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La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

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Desalojos y represión contra pueblos originarios. Cárcel a sus referentes y militarización de territorios. Leyes que se violan y empresas extractivas que avanzan con complicidad política y judicial. Políticas de Estado contra los pueblos indígenas. Y comunidades que resisten. Cómo es el plan sistemático contra los pueblos originarios.
Por Darío Aranda.
Agustín Santillán, wichí de Formosa, lleva tres meses preso.
Facundo Jones Huala, mapuche, fue encarcelado en Chubut de forma arbitraria por una causa que ya había sido juzgado, hace pocas semanas.
En San Pedro de Colalao, Tucumán, un megaoperativo policial desalojó a familias diaguitas.
Toda una comunidad mbyá de Misiones fue testigo de la destrucción de sus viviendas, con motosierras e incendio incluido.
En Salta, 26 wichís murieron en 23 días por causas evitables.
Éste es el plan sistemático contra los pueblos originarios.

Los detenidos

Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, una provincia donde pocas voces se alzan contra el gobernador Gildo Insfrán, gobernador desde 1995. Agustín Santillán es una de esas voces, que reclama los derechos del pueblo wichí.
Santillán fue detenido el 14 de abril: tiene más de veinte causas armadas. Desde hace tres meses está en la cárcel de Las Lomitas. Recibió maltratos, amenazas de muerte y su futuro es complejo. “Son causas armadas. Es un preso político. Quieren aleccionar para que nadie más levante la voz”, resumió Daniel Cabrera, su abogado.
“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denunció una escrito público firmado por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.

Habla el lonko Jones Huala desde la cárcel: “La represión es brutal”


También en la cárcel se encuentra Facundo Jones Huala, lonko (autoridad) del Lof Cushamen, en Chubut. Su comunidad cometió el pecado en 2015 de recuperar tierras en la estancia Leleque, propiedad de la multinacional Benetton, el mayor terrateniente de Argentina con un millón de hectáreas. Sobrevinieron denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones Huala fue enjuiciado por un antiguo pedido de extradición a Chile. El juez confirmó la existencia de tortura a testigos, liberó a Huala y la causa tramitaba en la Corte Suprema. El 27 de junio, luego de una reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en un retén de Gendarmería por el mismo pedido de extradición, y trasladado a Esquel. “Estoy preso de forma ilegal. No se respeta el debido proceso, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los jueces están violando el estado de derecho, su propia legislación”, denunció Jones Huala.

Desalojados

El 26 de junio la Comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 (que declara la emergencia en materia de  posesión y propiedad de tierras indígenas y por ello frena los desalojos de este tipo), decenas de policías, policía montada e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. El operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro Albo.

La comunidad explicó que el trasfondo es el intento de explotación de los recursos naturales del lugar.

En San Ignacio, Misiones, el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y luego las incendiaron en presencia de niños y mujeres. “Llaman la atención las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las comunidades Mbya de los derechos que tienen como pueblos preexistentes”, denunció el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa). Incluso confirmó que la comunidad cuenta con documentos oficiales que muestran que se trata de territorio ancestral indígena.

Patagonia mapuche: tres represiones en dos días

La ley y la trampa

Ante cada desalojo a campesinos e indígenas suele las comunidades suelen responsabilizar al poder político y al empresario. Pero también interviene un actor de perfil más bajo: el Poder Judicial, el más conservador y vitalicio de los tres poderes del Estado. Y el único que no es elegido por votación de la población.
Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. De la mano de jueces y fiscales, no se cumplen.
“La ley es como un hacha sin filo”, resume un dicho del Pueblo Wichí. Puede ser una herramienta deseada, ideal, pero si no se implementa, no sirve.
El Pueblo Diaguita de Tucumán marchó el 6 de julio a los tribunales de la provincia. Identificó como responsable de sus abusos al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca llega. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos indígenas.
“Nosotros somos un pueblo preexistente y reclamamos lo que es nuestro. Lo que quieren los empresarios es quitarnos nuestras tierras, despojarnos de lo que nos queda. Hoy decimos basta y nos revelamos ante el poder judicial porque esto no puede volver a ocurrir”, denunció desde la marcha la vocera diaguita Ivana Morales, a la Agencia de Prensa Alternativa (APA!).
Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat) y parte de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), presentó la situación Argentina en el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (que sesionó entre el 10 y 14 de julio en Ginebra) y se entrevistó con la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauili Corpuz. Kosovsky entregó documentación que confirma casos de violaciones graves a los derechos de las comunidades, vulneración de los derechos territoriales e incumplimientos sistemáticos de estado argentino en garantizar la seguridad jurídica de los territorios.
Gajat recordó que la Ley 26.160 (que en 2006 instó relevar los territorios indígenas y prohibió nuevos desalojos) vence este año y el Gobierno aún no ha confirmado la prórroga. “Pasados diez años, menos del 30 por ciento de los territorios fueron relevados.

En 2011, el relator especial de ONU (James Anaya) confirmó numerosos desalojos, incluso violentos, a comunidades de todo el país. La ley no se cumplió y vence en noviembre de 2017”, alertó el abogado ante Naciones Unidas.

Amnistía Internacional realiza desde hace dos años un mapa de conflictos territoriales (disponible en www.territorioindigena.com.ar). Contabilizan un piso de 250 casos, donde el punto común son empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos. “Existe en Argentina una significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación. No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión”, alertó Amnistía Internacional.

Matar al indio

Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de Santiago del Estero, falleció en el marco de un intento de desalojo el 25 de junio, en la localidad de La Florida (sudoeste provincial). Su familia denunció que “murió de angustia” ante la posibilidad de perder su tierra, cuando empresarios quisieron hacerse de la tierra campesina.
Sólo la insistencia del periodista Eduardo Duschatzky posibilitó que la agencia oficial Telam emitiera la noticia. Ningún “gran medio” se hizo eco. La Mesa de Tierras Choya-Guasayán, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, denunció el hecho y alertó que los empresarios están con vía libre de parte del poder político y judicial. También resaltaron el aumento de la conflictividad en los parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San José y Santo Domingo.
La abuela Carmen Lobo de Quiroga se suma a una larga y silenciada lista de asesinatos rurales: Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco), entre otros.
En Santa Victoria Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23 días, todas por causas evitables y falta de atención básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral, según describió la periodista Laura Álvarez Chamale (en el diario El Tribuno).

Aunque se trató de más de un muerto por día, ningún gran diario porteño (ni radio, ni canal de televisión) replicó la noticia.

«No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre murieron 16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 más, sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que quedó en nuestras comunidades», lamentó el dirigente wichí Pedro Lozano. Y precisó que se trató de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2 años.
Las comunidades indígenas y familias criollas cortaron la ruta provincial 54. Denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de insumos básicos y la carencia de agua (con temperaturas de más de 40 grados).
El secretario de Servicios de Salud de Salta, Francisco Marinaro Rodó, reconoció las 26 muertes, pero culpó a los indígenas: Lo que ocurre en verano es que beben agua de los madrejones y eso les provoca diarrea y deshidratación grave. Son los hábitos higiénicos dietéticos de las comunidades wichís, más que ninguna otra etnia, los que generan estas problemáticas (…) Mi gran ambición es que aprendan a lavarse las manos, a hacer hervir el agua, a cocinar y darles a sus hijos agua y comida segura».
El funcionario no mencionó la falta de agua potable, la falta de trabajo, la pobreza, ni el histórico y permanente despojo de tierras, que acorrala a las comunidades en pequeñas parcelas donde es muy difícil reproducir su vida.

Enemigo interno

El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó (en un informe interno de agosto de 2016) a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconoce que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”,  apunta al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
El 21 de junio, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.

La unión

Ivana Morales, de la comunidad India Colalao de Tucumán, invitó: “Pedimos a todas las comunidades que nos unamos. Continuamos resistiendo, esto no termina. Llevamos 525 años resistiendo y en el año 2017 continúa esta lucha. Que la Pachamama nos proteja”.
Facundo Jones Huala, desde la cárcel, apuntó a una de las causas de fondo: «Los gobiernos ven un peligro en la organización y levantamiento de los pueblos indígenas. Tenemos formas de vida que se contraponen al sistema capitalista, han mantenido vidas comunitarias, sostenibles, sin intervención del Estado. Los pueblos indígenas son una alternativa para estos modelos de vida modernos e inhumanos. Por eso se ve a los indígenas como un peligro para el capitalismo».
La Confederación Mapuche de Neuquén está dividida en seis regiones.

La Zonal Xawvn Ko (Encuentro de Aguas) emitió un comunicado el 5 de julio titulado “Los pueblos indígenas, identificados como enemigos del modelo”.

Puntualizó los hechos represivos de las últimas semanas, las detenciones arbitrarias de Santillán en Formosa y de Jones Huala en Chubut.
Dice: “Nuestra condena y repudio a los acontecimientos que demuestran que la escalada de violencia. Como organización Mapuche expresamos nuestra condena y repudio al accionar terrorista de este Gobierno, que además de hambrear al pueblo, ha iniciado una cacería sobre todo pueblo indígena que se oponga a su modelo capitalista , extractivista, saqueador, racista y represor”, remarca. El comunicado finaliza: “Por nuestra libre determinación. ¡Marici wew! (Diez veces venceremos)”.

Las tres patas

El audio es de sólo tres minutos. Circuló por WhastsApp y pertenece a Marcos Pastrana, histórico luchador diaguita de Tafí del Valle (Tucumán), uno de los pioneros en enfrentar a Minera Alumbrera en el norte argentino. Con simpleza, Pastrana realiza un análisis pedagógico, profundo y conmovedor de la situación indígena de Argentina. “Una política de Estado tiene tres patas esenciales: voluntad política, decisión administrativa y presupuesto – dice-. Los desalojos contra pueblos indígenas son claramente una política de estado, actual y desde siempre del estado argentino. Porque los desalojos tienen una voluntad política, por eso se hacen. Tiene una decisión  administrativa porque ponen todos los medios a disposición para que se ejecuten. Y tiene presupuesto, donde se moviliza todo el aparato necesario”.
Pastrana, que se lo escucha sereno pero también firme, resume: “La política del Estado argentino y del Estado provincial y municipal es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas. Es la triste realidad”.
Enumera las leyes vigentes que no se cumplen, cuestiona a los tres poderes del Estado y llama a organizarse y luchar. Así resume los últimos 200 años de Argentina: “No son políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.
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Imágenes de la represión de la Gendarmería al pueblo mapuche en enero de este año.

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Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos

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Este 24 de marzo, a 49 años del golpe, la editorial lavaca publica Escritos sobrevivientes, un libro creado junto a un grupo de personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas en distintos centros clandestinos de represión durante la última dictadura militar. Se presenta el próximo viernes 28, pero ya podés pasar a buscarlo por MU (Riobamba 143) desde hoy. En este texto, Claudia Acuña cuenta qué representa esta obra parida en colectivo y en medio de aires negacionistas.

Por Claudia Acuña

Este libro representa muchas cosas y todas y cada una nos parecen decisivas para estos tiempos desesperados.

Ni sé por dónde comenzar a enumerarlas, así que sin orden de importancia ni cronológico enumero algunas, aunque sin duda me faltarán otras que invito a que completen quienes lo lean.

Lo primero, para mí, es reconocer el valor social, político, histórico y ético que merecen las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura cívico militar que azotó este país desde el 24 de marzo de 1976. No olvidamos esa fecha gracias a ellas, pero no siempre se las nombra con la relevancia que han tenido para construir verdad, justicia y memoria.

A algunas de ellas he tenido el honor de escucharlas y verlas testimoniar en los juicios de lesa humanidad, pero también en los diferentes procedimientos contra la impunidad que crearon y sostuvieron para que esos juicios sucedan.

Una y otra vez.

Una y otra vez.

Una y otra vez.

Hasta lograrlo.

Solo a una pude agradecerle con palabras y lágrimas el esfuerzo, el coraje y el legado que recibíamos por su esfuerzo, pero fundamentalmente por sus vidas consagradas a hacer posible lo imposible. Fue en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, mientras los altoparlantes transmitían la primera condena a los genocidas responsables del centro de detención clandestino y de tortura que funcionaba en la Esma. Ahora, con este libro queremos extender esas gracias a cada una, a cada uno.

Sé, porque comprendí la lección que nos daban, que no puedo afirmar que lo hicieron solo ellas, ellos. Esa es otra de las cosas que representa este libro: el saberse parte – y reconocerlo siempre- de algo más grande, más importante y más trascendente no solo del yo, sino incluso del núcleo colectivo en el que nos organizamos, reflexionamos y tomamos fuerza para resistir. Nuestras fuerzas individuales y nuestras construcciones políticas suman, activan, empujan, pero alcanzan sus objetivos cuando sincronizan con la necesidad social, con la época y con la Historia. Tienen alas porque tienen raíces y mueven al mundo hacia lugares mejores porque se sabe más grande y más poderosa que lo que nos rodea.

Eso que aquí las y los autores definen como “subjetividad sobreviviente” nos advierte eso: somos nuestros cuerpos y la sombra que proyectan, lo que hacemos y lo que soñamos, nuestras obras y nuestra imaginación, nuestros saberes y nuestra intuición, pero también y además aquellos cuerpos, proyecciones, hechos, batallas ganadas y perdidas, que nos anteceden y desbordan para fortalecernos y sostenernos de pie. Aquello que ilumina la oscuridad es la memoria sensible: de eso se trata este libro, además.

Otra: el valor de las utopías. En los momentos más aterradores hemos gritado “Aparición con vida y castigo a los culpables”. Bueno: la noticia es que hemos tenido éxito y aquí están las personas que cuando pronunciábamos esas palabras mágicas no podíamos abrazar. Algunas de ellas son las que el tercer sábado de cada mes vimos ingresar a nuestra trinchera durante el largo y desalentador año 2024. Para nosotros ese taller de escritura significó una cita con la esperanza, cada vez. Y una comprobación: el futuro se construye con el hacer colectivo, cada vez.

Por último: este no es un libro de testimonios sobre el horror de la dictadura, sino su contracara o quizá, lo que se puede pensar después de cruzar el abismo de la impunidad.

Quizá.

Me falta todavía superar la alegría de haberlo logrado, de sostener con las manos esta pequeña utopía realizada en tiempos de saqueo de recursos simbólicos y materiales, en las cuales sólo proponerlo sonaba casi irresponsable, para poder encontrar las palabras certeras, que expresen lo que representa que personas empobrecidas y violentadas podamos hacer lo que querramos financiadas sólo por el deseo y la convicción, que siempre es política.

Quizá la palabra exacta sea una sola: Argentina.

La presentación

Escritos sobrevivientes y compila una serie de textos producidos en un taller de escritura que tuvo lugar en MU durante 2024. Estos relatos abordan historias marcadas por lo que el grupo denomina «subjetividad sobreviviente». El resultado es un conjunto de textos poéticos, políticos y filosóficos, de una potencia y belleza conmovedoras.

Participan: Rufino Almeida, Margarita Fátima Cruz, Graciela Daleo, Lucía Fariña, Mercedes Joloidovsky, Eduardo Lardies, Susana Leiracha, María Alicia Milia, Claudio Niro, Silvia Irene Saladino, Stella Maris Vallejos e Inés Vázquez.

Así lo resumen sus autoras y autores: «Un grupo de compañeras y compañeros, ex detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, nos reunimos en un taller de escritura para crear textos enfocados en la subjetividad sobreviviente, mientras la voz del poder alimenta el negacionismo y la reiteración del sufrimiento popular por variados medios».

El libro se presentará el próximo viernes 28 de marzo a las 20 horas en Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143.

Podés conseguirlo desde hoy, 24 de marzo, también en MU.

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La Justicia esquiva la causa por el disparo a Pablo Grillo: “Hasta ahora no se investigó nada”

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La recuperación de Pablo “es muy rápida” pero la investigación sobre su intento de asesinato, muy lenta, o directamente inexistente. Qué dijo el padre hoy frente al Hospital Ramos Mejía donde Pablo sigue pelando por su vida, aún en terapia intensiva pero con avances prometedores, y las abogadas del caso que presentaron ante la Justicia: primero Servini de Cubría y luego el candidateado a la Corte Ariel Lijo rechazaron la causa, y ahora se sortea en la Cámara Federal de Casación a qué juez le tocará investigar a quien le disparó y a sus superiores jerárquicos. Los dichos de Adorni en conferencia de hoy, y quién cortó el diálogo con la familia; las pruebas que se pidieron y las que se aportaron; y el texto de la presentación judicial en la que la familia pide ser querellante, con las pruebas que aportamos desde decenas de medios, fotoperiodistas y organizaciones sociales.

Por Francisco Pandolfi

Pablo Grillo todavía no está fuera de peligro, pero la mejoría día a día, paulatina y constante, le permite a la familia hablar ya no sólo de su estado de salud. Hasta hoy, el único foco era la supervivencia de este fotógrafo de 35 años impactado por una granada de gas lacrimógeno, fuera de toda legalidad, por las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich.

La pérdida de masa encefálica y la fractura de cráneo con la que llegó de urgencia al Hospital Ramos Mejía –el miércoles 12 de marzo, cuando se desató la represión en la marcha por las paupérrimas condiciones en las que viven las y los jubilados–; la primera operación esa misma noche en la que se bajó la presión intracraneal y se le reconstruyó algo del tejido. Las pupilas que empiezan a reaccionar bien. La merma en la sedación. Los primeros movimientos – prematuros e inesperados por los propios médicos–. Otra operación por un derrame que es revertido a tiempo. La baja de los glóbulos blancos como síntoma de la baja en la infección. Y a solo una semana del disparo, Pablo abre los ojos. Y le sacan el respirador para ver cómo reacciona y lo hace agarrándole la mano a la mamá. Y por si fuera poco le susurra las palabras más hermosas a su papá: “Hola, viejo”. 

Pablo continúa en terapia intensiva, en estado crítico, pero respondiendo bien neurológica y físicamente. “Es asombroso el nivel de avance que tuvo”, dice Fabián, su viejo, con los ojos emocionados e incrédulos por la mejoría impensada en tan poco tiempo. Esa sucesión de buenas noticias las que posibilitan a la familia convocar este viernes a una conferencia de prensa «para contar novedades en la causa judicial».

Primero, habla Fabián, su papá, sobre la salud de Pablo: “Las novedades son que está estable, por lo tanto es bueno. Está con los ojos abiertos y sigue sin respirador”.

En la conferencia de prensa convocada por la familia de Pablo Grillo, fotógrafo que fue impactado por una granada de gas lacrimógeno lanzada por las Fuerzas comandadas por Patricia Bullrich, Fabián, su papá, habló sobre la salud de su hijo.

www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-21T19:35:39.538Z

Fabián lleva puesta una remera azul, con letras blancas que dicen: “Justicia por Pablo Grillo”. Se lo nota cansado, pero más distendido. Se ríe cuando cuenta: “Tengo un video con saludos de (Ricardo) Bochini, veremos si los médicos nos permiten que se lo pasemos. Si lo escucha al Bocha, va a volver a hablar seguro Pablo”. Mantiene los pies sobre la tierra: “Todavía la situación es grave: está en terapia y con riesgo de vida. Pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es favorable. A todos nos sorprendió su evolución. Incluso los médicos manifiestan que la evolución que está teniendo es asombrosa. Es muy rápida”.

Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el diálogo con la familia quedó roto desde que el padre de Pablo acusó a Bullrich de ser cómplice. Fabián le responde: “Nosotros no cortamos nada porque nunca existió el diálogo. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por tanto si es que alguien cortó el diálogo fueron ellos. Yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien me llama”. Y agregó: “A esta altura no lo espero (ese llamado). Espero poco. Pero demostraría que tienen todavía un grado de humanidad”. 

En relación a las mentiras de Bullrich sobre el trayecto del proyectil, expresó: “Me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira. La va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente, es hasta absurdo, burdo, grotesco: no sé que palabra utilizar”. Cuando le preguntaron si le diría algo al gendarme que, según los elementos reconstruidos hasta el momento, sería quien disparó (presuntamente, el cabo Guerrero), afirmó: “Personalmente no le diría nada. Sí lo vamos a decir de forma jurídica. El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es en lo judicial”.

La causa, sin avances

Fabián estuvo acompañado por Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y a Paula Litvachky, del CELS, organismos que patrocinarán legalmente a la familia, que este 21 de marzo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida en cuenta como querellante en la investigación judicial.

Lo más importante de la causa hasta ahora: desde el 12 de marzo “no se investigó nada y reclamamos que se empiece a investigar urgente”. Las abogadas cuentan el por qué: “La causa iniciada por la denuncia de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) que dio inicio a la instrucción estaba presentada en el Juzgado 12 de Ariel Lijo, quien se la devolvió a la Jueza Servini de Cubría, que otra vez la rechazó. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de la investigación. Ahora irá a sorteo para definir quién la sigue. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver”. Agregan: “Hasta ahora el Ministerio de Seguridad dijo que no hará sumarios internos por el accionar de su Fuerza, lo que refleja el encubrimiento”. 

La causa aún no tiene carátula porque no está radicada en ningún juzgado. La denuncia presentada es por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.

Dice Paula Litvachky, del CELS: “Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial y se inicie el pedido de pruebas antes de que pase más tiempo”.

Dice Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Esperamos que en estos primeros 9 días en los que no se hizo nada, no haya ninguna prueba que se haya destruido, modificado, alterado. Hay cámaras del Gobierno de la Ciudad que tienen un tiempo de duración determinado, o de negocios que también se van borrando y si no las pedís inmediatamente después ya no están. Es vergonzoso que un hecho así no lo esté investigando nadie”.

Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, es junto a Paula Litvachky, del CELS, la abogada que representa a la familia jurídicamente. En este video cuenta los avances de la causa judicial:

www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-21T19:54:48.310Z

Las abogadas pidieron una serie de pruebas. Las más relevantes: “Quién dio las órdenes, cómo se manifestaron esas órdenes y cuáles fueron, antes y después del impacto; cuál fue el protocolo que se aplicó, quienes integraban el equipo donde estaba incluido el cabo Guerrero y qué órdenes se le impartió a ese grupo en particular; qué armas utilizaron”. También exigen que se lo llame a indagatoria a Guerrero. “Ya hay suficientes elementos para hacerlo”.

Completa Paula Litvachky: “Hicimos una presentación con los hechos, tenemos un montón de pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quién disparó y de toda la cadena jerárquica”.

Concluyen ambas: “Las pruebas están. Nunca hubo tanto registro fotográfico y audiovisual. Necesitamos el acompañamiento social para empujar a que se haga justicia y que no quieran desviar el foco de la investigación”.

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La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

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Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (81 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.

Por Franco Ciancaglini.

La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo. 

En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso. 

“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.

La que habla es una de sus hijas, Paula.

El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10. 

Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 81 años.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.

El arma y la palabra

Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.

Es jubilada.

Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.

Tiene tres hijas.

Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.

Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.

Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.

La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.

Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.

El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.

Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.

Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.

Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.

“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.

Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.

Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.

Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.

Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.

La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”. 

¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.

La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.

¿Necesitan algo? “Sí: paz”.

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