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El Delta del Paraná, y la realidad en llamas

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Mientras las discusiones de campaña se vuelcan monocordemente a lo que ocurre en la farándula política – de izquierda a derecha- el país vive realidades que expresan los principales desafíos del presente y el futuro. Los incendios actuales en la zona de Las Lechiguanas, Delta del Paraná, como símbolo del modelo económico que deja a las comunidades en medio de las cenizas y la autorganización. Voces y fotos desde el lugar de los hechos, para comprender lo que en verdad está pasando.

Por Francisco Pandolfi

En las costas lindantes al Delta del Paraná la vida parece estar sumergida en un loop de incendios que no cesan. Pasan los días. Pasan las semanas. Pasan los meses. Y no pasa nada, salvo el fuego.

El Delta se extiende a lo largo de 300 km., tiene una superficie aproximada de 17.500 km² que es compartida por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Los focos sobre el territorio insular corresponden a la jurisdicción entrerriana. Allí, las estadísticas ya no sorprenden:

-“Desde el 19 de agosto, en las Islas Lechiguanas se quemaron un total de 18.661 hectáreas. Y en las de Victoria más de 12 mil desde el 25 de agosto, en un foco que sigue prendido”, le dice a lavaca Enrique Sierra, naturalista de San Pedro, mientras convive con el humo. 

-“Sólo en la última semana hubo 2.323 focos de calor, lo que representa el número más alto de 2021”, informan desde el museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás. -La suma en estos ochos meses es de 9253 focos, por lo que este año ya pasó a ser el segundo en cantidad de focos, sólo superado por el apocalipsis ambiental del año pasado.

-“Hasta julio de este año llevaba registradas 151.800 hectáreas quemadas y ayer terminé de relevar las de agosto: 80.350 en todo el Delta del Paraná. Solo en este año llevamos 232.150”, cuenta César Massi, naturalista e integrante de la Red Nacional de Humedales (Renahu).

Algo huele mal

Las Islas Lechiguanas sufrieron en 2020 la quema de casi el 60% de sus 250 mil hectáreas. Se emplazan a pocos kilómetros de las costas bonaerenses de Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás. Hasta allí llegaron las cenizas, en menor o mayor medida.

Evangelina Romano es parte de la organización Unidos por la Vida y el Medioambiente de Ramallo. Hace mucho que huele mal: “Vivimos llenos de humo porque cuando baja la humedad, baja el rocío y ahí es donde más se concentra. Por lo general, los síntomas aparecen en la población mediante la picazón de ojos y garganta. Casi no se puede respirar”. Agrega: “Ya estamos cansados y con mucha impotencia de que nadie resuelva esto de una vez. Al amanecer, en la ruta no se ve nada, el humo invisibiliza todo y hay posibilidad de accidentes continuamente”.

Imágenes del humo en plena ruta de ramallo.

Guadalupe Nava es parte de Conciencia Ecológica de San Pedro y también huele mal: “Se trata de los peores incendios que sufrimos este año y ocho meses; vivimos con todo el cielo tapado durante una semana, respirando humo y la lluvia de cenizas permanente”. Añade: “Mi sensación es que redoblaron la apuesta quienes están interesados en las quemas. Acá en frente se incendiaron casi veinte mil hectáreas en pocos días. Para hacer un comparativo y tomar dimensión, toda la zona urbana de San Pedro ocupa sólo mil”.

El humo de las islas de Victoria viajó a Villa Constitución. De esta localidad al sur de Santa Fe es Edgardo Fontana, cofundador y ex guardaparque de la reserva natural Isla del Sol, hoy tapada por un gris que nada tiene de natural: “Estamos frente a uno de los ecocidios más lamentables que han ocurrido en América Latina, ejecutado por grupos minoritarios de poder que hacen un daño extraordinario a la vida en general. No hay medidas que se tomen y la Justicia parece estar totalmente aletargada así como los sistemas de gobierno que están en una situación de poder inferior frente a los verdaderos dueños de la tierras en el Delta del Paraná”. Amplía: “Actualmente hay focos a lo largo y ancho del horizonte entrerriano desde Santa Fe hasta el sur bonaerense, es un desastre extraordinario. Siento mucha congoja, una tristeza notable por la desaparición de ecosistemas, ver en llamas a nidos, coipos, carpinchos, zorros, al lobito de río, pequeños y maravillosos insectos polinizadores. La destrucción se ha profundizado, sin que se tomen las medidas necesarias desde el poder político. La Ley de Humedales es un ejemplo de la mirada egoísta y cortita de la mayoría de los diputados. Muy pocos están junto al pueblo”.

La Ley que falta

El mes pasado la Multisectorial Humedales impulsó una travesía náutica que desde Rosario navegó 350 kilómetros por el Río Paraná para entregar un petitorio en el Congreso Nacional. Junto a más de 380 organizaciones exigieron el tratamiento, sanción e implementación de la Ley de Humedales, que desde noviembre pasado está paralizada en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. Si no se vota este año, volverá a perder estado parlamentario como en 2016.

Magalí es activista de la Multisectorial Humedales de Rosario: “En la travesía paramos en distintas localidades y en Alsina, por ejemplo, nos contaron que nunca cesan los focos y que ante la falta de respuesta del Estado se organizan grupos de brigadistas para apagarlos”. Complementa: “En la Multi contamos con algunos equipos y ayer varios brigadistas voluntarios fueron a San Nicolás para ayudar a apagar el fuego. Hace unos días pasé por ahí y la cortina de humo era terrible, parecía la bomba de Hiroshima”.

Las 30 mil hectáreas quemadas recientemente equivalen a una ciudad y media de Buenos Aires. Las 80 mil en todo agosto, a cuatro ciudades de Buenos Aires. Kike Sierra y César Massi, dos naturalistas que llevan adelante un trabajo encomiable de relevamiento ante la falta de estadísticas oficiales y rápidas, contextualizan aún más la catástrofe: “El Estado mide poco y mide mal. Sobre el año pasado, estipularon 320 mil hectáreas quemadas, pero sólo lo hicieron hasta septiembre. Esa cifra quedó en el imaginario popular, lo cual es una lástima porque contribuye a subestimar el tema. Sólo el año pasado se incendiaron 683.900 hectáreas y con las de este año ya estamos ya superamos las 900 mil hectáreas en los últimos veinte meses”, retrata Massi. O sea, 45 ciudades de Buenos Aires.

“El Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Ministerio de Ambiente de Nación no dan nunca la cantidad de hectáreas totales. Lo peor de todo es que todavía no se evaluó cuánto se perdió en fauna, en flora y en suelos, porque los suelos se calcinan y grandes incendios como estos los calcinan hasta 10 cm de profundidad. Los registros los hago yo, semana a semana. El Estado no te brinda esa información, porque no la hace”, explica Kike. ¿Por qué no los hace? Argumenta Massi: “La Fundación Ambiente y Recursos Naturales hizo un pedido de informe y desde el Ministerio de Ambiente le respondieron que no tenían recursos para hacer esas mediciones. Lo puedo hacer yo en mi casa, pero el Estado ‘no tiene recursos’. Es espantoso. Los focos de incendios a veces ni se reportan. Hay una falta de información muy grande, no hay datos oficiales fiables. Me tomé el tiempo de hacer este trabajo para que al menos sepamos qué se quemó, porque es muy difícil hacer una política de combate de incendio si no sabés cuánto y dónde se quema”.

Silencio oficial

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 2020 se quemaron 1.106.621 hectáreas. Es decir, un 0,29% de la superficie de Argentina. Para esta cartera, el 95% de los incendios son adrede. Sin embargo, a las condiciones actuales que favorecen la propagación del fuego, como la sequía, la escasez de lluvias y la bajante del río Paraná, se suma la falta de controles estatales y de articulación conjunta. Pese a que desde el 19 de agosto se desataron los nuevos incendios en las Islas Lechiguanas, el ministro Juan Cabandié recién ayer se pronunció en su cuenta de twitter: “Desde @AmbienteNacion estamos presentes, desde el fin de semana, en la zona de las Islas del Paraná, aportando medios aéreos para el combate del fuego. Mientras tanto, nos encontramos a la espera de que la provincia solicite sumar recursos”. Ni Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable; ni Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Ambiente de Diputados; ni José Ruiz Aragón, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, han respondido a los pedidos de entrevista de lavaca

Los humedales tuvieron sus cinco minutos de fama cuando los carpinchos visibilizaron la modificación de su hábitat de 1600 hectáreas en Nordelta. Sobre eso sí, el círculo rojo mediático pasó horas hablando. Mientras, en loop, el otro círculo rojo sigue arrasando con el Delta del Paraná: en lo que va del año se prendió fuego la superficie equivalente a 145 Nordeltas, y miles y miles de carpinchos.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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