censura

En el marco de un ciclo de cine y ante la ofensiva minera, el 14 de febrero se iba a proyectar en el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el documental “HAM, historia del agua en Mendoza”, sobre cómo el pueblo revirtió la derogación de la Ley 7722 en 2019, que además de la decisión del entonces gobernador Rodolfo Suárez (UCR), también contaba con el apoyo del presidente de la Nación, Alberto Fernández (PJ).

Se iba a proyectar, hasta que desde parte de la comisión directiva del club la dieron de baja por ser una película “politizada”. Rápidamente se consiguió otro lugar (la radio comunitaria La Mosquitera), pero no cesó el hostigamiento. Bernardo Blanco es el director de HAM y le cuenta a lavaca: “Desde temprano se empezó a presentar la policía y a preguntar si iba a realizarse una manifestación por el agua o qué íbamos a hacer. Primero vinieron dos agentes, luego cuatro y después ya eran nueve. ¡Un montón! Tenían la intención de entrar y pudrirla”. A partir de este nuevo amedrentamiento, se pensó la idea de hacer funciones simultáneas de HAM: el sábado pasado se realizaron 29 en Mendoza y 46 en todo el país. Dice Bernardo: “Fue muy fuerte la respuesta de la gente en todo el país. Esto va más allá de los nombres propios y de la película, lo interesante es el fenómeno social/cultural/político que se pone de manifiesto con tantas proyecciones simultáneas”.

HAM es un documental independiente que “cumple la ley de cine, califica apta para todo público y tuvo su estreno en salas comerciales. Esto lo digo para acentuar aún más los intentos de censura y la presencia policial”, destaca el director.

HAM puede verse de manera gratuita en la plataforma BAFilma.

El fondo de la cuestión 

¿A qué se oponen quienes se oponen al proyecto San Jorge? 

Nora: “Nuestra provincia tiene agua por el deshielo de los glaciares de la Cordillera de los Andes. Por ella vivimos, cultivamos; por ella ustedes conocen la vid de la que hacemos el vino. Eso defendemos: el agua, nuestros bienes comunes, nuestros glaciares. Con los explosivos que usan en la megaminería van a destrozar las vegas alto andinas (pequeños oasis en el desierto). El polvillo que generan no se auto consume y en esa zona de vientos fuertes irá hacia los glaciares. La contaminación no sólo afectará a Uspallata: el río Mendoza es una cuenca que atraviesa toda la provincia y cuyo cauce desemboca en Neuquén, Río Negro, La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires”.

Eugenia: “Uspallata es un pueblo de montaña que está en un valle. En Mendoza tenemos solamente tres oasis, el norte, el centro que es el valle de Uco y el sur. En el norte, donde está Uspallata, nace el río Mendoza que abastece al Gran Mendoza, donde vive la mayor parte de la población; más de un millón de habitantes beben de ese río, que riega las más de 250 mil hectáreas de malbec y que también sostiene el cuarto polo industrial del país. Uspallata se ubica en las nacientes de este río que el proyecto megaminero va a contaminar. Estamos protegiendo el área natural Uspallata- Polvaredas, patrimonio cultural, natural, paisajístico, un lugar bellísimo. Lo estamos haciendo desde hace más de 15 años de manera pacífica, y así seguiremos”. 

Megaminería, patotas y Cornejo junto a Milei: la asamblea de Uspallata resiste al proyecto San Jorge

Nora Moyano (a la izquierda) y parte de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, en una de las movilizaciones en Uspallata.

El rol de la Justicia

Otro actor clave en este conflicto es la Corte Suprema de la Nación, que en 2021 se hizo eco de la apelación de la minera San Jorge ante la ley 7.722 y declaró inconstitucional un puñado de palabras del artículo 1, que hacía referencia a la prohibición de “otras sustancias tóxicas similares”.

Este era el Artículo 1° completo: 

A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

La Corte Suprema eliminó el “otras sustancias tóxicas” y consideró constitucional el resto de la ley. ¿Qué permite esa eliminación? Detalla Nora: “El fallo facilita la explotación de proyectos mineros que utilicen otras sustancias también muy contaminantes y dañinas para la salud, como el xantato, la poliacrilamida y otras, que están incluidas en la ley de residuos peligrosos y son prohibidas. Son tan graves como el cianuro y el mercurio, así que ahora está abierta la puerta para que revienten nuestra cordillera, nuestra montaña, pasarla por una sopa química por el proceso de flotación a través del xantato o la poliacrilamida”. 

Daños y perjuicios

¿Qué perjuicios trae el Xantato? Enumeran desde las asambleas:

-No sólo es altamente tóxico para la salud humana y de animales y plantas, sino que además es muy inflamable, explosivo y reactivo.

-Su combustión produce gases irritantes, corrosivos y/o explosivos.

-Reacciona violentamente al contacto con el agua y el dióxido de carbono, generando disulfuro de carbono, más tóxico aún.

-La inhalación de subproductos gaseosos de sus reacciones al contacto con el agua y el aire puede causar lesiones o la muerte.

-El contacto con la piel u ojos puede causar severas quemaduras.

-Las fugas pueden causar contaminación.

Retoma Nora: “El gobierno mendocino está tocando las leyes ambientales para adaptarlas a este negocio. Por ejemplo, el código de minería lo reformó Cornejo a sus intereses; tampoco cumplen la ley de glaciares, ni de bosque nativo. Sólo arrasan y arrasan. También acaban de presentar el plan maestro donde se revierten las históricas prioridades de la Ley de Agua, (que data de 1884 en Mendoza), y que establece que primero está el consumo humano, el riego agrícola, los árboles, las industrias, no la minería. Si llegaran a votarlo en la Legislatura, que es lo más probable porque casi no hay oposición, el gobernador tendrá la potestad de hacer lo que quiera y eso será gravísimo para los mendocinos. Están constituyendo, como decía Jauretche, un nuevo estatuto legal del coloniaje”.

La preocupación en Nora se le nota en su habla acelerada. “No tenemos problemas con la minería común, tanto la ripiera, como la cementera. Estamos en contra de la megaminería metalífera hidrotóxica que llevan adelante megacorporaciones internacionales como Solway, que además de estar radicada en paraísos fiscales, tiene denuncias de contaminación y agresión a pobladores originarios de Guatemala. A esa gente no la queremos. No queremos su violencia. Y como decimos junto a Víctor Jara, tenemos derecho a vivir en paz”. 

Megaminería, patotas y Cornejo junto a Milei: la asamblea de Uspallata resiste al proyecto San Jorge

Viernes 7 de febrero, Ciudad de Mendoza. Manifestación contra el proyecto minero San Jorge.

Un pueblo de pie

El pueblo mendocino dio una lección en 2019 de cómo organizarse (y vencer) al tándem lobby minero y apoyo estatal. En aquel entonces, enormes movilizaciones en toda la provincia torcieron la votación de diputados y senadores en sólo 10 días. Seis años después, Mendoza vuelve a estar en alerta. Cuenta Nora: “A raíz de todos estos atropellos volvimos a salir a la calle. Hicimos multitudinarias manifestaciones en Uspallata y en la Ciudad Capital. A mucha gente le parece increíble que nuevamente quieran hacer lo que no lograron en el 2019, pero hay motivos”. Describe: “Tenemos un gobernador lamebotas del presidente, que hasta salió a defender lo que dijo Milei sobre el saludo nazi de Elon Musk. Así de bestial. Cornejo es un alfil de Milei y hay muchos intereses económicos por encima de las necesidades y decisiones de nuestro pueblo. Volvieron a la carga porque sienten que tienen más poder aún que antes, por la ligazón con la Casa Rosada”. 

Cornejo acompañó a la Ley Bases, al Rigi y al Pacto de Mayo. Ahora mismo, al cierre de esta nota, está en Canadá junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros cinco gobernadores (San Juan, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y La Rioja) en la PDAC 25, la feria minera más importante del mundo.

Cierra Nora: “Cornejo durante todos estos años generó una especie de suma del poder público: tiene a su favor el poder judicial y también el legislativo, que le vota todo. Construyó una red muy fuerte de contención, y al frente de toda esa telaraña estamos nosotros, de pie, nunca arrodillados. Y así seguiremos, defendiendo nuestro patrimonio, defendiendo lo que es nuestro”.

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