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Semillas, corporaciones y un proyecto cuestionado
El Gobierno enviará al Congreso un texto de nueva ley de semillas. Monsanto, los transgénicos, el modelo agropecuario y la advertencia de campesinos y organizaciones sociales. Por Darío Aranda.
El Gobierno enviará al Congreso un texto de nueva ley de semillas. Monsanto, los transgénicos, el modelo agropecuario y la advertencia de campesinos y organizaciones sociales en esta crónica para lavaca.org escrita por Darío Aranda.
El Gobierno anunció hace quince días la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular el cobro de regalías de la empresa Monsanto. Medida consensuada con la Asociación de Semilleros de Argentinas (ASA), que nuclea a las grandes empresas del sector. Pero esta semana explicó que no habrá decreto y, en base al mismo texto, se redactó un proyecto de ley que será enviado al Congreso Nacional. Desde 2012, el Gobierno intenta aprobar una nueva legislación de semillas, muy resistida por organizaciones sociales, campesinas y académicas. “Es un acto más del Gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”, denunciaron una veintena de organizaciones sociales, campesinas y cátedras universitarias.
Monsanto
La Presidenta viajó a Estados Unidos en junio de 2012 a una reunión del Consejo de las Américas, donde se reúne el establishment económico de ese país. Anunció en transmisión en directo la instalación de la mayor planta de maíz transgénico de Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba). “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos”.
Como parte de la misma política, dos meses después, el Ministerio de Agricultura aprobó una nueva soja transgénica de la empresa. Anunciada como una “nueva generación”, llamada “RR2 Intacta”, que es resistente al herbicida glifosato y también sería resistente a insectos.
El 21 de agosto de 2012, la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura tituló con una cita del vicepresidente de Monsanto, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno que ha abierto el diálogo”. La gacetilla oficial hacía propia la publicidad de Monsanto y resaltaba las supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio ambiente”. El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, celebró: “Es un día muy especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja. La biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”.
El Estado no hizo estudios propios para certificar la bondades de la nueva semilla y los expedientes de aprobación son confidenciales.
En paralelo, Monsanto comenzó a firmar contratos con productores para que éstos acepten el pago de “regalías extendidas” por la “tecnología” que llevaría la nueva semilla. Hecho no contemplado por la actual ley de semillas. Implica el pago, luego de la cosecha, de doce dólares por tonelada de soja.
El Gobierno dejó hacer.
El marzo de 2015, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro) emitieron un comunicado en repudio a la actitud de la multinacional. “La empresa Monsanto pretende incluir unilateralmente una cláusula abusiva, arbitraria y compulsiva en los contratos de compra-venta de soja, por la cual los compradores (acopiadores, exportadores, industrias transformadoras) podrían retener un importe en concepto de regalías, alterando reglas, usos y costumbres del comercio de granos”, denuncia el escrito de las entidades rurales más cercanas al agronegocios.
Aclaran que están de acuerdo en el pago de “la tecnología y las mejoras genéticas”, pero consideran que el sistema impulsado por Monsanto es “inaceptable”, violatorio de la Ley de Semillas (20.247) y lo define como “inconsulto, engorroso, inaplicable, incontrolable y podría avanzar sobre los derechos de los productores”.
Ley-Decreto-Ley
En 2012 el Gobierno intentó avanzar con una nueva ley de semillas. Mantuvo reuniones con la poderosa ASA (Asociación Semilleros Argentinos), referentes de la Mesa de Enlace y sectores del agronegocios como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). Nunca se convocó a los movimientos campesinos, organizaciones sociales ni a sectores de la academia críticos al avance empresario sobre el agro.
Federación Agraria filtró uno de los borrador de proyecto de ley y arreciaron las críticas de sectores campesinos y organizaciones sociales. Se la bautizó “ley Monsanto). Incluso desde sectores del mismo Gobierno (el Movimiento Evita) actuaron para frenar el proyecto.
No hubo nueva ley.
El 19 de mayo pasado, en un acto público y con gacetillas oficiales, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, informaron que a la brevedad se firmaría un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que contemplaba el pago de la “tecnología” al momento de comprar la semilla y no post-cosecha (como estipulaba Monsanto en los contratos con productores). También creaba un fondo económico para fomentar la biotecnología “nacional” y un registro para que los pequeños productores puedan continuar con el “uso propio” (utilizar las semillas obtenidas de la cosecha, una práctica tan antigua como la agricultura).
Carlos Casamiquela destacó «el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores», al resaltar que «la modernización del sistema de pago».
Los medios cercanos al Gobierno lo presentaron como una acción para frenar a Monsanto y silenciaron las críticas campesinas. Los diarios que publicitan el agronegocios fueron en la misma línea, pero destacaron que ASA (donde están las grandes semilleras) había dado el visto bueno y que, en definitiva, Monsanto cobraría por su tecnología. La multinacional explicitó su acuerdo con los dichos del Jefe de Gabinete respecto a la promoción de la biotecnología y al reconocimiento de la “propiedad intelectual” de las semillas. Pero adelantó que seguirá adelante con los contratos con productores y el pago de regalías extendidas.
El 23 de mayo, en Clarín Rural (uno de los espacios insignia del agronegocios), el jefe del suplemento, Héctor Huergo, argumentó que la industria semillera “sufre un grave deterioro” por el “uso propio” (utilización de las semillas obtenidas de la cosecha) y afirmó que “Monsanto se inmoló” al introducir su nueva soja (“RR2 Intacta”). Huergo, un gran lobista de las empresas, celebró el anuncio del Gobierno porque “reivindica la importancia del reconocimiento de la propiedad intelectual”. Pero redobló la apuesta: “La pregunta que conviene hacerse es que, tratándose de algo tan trascendente, por qué intentar resolverlo con un DNU en lugar de enviar al Congreso un proyecto de ley”.
El mismo día, pero desde La Nación Campo, el editorialista Cristian Mira fue el mismo sentido: “El conflicto revela la debilidad estructural que tiene el país por no elaborar una ley de semillas que reemplace a una norma que tiene más de 40 años y demostró su caducidad ante la transformación tecnológica. La industria de semillas, para continuar con las inversiones en mejora genética y eventos biotecnológicos, insiste en que necesita un reconocimiento a la propiedad intelectual de sus materiales. Éste es el consenso entre empresas nacionales y las multinacionales”.
El 4 de junio, Aníbal Fernández señaló que no se firmará ningún decreto. Sino que se optó por un proyecto de ley. Un día después, el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, confirmó en el programa de cable Bichos de Campo que se enviará un proyecto al Congreso. Explicó que tendrá el mismo contenido que contemplaba el Decreto de Necesidad y Urgencia, y resaltó que fue “consensuado con todos los actores del sector”.
Delgado, el funcionario de Agricultura más cercano a las empresas transgénicas, remarcó que “las más altas autoridades políticas” determinaron que, con el mismo mismo texto del decreto, se opte por un proyecto de ley. Y señaló que este mes será enviado al Congreso Nacional.
Otro campo
Una veintena de organizaciones nucleadas en la “Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas” emitieron un comunicado. “No se atrevan a tocar nuestras semillas”, es el título y denuncia que el DNU-Proyecto de Ley es “un acto más del gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”.
Entre las organizaciones firmantes figuran la Red Nacional de Acción Ecologista, Asociación Campesina del Valle de Conlara (San Luis), Amigos de la Tierra, Abogados Ambientalistas, GRAIN, Frente Popular Darío Santillán, y las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la Universidad del Comahue y de Luján. Puntualizan que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón de una política que busca la “apropiación de los bienes comunes de la naturaleza” y cuestionan que un derecho básico (el uso de semillas de la cosecha anterior) se intente legislar como si fuera un privilegio de unos pocos.
“Estos ‘eventos biotecnológicos’ sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura”, denuncian y desmienten que, para el DNU o el proyecto de ley, haya habido “consenso” (como argumentó el Gobierno): “Es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones”.
Exigen la apertura de un debate amplio y público, en el que se privilegien los intereses de la población por sobre el de las corporaciones, rechazan los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, y proponen el fomento de semillas nativas y criollas como base de la soberanía alimentaria.
También sentaron postura, en comunicados por separado, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). “La disputa es función social o su subordinación al capital financiero transnacional”, tituló el MNCI. Cuestionó que no se debata sobre la naturaleza y la función de las semillas, alertó que “subordinar la agricultura a la tecnología de las corporaciones no es solo grave para los sectores populares, sino que condiciona a todos los actores de la producción agropecuaria” y denunció que “ceder a la presión de las corporaciones y aceptar la propiedad intelectual sobre semillas es retroceder en soberanía”.
Reivindicó que el uso propio de semillas es un “derecho inalienable” para los campesinos, indígenas y agricultores familiares; y para ejercerlo “no necesitamos estar en ningún tipo de registro, ni ser tratados como excepciones a ninguna normativa”.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT, en el Frente Popular Darío Santillán) rechazó la posibilidad de un decreto o ley a medida de Monsanto y recordó que el Gobierno dejó sin presupuesto a la agricultura familiar (a fines de 2014 había comprometido 1500 millones anuales pero no fueron asignados). “El Agronegocio puede convivir con algunos subsidios y acciones simbólicas hacia la agricultura familiar y campesina. Pero nosotros discutimos y proponemos un modelo distinto de producción agropecuaria, tecnología, producción y transmisión de conocimiento, utilización y relación con los bienes naturales, trabajo rural, comercialización, distribución y consumo. Un modelo de soberanía popular”.
José Luis Livolti, del Movimiento Campesino Liberación, afirmó que el DNU o el proyecto de ley son la forma de reconocer la propiedad intelectual de grandes empresas sobre las semillas. “Monsanto está agradecida”, denunció. Y exigió una convocatoria amplia, “un debate nacional con todos los actores” sobre dos temas: una ley que proteja las semillas originarias y criollas, y una “nueva institucionalidad” que ponga en manos del Estado la comercialización externa de granos y carnes, pilar de un modelo agropecuario base a la agricultura familiar y la soberanía alimentaria.
El modelo
La soja abarcaba seis millones de hectáreas en 1996, cuando Felipe Solá (secretario de Agricultura de Carlos Menem) autorizó la primera soja transgénica de Argentina, de la empresa Monsanto, con uso de glifosato. En 2003 ya había 12 millones de hectáreas con el cultivo. En la actualidad llega hasta las 22 millones de hectáreas, el 60 por ciento de la tierra cultivada del país tiene un solo cultivo: soja transgénica.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), impulsado por el Gobierno, fue presentado en 2011 por la Presidenta. Propone aumentar un 60 por ciento la producción granaria (entre otros cultivos, soja y maíz transgénicos), llegar a 2020 con 160 millones de toneladas de granos. Lo que implica, según el mismo PEA, incluir al modelo de agronegocios 11 millones de hectáreas (que hoy están en manos de campesinos e indígenas).
Desde 1996, la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) aprobó 31 eventos transgénicos (maíz, soja y algodón). El 77 por ciento de ellos (24) tuvieron luz verde durante el kirchnerismo. Las empresas favorecidas fueron Monsanto (12 semillas transgénicas), Syngenta (siete), Pioneer-Dupont (cuatro), Dow Agrosciences (cuatro), Bayer (dos) y Nidera y Basf (una cada empresa). En algunas casos, las semillas aprobadas son compartidas por dos compañías.
El último transgénico aprobado fue la soja de la multinacional Dow Agrosciences. No sólo le permite el uso de glifosato, sino también de los muy cuestionados agroquímicos 2-4D y glufosinato de amonio.
El Gobierno anunció la nueva soja transgénica el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina.
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MU 212: El fin de un mundo

MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.

El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.
POR FRANCISCO PANDOLFI

El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande
Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.
POR FRANCISCO PANDOLFI

A contracorriente: La lucha fueguina frente a la industria salmonera
De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.
POR FRANCISCO PANDOLFI

Agroecología en el principio del mundo: El modelo Panchito
Cultiva alimentos y medicinas en medio de temperaturas extremas, sin venenos y con semillas propias: “Una semilla viva significa una familia sana”, dice el productor agroecológico Francisco Pancho Barria. Cosechas asombrosas, zanahorias de 3 kilos, nabos de 12, acelgas de metro y medio de alto. Cómo volver posible lo inimaginable con ideas simples, ancestrales, trabajo a conciencia y sentimiento. La política para la foto, el lugar de los niños, la idea de agacharse, y los números que muestran que la vida sana es, además, rentable.
FRANCISCO PANDOLFI

La guerra invisible: la Antártida en la mira
Juan Rattenbach recoje el guante de su abuelo, autor del Informe Rattenbach que denunció a las jerarquías militares por los errores y delitos cometidos en Malvinas. El significado hoy, con Gran Bretaña ocupando el 25% de la superficie argentina. La Antártida y el Atlántico Sur en la geopolítica actual. El rol de Estados Unidos y China. El ataque a la industrialización fueguina. Dos cuestiones: ¿Cuál es nuestro centro geográfico? ¿Y cuándo nació el pueblo?
SERGIO CIANCAGLINI

Efecto Trump: Valeria Carbone y su mirada sobre EE.UU.
Es doctora y docente de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos en la UBA y en la UNLP. Integra grupos de trabajo sobre EE.UU. en CLACSO y universidades en Alemania y México, además de coordinar programas de intercambio internacional. Y acaba de dictar un curso sobre el tema en MU. En esta entrevista explica las movidas de Trump intentando sostener un imperio en crisis en medio de una conflictividad que él mismo provoca o acompaña: Irán, China, Israel, petróleo, Ormuz, Venezuela, OTAN, Malvinas, Antártida. Y hasta el caso de Jeffrey Epstein.
POR LUCAS PEDULLA

Decolonizar el presente: Walter Mignolo y el pensamiento decolonial
En medio de conflictos geopolíticos, disputas culturales y crisis del modelo occidental, el pensamiento decolonial nos recuerda una serie de preguntas fundamentales. Aquí, una conversación breve y magistral sobre la esfera pública, la organización social y las formas de acción colectiva vistas desde una perspectiva para ampliar, o retomar, los horizontes propios.
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Tierras raras: Florencia Levy, artista, y su trabajo sobre el litio
Trabaja con instalaciones visuales y materiales que representan y denuncian las distintas formas del extractivismo. Su trabajo sobre el litio es impactante, pero también investigó sobre el fracking en Vaca Muerta, el basurero del mundo en China y la relación entre el cáncer y el agronegocio en Entre Ríos, motivada por su padre oncólogo. Cómo hablar de temas que casi nadie conoce desde un video o una sala de exposiciones, y hacer algo para transformar miradas, sentimientos e ideas.
POR MARÍA DEL CARMEN VARELA
Patagonia rebelde
Crónicas del más acá por Carlos Melone.

Astrolo-guías: Elisa Carricajo y su nuevo libro sobre Tarot
Dramaturga, actriz y directora, plantea al Tarot como un objeto “popero” e invita a jugar y llenar de sentido ese lenguaje. Un modo de recuperar la espiritualidad capturada por el mercado, para sentir, entender y actuar en tiempos espantosos. Lo individual y lo comunitario. Los fantasmas y cómo imaginar un mundo mejor. Un libro que es un oasis y una invitación a re-pensar el arte y lo político, tirando las cartas.
POR FRANCO CIANCAGLINI
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Capítulo II: Crónica de un industricidio

Río Grande, Tierra del Fuego: ee 16.000 obreras y obreros, la zona fabril pasó a tener 6.400. ¿Qué propuestas y actitudes surgen frente a eso? Estuvimos en el polo industrial, con trabajadores organizados que resisten al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción. La política económica que golpea a tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Las prouestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.
Por Francisco Pandolfi Fotos: Juan Valeiro
(Enviados especiales a Tierra del Fuego)
No es lo gris, lo intensamente gris, lo que choca. Ni el viento, el ventoso viento, lo que entumece. Ni el silencio, el ensordecedor silencio, lo que aturde.
Lo que paraliza en el Parque Industrial de Río Grande, la ciudad más poblada de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es esto:
De las 11 fábricas textiles que había, cerraron 6.
Una de las sobrevivientes ya despidió a 50 trabajadores y suspendió a fines de febrero al resto de su personal (80) por tres meses.
De 1.200 trabajadores textiles hoy quedan 350.
Desde 2024 se perdieron más de 2.000 puestos en la industria metalúrgica.
140 trabajadores tomaron la fábrica de acondicionadores Aires del Sur, cuyos dueños presentaron la quiebra.
Hay empresas que ya no hacen contratos anuales, ni semestrales, ni mensuales ni quincenales: los hacen semanales o hasta diarios.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, informó que en la ciudad (99 mil habitantes) se perdieron más de 10 mil empleos.
Los dos grupos principales en la provincia son Mirgor, de la familia Caputo, y Newsan, de Rubén Cherñajovsky. Mirgor suspendió a 500 trabajadores de sus fábricas. Newsan despidió a 150.
Es esto (y más) lo que pasa desde que asumió Javier Milei la presidencia de la Nación.
El fin de la metáfora
Las telas que se usaban en la textil Blanco Nieve para fabricar sábanas, acolchados y como materia prima para las camisetas de la Selección Argentina, Boca, River y otros clubes, ahora cuelgan del lado de afuera, atadas al alambrado, ajadas, agujereadas, grafiteadas:
–Diego, nos dejaste en la calle sin pagar un peso, sinvergüenza.
–Queremos nuestro 100 por ciento de indemnización, Diego Russo.
–Pagá lo que debés, chanta.
Desde agosto de 2025 que no les pagaban el sueldo, pero ninguno de los 35 trabajadores imaginó que aquella mañana del 31 de octubre se encontrarían con la puerta cerrada, para siempre. Hoy, para subsistir, continúan vendiendo los productos que quedaron en ese cascarón de hormigón, vacío y desangelado.
En este Parque Industrial, el cierre de fábricas se ve así:
Paredes descascaradas, sin alma.
Banderas argentinas sucias colgadas en ventanas igual de sucias por donde nadie mira.
Pasto crecido, descuidado, en las puertas de lo que ya no es.
Carteles despintados con los nombres de las exfábricas.
Carteles coloridos, impolutos, de la inmobiliaria que vende edificios abandonados: “Remax – Fin del Mundo”.
No hay metáfora.
Despidos diarios
Germán Resquín tiene 40 años y trabajó 12 en la textil Barpla, hasta que cerró en octubre de 2024. Acompaña a MU en una recorrida a este pulpo de cemento amputado. En la puerta de lo que fue su lugar en el mundo, dice: “Todos los días hay despidos. Hay fábricas que te hacen contrato por jornada, hoy trabajás y mañana no sabés. No tiene sentido lo que está pasando en la provincia. Y pasa en todos los sectores. Quedarán 40 fábricas abiertas, cerca de 20 ya cerraron en el proceso 2015-2019 y en los últimos dos años de Milei”.
El Parque Industrial de Río Grande empezó a desarrollarse a partir de la sanción de la Ley Nacional 19.640 de promoción industrial, en 1972, con exenciones fiscales y aduaneras para las empresas, con el objetivo de poblar la isla. Se convirtió en un polo electrónico, que se diversificó en automotrices y autopartes, textil, transporte y logística, plástico y hasta una fábrica de escobas.
Ahora, detrás de Germán lo que queda del cartel de Barpla está teñido de un gris muerto. Era la tercera textil importadora de Argentina y abastecía de materia prima al resto del sector. Era una fábrica modelo en impermeabilización en seco. Era: de la noche a la mañana –literal–, 46 desempleados (más otros 35 contratos indirectos) indemnizados al 40%. “Presentamos un proyecto para hacerlo cooperativa, pero el gobierno nacional que debe habilitarnos no respondió. Es evidente que no buscan una solución”.
Causas y consecuencias
Las enormes siglas rojas TRG (Textil Río Grande) serían lo más imponente de esa fachada si no fuera porque debajo un grafiti de letras negras ayuda a entender: “50 familias en la calle”.
Rodrigo Cárcamo es el Secretario General del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) de Tierra del Fuego, provincia donde vive desde bebé. Ahora tiene 51, de los cuales 26 trabajó en Fabrisur hasta que cerró el año pasado, pese a proveerle la tela a un gigante como Adidas. Él y otras 123 personas quedaron sin empleo.
Textil Río Grande, Teo Grande, Barpla, Fabrisur, Cordonsed y Blanco Nieve son las seis textiles que dejaron de producir desde diciembre de 2023, de las 11 que había en el Parque Industrial. “Teníamos 1.200 empleos directos en el sector y 1500 indirectos. Hoy no llegamos a 350, perdimos casi el 70%”. El panorama de las restantes tampoco es alentador. Sueño Fueguino suspendió a todos sus trabajadores por tres meses. Australtex tenía 300 y hoy son menos de 200. “Las cuatro activas –Hilandería Fueguina, Badisur, Armavir y Australtex– subsisten con menos del 30% de la productividad, todas habiendo echado o suspendido gente”.
Los causales hacen un combo inviable: apertura de importaciones, quita de beneficios fiscales a empresas del sector –excluyéndolas del régimen de promoción industrial– caída del consumo y suba de impuestos. “Con el gobierno de Alberto Fernández también tuvimos problemas, porque al sector textil nos excluyó de los beneficios. Con muchos reclamos acá y en Buenos Aires pudimos revertirlo, hasta que ganó este muchacho y destruyó todo. Ahora será peor con la reforma laboral, que de modernización ni una coma. La situación no tiene retorno porque este gobierno no va a cambiar. En todo el mundo se protege a la industria menos acá, donde hasta el mismo Ministro de Economía la critica”. Para pruebas, un botón (una frase reciente de Luis Caputo directo al corazón del rubro textil): “Nunca compré ropa en Argentina”.
El holding Caputo, a través de la empresa Mirgor, es el más poderoso en el polo fabril. Le siguen BGH, Carrier y el grupo Radio Victoria. Si en el gobierno de Milei las fábricas cierran –de golpe o lentamente–, en el de Mauricio Macri el proceso fue tipo Pac-Man. “Mirgor fue absorbiendo empresas más chicas, como Brightstar y Famar y así se fue agrandando. Vaya coincidencia con las políticas actuales, ¿no?”.
Cárcamo deja los números y los nombres y se pone el traje de cronista para describir a ese Parque Industrial que era y ya no es. A ese Río Grande que era y tampoco es. Habla de tristeza, de una profunda tristeza. De que no se podía circular por la cantidad de camiones y de colectivos que llevaban y traían gente, de fábricas que laburaban las 24 horas, de los cambios de turno como cosa del pasado, de una capacidad tecnológica de primera y ahora paralizada, igual que un montón de proyectos de vida. De trabajadores que se compraban su primer auto, la casa propia, que podían mandar a sus hijos a estudiar “al norte” –al continente–.
Dice que empezaron a ver lo que antes no: asaltos a kioscos con armas blancas; robos en supermercados de carne y pan; mayor demanda de bolsones de comida. Que hay 700 chicos sin vacantes en escuelas públicas, de los cuales 400 emigraron de privadas porque sus familias no pueden pagarlas. Que esto derrama hacia abajo, al comercio, al que tiene un localcito, al remisero.
Daniel Rivarola, representante del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, suma la pérdida de empleos registrados en los negocios durante la era Milei:
2024: 383 trabajadores menos.
2025: 134 trabajadores menos.
En lo que va de 2026 (hasta el cierre de esta edición): 29 trabajadores menos.
Rodrigo hace un balance general: “Todas son señales de que la gente la está pasando mal y hay una sola explicación: el contexto económico. ¿Cómo podría ser distinto si la industria electrónica pasó de 18 mil personas en su mejor momento a menos de 4 mil?”.
Ocupar la desocupación
La hemorragia en el sector electrónico se nota donde se mire y con quien se hable, aunque el proceso de desintegración no solo habla en tiempo presente. “En el macrismo cerraron 10 establecimientos metalúrgicos en Río Grande”, dice Oscar Martínez, secretario general de la UOM. Con Milei se agudizó la crisis por la apertura de importaciones y el decreto 333/25 que estableció la baja progresiva de aranceles a la importación de celulares, hasta su eliminación total en enero de este año. ¿Las consecuencias? Licencias, incertidumbre laboral y una primera víctima: Telecomunicaciones Fueguinas apagó la última máquina en las últimas horas de 2025. Fabricaba celulares. 50 personas desocupadas.
En mayo del año pasado el movimiento obrero local realizó una movilización masiva para frenar una sangría que continúa: “Todas las metalúrgicas –agrega Martínez– redujeron sus líneas de producción. Hay una diferencia del 30% interanual en la caída”. Pablo Ibañez, también delegado de la UOM, suma un dato: “Tenemos casi 2.300 puestos menos en la provincia comparado a 2024”.
Digital Fueguina es una mole de cemento que fabricaba para Garbarino, tan enorme como abandonada, con basura acumulada en la puerta que no deja dudas de su desenlace: 245 laburantes afuera en 2021. Lo único que vive en la vereda son unas margaritas y un cartel colgado por los trabajadores, que siguen reclamando cinco años después: “Fuerza, solidaridad y lucha sin tregua”.
En frente de Digital Fueguina, la fábrica Visteon, cerrada desde 2016. Al lado de Digital Fueguina, la empresa de acondicionadores Aires del Sur, tomada desde el 23 de febrero de este año por sus 140 trabajadores. No cobraban desde enero y el director, Roberto Ángel Ceretti, no les respondía. Tras la conciliación obligatoria dictada, Ceretti apareció: presentó la quiebra.
Aires del Sur elabora acondicionadores de las marcas Electra y Federer. Nació en 2008 y está concursada desde 2019, cuando el macrismo la hizo tambalear. “En 2023 volvieron las suspensiones ni bien asumió Milei, con quita de sueldo y de aportes”, cuenta Maximiliano Uriona, uno de los delegados. Otro de los representantes se llama José López y es el más conmocionado: “Vamos a seguir aguantando pese a la bronca: a dos compañeros ya los desalojaron porque no pudieron pagar el alquiler, quienes tenían hijos estudiando en el norte, debieron pedirles que vuelvan; a otro se le murió la mamá y no pudo viajar a su provincia para despedirla. Es todo muy triste”.
La UOM de Río Grande solicitó a la Legislatura provincial la expropiación del edificio, para que la administración pase al Estado provincial y posteriormente sea transferida a los trabajadores. José cuenta que pese a la angustia tiene fe en que la respuesta sea favorable. “Estamos dejando un precedente en la provincia para toda la lucha que vendrá. Vamos a seguir poniéndole el cuero”.

Trabajar vs. despoblar
De los 140 trabajadores de Aires del Sur, 110 son afiliados a la UOM y los 30 restantes a ASIMRA (Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica) de Tierra del Fuego. Uno de los delegados, Leandro Le Bot, habla en la toma con una energía que contagia: “Nos vamos a quedar hasta recuperar el trabajo. Tenemos una familia atrás y no nos vamos a mover. Esto recién arranca”.
Javier Escobar es el secretario general de ASIMRA. A las políticas de Milei, le pone cifras: “Éramos 16 mil obreros en la provincia y hoy somos 6.400. Éramos 800 supervisores, hoy somos 380: nos redujeron el 60%. Estos tipos van directo al hueso, determinados a cerrar la industria en Tierra del Fuego”.
Tiene 44 años y es empleado de Brightstar, del grupo Mirgor, holding de los Caputo que elabora aires acondicionados, celulares, televisores y autopartes para Ford y Toyota. “Mirgor se convirtió en la empresa más grande, una bestia que creció por el lobby, los contactos y los dos gobiernos de ultraderecha”.
Hasta que Macri sacó en 2019 los aranceles a la importación de computadoras (lo mismo que hace ahora Milei con los celulares), la fábrica que supervisa tenía 2.300 trabajadores. Hoy son apenas 400. A Javier le cambia la voz cuando cuenta la tristeza de volver a ver a personas vendiendo frutas, tortillas “o lo que sea” en los semáforos, con un clima tan duro como el de Tierra del Fuego. “Esto no lo veíamos hace tiempo. Muchos están pensando en irse porque no da para más. Me da una bronca terrible, porque están logrando su objetivo de vaciar la isla. Estamos en un momento extremo”.
Todos los supervisores de la provincia nucleados en ASIMRA decidieron donar una hora de trabajo a sus pares de Aires del Sur que no cobran desde enero y mantienen la toma. Juntaron 7 millones de pesos destinados al fondo común. Paso siguiente: hacer un gran bingo provincial para apoyar la resistencia, en una isla que no da respiro económica ni climáticamente.
“Se está recuperando una unidad, desde abajo, ese sentimiento soberano de hermandad y que no se produce solo por el empleo”, cree Javier, representante de los supervisores, y trae una lucecita desde la calle oscura, desde las fábricas apagadas o trabajando a media máquina (en el mejor de los casos).
Dice que los golpes a la industria no van a parar y que solo hay una salida a este laberinto, que sintetiza en una palabra:
“Trabajar”.
Hace un silencio –que no aturde ni paraliza– y completa: “Trabajar fuerte con las bases para concientizar que esto no puede volver a ocurrir. Tenemos que hacer mucha autocrítica, desde quienes simulan ser sindicalistas hasta el pan y circo de la mayoría de la clase política. Y necesitamos un cambio generacional. Si no, la dirigencia será cómplice de que esta ultra derecha nos siga llevando puestos”.
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Documental a un año de la represión del 12 de marzo
Imagen sobreviviente: el fotógrafo, el hincha y la jubilada

El 12 de marzo de 2025, hinchadas de fútbol se autoconvocaron para acompañar la marcha de jubilados y jubiladas. Ese día la violencia desplegada por Patricia Bullrich hirió gravemente a Pablo Grillo, Beatriz Blanco y Jonathan Navarro. Este corto documental de Cooperativa Lavaca vuelve a esa jornada y a una imagen de solidaridad que sigue sobreviviendo.

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