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¿Dónde está Julio López? Desaparición en democracia y por qué su testimonio es pura actualidad

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Se cumplen 15 años de la desaparición de Julio López. Las dimensiones y los detalles de un crimen ante el cual el Estado sigue sin dar respuesta.  

Entre la noche del domingo 17 y el día del lunes 18 de septiembre, Julio López fue desaparecido por segunda vez. Corría 2006, plena democracia. López tenía 77 años y el 28 de junio de ese mismo año había dado un testimonio histórico.

Ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, explicó detalladamente su propio secuestro y torturas en tiempos del régimen dictatorial, pero además el modo en el que habían sido sometidos y asesinados Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Fue testigo y uno de los tres querellantes en la causa, junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y a otra sobreviviente del terrorismo de Estado, Nilda Eloy.

Lo más importante: identificó entre sus torturadores al excomisario Miguel Etchetolaz. “Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza», aseguró López en aquella declaración. Etchecolatz había sido director de investigaciones y mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense Ramòn Camps durante la dictadura.

López no llegó a ver el efecto de su testimonio: fue desaparecido la madrugada del día anterior al que se leerían los alegatos del juicio: un mensaje.

Su familia y los organismos de derechos humanos denuncian que el ideólogo del secuestro no es otro que Etchecolatz y sus ejecutores, en connivencia o participación directa, miembros o ex miembros de la Policía Bonaerense, de sostenida relación con el genocida.

Finalmente, el Tribunal condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua por el delito de genocidio. Pero López nunca más fue encontrado hasta hoy, ni la causa que investiga su desaparición forzada pudo echar luz sobre qué pasó.

Al contrario, como supo decir Nila Eloy, el expediente por su segunda desaparición es “un manual de la impunidad”.

El caso de Julio López simboliza los mecanismos de encubrimiento estatal sobre crímenes de diverso tipo, y los nexos de esa impunidad desde tiempos de la dictadura hasta hoy.

Causa López

La responsabilidad del Estado en el empantanamiento de la investigación judicial es la mayor evidencia del expediente por la segunda desaparición de López. Un breve racconto:

López, pese a haber señalado a uno de los genocidas más peligrosos y con tentáculos aún en la Bonaernese, no contaba con tipo alguno de protección o cuidado estatal.

Durante los primeros meses, la jueza de Garnatías Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javeir Berlingieri investigaron las hipótesis de que Julio podría haber tenido “un shock emocional que pudiera causarle pérdida de memoria, o alguna forma de extravío”; también sugirieron que decidiera esconderse en alguna parte ante la exposición que significaba la condena de Etchecolatz.

La nota de lavaca de ese mismo año:

Mientras tanto, la querella fue la que hizo mover la causa, trazándose tres objetivos. Primero, que el expediente saliera de la justicia provincial y pasara a la federal; que se cambiara la carátula a desaparición forzada; y que tuviera personal especial para la investigación.

Tres meses llevó conseguir lo primero: que se dejara de investigar la desaparición de López como un extravió implicaba profundizar la hipótesis del secuestro, de la desaparición forzada por sectores policiales o “bolsones” de represores en actividad. Así se pasó al fuero federal, a manos de los jueces Manuel Humbreto Blanco, Arnaldo Corazza y Ernesto Kreplak.

Se tardó un año y medio hasta que esto ocurrió formalmente y la procuración designó personal para la causa.

Fue entonces que el juez Arnaldo Corazza se declaró incompetente, alegando una denuncia que había le hecho la familia de López dos meses atrás, planteando que el propio juez podía estar entre los responsables de falta de cuidado a testigos como Julio López. 

La Cámara de Casación resolvió, a fines de 2009,  que el caso debe ser investigado por el fiscal Sergio Franco. Sin embargo, Franco apeló alegando falta de personal y desconocimiento de la causa. Otro ida y vuelta que por entonces Adriana Calvo – militante gremial docente, secuestrada en febrero de 1977 por la dictadura- relataba a lavaca sin metáforas: la causa corría en un carrito, de una fiscalía a otra.

Los años siguientes no fueron más auspiciosos, pese a que las pruebas del secuestro surgían de llamadas anónimas al 0800 abierto para aportar información sobre López (la principal involucraba a Carlos Falcone, “íntimo amigo de Etchecolatz”, capitán retirado de la Bonaerense, médico forense, que se escondió en Pehuajó tras la desaparición); una nota de un periodista alemán que llevó a un tal Sobrado, ex jefe de Policía bonaerense; cruce de llamadas que vinculaban a Etchetolatz con otros presos; una agenda del represor que ostentaba sus tentáculos y anotaciones de Etchecolatz y su chofer, Hugo Guallama, escritas en la cárcel de Marcos Paz que tenían especial interés en Jorge Julio López: escrito de puño y letra por el ex director de Investigaciones de la Policía provincial podía leerse “pedir todas las declaraciones del Sr. López”. Y en mayúsculas: “Urgente”.

Entre muchas otras, la mayoría de las líneas que conectan a Etchetolatz se encuentran sintetizadas en el libro Los días sin López, una investigación que desnuda la causa judicial que durante una década se dedicó a no buscar a un testigo clave desaparecido en democracia.

https://www.lavaca.org/wp-content/uploads/2016/09/mu103.pdf

El loop de cambios de jueces –dos de ellos, fallecidos durante el proceso- y fiscales fue la característica: “Es una causa abandonada, donde se aparenta hacer cosas, pero en realidad se cambian personas y funcionarios, ponen un empleado nuevo que vuelve a mirar la causa desde el principio, y así todo queda siempre en la nada”, decía Nilda Eloy a lavaca antes de fallecer en 2017.

Los años siguientes, según fue siguiendo esta agencia, la investigación no continuó pero sí las intimidaciones a otros testigos involucrados en el juicio: llamados sospechosos, grabación de reuniones privadas, etc.

En resumen, la causa no contó con apoyo político ni decisión judicial para avanzar en firme sobre las pistas que apuntaban hacia la propia Policía Bonaerense o el Servicio Penitenciario o a los policías de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz.

Hoy no hay imputados ni línea de investigación. Tampoco una política de Estado fuerte para esclarecer el caso, así como tampoco voluntades de asumir el rol en las desapariciones de personas del Estado en general.

La otra Corte

Fue por eso que, ya sin esperanza en la justicia argentina, en 2014 el colectivo Justicia Ya! presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Denunciaron allí el estancamiento de la investigación, solicitando se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso de Julio López.

Recién el 5 de septiembre de 2017 la CIDH dio traslado de la denuncia al Estado argentino: pidió una “solución amistosa” en el marco del artículo 48 (inciso 1,F) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; una especie de mediación, en la cual se puede arribar a algún acuerdo entre las partes. El colectivo Justicia Ya! –querellante en la causa de López- rechazó esta propuesta resumiendo los últimos años de impunidad: “Durante la gestión de (Mauricio) Macri aceptamos ese ámbito pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández la Comisión insistió con el mecanismo de la ‘solución amistosa’ a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes”, señalaron desde Justicia Ya! Al Pulso Noticias.

Según explicó la abogada Pía Garralda al mismo medio, ahora “la Comisión decidirá si toma resoluciones, que son indicaciones para el Estado Argentino, o envía el caso a la Corte para que se sancione al Estado Argentino por incumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos”.

El pedido: que se sancione al Estado argentino por el incumplimiento de los tratados internacionales y que sea un impulso para que se investigue seriamente.

El nuevo juicio

No fue ese el único juicio que debió enfrentar Etchecolatz como resultado del testimonio de Julio. Mientras era juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de La Cacha se lo vio escribir y exhibir desafiante un papel donde se leía «Jorge Julio López».

«Cuando se vio a Etchecolatz con ese papel, en el 2014, no se hizo nada. Yo le pregunté al fiscal: ´No lo va a llamar para preguntarle?, ¿quiere que le pregunte yo? ´Y nunca se hizo nada con eso«, reclama su hioj Rubén. Hasta el día de hoy, nadie le pidió explicaciones al represor: https://www.eldestapeweb.com/politica/derechos-humanos/hijo-de-jorge-julio-lopez-todavia-espero-a-que-llamen-a-etchecolatz-para-que-diga-que-quiso-hacer-con-ese-papel–20219177430

El testimonio de López sigue siendo clave, hoy.

El pasado 13 de septiembre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgar por delitos de lesa humanidad cometidos en el excentro de «Pozo de Arana» al expolicía Julio César Garachico y al genocida Miguel Etchecolatz,  

El juicio se lleva adelante en los Tribunales Federales de 8 y 50 y se realiza de manera semipresencial; tiene su punto de partida desde las propias declaraciones de López, el 28 de junio del 2006, tres meses antes de su secuestro, en aquel juicio que se realizó en el salón del Palacio municipal. Garachico había sido mencionado por López en aquel año pero fue detenido 6 años después.

Garachico afronta acusaciones como “coautor inmediato de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de siete personas” – entre ellas López-, y como “responsable en calidad de partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado” en perjuicio de tres de ellas.

Mientras Etchetolatz espera el juicio en prisión, Garachico lo hace gozando de prisión domiciliaria.

En la última audiencia, se volvió a emitir la última declaración de López a través de video: https://www.diariocontexto.com.ar/2021/09/13/volvieron-a-transmitir-los-testimonios-de-jorge-julio-lopez-de-2006-en-el-juicio-a-etchecolatz/ El testimonio de Nilda Eloy también fue retransmitido. Nilda, quien dio su testimonio seis días antes que López, el 22 de junio del 2006 y fue una incansable luchadora para desarmar la impunidad de la causa, falleció en 2017.

En aquella oportunidad Eloy contó cómo fue secuestrada a los 19 años, el 1 de octubre de 1976 cuando estudiaba Medicina en La Plata. También describió su cautiverio en los centros clandestinos de La Cacha, el Pozo de Quilmes, el destacamento de Arana, el Vesubio, El Infierno y la comisaría de Valentín Alsina, tras lo cual fue “blanqueada” como prisionera y alojada en el penal de Devoto.

Los testimonios de Nilda Eloy y el de Jorge Julio López fueron clave para condenar por genocidio a Etchecolatz en el 2006 y todo indica que impulsarán una nueva condena en este juicio.

Etchetolatz acumula ocho sentencias por genocidio.

Mientras ocurre todo esto, López sigue sin aparecer.

Nota

Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Femicidios seguidos de suicidio: la violencia como máquina de muerte

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Durante el mes de octubre el 20% de los femicidas se suicidaron luego de matar a sus víctimas. En este informe del Observatorio Lucía Pérez, la antropóloga e investigadora Florencia Paz Landeira analiza el suicidio de los agresores como otra muestra de la violencia patriarcal como maquinaria de muerte. El desarme de la masculinidad hegemónica. Y el análisis de la psicóloga clínica y terapeuta gestáltica Susana García sobre las escaladas de odio y violencia.


El mes de octubre cerró con una de las cifras de femicidios más altas en lo que va del año: 37 víctimas de la violencia patriarcal. A este dato, de por sí alarmante y estremecedor, se suma otro. Más del 20% de los femicidas se suicidaron luego de asesinar a sus víctimas. En todos los casos se trató de lo que se conoce como “femicidios íntimos”, es decir, aquellos que ocurren en el marco de relaciones de pareja o ex pareja. Como desde el Observatorio se viene señalando, el femicidio es una expresión sistemática y extrema de patrones generizados de violencia, subordinación y discriminación. Desde esa perspectiva, el suicidio de los agresores parece ser otra muestra de la violencia patriarcal como maquinaria de muerte.

El Observatorio registra 792 femicidios seguidos de suicidio, de los cuales 444 fueron con armas de fuego. Solamente en octubre de este año, se registraron los siguientes casos:

– Guillermo Vega (41 años), asesinó por asfixia a sus hijos (12 y 9 años) en un contexto de violencia de género hacia la madre y, luego, se ahorcó. Fue en Rosario, Santa Fe.

– Gastón Farías (35 años), asesinó a golpes a su hijo de 3 años, intentó matar a su ex pareja y se suicidó. Fue en Balcarce, Buenos Aires.

– Ramiro Anchordosqui (48 años) asesinó a su pareja, María Noel Orozco, y se suicidó. Tenían 3 hijos. Fue en Chacabuco, Buenos Aires

– Sebastián Tejerina (36 años) asesinó a su ex pareja, Analía Nieves, y se suicidó. Encontraron a los dos cuerpos juntos. Tenían 2 hijos. Fue en Orán, Salta.

– Juan Ignacio Benítez (32 años), asesinó a su ex pareja, Maria Belén Salinas, y se suicidó. El femicida tenía restricción de acercamiento. La interceptó en la calle y la mató de un disparo. Fue en Bernal, Buenos Aires.

– Ricardo Cardozo (69 años), asesinó a su pareja, Dora Samaniego, y se suicidó. La hija de ambos encontró los cuerpos. Fue en Posadas, Misiones.

– José Luis Lascano (71 años), asesinó a su pareja, Susana Beatriz Seitz, y se suicidó. El hijo de ambos encontró los cuerpos. Fue en Olavarría, Buenos Aires.

– Facundo Recalde (43 años), asesinó a su pareja, Mariela Arias, y se suicidó. La asfixió. El femicida se ahorcó luego de matar a la víctima. Fue en CABA.

– Raúl Ricardo M. (72 años), asesinó a su pareja, Gladys Graciela Soprano y se fugó en bicicleta. Dos días después encontraron el cuerpo, ahogado. Fue en San Lorenzo, Santa Fe.

*

“Femicidio-suicidio”, “suicidio extendido”, “suicidio machista”, son algunas de las categorías que se han elaborado para intentar comprender este fenómeno. Más allá de cómo se lo nombre, se trata del tipo más frecuente de suicidio de homicidas en las 24 horas posteriores al crimen. Desde la perspectiva de Susana García, psicóloga clínica y terapeuta gestáltica, no pueden pensarse estos suicidios por fuera de relaciones de violencia y dependencia emocional, donde hay un varón que controla y una mujer que es controlada. “Sin embargo, la base de ese control y búsqueda de dominio es una profunda inseguridad”, agrega. Frente al abandono por parte de la mujer o frente a cualquier mínimo gesto percibido como una resistencia a esa voluntad de control y dominio, “ese hombre, de haber sido controlador y autoritario, da un paso más y se vuelve peligroso. Sus sentimientos son ambivalentes y absolutamente disociados. Esto es muy frecuente. Por una parte, la necesita y siente que su vida no tiene sentido sin ella y, por otra parte, la odia. Finalmente, cuando la destruye, también la pierde y con su muerte su propia vida pierde sentido, ahí se da el suicidio”, analiza Susana García para el Observatorio.

En el análisis de estas escaladas de odio y violencia, Susana agrega: “En esta historia, entonces, todo comienza con un hombre inseguro y falto de confianza en sí mismo. Esa inseguridad es la que lo lleva a controlar, a ser como el amo de ese pequeño mundo. La paradoja es que es un hombre que se volvió cruel y con un autoestima deshecha. Justamente eso es lo que lo volvió tan peligroso. La gente rota rompe”. Mientras reflexiona, aclara que siente que las palabras resultan por momentos insuficientes para abordar hechos tan profundamente delicados y dolorosos para nosotras. En ese sentido, cualquier tecnicismo o saber especializado se vuelve irrelevante si no es atravesado por una mirada ética y sensible. Desde allí insiste en la importancia de las redes de mujeres y los espacios de escucha para acompañarnos, poder advertir a tiempo indicios de prácticas violentas y aprender a cuidarnos de esos hombres que, en su opinión, están muy deshechos. “Antes de que no haya opción. Sobre todo, porque por la sociedad patriarcal en la que vivimos, llega un momento en que como el Estado no nos cuida y la Justicia no nos cuida, hasta yéndonos estamos en peligro”, reflexiona Susana.

En una línea similar de análisis, la socióloga María Alejandra Otamendi también propone pensar que, como el sentido de la vida del agresor estaba dado por la dominación traumática de la mujer, al matarla desaparece el centro de su vida. De allí que estos suicidios machistas sean también abordados como resultado de la relación de dominación de dependencia entre el agresor y la víctima. Esto iría asociado, a su vez, a la incapacidad de estos varones de asumir y manejar su propia vulnerabilidad y dependencia, que es transmutada en odio y violencia misógina. Otro aspecto también señalado por Otamendi es que en Argentina la mayoría de los femicidios seguidos de suicidio del agresor están asociados al uso de armas de fuego. Para la socióloga, esto no es casual, ya que éstas aparecen como símbolos de virilidad asociados al poder, la fuerza y la agresividad. De allí que proponga, en términos fácticos y metafóricos, “el desarme de la masculinidad hegemónica”.

Otra hipótesis que se ha barajado en relación a este fenómeno es que el suicidio emerge de la desesperación del agresor frente a la posibilidad de enfrentar la sanción social y las consecuencias judiciales. Si bien ha sido matizada -puesto que en general los femicidas tienen largas trayectorias en el ejercicio de formas cotidianas y sistemáticas de violencias de género, asociadas a su vez a mecanismos de naturalización e impunidad- podría constituir parte de la explicación en el caso de femicidas de sectores sociales altos y de mayor edad. En todo caso, lo que es central a destacar es que el suicidio del agresor tiene como consecuencia directa la imposibilidad de alcanzar justicia por la víctima. Cuando un femicida se suicida no hay justicia. No hay investigación, no hay restitución de la verdad sobre los daños padecidos por la víctima, no hay reparación para sus familiares y allegados. Puede ser, en este sentido, interpretado como un último intento, desesperado y cruel, de controlar la situación y de amordazar a la víctima hasta la última consecuencia.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).

Referencias
Antúnez, J. (2016). El feminicidio/suicidio. Una forma extrema de violencia de género. Revista de Psicoterapia Psicoanalítica, IX(3), pp. 113-126.
Otamendi, María Alejandra. (2020). Suicidios, femicidios-suicidios y armas de fuego en Argentina. La masculinidad hegemónica en debate. Revista de Ciencias Sociales, 33(46), 107-130.

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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