La Defensora del Pueblo de la Ciudad Alicia Pierini denunció penalmente a la Comisaría 33º por la represión absurda a familias de cartoneros que se habían instalado en Pampa y la vía desde que el 28 de diciembre les quitaron el Tren Blanco. Detalles sobre el negocio, los silencios judiciales, y lo que pasa cuando hasta el mercado de la basura tiene más lógica que los funcionarios de la “nueva política”.

El relato hace equilibrio entre la formalidad de texto dictado en oficina pública, y la tomografía de las entrañas de una época. Se trata de un cartonero refiriéndose a la represión policial en Pampa y la vía, ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

• – “La gente comenzó a ponerse nerviosa por la situación, estaban siendo rodeados por el lado de las vías por personal de policía ferroviaria. La gente les pedía que no tocaran a los chicos. Mientras tanto el personal policial comenzó a ponerse los chalecos anaranjados y a formarse en fila, mientras otros que tenían escudos y bastones largos hacían lo mismo.
• – “A medida que el personal policial avanzaba hacia donde se encontraba la gente, esta comenzó a gritar debido a que el personal policial de sexo masculino había comenzado a pegarle a la gente que se encontraba rodeada, en un momento dado el personal uniformado tomó de los pelos a la señora Lucía Cristina Vitellio y a medida que la llevaban entre cuatro uniformados, le pegaban con los puños.
• – “Como la gente vió lo que sucedió con Vitellio la gente se enfureció y comenzó un enfrentamiento. A medida que se sucedían los hechos, el personal con chalecos anaranjados y el personal de infantería los rodeaban de tal forma que los iban separando en grupos.
• -“Una vez que los encerraron un policía se abalanzó sobre el dicente, tirándolo al piso, a pesar de que el dicente le pedía por favor que no le hiciera daño debido a que tiene artrosis en la espina dorsal, lo agarraron entre cuatro policías y lo llevaron a una camioneta, agrediéndolo con palabras y en forma física.
• ”Una vez dentro de la camioneta pudo observar desde la misma la brutalidad con que el personal policial maltrataba a la gente que estaba en el lugar, entre los que también se encontraban vecinos que apoyaban a los cartoneros”.

Así relató Roberto Carlos Rodríguez el modo en que la policía agredió a unas 25 familias indefensas en Pampa y la vía, para cumplir una orden irregularmente emitida por el Gobierno de la Ciudad. El gobierno buscaba desalojar a esas 90 personas, la mayoría mujeres y menores, de un espacio público, y acaso enviar una señal sobre el contenido de lo que sus publicistas llaman “nueva política”. Relatos como el de Roberto ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, llevaron a la titular de ese organismo Alicia Pierini a efectuar una denuncia penal que quedó radicada en el juzgado de Instrucción 49 a cargo del doctor Facundo Cubas.
La conducta y los secuestradores
La denuncia es contra la Comisaría 33º, encabezada por Julio César Federico Fernández, por abuso de la fuerza pública, lesiones, abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público y privaciones ilegítimas de la libertad cometidas por las llamadas fuerzas del orden, el 22 de febrero a partir de las 5 de la mañana.
Hasta el horario parece haberse decidido como un modo de pavimentar la represión. “Nadie se enteró de nada hasta media mañana, cuando prácticamente todo había terminado” dijo a lavaca Alicia Pierini.
El organismo tomó declaraciones, se ocupó de confirmar que el grupo de nueve detenidos quedase en libertad, y comenzó a investigar el origen de la orden de desalojo: “Viendo los noticieros ya se veía que el procedimiento había sido de una violencia inesperada e innecesaria, que violó incluso el Código de Conducta para funcionarios públicos, donde se plantea para estos casos una escala que va de la persuasión, la intimación y muy en último lugar el uso de la violencia”.
La Defensora agrega una observación lapidaria: “Incluso suelen tener más capacidad de persuasión cuando negocian con delincuentes con rehenes que la que tuvieron ese día, cuando no acataron ninguna de las normas que normalmente se deberían tomar en cuenta en una institución democrática”.
¿Qué se le quita a los cartoneros?
El propio horario revela que las familias que acampaban en Pampa y la vía estaban durmiendo. “Trabajan de noche” abunda Pierini. “La gente estaba durmiendo o levantándose. Trabajan de noche, a las 6 de la mañana dormían con las mujeres y los chicos.
Otra cuestión es la orden emanada del Ministerio de Medio Ambiente y Espacios Públicos, encabezado por Juan Carlos Piccardo. “La orden era incompleta, firmada por un funcionario de cuarta línea, pero al menos terminaron haciéndose cargo de disponer un desalojo administrativo –explica Pierini-. El problema es que la propia orden dice que tenían que estar presente el SAME, que no estuvo, y la Escribanía del Gobierno por los bienes de los desalojados, que tampoco estuvo. Así, les llevaron la ropa, los remedios, los carritos y todo. Como no estuvo el SAME los heridos tuvieron que ir al Pirovano”.
Por la incautación de las pertenencias de los cartoneros, la Defensoría tuvo que abrir otra actuación destinada a recuperar lo que la policía se llevó de un modo que resulta no solo ilegítimo, sino ilegal.
“La orden sólo dice que se dispone el desalojo y que en caso de resistencia se podrá hacer uso de la fuerza pública. Pero el órgano administrativo no le puede dar órdenes a la policía sobre cómo actuar. La forma en que auxilie la policía, ya es asunto de la propia institución”.
La dictadura y Modart
Pierini observa el presente sin perder la memoria: “Nosotros hicimos hincapié en la denuncia sobre que la modalidad que se empleó es digna de otras épocas, sin ninguna consideración sobre que había familias, sin ninguna intimación previa, sin ninguno de los requisitos que se suponen para estos casos”.
-Al hablar de “otras épocas”, ¿en qué está pensando?
-La represión en época de la dictadura, o incluso los tiempos de Alfonsín, siempre me acuerdo de lo de Modart, aquella marcha en el centro reprimida en 1988 (“servicios” y agentes de civil infiltrados en la marcha rompieron negocios justificando así la represión contra manifestantes). Cuando a la policía le das luz verde, hacen lo que quieren. Hay que tenerla con la soga corta.
-Pero en este caso, no funcionó la soga sino el semáforo. ¿el responsable no es el poder político?
– Y los jueces de instrucción penal, ellos son en última instancia los garantes de hacer cumplir las leyes. Y en estos casos de abusos policiales no lo hacen seguido.
-¿Tendrían que actuar de oficio?
-Los fiscales sí. Pero no está muy de moda.
El contexto
Otro debate es que la policía depende del Ministerio del Interior nacional: “Pero yo no cargo culpas hacia arriba, porque el comisario tuvo dominio del hecho. Si le dieron luz verde o una orden de arriba, que lo diga, y si no que se haga cargo. Para eso hay que hacer la investigación de este caso”.
Sobre la propia situación de los cartoneros, Pierini cree que hay que considerar que el campamento en el espacio público puede ser comprensible, pero no es legal. “Ellos no tienen el derecho de hacer eso, pero tampoco la represión es el modo de sacarlos, habida cuenta de que hay un contexto que explica por qué estaban allí. Les habían cortado el tren blanco y no tenían otro lugar en el cual estar. La conducta que tuvieron no es legal, pero es perdonable, en lenguaje jurídico es exculpable.
La actual Defensora fue una de las legisladoras que votó la Ley 992 de la Ciudad, que buscaba dar un encuadre legal al tema de los cartoneros. No ahorra una mirada crítica: “La ley estaba bien, le da carácter de trabajador al reciclador urbano, busca incorporarlo al sistema de la ciudad y ordena una serie de medidas. Pero quedó en palabras. Como tantas cosas: proyectos bárbaros, pero sin gestión real en la práctica. Con lo cual una buena ley termina siendo otra frustración y una responsabilidad que todos compartimos, donde las cosas se desmadran, y donde la consecuencia de todo este desastre la paga el eslabón más débil, los pobres. Que además en este caso es gente totalmente pacífica que lo único que quiere es poder trabajar”.
Pierini también rechaza algunos argumentos según los cuales existía un supuesto peligro público, por la supuesta existencia de una supuesta camioneta supuestamente rociada con nafta en esa zona donde había cartones… (cuando los funcionarios se ponen creativos, pueden llegar a exhibir argumentos lisérgicos). “De nada de todo eso hay constancia alguna”.
-¿Cuál es la sensación que le queda de todo este episodio?
-Nosotros tenemos una mirada global. Esta manera de actuar de la 33º fue opuesta a otra comisaría que ese mismo día desalojó 220 familias en Bolivar al 400. Se negoció, se las reubicó, se les dieron elementos, y no hubo un solo incidente. Quiere decir que cuando quieren hacer las cosas bien, algunos lo hacen y otros no. Me cuesta generalizar. Hay momentos en que percibimos mucha violencia, y en otros no. Depende también del señor que ejerce la fuerza pública. Además, no parece claro el programa de la Ciudad, que no engarza con la realidad de los cartoneros.
Viva la pepa, o el cementerio
Alicia Pierini interpreta que el tema del espacio público oscila en el desequilibrio. “Cuando hay un viva la pepa, y cualquiera cree que puede hacer lo que quiere, aparece la reacción contraria que busca el orden de los cementerios”.
El otro desequilibrio es el que ocurre, cree la Defensora, entre los programas oficiales y la realidad. “Los cartoneros me explicaron en donde está la brecha, y cómo es el mercado. Hay unos 1.000 cartoneros que trabajan para empresas de la ciudad. Y unos 7.000 que no quieren saber nada de agruparse, agremiarse ni emplearse en blanco, porque les conviene mucho más llenar el carrito. Llegan a ganar el doble. Lo único estructurado es el reparto de las zonas. Vienen con su familia, y venden en provincia porque les dan mejor precio”. Para Pierini son un producto del libre mercado: “Son como cosecheros que juntan y venden al mejor postor. La ciudad quiere regular esto y ahí está el eje del conflicto, porque los muchachos lo ven como pura pérdida. Son liberales y cuentapropistas que no quieren gremio. Ni siquiera aceptan la alternativa que les ofreció la Ciudad de ponerles camiones en lugar del Tren Blanco, porque no quieren quedar subordinados al gremio de camioneros”.
Esa es la realidad, estima Pierini, bastante más consistente que ciertas leyes o miradas utópicas. “Vuelvo a la ley que hicimos: si ese señor tiene que abrir bolsas de basura y ensucia o se lastima, también es porque no dividimos la basura en origen. Si lo hiciéramos, la basura no estaría ahora desparramada por la vereda. Entonces capaz que no hay que bochar el plan de recicle, pero sí mantener la idea de separación en origen” (que los vecinos separen la basura orgánica, los papeles, los vidrios).
Otra alerta de Pierini es contra la discriminación hacia los cartoneros, que en este caso parece haber sido más obra de la policía y los funcionarios porteños que de los vecinos. “Yo noto que en muchos lugares se respeta al cartonero. No sé en Belgrano. Pero se lo respeta porque lo ven trabajar con su grupo familiar. A veces me preguntan por qué no hablo del trabajo infantil, y no lo hago porque esos chicos están con los padres. Es como las familias que cosechan la fruta.
-¿Puede haber un aumento en la tendencia a solucionar los problemas sociales mediante la represión?
-Qué sé yo. Aquí se ha puesto al espacio público como un eje de gestión. Yo espero que no, pero podría haber una tendencia más represiva.