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Cumple un mes en Buenos Aires el Tercer Malón de la Paz y el gobierno crea una comisión investigadora por los abusos en Jujuy

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¿Qué saldo está dejando la movilización de pueblos originarios a la Capital Federal? Llegaron haciendo casi 2.000 kilómetros en contra de la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales en Jujuy, pidiendo la intervención de la provincia y audiencias con la Corte Suprema y el Poder Legislativo, sin éxito. El presidente Alberto Fernández se hizo eco del reclamo, decretando este jueves la formación de una comisión investigadora de los abusos y la violencia institucional en la provincia. La presencia de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Horacio Pietragalla Corti junto al Malón. Lo que está en juego, en perspectiva histórica y alcance nacional: los derechos humanos, los recursos naturales, el derecho a la protesta, al territorio y una vida digna. Los debates sobre la extracción de litio, y la realidad de las comunidades donde se planifica la explotación. Reflexiones y peripecias de pueblos que denuncian la falta de democracia en medio de una dirigencia social y política ocupada en la carrera presidencial.

Por Francisco Pandolfi

1° de agosto – 31 de agosto de 2023.

La realidad argentina se vive frenéticamente. Sin pausas, sin paréntesis, sin punto y aparte para enumerar algunos sucesos de este mes: llega a Buenos Aires el Tercer Malón de la Paz conformado por más de 400 comunidades originarias de Jujuy. Sexto aniversario de la desaparición seguida de muerte, en medio de una represión ilegal, de Santiago Maldonado. Javier Milei es el candidato presidencial más votado en las PASO. Al día siguiente, el ministro de Economía Sergio Massa devalúa el peso un 22%. Comienza el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel en 2017 a manos y fusil del Grupo Albatros, de la Prefectura Naval. Lionel Messi se consagra campeón en los Estados Unidos. La oposición, con la complicidad del oficialismo, da media sanción en Diputados a una nueva ley de alquileres que perjudica aún más al inquilino. El bloque de países emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) anuncia la inclusión de la Argentina a partir de enero de 2024. Matan en Lanús a Morena, 14 años, y a esa conmoción le sigue el crimen del manifestante Facundo Molares Schonfeld, en el Obelisco (y ambos sucesos ya parecen tragados por el olvido). Fallece el fiscal Federico Delgado a los 54 años. El Canal 13 de televisión se burla e intenta ridiculizar a una mujer y un hombre de los pueblos originarios que viajaban en subte (y proponían eliminar prejuicios y planteaban que no era para reírse lo del Malón «porque son cosas que definen el futuro de un país»). El video viralizado mezcló racismo, discriminación, estupidez humana e ignorancia. Se lleva a cabo en múltiples provincias una nueva edición de la Marcha contra el gatillo fácil. El presidente de la Nación Alberto Fernández decreta la creación de la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la provincia de Jujuy.

Entre el arribo al cemento porteño el 1° de agosto, y esta última noticia, publicada este jueves en el Boletín Oficial, hay un mes entero de un país convulsionado, en cuyo centro político se emplazan integrantes de Pueblos Naciones Atacama, Colla, Quechua, Chicha, Humahuaca, Fiscara, Tilián, Ocloya y Guaraní. Nueve naciones de más de 400 comunidades, organizadas en un único bloque denominado Tercer Malón de la Paz. Instaladas en Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema. Nada menor, en tiempos de fragmentaciones, divisiones, grietas, y tantos etcéteras.

Genialidad bananera

El Malón salió el martes 25 de julio desde La Quiaca y otras localidades de Jujuy provenientes de la Puna, de la Quebrada, de las Yungas, de los Valles, con destino a Buenos Aires. En el camino recorrió más de 1800 kilómetros, a micro y a pie, y otras seis provincias: Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba y Santa Fe. La decisión de traspasar las fronteras provinciales llegó después de una serie de reclamos denunciados y desoídos puertas adentro. Dulce, 48 años, malonera del Pueblo Churumata, introduce: “Primero, fue por la reforma inconstitucional que llevó a cabo Gerardo Morales. ¿Por qué es inconstitucional? Porque a los pueblos originarios no se nos consultó su contenido, como fija el convenio internacional de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Pero tiene muchas otras falencias, como no haberle comunicado al resto de la sociedad de qué se trataba hasta muy pocos días antes de la jura; como que había 90 días para discutir la nueva reforma y en menos de tres semanas ya la juraron; como que los políticos que fueron parte de la Convención Constituyente también eran diputados, el mismo gobernador, intendentes, que no renunciaron a sus puestos y ejercieron el doble cargo. Fuimos una genial república bananera, en la que a la noche Morales era gobernador y a la mañanita era constituyente… como si fuera una película de muchos años atrás, donde venía un dictador y hacía lo que quería. Así se vive hoy en Jujuy”.

La reforma exprés y a espaldas del pueblo derivó en manifestaciones que fueron reprimidas por un gobierno provincial que sembró el terror de diversas maneras: fuerzas policiales reprimiendo en motos y camionetas sin patentes; uniformados usando camionetas de empresas privadas para levantar gente (como en el Apagón de Ledesma en 1976, que derivó en el secuestro de más de 400 personas, 55 de las cuales siguen desaparecidas); fuerzas policiales disparando a la cabeza y a los órganos reproductores (al menos cuatro personas perdieron la vista en uno de sus ojos); persecución a periodistas y fotógrafos; amenazas a dirigentes de pueblos originarios, sociales, sindicales y docentes; incendio del auto de dos dirigentes sindicales; allanamientos a viviendas sin orden judicial; detenciones ilegales, y etcétera y etcétera.

Sin esperanza de ser escuchados en su provincia, y con la certeza de ser perseguidos, el Tercer Malón de la Paz consensuó viajar a Buenos Aires e instalarse en la Plaza Lavalle.

Frente a la Corte Suprema de Justicia, los tres reclamos concretos del Tercer Malón de la Paz

1) Que la Corte Suprema se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución.

2) Solicitar al Congreso de la Nación la intervención de Jujuy.

3) Que el Congreso elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

Con el paso de los días, sumaron otro punto, luego de que a decenas de manifestantes les llegaran multas y contravenciones por cifras mayores a los dos millones de pesos:

4) El cese de represión, hostigamiento, persecución, detenciones e imputaciones a dirigentes y autoridades indígenas en Jujuy.

UN MES EN BUENOS AIRES

A Eloy lo abriga un poncho azul holgado, una bufanda con los colores de la whipala y un sombrero con distintivos de dos banderas: la argentina y la que representa a los pueblos originarios. Sintetiza lo pasado en estos 31 días: “Fue un mes con momentos altos y bajos, de mucha preocupación por lo que continúa pasando en Jujuy, con persecuciones e imputaciones. Y acá que en muchos casos no nos atienden, no nos escuchan. Tanto en la Corte Suprema como en la Cámara de Senadores, y parte de los Diputados. El Tercer Malón de la Paz logró una victoria muy grande, que fue la derrota del dictador Morales y su partido político en la provincia de Jujuy (el candidato más votado fue Milei, con el 39.83%, seguido por la fórmula Rodríguez Larreta – Morales que obtuvo el 18.10%). Otros pasos muy grandes fueron el frenar algunos avasallamientos que sufríamos en la provincia, así como romper las barreras mediáticas y atravesar las fronteras a nivel nacional e internacional, a costa de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio”.

Luego de ir al Congreso de la Nación a pedir audiencias con ambas cámaras legislativas, integrantes del Tercer Malón fueron recibidos en cuatro oportunidades por diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. ¿Del resto de los partidos políticos? “Nada”. ¿Del Senado? “Nada”. Cuenta Dulce: “En este mes no hubo voluntad del Congreso en general, ni para la intervención de la provincia ni para la ley de propiedad indígena. Sí tenemos unos cuantos diputados aliados, pero no la mayoría. Presentamos notas, pedimos audiencias con cada legislador, sin importar el partido, para que logren comprender y hagan el bien común, pero no se llega al número que necesitamos”.

Johana Arce tiene la capucha de su campera puesta para resguardarse un poco del frío invernal. Es de las naciones Kolla y Guaraní. Tiene 28 años, es comunicadora social y es parte del medio SISA, cuyo nombre homenajea a Bartolina Sisa, histórica luchadora aymara contra el colonialismo. “En lo comunicacional, con la llegada del Malón vimos cierta repercusión, bastante presencia de medios independientes, alternativos e incluso algunos hegemónicos, pero lamentablemente fue bajando y eso es parte de la indiferencia, la discriminación que se vive día a día, lo que también origina que el Malón haya viajado con demandas precisas y concretas que no fueron respondidas hasta el momento. En este mes, hubo varios hechos violentos en la permanencia pacífica, como la policía hostigando y no permitiendo –por directivas del Gobierno de la Ciudad–, poner carpas pese a las lluvias, a la exposición física y emocional; pero esto tampoco fue contemplado en los medios. En cuanto a las movilizaciones, que ya perdí la cuenta de la cantidad porque fueron un montón, tampoco hubo el acompañamiento necesario”. Profundiza el planteo: “Hay que tener en cuenta que las comunidades tienen su forma de organización asamblearia, todas las voces se van escuchando y así se llevan adelante las decisiones, sobre la marcha; eso muchos medios no lo tienen en cuenta a la hora de acompañar”.

A la imposibilidad de poner carpas, medida que se sostiene, vale aclarar que los primeros días tampoco les permitieron instalar baños químicos. Los días de lluvia, agentes de la Policía porteña no permite que las y los malones se cubran con nylon y plásticos: “Pueden poner las lonas para resguardar las cosas de la lluvia, pero la gente no puede ponerse debajo porque eso sería acampar y no están autorizados”, fue la orden del oficial Pérez. 

Jorge Angulo es coordinador del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki de Jujuy. Vive en Palpalá y es una autoridad indígena de la comunidad kolla Tawa Suyu (“De las cuatro regiones”). Tiene 45 años y lleva puesta una gorra negra con el nombre de su organización, que en quechua significa “Manos trabajadoras” y que lleva la figura de una mujer en el centro: “Estela Silos, referente indigena que falleció hace 8 años. Originaria, militante social, sindical, estudiantil. Ella armó este consejo. Fue una tremenda luchadora que nos dejó el espíritu de que todo se resuelve luchando y organizándonos”, expresa Jorge con voz firme. Comparte su balance de la permanencia frente a Tribunales: “Este mes vino a consolidar un proceso, un mensaje, la voz de que va a haber un cambio. PachaKuti le decimos, que significa el cambio de esta forma de vida, el inicio de un nuevo ciclo. Porque una cosa es el objetivo específico de hacer caer a la reforma y sobre eso hay que seguir buscando estrategias, abrir muchos caminos para lograrlo. Pero lo más fuerte es que el Malón vuelve a instalar la figura de los pueblos originarios como actor político, porque acá hay hermanos y hermanas preparadas, a la altura de cualquier funcionario. Venimos a decir no solamente que estamos resistiendo desde nuestras comunidades, sino también transformando la realidad que nos toca vivir. Que por los desarraigos, hacemos políticas de arraigo; que no solamente frenamos las mineras, sino que pensamos cómo nos desarrollamos. Logramos un objetivo que es ser parte de la agenda, pero no como indios pobres, sino como actores que queremos discutir la forma en que cambiamos esta situación.  Cada gestión de gobierno nos ha ido relegando de nuestra función política; en el mejor de los casos solucionando las urgencias y emergencias, pero nada más. Y el Malón vino a poner un freno a eso. Este es el gran triunfo”.

Néstor Jerez es cacique del pueblo ocloya y uno de los voceros designados. Tiene pelo largo, sujetado por un trarilonco negro y blanco. El trarilonco es una cinta que rodea la cabeza a la altura de la frente, como vínculo con los antepasados. Su diagnóstico hasta el momento: “Hay muchos logros que quedan en segundo plano porque lo principal que necesitamos es la nulidad de la reforma y la intervención federal en la provincia. Pero el Malón ha triunfado porque ya es noticia mundial; porque la derrota de Morales en las PASO demuestra el poder originario en Jujuy; porque saliendo del territorio nacionalizamos el problema; porque hay un reconocimiento desde los diferentes movimientos sociales y sindicales al Malón como un actor político; porque realmente estamos demostrando otra forma de llevar adelante la política, donde todo es circular, donde las decisiones se toman en una asamblea, donde realmente el dirigente, la autoridad elegida, tiene que ejecutar lo que dice la asamblea y no al revés. Y también hemos triunfado porque seguimos poniendo en evidencia que la discusión pasa por dos modelos de vida totalmente diferentes y opuestos, como es el que venimos pregonando en los pueblos milenarios basado en el ‘buen vivir’ y el otro que está reflejado en la reforma de la Constitución que implica la continuidad del genocidio y que el gobierno se apropie de los territorios, de las tierras fiscales, el agua, los recursos naturales, la biodiversidad, la genética y prohíbe al pueblo jujeño a expresar su derecho; o sea, una dictadura y volver a la esclavitud”. Casi sin pausa, agrega: “Queremos creer que en Argentina hay Estado de derecho a pesar de que hasta ahora, los jueces de la Corte Suprema no respondieron a nuestro pedido de audiencia desde el primero de agosto, pese a que el procurador General de la Nación ya dijo que le corresponde a la Corte convocar a una audiencia pública”.

Cumple un mes en Buenos Aires el Tercer Malón de la Paz y el gobierno crea una comisión investigadora por los abusos en Jujuy
Postal de uno de los momentos más críticos: tres representantes se encadenaron al edificio de Tribunales, en reclamo que la Corte Suprema los atienda. Aún no sucedió.

En todo el mes, día tras días, el Malón se acercó a la puerta de Tribunales y la respuesta fue el silencio, la puerta cerrada, el vallado. Pidieron audiencia, y no les contestaron. Desde el Servicio de Paz y Justicia (SerPaJ) presidido por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también solicitaron audiencia, y no le contestaron. En los primeros días de agosto, Ricardo Lorenzetti, uno de los jueces de la Corte, había prometido recibirlos. Les dijeron que podrían pasar 10 maloneros. Luego 5. Luego 3. Luego 1. Entró Néstor Jeréz, pero sólo le permitieron llegar hasta la mesa de entrada. Le pidieron que deje un número de teléfono y que lo “llamarían”. 

Les mintieron.

Y entonces, durante más de 50 horas cuatro maloneros realizaron una huelga total, de comida y de bebida, para exteriorizar la bronca. Y tres de ellos se encadenaron en las escalinatas de la puerta de entrada a la Corte. 

Tampoco los recibieron. Ni se comunicaron.

La mentira y el ninguneo tienen nombre y apellido: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti.

Dulce está tomando unos mates para calentarse de una tarde fría, en la que el sol se empieza a despedir, muy lentamente. Hay un paralelismo con las respuestas obtenidas: “Pensamos que íbamos a tener avances con mucha anterioridad y la cuestión se está poniendo lenta, pero los hermanos estamos dispuestos a quedarnos, a luchar como el primer día; estamos pendientes para volver a hacer una huelga de hambre si es necesario. El decreto firmado por el presidente para conformar una comisión investigadora está bueno, pero no es la baja de la reforma ni la intervención de la provincia. Es algo, sí, aunque nuestro objetivo no está cumplido”. Añade: “No es lo que vinimos a buscar, pero esperemos que con este DNU gran parte de los hermanos pueda regresar a sus hogares porque muchos viven de su siembra, de sus animales. Por ejemplo, ya estamos fuera de la siembra de papa y de maíz; o sea, en enero y en febrero no van a tener ningún ingreso económico, no va a haber qué cosechar; y ya en septiembre entran a reproducirse los animales, si ellos siguen acá, en enero y febrero no va a haber animales. ¿Se entiende cómo nos estamos jugando todo quienes permanecemos acá?

LA COMISIÓN INVESTIGADORA

La permanencia del reclamo, en Jujuy y en Buenos Aires, la consistencia de lo que exigen, una mesa de diálogo con la Secretaría de Derechos Humanos y con el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), junto al acompañamiento del SerPaJ, de muchas organizaciones indígenas, sociales y sindicales, derivaron en que el viernes 18 de agosto los recibiera en Olivos el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. De esa reunión se consensuó el compromiso de crear la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la provincia de Jujuy, que dependerá de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El decreto que confirma su creación se publicó ayer en el Boletín Oficial. La Comisión, ya en vigencia, cuenta con un plazo de hasta sesenta días corridos para elevar el informe y tendrá como los siguientes objetivos:

–“Receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional de la provincia de Jujuy”. 

–“Recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos (ACNUDH), relativas a la actuación de la fuerza policial provincial durante las protestas llevadas a cabo por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos en la provincia de Jujuy”. 

–“Elaborar un Informe para el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos”.

El decreto establece que la comisión estará integrada por un mínimo de cinco y un máximo de siete representantes, en carácter «ad – honorem». Asegura la norma: “Será coordinada por el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y estará compuesta además por la titular de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos y por expertos de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, quienes serán designados por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos”.

“Esta comisión es un paso importante, porque de ella participarán organismos nacionales e internacionales como la OIT, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de distintas áreas del gobierno nacional. Pero este paso no quiere decir que terminamos acá y nos volvemos a casa. Vamos a continuar esta lucha, será un proceso largo”, explica Eloy.

Nimia es una joven malonera de Susques, que representa a una franja etaria que se está levantando: “Este decreto lo ganó el Tercer Malón de la Paz poniendo el cuerpo todo el día, todos los días, luego de casi tres meses ausentes de nuestras casas, lejos de la familia, de no compartir un almuerzo ellos. Es un avance importante para demostrar que Gerardo Morales violó todos los derechos; con esto ganamos más fuerza para seguir luchando y volver a tener tranquilidad en nuestro territorio”.

Cumple un mes en Buenos Aires el Tercer Malón de la Paz y el gobierno crea una comisión investigadora por los abusos en Jujuy

Suma Néstor Jerez: “Esta comisión tiene que generar insumo que sirva para lograr el punto 4 de nuestro reclamo, y que cese la violencia institucional y la violación de los derechos humanos en Jujuy, y a su vez, el informe irá al Congreso y a la Corte Suprema como otro fundamento más para la intervención de la provincia y la derogación de la reforma”.

Dulce es menos optimista. “Está bueno lo que firmó el presidente, pero no vinimos a eso. De hecho, podríamos haber ido a cada ministerio, a pedir una cosa, a pedir otra cosa, pero no es el objetivo del Malón, que es bajar la reforma. No hay conquista intermedia para nosotros”.

 –¿Tenés esperanza de que a partir de esta comisión investigadora se derogue la reforma?

–No. Lo que espero es que, una vez que se salga a la luz la investigación de esta comisión, se plante un nuevo jujeñazo y ahí sí se baje la reforma. El poder político actual siempre tiene algún convenio, siempre tiene algún negocio, siempre se deben favores, entonces no va a caer la reforma. Sí creo que cuando se muestre todo lo que pasó en Jujuy, el maltrato, los golpes, las heridas, las persecuciones, y el pueblo en general se entere de lo ocurrido en su totalidad, se levantará nuevamente. Decretos tenemos un montón, leyes también, pero sólo el pueblo podrá lograr bajar la reforma y eso es levantándose de nuevo. Venimos de tantas generaciones buscando liberarnos de los nuevos Estados que están sobre nuestro territorio, que una generación más que esté peleando, no nos va a cambiar. Así que pase lo que pase, lo vamos a seguir intentando.

LARGO PLAZO

El 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y desde la vigilia se llevó a cabo una asamblea plurinacional pensando en fortalecer la unidad de las distintas naciones originarias. Fue una semilla más, no pensando en el corto plazo, sino de cara al futuro. Desarrolla Eloy: “En todas las provincias del país hay pueblos originarios preexistentes a la nación argentina y a partir de este Malón conseguimos aliarnos con muchos de ellos. Se están dando asambleas plurinacionales en diferentes lugares con el objetivo de construir una confederación de pueblos originarios”.

En el mismo sentido, cuenta Jerez: “Hay que entender que esta lucha va a ser larga porque del otro lado tenemos un monstruo, tenemos la agenda 2030, al nuevo orden mundial, al poder económico y concentrado, al imperialismo, a la corporación de las multinacionales que viene por todos. Por eso, uno de los caminos que ya estamos planificando es visitar cada una de las provincias. Ya nos llegaron invitaciones de varias, como Mendoza, Río Negro, Catamarca, donde iremos para seguir articulando y acompañándonos”.

Sergio Zerpa llegó a Buenos Aires con el Malón y hace unos días regresó a Abra Pampa. Desde el costado de la ruta, analiza: “Este Malón no sólo está siendo importante por lo que pasa en Buenos Aires sino a nivel local. Venimos de un proceso largo y este punto de inflexión hace que las comunidades originarias profundicen el volver a resurgir y a organizarse, sin dependencia de un partido político, sino del mismo sentimiento que nace de defender los territorios”.

Jorge Angulo dirige su mirada al porvenir: “El Malón ha generado un nuevo aire que ya está soplando en las diferentes provincias, en los diferentes pueblos. Aunque sea distinta la magnitud, siento que se está dando un proceso similar al que pasó cuando se transformó el Estado boliviano a Estado plurinacional, cuando no sólo hubo un cambio de gobierno sino una forma donde los originarios pasaron a ser factores políticos. Vamos por ese camino. Este proceso se profundiza con el Malón de la Paz pero viene de hace muchos años”.

Johana Arce nació en Jujuy hace 28 años. Pero debió mudarse a Buenos Aires. “Soy de Ledesma, y cuando el Malón partió en junio a San Salvador viajamos con mi hermana desde Buenos Aires para allá. Lo primero que sentí fue la fortaleza de la lucha, pero también la bronca. Y cuando llegamos acá el primero de agosto, fue potenciar esa bronca, y preguntarme ¿por qué hay que movilizarse hasta acá? ¿por qué tiene que ser acá donde Dios manda y se toman las resoluciones? Me pongo a pensar en mis abuelos, y también en cómo fue que llegamos a Buenos Aires.

¿Cómo llegaron?

-Desplazados. Igual que como muchos llegan a Buenos Aires.  

Johana ahora no habla con palabras. Habla con los ojos. Con su emoción. Con su impotencia. Con sus recuerdos. Con su memoria. Con sus abuelos. Vuelve a hablar. Ella, y toda su gente que lleva consigo. “Mi historia familiar me da bronca. Más allá de la fortaleza, me da bronca. ¿por qué hay que llegar a este punto? ¿por qué hay que estar expuestos acá un mes, con respuestas vagas, con muchas respuestas vagas, como este decreto que también es vago, como muchas cuestiones que son vagas? Llegar a Buenos Aires es el desplazamiento forzado, es no poder estar en tu territorio. Alrededor del 2000, en Ledesma, nos desplazaron para plantar caña de azúcar y con mis papás nos vinimos acá, primero a Ciudad Evita, debajo de un puente, y después al barrio Carrillo, en Soldati. Esta reforma de Morales genera esto mismo: que uno pierda su territorio, provoca desplazamientos forzados, donde uno va perdiendo su cultura. La reforma es la pérdida del territorio, es la pérdida de la identidad y por eso acá sigue el Malón, buscando la manera de recuperarla”.

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Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

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(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los  libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después

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Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.

Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla

Fotos Juan Valeiro

El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.

Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.

Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.

Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.

La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”. 

Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:

  1. “Que no te vendan gato por león”.
  2. “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”. 

Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:

Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.

Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.  

Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

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Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.

Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

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Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.

Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.

La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

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Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.

Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

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Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos. 

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

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Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para  relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós. 

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

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