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¿Dónde está Julio López? Desaparición en democracia y por qué su testimonio es pura actualidad

Se cumplen 15 años de la desaparición de Julio López. Las dimensiones y los detalles de un crimen ante el cual el Estado sigue sin dar respuesta.
Entre la noche del domingo 17 y el día del lunes 18 de septiembre, Julio López fue desaparecido por segunda vez. Corría 2006, plena democracia. López tenía 77 años y el 28 de junio de ese mismo año había dado un testimonio histórico.
Ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, explicó detalladamente su propio secuestro y torturas en tiempos del régimen dictatorial, pero además el modo en el que habían sido sometidos y asesinados Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Fue testigo y uno de los tres querellantes en la causa, junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y a otra sobreviviente del terrorismo de Estado, Nilda Eloy.
Lo más importante: identificó entre sus torturadores al excomisario Miguel Etchetolaz. “Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza», aseguró López en aquella declaración. Etchecolatz había sido director de investigaciones y mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense Ramòn Camps durante la dictadura.
López no llegó a ver el efecto de su testimonio: fue desaparecido la madrugada del día anterior al que se leerían los alegatos del juicio: un mensaje.
Su familia y los organismos de derechos humanos denuncian que el ideólogo del secuestro no es otro que Etchecolatz y sus ejecutores, en connivencia o participación directa, miembros o ex miembros de la Policía Bonaerense, de sostenida relación con el genocida.
Finalmente, el Tribunal condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua por el delito de genocidio. Pero López nunca más fue encontrado hasta hoy, ni la causa que investiga su desaparición forzada pudo echar luz sobre qué pasó.
Al contrario, como supo decir Nila Eloy, el expediente por su segunda desaparición es “un manual de la impunidad”.
El caso de Julio López simboliza los mecanismos de encubrimiento estatal sobre crímenes de diverso tipo, y los nexos de esa impunidad desde tiempos de la dictadura hasta hoy.
Causa López
La responsabilidad del Estado en el empantanamiento de la investigación judicial es la mayor evidencia del expediente por la segunda desaparición de López. Un breve racconto:
López, pese a haber señalado a uno de los genocidas más peligrosos y con tentáculos aún en la Bonaernese, no contaba con tipo alguno de protección o cuidado estatal.
Durante los primeros meses, la jueza de Garnatías Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javeir Berlingieri investigaron las hipótesis de que Julio podría haber tenido “un shock emocional que pudiera causarle pérdida de memoria, o alguna forma de extravío”; también sugirieron que decidiera esconderse en alguna parte ante la exposición que significaba la condena de Etchecolatz.
La nota de lavaca de ese mismo año:
Mientras tanto, la querella fue la que hizo mover la causa, trazándose tres objetivos. Primero, que el expediente saliera de la justicia provincial y pasara a la federal; que se cambiara la carátula a desaparición forzada; y que tuviera personal especial para la investigación.
Tres meses llevó conseguir lo primero: que se dejara de investigar la desaparición de López como un extravió implicaba profundizar la hipótesis del secuestro, de la desaparición forzada por sectores policiales o “bolsones” de represores en actividad. Así se pasó al fuero federal, a manos de los jueces Manuel Humbreto Blanco, Arnaldo Corazza y Ernesto Kreplak.
Se tardó un año y medio hasta que esto ocurrió formalmente y la procuración designó personal para la causa.
Fue entonces que el juez Arnaldo Corazza se declaró incompetente, alegando una denuncia que había le hecho la familia de López dos meses atrás, planteando que el propio juez podía estar entre los responsables de falta de cuidado a testigos como Julio López.
La Cámara de Casación resolvió, a fines de 2009, que el caso debe ser investigado por el fiscal Sergio Franco. Sin embargo, Franco apeló alegando falta de personal y desconocimiento de la causa. Otro ida y vuelta que por entonces Adriana Calvo – militante gremial docente, secuestrada en febrero de 1977 por la dictadura- relataba a lavaca sin metáforas: la causa corría en un carrito, de una fiscalía a otra.
Los años siguientes no fueron más auspiciosos, pese a que las pruebas del secuestro surgían de llamadas anónimas al 0800 abierto para aportar información sobre López (la principal involucraba a Carlos Falcone, “íntimo amigo de Etchecolatz”, capitán retirado de la Bonaerense, médico forense, que se escondió en Pehuajó tras la desaparición); una nota de un periodista alemán que llevó a un tal Sobrado, ex jefe de Policía bonaerense; cruce de llamadas que vinculaban a Etchetolatz con otros presos; una agenda del represor que ostentaba sus tentáculos y anotaciones de Etchecolatz y su chofer, Hugo Guallama, escritas en la cárcel de Marcos Paz que tenían especial interés en Jorge Julio López: escrito de puño y letra por el ex director de Investigaciones de la Policía provincial podía leerse “pedir todas las declaraciones del Sr. López”. Y en mayúsculas: “Urgente”.
Entre muchas otras, la mayoría de las líneas que conectan a Etchetolatz se encuentran sintetizadas en el libro Los días sin López, una investigación que desnuda la causa judicial que durante una década se dedicó a no buscar a un testigo clave desaparecido en democracia.
El loop de cambios de jueces –dos de ellos, fallecidos durante el proceso- y fiscales fue la característica: “Es una causa abandonada, donde se aparenta hacer cosas, pero en realidad se cambian personas y funcionarios, ponen un empleado nuevo que vuelve a mirar la causa desde el principio, y así todo queda siempre en la nada”, decía Nilda Eloy a lavaca antes de fallecer en 2017.
Los años siguientes, según fue siguiendo esta agencia, la investigación no continuó pero sí las intimidaciones a otros testigos involucrados en el juicio: llamados sospechosos, grabación de reuniones privadas, etc.
En resumen, la causa no contó con apoyo político ni decisión judicial para avanzar en firme sobre las pistas que apuntaban hacia la propia Policía Bonaerense o el Servicio Penitenciario o a los policías de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz.
Hoy no hay imputados ni línea de investigación. Tampoco una política de Estado fuerte para esclarecer el caso, así como tampoco voluntades de asumir el rol en las desapariciones de personas del Estado en general.
La otra Corte
Fue por eso que, ya sin esperanza en la justicia argentina, en 2014 el colectivo Justicia Ya! presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Denunciaron allí el estancamiento de la investigación, solicitando se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso de Julio López.
Recién el 5 de septiembre de 2017 la CIDH dio traslado de la denuncia al Estado argentino: pidió una “solución amistosa” en el marco del artículo 48 (inciso 1,F) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; una especie de mediación, en la cual se puede arribar a algún acuerdo entre las partes. El colectivo Justicia Ya! –querellante en la causa de López- rechazó esta propuesta resumiendo los últimos años de impunidad: “Durante la gestión de (Mauricio) Macri aceptamos ese ámbito pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández la Comisión insistió con el mecanismo de la ‘solución amistosa’ a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes”, señalaron desde Justicia Ya! Al Pulso Noticias.
Según explicó la abogada Pía Garralda al mismo medio, ahora “la Comisión decidirá si toma resoluciones, que son indicaciones para el Estado Argentino, o envía el caso a la Corte para que se sancione al Estado Argentino por incumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos”.
El pedido: que se sancione al Estado argentino por el incumplimiento de los tratados internacionales y que sea un impulso para que se investigue seriamente.
El nuevo juicio
No fue ese el único juicio que debió enfrentar Etchecolatz como resultado del testimonio de Julio. Mientras era juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de La Cacha se lo vio escribir y exhibir desafiante un papel donde se leía «Jorge Julio López».
«Cuando se vio a Etchecolatz con ese papel, en el 2014, no se hizo nada. Yo le pregunté al fiscal: ´No lo va a llamar para preguntarle?, ¿quiere que le pregunte yo? ´Y nunca se hizo nada con eso«, reclama su hioj Rubén. Hasta el día de hoy, nadie le pidió explicaciones al represor: https://www.eldestapeweb.com/politica/derechos-humanos/hijo-de-jorge-julio-lopez-todavia-espero-a-que-llamen-a-etchecolatz-para-que-diga-que-quiso-hacer-con-ese-papel–20219177430
El testimonio de López sigue siendo clave, hoy.
El pasado 13 de septiembre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgar por delitos de lesa humanidad cometidos en el excentro de «Pozo de Arana» al expolicía Julio César Garachico y al genocida Miguel Etchecolatz,
El juicio se lleva adelante en los Tribunales Federales de 8 y 50 y se realiza de manera semipresencial; tiene su punto de partida desde las propias declaraciones de López, el 28 de junio del 2006, tres meses antes de su secuestro, en aquel juicio que se realizó en el salón del Palacio municipal. Garachico había sido mencionado por López en aquel año pero fue detenido 6 años después.
Garachico afronta acusaciones como “coautor inmediato de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de siete personas” – entre ellas López-, y como “responsable en calidad de partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado” en perjuicio de tres de ellas.
Mientras Etchetolatz espera el juicio en prisión, Garachico lo hace gozando de prisión domiciliaria.
En la última audiencia, se volvió a emitir la última declaración de López a través de video: https://www.diariocontexto.com.ar/2021/09/13/volvieron-a-transmitir-los-testimonios-de-jorge-julio-lopez-de-2006-en-el-juicio-a-etchecolatz/ El testimonio de Nilda Eloy también fue retransmitido. Nilda, quien dio su testimonio seis días antes que López, el 22 de junio del 2006 y fue una incansable luchadora para desarmar la impunidad de la causa, falleció en 2017.
En aquella oportunidad Eloy contó cómo fue secuestrada a los 19 años, el 1 de octubre de 1976 cuando estudiaba Medicina en La Plata. También describió su cautiverio en los centros clandestinos de La Cacha, el Pozo de Quilmes, el destacamento de Arana, el Vesubio, El Infierno y la comisaría de Valentín Alsina, tras lo cual fue “blanqueada” como prisionera y alojada en el penal de Devoto.
Los testimonios de Nilda Eloy y el de Jorge Julio López fueron clave para condenar por genocidio a Etchecolatz en el 2006 y todo indica que impulsarán una nueva condena en este juicio.
Etchetolatz acumula ocho sentencias por genocidio.
Mientras ocurre todo esto, López sigue sin aparecer.
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Ley de Equidad: comenzaron en Córdoba los Foros federales para su implementación

La Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba fue la sede del primer foro para la efectiva implementación de la Ley de Equidad en Medios de Comunicación. Participó una amplia cantidad y variedad de estudiantes, profesionales, académicas y sindicatos; estuvieron presentes la ministra de trabajo, Kelly Olmos, la subsecretaria de Políticas de la Inclusión Cecilia Cross y la presidenta de RTA, Rosario Lufrano; Guillermo Tello, Coordinador general de la Multisectorial Audiovisual; y las decanas de las facultades de Artes y Comunicación de la UNC. La ley se sancionó en 10 de junio de 2021 y fue reglamentada finalmente el 8 de junio de este año, fecha en la que se estableció el objetivo de que en 90 días se generaran foros en los que se establezca la hoja de ruta de acción. Ayer comenzó el debate, que continuará en Buenos Aires, Tucumán y posiblemente Rosario y Mendoza. Lo que dijeron las autoridades y las asistentes, los sentidos en disputa, la importancia de su federalismo y las estrategias para que las normativas provinciales estén en sintonía con la Ley.
Por Bernardina Rosini. Fotos de Natalia Roca
Desde córdoba capital
Comenzó en Córdoba el primer Foro para la Equidad en los Medios de Comunicación. Este encuentro inicial, al que le seguirán otros en distintos puntos del país, se realizó en la ciudad de Córdoba y contó con la presencia de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos; la subsecretaria de Políticas de Inclusión también de la cartera del ministerio de Trabajo, María Cecilia Cross; y de Rosario Lufrano, presidente de Radio y Televisión Argentina.




La apertura del evento se realizó en el auditorio de la Facultad de Artes de la UNC en la ciudad universitaria y fue Ana Mohaded, decana de Artes de esta facultad, quien dio la bienvenida a la audiencia y celebró la ocasión: “No hay movimiento posible en soledad, y este gran avance es posible reconociendo la fuerzas que han empujado para que se logre, y sigue siendo un aprendizaje el atender a las alianzas, las posibles, las momentáneas, las circunstanciales que también logran generar proyección”.
La decana también resaltó el concepto propuesto por el feminismo negro de “interseccionalidad” resaltando que los derechos no se presentan aislados sino que conforman una compleja matriz. A propósito señaló: “Esta ley propone esa mirada y apunta a un lugar tan destacado como los espacios de construcción de sentido y de socialización de sentidos”. En relación a las desigualdades que busca desarmar la Ley de Equidad, Mohaded reconoció la importancia que el primer Foro de implementación se realice en una ciudad del interior del país.
A continuación, la subsecretaria Cecilia Cross agradeció la bienvenida y presentó la instancia del Foro como “el espacio necesario para construir el mecanismo de consulta con la sociedad civil para la implementación de la ley”. Continuó reconociendo que quienes impulsaron la Ley 27.635 son quienes la pueden de nutrir de contenido día a día para la que la implementación sea exitosa. Cross adelantó además que los siguientes foros serán en la ciudad de Buenos Aires, Tucumán y posiblemente Rosario y Mendoza.

Avanzando con un tono más reflexivo en relación a la importancia de la ley, expresó “no da lo mismo quién habla, cómo se toman las decisiones, cómo se trabaja, quienes tienen posibilidad de decir, quienes pueden avanzar en la carrera, todas estas cuestiones necesariamente se reflejan posteriormente en la calidad de los medios de comunicación, en los espacios públicos, y en consecuencia en la calidad de nuestra democracia”. Para finalizar “Sigan acompañandonos, ya que con este camino no sólo saldrá fortalecido el sector, la sociedad, sino la democracia toda, la justicia social convoca a toda la Argentina”.
Rosario Lufrano habló a continuación y rememoró las condiciones de trabajo en los medios de comunicación: “No hace falta irse tanto al pasado para recordar que se escogían las periodistas de televisión en función del presentador masculino, si combinabas con su físico y tu belleza agradaba a todo el directorio”. Y en función a la toma de conciencia y a la conquista de derechos resaltó que “Argentina es un país de vanguardia. Esta Ley es única en el mundo, somos ejemplares. Es una expresión de un proyecto de país, frente a quienes se resisten y se ilusionan en sostener una sociedad machista y creen que se puede retroceder. Pero eso no va a suceder. No vamos a retroceder. Y lo vamos a mantener como lo hemos logrado: saliendo a las calles”.
Luego fue el turno de Mariela Parisi, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, quien consideró “un gran honor que los primeros pasos se estén dando en Córdoba, ya que las desigualdades no son únicamente resultado de una distribución despareja de los medios de producción sino que también es producto de una construcción cultural y política cotidiana mediante la cual las diferencias se transforman en jerarquías y acceso asimétrico a todo tipo de recursos. Los medios de comunicación han sostenido y sostienen mecanismos de subordinación”. En su exposición Parisi también citó indicadores que señalan la alta tasa de estudiantes y egresadas de las carreras de comunicación y periodismo, en niveles de grado y posgrado, situación que sin embargo no se condice con la composición de las empresas de medios y los altos cargos en éstas. Por último celebró que la ley apunte a la equidad en todos los roles y estamentos de la producción de noticias y contenidos.
Guillermo Tello, Coordinador general de la Multisectorial Audiovisual, participó también en la apertura y principalmente reconoció el enorme trabajo de los sindicatos del sector, organizaciones feministas y profesionales en la construcción y en el logro de esta ley.
Para finalizar el acto de apertura tomó la palabra Kelly Olmos, máxima autoridad del Ministerio de Trabajo, autoridad de aplicación de la Ley de Equidad. Olmos expresó que el Ministerio “acompaña un esfuerzo netamente militante” y situó a la ley como “esencial para la construcción de una sociedad con justicia social”. La ministra afirmó que “a su vez, no es posible pensar en equidad de género sin un proyecto político que atienda a la justicia social”. Y para cerrar, postuló la necesidad de reconocer que por un lado “se trata de un proceso; esta ley establece un horizonte que dinamiza hacia dónde avanzar. El gobierno dispone todo sus esfuerzos para garantizar apoyo e incentivo para acompañar este logro”.




La jornada continuó por la tarde con comisiones para tratar distintos aspectos de la implementación de la Ley. Las comisiones establecidas fueron cinco:
- Equidad en el desarrollo de la carrera;
- Inclusión laboral de mujeres y diversidades en los medios de comunicación;
- Estado y medios de comunicación;
- Futuro de la actividad y federalización;
- Erradicación de la violencia y el acoso en el sector medios de comunicación.
Si bien no hubo posteriormente un encuentro de puesta en común de lo debatido en las comisiones, participantes expresaron a lavaca lo sucedido durante la histórica jornada: “Para nosotros es muy importante atender que la implementación se de manera federal y llegue a todos los puntos del país. Y es necesario atender que las normativas provinciales se encuentren en sintonía con la ley, de otro modo, nos estarán paseando con la excusa del ámbito de aplicación”, dijo Mariana Mandakovic secretaria general del sindicato de prensa y comunicación de Córdoba-CISPREN-.
El cierre de la jornada se dió en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba, donde las funcionarias fueron entrevistadas por Celeste Giacchetta en la emisión de un programa especial destinado al tema. Nuevamente Rosario Lufrano y Cecilia Cross presentaron los beneficios de la ley, intercaladas con reflexiones en un contexto electoral. Cecilia resaltó que, en relación a la equidad, busca salir del lenguaje del empoderamiento puesto que pone foco en lo individual y en el esfuerzo extraordinario y atiende a la remoción de los obstáculos en el camino de esa equidad. Rosario por su parte atendió particularmente al carácter federal de Radio Nacional, a su verdadero alcance: “Proponer un contenido de calidad, voces plurales, que son escuchadas donde ninguna otra señal llega, es proponer -sobre todo- un modelo de país el cual hoy hay que defender”.
El diálogo fue intercalado por la participación de artistas locales: el duo musical Las Cordobesas y la lectura de Eugenia Almeida.


Continuará…
Ley 27.635: La ley de Equidad
La Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de la República Argentina, Ley 27.635, tiene como fin promover la representación de los géneros y diversidades en los medios de comunicación. Alcanza de forma obligatoria a los prestadores de gestión estatal nacional, aquellos que están en la esfera de Radio y Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E., Télam S.E., así como a los servicios de comunicación del Estado nacional que se creen en el futuro. Para los Servicios de Comunicación operados por Prestadores de Gestión Privada se establece un régimen de promoción.
Asimismo, establece que para que haya equidad en los medios, deben cumplirse al menos cuatro de los siguientes requisitos:
1) Procesos de selección de personal basado en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros
2) Políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual
3) Implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria
4) Acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras
5) Disposición de salas de lactancia y/o de centros de cuidado infantil
6) Promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos
7) Protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género.
Nota
El silencio no es salud: Un encuentro en el Garrahan para denunciar las enfermedades causadas por los agrotóxicos

Mercedes Méndez trabaja en el Hospital Garrahan como enfermera de pacientes oncológicos, niños y niñas, que muchas veces provienen de pueblos fumigados. Desde 2011 organiza charlas junto a médicos, científicos y víctimas que asocian las enfermedades que se atienden en ese hospital con el modelo agroindustrial y contaminante.
En una nueva edición de estos encuentros que no cuentan con apoyo institucional sino sindical (junta interna de ATE), participaron el médico legista Damián Verzeñassi, director de la práctica final de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de Rosario, y Anabel Pomar, vecina de Exaltación de la Cruz, miembro de la asamblea de esa localidad que denuncia la contaminación por agrotóxicos. Verzeñassi compartió los hallazgos realizados en zonas fumigadas junto a estudiantes («la primera causa de muerte en estos pueblos es de cáncer y todos los tipos de cáncer, salvo el de próstata, están por encima del promedio nacional»), y preguntas cuyas respuestas apelan tanto a esa evidencia como al sentido común: «¿Alguien puede pensar que venenos que fueron diseñados para matar a seres con los cuales compartimos carga genética, no nos hagan nada a nosotros?».
Carteles, pacientes y agrotóxicos
Anabel Pomar planteó otra pregunta desde las entrañas: «¿Desde cuándo naturalizamos ser el país más pulverizado del mundo?». El recuerdo de Kili, Nicolás y Celeste, y las advertencias a los propios profesionales de la salud para cambiar la mirada, y el silencio, sobre un modelo enfermo.
Hay 76 carteles que van pegando, uno por uno, médicos y enfermeras, médicas y enfermeros, que envuelven las paredes de una de las salas del segundo piso del Hospital Garrahan. Son muchos más carteles que trabajadoras y trabajadores de salud. Se trata de una lucha que la enfermera Mercedes Méndez viene dando casi en soledad desde 2011, en las mismísimas entrañas del hospital, contra el uso de agrotóxicos y la implicancia que tienen en la salud humana.
Meche vio morir a muchas nenas y a muchos nenes provenientes de pueblos fumigados; entendió múltiples enfermedades vinculadas al sistema de venenos; escribió decenas de cartas escritas a la institución donde trabaja que jamás fueron contestadas; y en esas no respuestas, sigue sin haber estadísticas ambientales ni laboratorio para medir las pulverizaciones que ingresan y enferman y matan a los cuerpos.
Los carteles abrazan una nueva actividad organizada por Mercedes Méndez para seguir debatiendo y pensando las complicidades que llevan al agronegocio a profundizarse más y más, a la par del deterioro de la vida. Esta vez, los invitados son Damián Verzeñassi y Anabel Pomar. Damián es médico legista y Director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Anabel es vecina de Exaltación de la Cruz, activista de la organización ambiental Exaltación Salud y periodista. Hablan en una charla cuyo nombre es “Agroindustria y Territorios de sacrificio”. Y rodeados de carteles, de dibujos de infancias, de notas periodísticas, que dicen cosas como “Basta de Cáncer”, “Paren de fumigarnos”, “Sí a la vida, no a los agrotóxicos”, “No son empresarios, son operarios de la muerte”, “El vaso de agua está fumigado”, “Hallan glifosato en la orina de alumnos de una escuela rural”, “Si mata y envenena no es agricultura”.



La evidencia de sobra
Meche Méndez arranca: “Desde 2011 realizamos este tipo de encuentros porque en el Garrahan atendemos a niños fumigados con enfermedad crónica y aguda y eso es responsabilidad de las empresas extractivistas y la complicidad del Estado. Los damnificados portan la evidencia en sus cuerpos». Y da pie a un video desde Lavalle, Corrientes, donde el protagonista es un damnificado que ya no porta evidencia en el cuerpo. Un nene fumigado y asesinado por agrotóxicos, en 2012. Dice Eugenia Sánchez, la mamá de Kili Rivero, envenenado cuando tenía 4 años: “Exigimos que paren de matarnos”, sintetiza. Recién el próximo 1 de junio comenzará el juicio contra el productor tomatero Oscar Candussi, a 11 años del crimen.
Expresa Damián al respecto: “El camino es entender lo que viven los territorios. Hay pruebas científicas, pero los pueblos son la prueba viva de la emergencia sanitaria”.
Y cita a Gianni Tognoni, epidemiólogo y sanitarista italiano: “Las comunidades son las productoras del conocimiento. La narración de la vida de las comunidades es más importante que la medición de la contaminación”. Retoma Damián sobre uno de los ejes principales a atacar: “El problema está en los espacios de formación, que están cooptados y homogeneizados desde el siglo XIX, que no habilita preguntas ni dudas. Hay que cambiar desde esos espacios la visión de que los problemas de salud se originan solo por una causa, cuando refieren a procesos construidos temporalmente y espacialmente. Hay que reconocer el contexto para conocer los resultados”. Y plantea algo tan obvio, como desestimado: “En qué cabeza cabe que en un sistema biocida que afecta a especies que compartimos gran parte de la carga genética, no nos hará daño al ser humano”.
A las evidencias corporales, Verzeñassi le suma estadística, surgidas de su trabajo de campo: “El 61% de la gente que visitamos en los pueblos donde hicimos campamentos sanitarios, aseguró tener alguna enfermedad relacionada a la contaminación. Y el 90% de esa población lo atribuye a los agrotóxicos».


Hay cifras escalofriantes: «La primera causa de muerte en estos pueblos es de cáncer y todos los tipos de cáncer, salvo el de próstata, están por encima del promedio nacional». Puntualiza: «Mientras que el promedio nacional de muertes de cáncer es de 18.7%, en las ocho localidades relevadas es de 29.2%«. Y sentencia: «Se trata de una geopolítica de la enfermedad, o dicho de otra manera, la enfermedad como estrategia de dominación».
Anabel Pomar, a su lado, lo escucha y alza la voz: «En Argentina no hay quien no esté fumigado, porque nosotros nos comemos los venenos desde la primera fila como pueblos fumigados, pero esto le llega al resto también».
Anabel tiene muchas preguntas y las exterioriza: «¿Cuándo naturalizamos que para producir hay que envenenar? ¿Cuándo permitimos ser el país más pulverizado del mundo? ¿Cuándo naturalizamos decir agua potable si no se mide los agrotóxicos que contiene? ¿Se espera que sigamos contando muertes? ¿Cuánto vale un pibe?».


Responde la última pregunta: «No tiene precio». De fondo, un cartel con las caras de Kili Rivero y de Nicolás Arevalo, también de cuatro años, también de Lavalle, también muerto envenenado por agrotóxicos, en 2011.
¿Dónde ve luz Damián Verzeñassi? «En seguir resistiendo para construir un mundo diferente. Los médicos no debemos ser meros arregladores de cuerpos sino coproductores junto al pueblo en la búsqueda de una sociedad más libre». ¿Dónde ve luz Anabel Pomar? «Esto va a empezar a cambiar cuando el pueblo argentino se reconozca como nación fumigada. En ese momento, no le va a gustar, y ahí reaccionará».

Nota
Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.
La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.
Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.
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