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“Un sopapo a la impunidad”: fue apartada la jueza en la causa de Facundo Castro

Publicada

hace 4 años

28/12/2021

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió apartar a la jueza María Gabriela Marrón de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte del joven de 22 años de Pedro Luro, ocurrida en 2020. La medida fue celebrada por la familia como un avance importante en el pedido de verdad y justicia: Marrón fue una pieza clave en la construcción de impunidad, trabando medidas cruciales para la investigación, orientando las sospechas a la propia familia. Su recusación también había sido requerida por los dos fiscales del caso. Qué dijo cada juez. Las referencias a la CIDH y al caso Bulacio. Y el deseo de Cristina para lo que viene: “Todos los días me levanto diciendo que hoy puede ser el día de llevar a quienes mataron a mi hijo tras las rejas” dijo a lavaca. Compartimos el fallo completo.

“En mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por los representantes del MPF (Ministerio Público Fiscal), al que adhirieron además los querellantes de autos, y APARTAR a la señora jueza María Gabriela Marrón de la tramitación de estas actuaciones”.

“Un sopapo a la impunidad”: fue apartada la jueza en la causa de Facundo Castro

Cuando a Cristina Castro le comunicaron este fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal conocido este lunes, no pudo parar de llorar. “No lo podía creer, porque pensé que nos pateaban para febrero. Me acordé cuando fuimos a CABA, que dijimos que íbamos a revertir esta situación, que era lo que nos impedía seguir avanzando”, dice a lavaca. “Lo que no esperaba era este cachetazo que le dan: esta clase sobre cómo debe actuar un juez”.

Es que la resolución de la Sala I llegó un 27 de diciembre y eso significa que, al menos, Cristina y su familia tiene un motivo para respirar en vistas al 2022: los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, y la jueza Ana María Figueroa, resolvieron por unanimidad correr a la jueza Marrón de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de su hijo Facundo. El pedido de recusación era uno de los principales reclamos de Cristina para avanzar por el pedido de verdad y justicia, acompañada por sus abogados y por el equipo de la Comisión Provincial de la Memoria. Este año sumó la actuación de los fiscales Andrés Heim (Procuraduría contra la Violencia Institucional) y Horacio Azzolín (Unidad Especializada en Ciberdelincuencia), quienes también habían exigido la recusación ya que denunciaron que la magistrada había perdido “la imparcialidad que debe tener como jueza del caso”. Cabe recordar que tanto Heim como Azzolín habían sido designados por la Procuración General de la Nación luego de que la familia lograra apartar al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, también denunciado por entorpecer la investigación de forma nociva para el pedido de verdad.

“El fallo nos abre un buen panorama para lo que vendrá, y ahora es posible entender un poco todos los ataques que hemos sufrido en este tiempo”, valoró en diálogo con lavaca el abogado Leandro Aparicio, quien fue víctima de denuncias y aprietes por parte de la policía, la justicia y el operador mediático Germán Sasso, uno de los principales impulsores de la versión policial. “Ahora hay que encauzar la investigación en donde siempre tuvo que haber estado: la desaparición forzada”.

Cristina, además, destaca el tiempo que le dedicaron los jueces a esta “clase sobre cómo debe actuar un juez”, tal como lo definió ella: el fallo ocupa unas 47 fojas.

Por eso, afirma: “Fue un sopapo a la impunidad”.

Todo lo que no debe hace una jueza

Facundo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 cuando salió de su casa en Pedro Luro en dirección a Bahía Blanca para ir a ver a su exnovia y su cuerpo esqueletizado fue encontrado por un pescador en un cangrejal inhóspito el 15 de agosto de ese año. Su desaparición coincidió con el momento más crítico de la pandemia desde el punto de vista de las medidas sanitarias y de cómo la policía tradujo esa política en los territorios. El último contacto del joven de 22 años fue con diversos oficiales de la Bonaerense, y a partir de ahí la causa fue acumulando hechos que orientan las hipótesis hacia ese sector, en particular a los oficiales Mario Sosa, Jana Curuhuinca, Xiomara Flores y Alberto González, con las operaciones que la familia tuvo que sufrir, además, del propio Estado, por el accionar del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. En medio de ese peregrinaje por la verdad, la familia siempre se encontró con la reticencia del poder judicial.

Por ese motivo, la querella decidió recusar a la jueza Marrón, que se había negado a medidas de prueba cruciales como el secuestro de móviles o teléfonos policiales, entre otras, además de revictimizar a la familia y tratarla de mentirosa. Sin embargo, el 30 de marzo la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca había rechazado el pedido, por lo que los fiscales interpusieron un recurso de casación, que motivó este fallo.

En ese caso, los fiscales Heim y Azzolín, junto a la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, expresaron que la resolución era asimilable a una “sentencia definitiva” ya que la continuidad de la jueza Marrón sellaría “el futuro de la presente instrucción en razón de la parcialidad demostrada en su actuación”.

Y apuntaron:

“La decisión puesta en crisis, a entender de este Ministerio Público, tiende a garantizar la impunidad de los autores de hechos aberrantes al tornar al proceso judicial en una ficción que vuelve infructuosa cualquier actividad que pudiera llevarse adelante con el objetivo de dar cabal cumplimiento a la obligación de tomar medidas judiciales efectivas para impedir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos”.
“Cabe afirmar que el magistrado actuante (por Marrón) realiza […] una errónea valoración de la prueba producida en autos y una ponderación de enunciados dogmáticos, concluyendo con un razonamiento alejado de las reglas de la sana crítica racional, ya que mediante la ausencia o la apariencia de fundamentos arribó a una decisión carente de toda coherencia, que indefectiblemente resultará en la obstaculización de la investigación por medio de la anuencia en la introducción de hipótesis que ninguna de las partes aportó”.
“La actuación de la jueza en el proceso ha reflejado un claro temor fundado de parcialidad: obstruyendo y demorando la producción de prueba relevante para el caso; sentando una posición casi inexpugnable de avance de la pesquisa o la concreción de medidas de pruebas que involucran de manera directa al personal policial que ha tenido contacto directo con Facundo Astudillo Castro, previo a su desaparición”.
También subrayan que puso “en duda la veracidad de los dichos de Cristina Castro Alaniz y auxiliares de la justicia (perito de parte propuesto por la querella particular); construyendo y consolidando una única verdad, un dogma […] que, descartando sesgada y arbitrariamente las diversas aristas que presenta el caso, intenta imponer como única posibilidad que la víctima murió ahogada por sumersión de manera accidental en el estuario donde fue encontrado su cuerpo, y en esa empresa, ha incurrido en una clara y flagrante intromisión en las facultades de resorte exclusivo de esta parte”.

Sobre este lapidario diagnóstico es que los jueces se expresaron.

El fallo

El primer voto fue del juez Petrone:

“Entiendo que, a partir de las circunstancias verificadas en este legajo (…), el temor de parcialidad alegado por los recurrentes resulta razonable. En efecto, en el marco de una investigación delegada en los términos del art. 196 bis del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación), las decisiones adoptadas por la magistrada Marrón, así como también su falta de respuesta oportuna ante determinadas peticiones del Ministerio Público Fiscal, permiten sospechar fundadamente que aquella habría asumido una hipótesis de ocurrencia de los hechos, no obstante tratarse de una cuestión que será materia de decisión más adelante, que incidiría en su apreciación sobre las líneas de investigación que los acusadores consideran pertinentes profundizar”.

El juez Barroetaveña adhirió.

El voto más interesante fue el de la jueza Figueroa, ya que encuadró su análisis en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derecho y Deberes del Hombre, incorporados a la Constitución Nacional. Pero, sobre todo, cita las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo al Estado argentino sobre el caso.

Recuerda que, según los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte del beneficiario”, y agrega: “En este sentido, corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo de la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representante”.
Recuerda también que la CIDH instó al Estado a esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Facundo José Astudillo Castro. “Es por ello que, considero de decisiva relevancia asegurar la observancia de las garantías imperantes en la conducción del proceso por todos los agentes judiciales intervinientes, y que se asegure una exhaustiva y profunda exploración de todas las líneas de investigación que podrían generarse a fin de dilucidar, esclarecer y –eventualmente determinar las responsabilidades que pudieren surgir a lo largo de la investigación, conforme las recomendaciones efectuadas por la Comisión”.
Figueroa también rememora el caso Bulacio, donde fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la que determinó la “responsabilidad internacional para el Estado Argentino” por su deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a sus autores y encubridores. “La obligación de investigar debe cumplirse ´con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa´. La investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación ´[d]ebe tener un sentido y ser asumida por el [mismo] como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.
Para Figueroa, “el juez no sólo debe ser imparcial, sino que también debe parecerlo cuando se trata de analizar la imparcialidad objetiva del juzgador, ya que lo que `está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso`”.

Y concluye: “Es imperioso eliminar todo tipo de suspicacia que conduzca a presumir o poner en crisis la independencia del Poder Judicial. A partir de las circunstancias verificadas, es razonable la sospecha de parcialidad alegada por el Ministerio Público Fiscal, conforme la jurisprudencia internacional en cuanto a que el aspecto objetivo de la imparcialidad, exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso”.

La corrupción y la paz

Cristina Castro destaca el voto de Figueroa: “Me llamó la atención que dijera que un juez no solo debe ser imparcial, sino también tiene que parecerlo. Es interesante porque pone el ojo en lo que está pasando. Y, sobre todo, porque intervienen: son los que tienen que hacerlo cuando están actuando mal. Si en tu trabajo no funcionás lo justo es que te saquen. Si no, podés corromperte. Este año ya han fallado para hacer el jury a los jueces del caso de Lucía Pérez, ahora apartaron a Marrón, y tendrían que hacer lo mismo con muchos otros. Así van a empezar a entender lo mal que está la justicia, para poder hacer algo, y pelear desde otro ángulo más justo”.

El juez que reemplazará a Marrón es Walter López Da Silva, del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, un juez que ya intervino en la causa cuando subrogó a Marrón. “Lo primero que tenemos que hacer ahora es tener una audiencia con él en febrero”, dice Cristina. “Lo segundo, seguir con todas las medidas que necesitamos urgente”.

-¿Qué imagen de todo este tiempo se te vino a la cabeza después del fallo?

-Facu se me vino. Su lucha. Está todo el tiempo en mi cabeza. Justo ese día, una docente de Bahía me mandó una foto con Facu sonriendo, con los dedos en V.

Sigue diciendo esa madre: «Mi hijo era feliz en esa foto y tendría que haber sido feliz por mucho tiempo. Todos los días me levanto diciendo que hoy puede ser el día de llevar a quienes mataron a mi hijo tras las rejas. Todos los días me levanto así y me acuesto así, pensando que el siguiente puede ser el gran día. Ahora, al menos, podemos empezar el 2022 con el deseo de llevar un poco de paz al alma de Facundo, y de poder tener un poco de justicia como familia».

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 3 días

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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CABA

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Publicada

hace 4 días

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Publicada

hace 5 días

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.