A palazos, noventa cartoneros fueron desalojados –literalmente- de Pampa y la vía. Después de intentar cargar infructuosamente las responsabilidades en la justicia contravencional, el Gobierno de la Ciudad admitió que impulsó la medida. Pero el decreto que ordenó expulsar a los cartoneros no fue firmado por un funcionario con potestad para hacerlo. Hoy martes habrá una marcha a la Jefatura de Gobierno para repudiar los hechos y varias organizaciones presentarán una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el policía a cargo del operativo y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Carlos Piccardo.

La imagen se asemejaba demasiado a una fumigación. Un puñado de hombres vestidos con chaquetas verdes, de la empresa AESA, mangueraban con chorros de gran presión los terrenos de Pampa y la vía, donde hasta el viernes pasado 90 cartoneros acampaban en reclamo de la vuelta del Tren Blanco. Mientras tanto, un par de camiones cola de pato –esos que se utilizan para recoger y compactar basura- que pertenecían al Gobierno de la Ciudad hacían puré los cartones que los recién desalojados habían juntado durante días para ganarse unos pesos que les permitan subsistir. Una mujer joven contemplaba la escena llorando desgarrada y asida a una reja. Sólo atinaba a preguntar: “¿Ahora a dónde vamos a ir?” El llanto, desolador, era el colorario de lo que había sucedido minutos antes, cuando casi una centena de policías de la comisaría 33 y de la Guardia de Infantería echaron a palazos a los adultos, niños y abuelos que acampaban –sin metáforas- en Pampa y la vía, frente a los durmientes del Ferrocarril Mitre. No solo hubo golpeados y lastimados, sino también ocho detenidos –entre cartoneros y vecinos solidarios-, acusados de resistencia a la autoridad.
Lo que tardó demasiado en dilucidarse fue a qué autoridad resistían. El Gobierno de la Ciudad arguyó la existencia de una orden judicial para desalojar el predio. Se la adjudicó a Marcela Solano a cargo de la Fiscalía contravencional Nª 3. Solano fue la funcionaria pública que inició una causa –que ahora tramita en la justicia penal- contra la integrante de lavaca Claudia Acuña, a quien acusa de haber pintado el graffiti que denunciaba “el código penal es la coima policial”. También fue la funcionaria que ordenó a la policía hacer trabajo de inteligencia sobre la periodista e identificar a todas las mujeres que ingresaban a su domicilio.
Sin embargo, la fiscalía contravencional general –que suele preferir el perfil bajo- salió por cuanto medio pudo a desmentir la intervención de Solano. Sus voceros se esmeraron en detallar que la fiscal no tenía facultades para desalojar el predio porque no había allí actividades lucrativas y que sólo había recibido una denuncia de vecinos de Belgrano, realizada en la comisaría 33ª. En la presentación acusaban a los cartoneros de una supuesta “ocupación indebida del espacio público, suciedad, presencia de menores, presunto maltrato a los transeúntes y presuntos robos y hurtos”. La fiscal –informaron fuentes oficiales- sólo verificó una contravención por “ensuciar bienes públicos”.
No obstante, en la Defensoría Contravencional General apuestan a que ni siquiera este acta prosper: “No hubo intención de ensuciar, sino que simplemente fue resultado del uso. Lo más probable es que el acta sea desestimada”, conjeturaron ante lavaca.
El acta que la policía blandía a la hora de llevar adelante el operativo, con la primera resolana, no tenía el logo de la Justicia Contravencional sino el del Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos porteño, a cargo de Juan Carlos Piccardo. Pero el documento estaba lleno de irregularidades. No sólo que no cumplía con mínimos aspectos formales, como la fecha en que fue confeccionado, sino que además lo firmaba un jefe de gabinete de asesores, que no tiene rango ni potestad para ordenar un desalojo.
El escrito justificaba la expulsión de los cartoneros argumentando que existían productos inflamables que ponían en riesgo la seguridad de las personas. Después de las desmentidas de la Fiscalía, el ministro Piccardo salió a respaldar públicamente la medida. Y sus laderos lanzaron una curiosa explicación: la culpa de lo que pasó es de los intendentes del conurbano que no desarrollan políticas de inclusión para los cartoneros.
Ante tantas irregularidades en el procedimiento, el defensor general de la Ciudad Mario Kestelboim, realizó un pedido de informes al Jefe de Gobierno Mauricio Macri para que de cuenta de los motivos por los que llevó a cabo el desalojo con la fuerza pública. Los cartoneros, a su vez, presentarán una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Víctor Hugo Fensore, que encabezó el operativo policial. Una de lascuestiones que deberá dilucidar la justicia es quién dio la orden de reprimir a la Policía Federal, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Aníbal Fernández.
Los cartoneros también denunciaron y contra el ministro Piccardo y a su jefe de Gabinete, Rodrigo Simón, uno de los funcionarios que estampó su firma en el decreto administrativo que ordenó el desalojo.
La presentación judicial se realizará este martes 26, minutos antes de la marcha a la que convocaron los cartoneros frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Allí, los cartoneros insistirán en que vuelva a funcionar el Tren Blanco, la formación ferroviaria que estaba especialmente adaptada para que los carros repletos de cartones pudieran ser transportados a los barrios del conurbano.
Los cartoneros habían decidido acampar en Pampa y la vía después de que el 28 de diciembre pasado –sí, el Día de los Inocentes- la empresa TBA levantara ese tren. Desde entonces, la Ciudad colocó una flota de camiones para reemplazar el servicio ferroviario. Pero la nueva modalidad exige a abuelos, adultos, niños y niñas levantar hasta un metro setenta sus carros repletos de cartón, que llegan a pesar 200 kilos. La tarea parece titánica.
Además, los camiones no llegan a todos los barrios. Por ese motivo, algunos cartoneros se ven sometidos a la extorsión de algunos de los dueños de los depósitos que les compran los desechos: ponen a disposición un transporte a cambio de la exclusividad de la venta del material recolectado a un precio vil. Por eso, los cartoneros de Pampa y la vía habían aclarado en una bandera: “No queremos vivir acá, queremos un trabajo digno”.