Portada
¿Dónde está Julio López? Desaparición en democracia y por qué su testimonio es pura actualidad
Se cumplen 15 años de la desaparición de Julio López. Las dimensiones y los detalles de un crimen ante el cual el Estado sigue sin dar respuesta.
Entre la noche del domingo 17 y el día del lunes 18 de septiembre, Julio López fue desaparecido por segunda vez. Corría 2006, plena democracia. López tenía 77 años y el 28 de junio de ese mismo año había dado un testimonio histórico.
Ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, explicó detalladamente su propio secuestro y torturas en tiempos del régimen dictatorial, pero además el modo en el que habían sido sometidos y asesinados Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Fue testigo y uno de los tres querellantes en la causa, junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y a otra sobreviviente del terrorismo de Estado, Nilda Eloy.
Lo más importante: identificó entre sus torturadores al excomisario Miguel Etchetolaz. “Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza”, aseguró López en aquella declaración. Etchecolatz había sido director de investigaciones y mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense Ramòn Camps durante la dictadura.
López no llegó a ver el efecto de su testimonio: fue desaparecido la madrugada del día anterior al que se leerían los alegatos del juicio: un mensaje.
Su familia y los organismos de derechos humanos denuncian que el ideólogo del secuestro no es otro que Etchecolatz y sus ejecutores, en connivencia o participación directa, miembros o ex miembros de la Policía Bonaerense, de sostenida relación con el genocida.
Finalmente, el Tribunal condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua por el delito de genocidio. Pero López nunca más fue encontrado hasta hoy, ni la causa que investiga su desaparición forzada pudo echar luz sobre qué pasó.
Al contrario, como supo decir Nila Eloy, el expediente por su segunda desaparición es “un manual de la impunidad”.
El caso de Julio López simboliza los mecanismos de encubrimiento estatal sobre crímenes de diverso tipo, y los nexos de esa impunidad desde tiempos de la dictadura hasta hoy.
Causa López
La responsabilidad del Estado en el empantanamiento de la investigación judicial es la mayor evidencia del expediente por la segunda desaparición de López. Un breve racconto:
López, pese a haber señalado a uno de los genocidas más peligrosos y con tentáculos aún en la Bonaernese, no contaba con tipo alguno de protección o cuidado estatal.
Durante los primeros meses, la jueza de Garnatías Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javeir Berlingieri investigaron las hipótesis de que Julio podría haber tenido “un shock emocional que pudiera causarle pérdida de memoria, o alguna forma de extravío”; también sugirieron que decidiera esconderse en alguna parte ante la exposición que significaba la condena de Etchecolatz.
La nota de lavaca de ese mismo año:
Mientras tanto, la querella fue la que hizo mover la causa, trazándose tres objetivos. Primero, que el expediente saliera de la justicia provincial y pasara a la federal; que se cambiara la carátula a desaparición forzada; y que tuviera personal especial para la investigación.
Tres meses llevó conseguir lo primero: que se dejara de investigar la desaparición de López como un extravió implicaba profundizar la hipótesis del secuestro, de la desaparición forzada por sectores policiales o “bolsones” de represores en actividad. Así se pasó al fuero federal, a manos de los jueces Manuel Humbreto Blanco, Arnaldo Corazza y Ernesto Kreplak.
Se tardó un año y medio hasta que esto ocurrió formalmente y la procuración designó personal para la causa.
Fue entonces que el juez Arnaldo Corazza se declaró incompetente, alegando una denuncia que había le hecho la familia de López dos meses atrás, planteando que el propio juez podía estar entre los responsables de falta de cuidado a testigos como Julio López.
La Cámara de Casación resolvió, a fines de 2009, que el caso debe ser investigado por el fiscal Sergio Franco. Sin embargo, Franco apeló alegando falta de personal y desconocimiento de la causa. Otro ida y vuelta que por entonces Adriana Calvo – militante gremial docente, secuestrada en febrero de 1977 por la dictadura- relataba a lavaca sin metáforas: la causa corría en un carrito, de una fiscalía a otra.
Los años siguientes no fueron más auspiciosos, pese a que las pruebas del secuestro surgían de llamadas anónimas al 0800 abierto para aportar información sobre López (la principal involucraba a Carlos Falcone, “íntimo amigo de Etchecolatz”, capitán retirado de la Bonaerense, médico forense, que se escondió en Pehuajó tras la desaparición); una nota de un periodista alemán que llevó a un tal Sobrado, ex jefe de Policía bonaerense; cruce de llamadas que vinculaban a Etchetolatz con otros presos; una agenda del represor que ostentaba sus tentáculos y anotaciones de Etchecolatz y su chofer, Hugo Guallama, escritas en la cárcel de Marcos Paz que tenían especial interés en Jorge Julio López: escrito de puño y letra por el ex director de Investigaciones de la Policía provincial podía leerse “pedir todas las declaraciones del Sr. López”. Y en mayúsculas: “Urgente”.
Entre muchas otras, la mayoría de las líneas que conectan a Etchetolatz se encuentran sintetizadas en el libro Los días sin López, una investigación que desnuda la causa judicial que durante una década se dedicó a no buscar a un testigo clave desaparecido en democracia.
El loop de cambios de jueces –dos de ellos, fallecidos durante el proceso- y fiscales fue la característica: “Es una causa abandonada, donde se aparenta hacer cosas, pero en realidad se cambian personas y funcionarios, ponen un empleado nuevo que vuelve a mirar la causa desde el principio, y así todo queda siempre en la nada”, decía Nilda Eloy a lavaca antes de fallecer en 2017.
Los años siguientes, según fue siguiendo esta agencia, la investigación no continuó pero sí las intimidaciones a otros testigos involucrados en el juicio: llamados sospechosos, grabación de reuniones privadas, etc.
En resumen, la causa no contó con apoyo político ni decisión judicial para avanzar en firme sobre las pistas que apuntaban hacia la propia Policía Bonaerense o el Servicio Penitenciario o a los policías de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz.
Hoy no hay imputados ni línea de investigación. Tampoco una política de Estado fuerte para esclarecer el caso, así como tampoco voluntades de asumir el rol en las desapariciones de personas del Estado en general.
La otra Corte
Fue por eso que, ya sin esperanza en la justicia argentina, en 2014 el colectivo Justicia Ya! presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Denunciaron allí el estancamiento de la investigación, solicitando se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso de Julio López.
Recién el 5 de septiembre de 2017 la CIDH dio traslado de la denuncia al Estado argentino: pidió una “solución amistosa” en el marco del artículo 48 (inciso 1,F) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; una especie de mediación, en la cual se puede arribar a algún acuerdo entre las partes. El colectivo Justicia Ya! –querellante en la causa de López- rechazó esta propuesta resumiendo los últimos años de impunidad: “Durante la gestión de (Mauricio) Macri aceptamos ese ámbito pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández la Comisión insistió con el mecanismo de la ‘solución amistosa’ a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes”, señalaron desde Justicia Ya! Al Pulso Noticias.
Según explicó la abogada Pía Garralda al mismo medio, ahora “la Comisión decidirá si toma resoluciones, que son indicaciones para el Estado Argentino, o envía el caso a la Corte para que se sancione al Estado Argentino por incumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos”.
El pedido: que se sancione al Estado argentino por el incumplimiento de los tratados internacionales y que sea un impulso para que se investigue seriamente.
El nuevo juicio
No fue ese el único juicio que debió enfrentar Etchecolatz como resultado del testimonio de Julio. Mientras era juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de La Cacha se lo vio escribir y exhibir desafiante un papel donde se leía “Jorge Julio López”.
“Cuando se vio a Etchecolatz con ese papel, en el 2014, no se hizo nada. Yo le pregunté al fiscal: ´No lo va a llamar para preguntarle?, ¿quiere que le pregunte yo? ´Y nunca se hizo nada con eso“, reclama su hioj Rubén. Hasta el día de hoy, nadie le pidió explicaciones al represor: https://www.eldestapeweb.com/politica/derechos-humanos/hijo-de-jorge-julio-lopez-todavia-espero-a-que-llamen-a-etchecolatz-para-que-diga-que-quiso-hacer-con-ese-papel–20219177430
El testimonio de López sigue siendo clave, hoy.
El pasado 13 de septiembre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgar por delitos de lesa humanidad cometidos en el excentro de “Pozo de Arana” al expolicía Julio César Garachico y al genocida Miguel Etchecolatz,
El juicio se lleva adelante en los Tribunales Federales de 8 y 50 y se realiza de manera semipresencial; tiene su punto de partida desde las propias declaraciones de López, el 28 de junio del 2006, tres meses antes de su secuestro, en aquel juicio que se realizó en el salón del Palacio municipal. Garachico había sido mencionado por López en aquel año pero fue detenido 6 años después.
Garachico afronta acusaciones como “coautor inmediato de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de siete personas” – entre ellas López-, y como “responsable en calidad de partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado” en perjuicio de tres de ellas.
Mientras Etchetolatz espera el juicio en prisión, Garachico lo hace gozando de prisión domiciliaria.
En la última audiencia, se volvió a emitir la última declaración de López a través de video: https://www.diariocontexto.com.ar/2021/09/13/volvieron-a-transmitir-los-testimonios-de-jorge-julio-lopez-de-2006-en-el-juicio-a-etchecolatz/ El testimonio de Nilda Eloy también fue retransmitido. Nilda, quien dio su testimonio seis días antes que López, el 22 de junio del 2006 y fue una incansable luchadora para desarmar la impunidad de la causa, falleció en 2017.
En aquella oportunidad Eloy contó cómo fue secuestrada a los 19 años, el 1 de octubre de 1976 cuando estudiaba Medicina en La Plata. También describió su cautiverio en los centros clandestinos de La Cacha, el Pozo de Quilmes, el destacamento de Arana, el Vesubio, El Infierno y la comisaría de Valentín Alsina, tras lo cual fue “blanqueada” como prisionera y alojada en el penal de Devoto.
Los testimonios de Nilda Eloy y el de Jorge Julio López fueron clave para condenar por genocidio a Etchecolatz en el 2006 y todo indica que impulsarán una nueva condena en este juicio.
Etchetolatz acumula ocho sentencias por genocidio.
Mientras ocurre todo esto, López sigue sin aparecer.
[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]Portada
Hasta siempre, Mirta
Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.
Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.
Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.
Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.
Gracias, Mirta.
Presente, ¡ahora y siempre!
Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca
24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Trinchera Boutique
Memoria, verdad y arte: Ser Eva, un encuentro musical mensual en MU Trinchera Boutique
Esta semana inauguramos en la Trinchera un espectáculo único a cargo de Eva Basterra Seoane: Ser Eva, un encuentro mensual, el tercer sábado de cada mes, de agosto a noviembre, con invitadas especiales.
Eva es escritora, cantora, murguera, feminista, hija de Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA cuyo testimonio, crucial en el Juicio a las Juntas Militares.
El especátculo recorre textos y canciones -elegidas por Eva-, para no olvidar: el arte para testimoniar y celebrar la vida. La Eva artista, la que se rebela, la que se entrega a la lucha, la que grita, la que muerde, la que sueña, la que vive.
Con el acompañamiento de Martín Messineo en guitarra y Mariano Rositto en percusión.
Reservá tu entrada acá
Pueblos originarios
7 años sin Santiago Maldonado: memoria, verdad y justicia, hasta el fin del mundo
“Llegamos a siete años sin tener una mínima luz de verdad”. Y “Vamos a ir a buscar justicia hasta el fin del mundo”. Sergio Maldonado viene literalmente de ahí, de Ushuaia, de visitar el Juzgado Federal donde recayó ahora la causa por la desaparición muerte de su hermano. “Empezamos de cero”, dice sobre la nueva etapa que debe considerar también la posibilidad que plantea la familia del joven: la de una desaparición forzada.
Santiago Maldonado fue visto por última vez durante una represión salvaje de la Gendarmería a una comunidad mapuche; su cuerpo sin vida apareció 78 días después de ese episodio, en el río. En una primera instancia el juez Lleral –apartado este año- quiso cerrar la causa diciendo que Santiago se había ahogado, lo cual le valió un duro revés de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Corte Suprema y organismos internacionales mediante) que le dio la razón a la familia: hay que seguir investigando.
Las preguntas que aún no tienen respuesta: “Si nos guiamos por el rastrillaje, Santiago desaparece en un lugar y aparece río arriba. Y si me decís que estuvo 78 días en el mismo lugar, entonces necesito saber: por qué tenía billetes en condiciones; por qué tenía una nota en un papel con tinta; por qué tenía un bastón retráctil en el bolsillo y dos huellas digitales que nunca analizaron de dos ADN de sexo masculino; quiénes intervinieron para que Santiago terminara ahí”.
El tiempo perdido. La esperanza, y la vida rota. La memoria de Santiago, que hubiera cumplido 35 años el jueves pasado. Y la misma ministra de Seguridad ayer y hoy: Bullrich.
Por Lucas Pedulla
“Esta semana tendría que haber estado con la cabeza en actividades relacionadas a los 7 años de la desaparición de Santiago pero no pude ni ponerme a pensar porque la justicia nos dio tres días para encontrar peritos: justo hoy vence el plazo”.
Sergio Maldonado habla por teléfono desde Bariloche a siete años del momento que cambió la vida de esta familia para siempre. La sincronía judicial parece una burla por este tiempo sin verdad ni justicia, pero se ubica en un presente extraño: el 10 de mayo de este 2024 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia apartó al juez federal Gustavo Lleral -que había dictado el cierre de la causa por la desaparición y muerte del joven que el jueves hubiera cumplido 35 años- y derivó el expediente al Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete.
También revocó el sobreseimiento de los gendarmes imputados (Emmanuel Echazú, Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra) y exigió una serie de medidas de prueba que ponen la causa nuevamente en órbita, contra cualquier negacionismo oficial, incluso cuando ambos contextos -aquel fatídico 2017 y este curioso 2024- comparten la misma ministra de Seguridad: Patricia Bullrich.
“Vamos en búsqueda de justicia, hasta el fin del mundo”, dice Sergio, que vive en Bariloche; su abogada, en Buenos Aires; la fiscalía está en Esquel (Chubut); y ahora tuvo que viajar hasta Tierra del Fuego para entrevistarse personalmente con el nuevo magistrado.
¿Qué significa entonces este fallo y este presente? Sergio es claro: “Volvemos al inicio”.
Donde todo empezó
El inicio de esta sucesión de violencias se ubica el 1 de agosto de 2017. Ese día, en plena meseta patagónica, fue la última vez que vieron con vida a Santiago, un joven de 28 años que se había acercado de forma solidaria a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, que había sido cruelmente reprimida meses atrás y estaba reclamando por la liberación de su referente, Facundo Jones Huala (hoy preso en Chile, en estado delicado de salud por estar hace un mes en huelga de hambre). Santiago estaba de paso porque quería volver a su 25 de Mayo natal, en la provincia de Buenos Aires, a estar con su familia, ya que extrañaba a su mamá y a su abuela. Sin embargo, ese día tuvo que escapar aterrorizado de una violenta represión de más de cien gendarmes que irrumpieron de forma ilegal, sin orden judicial, sobre una comunidad indígena. Santiago desapareció.
Sergio, su hermano, encarnó la lucha de una familia que, después de 78 días, el 17 de octubre de ese año, dio con el cuerpo, que encontraron en el mismo lugar del Río Chubut que había sido rastrillado previamente. El juez Gustavo Lleral quiso cerrar la causa diciendo que Santiago se había ahogado, sin tener en cuenta el contexto violento de represión en el que se produjo su desaparición. Desde entonces, la familia tuvo que recurrir a vías internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para llevar a cabo un pedido concreto: una investigación imparcial e independiente.
Tras intervenciones de la propia Corte Suprema, y ante un nuevo intento de cierre de causa, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia intervino e instó al nuevo juzgado a que “adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas de prueba” que Lleral nunca tomó. Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez no se ahorraron críticas con el juez, le recordaron que no cumplió ninguna de las medidas ordenadas por esa misma cámara: “La injustificada reticencia que ha evidenciado el magistrado instructor (por Lleral) en la tarea de agotar las alternativas que se hallaban a su disposición para despejar los interrogantes que persisten, dejando transcurrir un extensísimo plazo -que tales medidas no hubieran requerido- es suficientemente demostrativa de que ya tiene una posición tomada acerca de cómo sucedieron los acontecimientos; y ello resulta incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar quien se encuentra a cargo de la investigación de un hecho ilícito de estas características”.
Y concluyeron: “La investigación no se encuentra agotada”.
Un detalle: los jueces tomaron el antecedente de la Cámara de Casación “en un caso de similar trascendencia y gravedad institucional vinculado con la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro”, el joven de 22 años desaparecido el 30 de abril de 2020 en Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. Allí también la justicia quiso cerrar el caso diciendo que Facundo se había “ahogado”, sin investigar las evidencias contra efectivos de la Policía Bonaerense. Allí, también, la familia logró apartar a la jueza del caso, María Gabriela Marrón. Por el lado de la familia Maldonado, Lleral fue el segundo juez de la causa. El primero había sido el juez federal de Esquel, Guido Otranto, recusado en 2017.
Una mínima luz
El fallo le da la razón a la familia Maldonado. “Se podría haber evitado -ubica Sergio-. Lo que dijo Lleral en su fallo de 2023 fue lo mismo que dijo en 2018. Si la Cámara tuvo que esperar más de cinco años para darse cuenta de lo mal que hizo todo, es penoso. Tienen una responsabilidad más allá de que se expidieron de una manera favorable, porque no es solo que perdimos tiempo, sino también muchas pruebas, testigos, y gente que ya no está. Son muchas las cosas que afectan a la causa. No es gratis, y los más perjudicados somos nosotros. Y Santiago. Llegamos a siete años sin tener una mínima luz de verdad”.
En su resolución, los camaristas sostuvieron que “los elementos probatorios incorporados al expediente eran suficientes para descartar una sola de las hipótesis que se venían planteando en torno al deceso de Santiago Maldonado”, en relación a la desaparición forzada, pero aclararon: “Entendimos que ello no autorizaba a dar por concluida la causa”. Por ese motivo, encomendaron “profundizar la investigación para poder evaluar, desde una posición más firme, si sus artífices debían responde o no por lo ocurrido, sea por la influencia que los acusadores le atribuyeron a las autoridades en el desenlace fatal, o por la manipulación que el cadáver podría haber sufrido durante los días previos a su hallazgo”.
Para Sergio, sin embargo, nada está descartado: “Uno de los jueces de la Corte Suprema dijo que no había que descartar la desaparición forzada, y que hay que investigar todas las hipótesis. De hecho, el nuevo juez no lo descarta. Si la justicia no investigó, no hizo nada ni tampoco tiene datos, no puede descartar algo que ni siquiera sabe. Lo único que tenemos es la causa de la muerte (‘muerte violenta por sumersión, coadyuvado por un cuadro de hipotermia’). ¿Estuvo los 78 días en ese lugar? La autopsia no pudo decir eso. Por eso empieza todo de nuevo. ¿Quién fue el responsable? ¿Fueron los gendarmes cuando ingresaron? ¿Lo mataron el mismo día, estuvo ahí y nadie lo vio? ¿Se lo llevaron? ¿Murió al quinto día? Son todas preguntas que nos venimos haciendo. Hay tres posibilidades de fechas diferentes y por eso tenemos que poner peritos, para ahondar sobre la autopsia”.
Sergio sabe que al nuevo juez le llega una causa “muy manoseada y embarrada”, pero por eso mismo el magistrado no puede determinar nada: “Tiene que investigar todo. Acá no es que se cuestiona la autopsia en sí, sino que pedimos ampliar pruebas y trabajar sobre lo que hay. Si me decís que estuvo 78 días en el mismo lugar, entonces necesito saber: por qué tenía billetes en condiciones; por qué tenía una nota en un papel con tinta; por qué tenía un bastón retráctil en el bolsillo y dos huellas digitales que nunca analizaron de dos ADN de sexo masculino; quiénes intervinieron para que Santiago terminara ahí. Porque si nos guiamos por el rastrillaje, Santiago desaparece en un lugar y aparece río arriba”.
Además, el contexto de violencia represiva. Hace unas semanas la familia difundió un video peritado por el fiscal federal Federico Baquioni, donde se ven cuatro escuadrones de gendarmes ejecutando al menos 83 disparos sobre una ruta vacía. Los efectivos tiran contra la comunidad, arrojan piedras, y hasta uno lleva un hacha. Sergio: “Hay mucho para trabajar, para que citen a declarar, incluso para hacer una reconstrucción en el lugar: el río es el mismo, el descampado también, la ruta sigue igual, y están los testigos”.
A donde vayan
Viajar a Ushuaia no es gratis.
Todo tiene un costo -económico, físico, emocional- para una familia que hace siete años no sabe qué pasó con Santiago. ¿Cómo se vive -o se siente- este nuevo inicio?
Sergio piensa: “Por un lado, hay esperanza, pero por otro hay agotamiento y estrés. Estamos a siete años y tuvimos tres días para encontrar peritos. Estas fechas son complicadas. Acá se nos fueron siete años de nuestras vidas. Perdimos un montón de cosas. Primero está Santiago, que hubiera cumplido 35 años el jueves pasado, pero también está todo lo que se rompe. Tu vida va más o menos encaminada, y de repente pasás a ser otra persona. Te desarma todo. Por algo que, encima, es producto de una violencia del Estado. Santiago solo estaba solidarizándose con los pueblos originarios”.
Sergio para y se toma un segundo, y sigue: “No es que lo buscaste: el Estado te metió arriba del ring. Y tampoco lo podés dejar, porque todos los recursos los tenemos que buscar nosotros”.
Así, hace siete años, esta familia no para.
Hace siete años falta Santiago.
Y allí está Sergio, viajando hasta el fin del mundo, para encontrar verdad y justicia.
- Revista MuHace 4 días
Mu 198: Tomar el futuro
- Fábricas RecuperadasHace 4 días
La combustión que permitió recuperar Aceitera La Matanza
- ActualidadHace 3 semanas
Veto confirmado contra el financiamiento universitario: el triunfo de la derrota y el fracaso del éxito
- ActualidadHace 3 semanas
Abogado Juan Pablo Gallego: “Hay una razonable posibilidad de que Loan pueda ser hallado”
- NotaHace 4 semanas
Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
- NotaHace 1 semana
S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo
- #NiUnaMásHace 3 semanas
Cierre del Encuentro: la fiesta de la resistencia
- #NiUnaMásHace 3 semanas
Arrancó el Encuentro en Jujuy: acá estamos nosotras