Nota
Recuperadas en peligro: el impacto del tarifazo en las empresas sin patrón
El nuevo cuadro tarifario pone en jaque la producción de cientos de fábricas recuperadas por sus trabajadores. Algunas están resistiendo el corte del suministro, como el caso de Cooperativa Padilla: una cuadrilla de Edenor llegó acompañada de una camioneta de Gendarmería. En el caso de la metalúrgica 19 de Diciembre, las facturas se multiplicaron por diez a pesar de contar con una medida cautelar a su favor: “Somos también bachilleratos, bibliotecas, escuelas, pero el Ejecutivo mira para otro lado”. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas denuncia que habían acordado el pago del 50 por ciento de las facturas, pero que el Ministerio de Energía violó el acuerdo y ahora derivó la discusión al Ministerio de Producción. El movimiento evalúa tomar acciones.
Los trabajadores de la Cooperativa Padilla, dedicada al reciclado de material plástico y a la confección y producción de bolsas para residuos y patógenos en la localidad de San Andrés, partido bonaerense de General San Martín, tuvieron que salir a la calle para evitar que una cuadrilla de Edenor cortara el lunes el suministro eléctrico de esta fábrica recuperada en 2001. “No permitimos que nos corte, porque nos cortan los brazos y las piernas: nos matan”, dice a lavaca René Cruz, presidente de la cooperativa. “Dijeron que iban a volver la semana que viene. Lo que nos sorprendió es que, en la esquina, había estacionada una camioneta de Gendarmería”.
La imagen describe la forma en la que la nueva tanda de tarifazos en los servicios públicos comenzó a golpear a las empresas recuperadas por sus trabajadoras y trabajadores. “Estamos hablando de 460 fábricas con una problemática similar”, describe Eduardo Murúa, trabajador de IMPA y referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). “Todas las empresas van a tener problemas porque han acumulado deuda en estos dos años. Uno nuevo va a ser imposible, no hay forma de pagarlo. Si no hay una ley que contemple los cortes para las pymes y las recuperadas, vemos que es imposible de pagar”.
Murúa pone un ejemplo: “En el Movimiento hay un frigorífico que pagaba 100 mil pesos de luz: pasó a 800 mil y, ahora, va a tener que pagar 1 millón 300 mil pesos. Y sólo de luz: no estamos hablando de gas ni agua. Y así en todas las empresas: es un aumento cerca del 800%”.
Y, como en el caso de Cooperativa Padilla, acompañado de Gendarmería.
“No puede ser que nos prohíban trabajar”
“En 2016 y 2017 tuvimos una caída violenta de producción”, dice Cruz. “Esa merma se combinó con un elevado monto en la tarifa eléctrica. Con el MNER logramos una entrevista con funcionarios del Ministerio de Energía y se pautó un descuento del 50 por ciento, que nunca terminaron de cumplirlo porque solamente dieron una primera parte. Ahora estamos en una situación complicadísima: desde el Ministerio avisaron que ellos no iban a ser más el interlocutor y que todo pasaba, ahora, al Ministerio de Producción. La consecuencia es que Edenor está amenazando con producir cortes ya que exigen que paguemos la totalidad de la deuda, lo cual no podemos hacer si ni siquiera nos dan la posibilidad de amortizarla”.
La deuda acumulada es de 500 mil pesos. “A eso se suma el nuevo aumento, que también tiene un impacto muy grande. En las reuniones estamos viendo que sólo podemos pagar hasta un 25 por ciento. Estamos en una situación muy desesperante, porque si no pagamos la factura no podemos seguir produciendo. Y, así, vamos a tener que cerrar. Hemos achicado nuestros retiros y, pese a eso, no podemos afrontarlo: es una espada de Damocles en la cabeza”.
¿Cómo impactó el tarifazo en Padilla?
- En octubre de 2015 pagaban 12 mil pesos.
- El primer tarifazo llevó la boleta a 50 mil.
- Ahora esperan una suba a 250 mil.
Cruz: “Es imposible. Seguimos produciendo a bajo ritmo, hemos podido sobrevivir a la desgracia que han tenido una enorme cantidad de emprendimientos similares. No podemos trasladar a los costos ni aumentar el precio del material porque quedaríamos fuera del mercado. Y tampoco vamos a permitir los cortes. Vamos a resistir. No puede ser que nos prohíban trabajar. Queremos vivir como hemos vivido hasta hace dos años, con salarios dignos y perspectivas de crecimiento”.
“La situación es catastrófica”
En la cooperativa 19 de Diciembre, metalúrgica autopartista recuperada en 2002, la factura de luz se multiplicó por diez: pasaron de 5 mil a 50 mil pesos. “La situación en San Martín es catastrófica”, dice Gisela Bustos, integrante de la cooperativa que tiene 20 trabajadorxs asociadxs. “Estamos sintiendo la crisis terriblemente, también la contracción de los clientes. En las fábricas hay poco y nada de ruido: esta situación nos pasó en el 2001, después lo vimos en 2008 y 2009, y más allá de algún momento difícil no llegó a los extremos que estamos viendo ahora. Y llega en un momento del año muy particular con una escalada tremenda en la tarifa eléctrica. Hay un cambio en la actitud de los ministerios y del Estado, que ahora dan carta blanca y vía libre a las empresas suministradoras de energía eléctrica para que vengan a aplicar los cortes”.
En junio de 2016, la Justicia dictó una medida cautelar que frenó los tarifazos de agua y luz para la cooperativa. “Es una de las muy pocas empresas que logró una medida de ese tenor, que ordenó retrotraer la tarifa al cuadro anterior y suspender todo corte. Sin embargo, Edenor no cumplió nunca. Pasamos todo un año haciendo pagos que son parciales porque vamos a las oficinas centrales a depositar el monto que nosotros entendemos que se condice con la orden judicial. Pero nos siguen notificando la deuda con la tarifa actual. Niegan la orden judicial: hay un avance incluso contra el sistema republicano que tanto pregonan, porque aquí hay una orden de un juzgado que una sociedad anónima no la cumple”.
Burgos cuestiona que el Poder Ejecutivo no brinda ninguna política pública para defender las fuentes de trabajo y la función social de cada una de las fábricas. “Somos también bachilleratos, bibliotecas, escuelas, pero el Ejecutivo mira para otro lado. Los trabajadores no quieren llevarse a nadie puesto: acá se pelea por trabajar, por vivir con dignidad y somos los primeros en querer ir a pagar. Pero la factura se multiplicó por diez”.
Actitud mezquina
El MNER presentará una carta dirigida al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, para tratar de encontrar una salida a la situación.
“Logramos una mesa de negociación y un acuerdo para pagar el 50 por ciento, pero recibimos un mail en donde se desentendían de todo y comunicaban que pasaba la discusión al Ministerio de Producción”, dice Murúa. “Estamos consensuando una carta entre los trabajadores porque, además de ser una decisión que dijeron por mail, es una actitud mezquina y de violencia absoluta. Y cuando esa violencia se toma desde el Estado contra un grupo específico, adquiere el tono de genocidio. Estamos planteando que con su violencia están empujando a que miles de trabajadores, junto a sus familias, pasen a ser parias en su patria”.
En los próximos días, el MNER evaluará las acciones a tomar.
Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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