Este martes 7 de mayo dos altos mandos de la Policía Federal debieron escuchar durante tres horas el testimonio de más de 30 manteros organizados que relataron los manejos mafiosos de la calle y la venta ambulante que hacen los agentes de esa fuerza en distintos puntos de Capital. La reunión se dio en el marco de una mediación organizada por el Ministerio de Seguridad, luego de una serie de denuncias de los manteros agrupados como “Vendedores Libres”(del movimiento Social Francisaco Jofré), que mantienen la ética de no pagar “coimas” en los lugares donde trabajan y que, por esa razón, son víctimas de una persecución mafiosa con connivencia policial. La jornada culminó con la promesa de Mario Alberto Morales, Jefe General de Comisarías, y Guillermo Colucci, comisario a cargo de las comisarias de la Comuna 6, de garantizar la seguridad física de estos manteros, y desarrollar un disciplinamiento de la policía en materia de intervenciones contravencionales.

La reunión
En la sede del Ministerio de Seguridad ubicada en México 12, a las 10 y media fueron ingresando más de 30 manteros organizados en la Asociación Francisco Jofré, más conocida como “vendedores libres”, mote que les da distinción en cualquier parte de Capital porque:

• Fueron desplazados por la Policía Metropolitana de la calle Florida (la organización tuvo 50 días de resistencia evitando el desalojo), en una represión que dejó decenas de heridos y sin alternativas a los vendedores, que ahora emigraron a Caballito;
• No “arreglan” con la policía ni se someten a los antiguos sistemas de disciplinamiento callejero, en general a cargo de agentes de la Policía Federal en connivencia con redes clandestinas de mercadería, y hasta punteros y patotas;
• Vienen denunciando las persecuciones que, desde que están en Caballito, sufren por parte de la Federal (pedidos de coima, amenazas, procedimientos ilegales) e incluso de otros vendedores que sí “arreglan” y ven en estos manteros una desleal justicia.

Mario Morales, jefe de las comisarías, y Guillermo Colucci, a cargo de la Comuna 6, fueron los encargados de dar la cara ante la ausencia (de una prometida presencia) de los comisarios de las comisarías 10, 11 y 12, de la jurisdicción de Caballito. Ya desde entrada, los encargados del Ministerio avisaron el cambio de planes: “Consideramos mejor que no vengan para que ustedes se puedan explayar”, aseguraron. Pero los manteros ya lo tenían decidido desde antes: se iban a “explayar” esté quien esté en frente.
El primer orador fue Julio Pereyra, mantero, quien el 8 de marzo sufrió un ataque de otros vendedores – que identifica como “punteros” arreglados con la policía-, al punto de tener que esquivar unos cuchillazos. Pereyra describió, paso por paso, el desarrollo de la persecución que derivó en aquel episodio: desde que fueron echados por la Metropolitana de Florida, cuando repartieron volantes en Caballito para hacerse oír, el desembarco en Acoyte y Rivadavia el 4 de diciembre pasado, y el “sistema de trabajo” que el subinspector Mainardi (Comisaría 12) les sugirió apenas llegados. Todo ante la mirada atenta de los funcionarios federales, y los compañeros manteros que afirmaban y completaban apellidos y cargos de los policías involucrados.
Las amenazas, relató, estuvieron desde el primer día. Organizados, los manteros tuvieron un primer momento de negociación con el responsable de la seguridad en Caballito: el comisario de la 12, de apellido Cuncio. “Nos trató amablemente y nos dijo que no nos preocupemos, que trabajemos tranquilos”, dijo Pereyra.
Al día siguiente de esa reunión, cuando llegaron los Vendedores Libres a Acoyte, todo el resto de los manteros (muchos de ellos empleados de mayoristas, que tienen mantas en distintos puntos de la ciudad en connivencia con la policía) estaban, pero desarmados. Es decir: no había nadie vendiendo ese día. También estaba Mainardi, el subinspector del “sistema de trabajo”.
Omar Guaraz, otro de los referentes de Vendedores, tuvo un encontronazo con Mainardi. Le dijo: “No te quiero más acá”, sin más explicaciones”, relataron. Acto seguido, le pidió el documento y le secuestró la mercadería. La promesa del comisario Cuncio había durado menos de medio día.

¿Quién recauda?
Los mandos policiales presentes en la reunión preguntaron concretamente quién “recaudaba”. “La brigada”, fue la respuesta unánime. Los manteos se refieren a la Brigada Especial de Investigaciones de la Comisaría 12, que funciona de civil – aunque con el deber de identificarse- en autos que no son patrulleros y tienen presencia controladora en la calle. Dentro de la brigada, los manteros señalaron a Diego Bravo (jefe de esa Brigada), quien apareció recurrentemente en los relatos.
El otro día bisagra fue el 8 de marzo, cuando intentaron herir a Julio Pereyra con un cuchillo. La situación tensa la generó, horas después, un agente de apellido Cuello: “Le dijo a una compañera que se tenía que correr porque el mantero que vende cd´s quería poner otro paño al lado. Le dijo: ´Vos te tenés que ir, el único habilitado para estar acá es él¨”, relató Pereyra y completó Guaraz. “La diferencia el señor de los cd´s arreglaba, y la compañera de vendedores libres, no. Por eso tenía prioridad para poner un segundo paño y sacar el de ella”. Otro mantero agrega un dato no menor: “que tiene dos hijos”.
Pereyra cuenta cómo salieron a respaldar a la compañera que quería ser desplazada: “Yo saco el celular y lo empiezo a filmar, y ahí el tipo se pone nervioso, me empieza a amenazar, parecía un chico de 12 años”. Cuello terminó llamando refuerzos: llegó un patrullero, pero en vez de ayudar a Cuello, se lo llevaron ante la irregularidad del procedimiento. “Si ellos quieren seguir la denuncia se estarían autodenunciando, porque los que están en falta son ellos”, resume Pereyra.
Ese mismo día, a las 18 horas, una veintena de manteros “de los que arreglan con la policía”, ya agitados por la situación, se juntaron en frente de donde trabajan los Vendedores Libres. “Tenían palos y botellas y objetos en punta, como facas”, describe Pereyra. Y relata cómo uno de ellos intentó alcanzarlo a cuchillazos, cómo lo esquivó, y cómo salió corriendo hacia la avenida Acoyte donde se le tiró en el capot a un patrullero que de casualidad pasaba. La policía, a pesar de haber sido llamada en 4 oportunidades por Pereyra, no había aparecido desde que se llevaron a Cuello.
Sin ir más lejos, Omar Guaraz sintetiza: “Lo que está en peligro son nuestras vidas”.

Cuánto hay en juego
La organización que describen estos trabajadores involucra a agentes de la Federal que levantan 300 pesos todos los viernes y por cada mantero– 1.200 al mes- a cambio “protección” y libre venta para los aplicados. Los Vendedores Libres son la contracara: persecución y hostigamiento.
José levanta la voz, para no poner sólo el foco en Acoyte y Rivadavia, ya que él representa a vendedores del Parque Centenario: “Esto que estamos contando pasa en toda la Capital”, denuncia y enumera: “calle Avellaneda, Constitución, Retiro, Plaza Flores”. Y da un dato que ilustra cómo funciona el sistema contravencional: “El 90% de los procedimientos policiales se actúa de oficio, es decir, sin denuncia”.
Verguenza
“Me da vergüenza”, es lo primero que dice Guillermo Colucci, jefe de la 6ta. “Lo que ustedes están relatando me da vergüenza”. Colucci se presenta como “responsable administrativo” de las policías, es decir como capaz de “bajar órdenes”, pero no de seguir de cerca su implementación directa. Habla de “2 o 3 imbéciles”, dice que “no es una organización”, ofrece su teléfono (“si pasa algo, llámenme”), asegura que “pueden trabajar tranquilos” (frase que a los manteros les recuerda la inquietante promesa del comisario Cuncio) y asegura que si encuentra un oficial haciendo algo ilegal “los mato”.
Entonces salta José, feriante del Centenario. “Pero esto no es nuevo”, dice, “ya somos grandes”.
El jefe de comisarías, Morales, se compromete a garantizar la seguridad física de estos manteros en el lugar de trabajo; “tampoco les puedo poner un guardaespaldas que los siga hasta sus casas”. Dice que desde el Ministerio son capaces de sancionar a los policías involucrados en estas ilegalidades, pero no de “meterlos presos; para eso están las denuncias”. Y por último le intenta responder a José: “Pero a ustedes en Parque Centenario, ¿los siguen parando?”.
José: “No, pero es por lo que hemos hecho nosotros”. Además agrega la inquietud que sobrevuela a la buena predisposición de los responsables de la Federal: “No es que después de hoy van a dejar de cobrar coimas así como así”.

Lo que sigue
Damián, del Movimiento Social la Dignidad, propone concretar esta idea: en consenso con los trabajadores, avisa que intentarán organizar a todos los manteros de Caballito  – a los punteros, también- para desarticular el sistema coimero.
Ada, otra trabajadora, agrega: “Estaría bueno que fuera al revés, que llegue el viernes y en buenahora nos asombremos que no pasó la Brigada a cobrar”.
Todos, los comisarios también, parecen estar de acuerdo.
Habla César, que dice haber trabajado 36 años en la calle. “Usted es el segundo funcionario que conozco que se identifica como un trabajador”, dice en referencia a palabras anteriores de Colucci. “El día que entendamos que todos somos trabajadores, los policías y nosotros, nos vamos a respetar”, asegura.
César va más allá: “Y para que vea que nosotros no nos quedamos en la queja, tenemos propuestas. Queremos una ley que regule la actividad. No somos ilegales, somos desregulados”, sentencia.
La Ciudad, la gran ausente
Cansados de hablar, y logrando arrancar algunas promesas de los responsables de la Policía Federal, los manteros pidieron la palabra del Ministerio, razón de este encuentro. Habló Carolina, directora del programa de Participación Ciudadana, quien resumió correctamente los puntos acordados en la reunión, promovió los foros de seguridad barriales, y terminó señalando la pieza que falta para encarar una solución integral de la seguridad: “Nos falta el actor del Gobierno de la Ciudad”, para regular los procedimientos contravencionales con los inspectores de la Ciudad, acordar propuestas conjuntas, prioridades, coordinación de fuerzas, competencias.
Pero la pelota hoy la tiene el Ministerio; su responsabilidad política se medirá con los resultados concretos de esta charla. Lo demás está claro y se seguirá discutiendo en los espacios que correspondan, siempre esperando que este paso sea el primero de otros que avancen en una regulación que les permita a estos trabajadores trabajar.