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Represiones, allanamientos y detenidos: continúa la represión al pueblo mapuche

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El lunes, la Policía de Seguridad Aeroportuaria reprimió junto a Gendarmería una protesta que exigía la liberación del lonko Facundo Jones Huala, detenido desde el 27 de junio. Hubo 9 personas detenidas. El martes, la Gendarmería entró a los tiros al Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, allanó las tierras y quemó las instalaciones: desde Esquel denuncian que los efectivos detuvieron a una persona que aún no saben dónde está. Mientras, organizaciones de derechos humanos presentaron un amicus curiae para exigir la inmediata liberación de Jones Huala: “Es arbitraria, ilegítima y abusiva”.
Dos escenas forman parte de un mismo cuadro.
Con el apoyo de Gendarmería, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria reprimieron el lunes a integrantes de comunidades mapuche que se manifestaban frente al Juzgado Federal de Bariloche para exigir la liberación de Facundo Jones Huala, el lonko del Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, detenido desde el 27 de junio. Hubo 9 personas detenidas: la fiscalía ya emitió dictamen favorable para su liberación. “Las detenciones fueron muy violentas”, dice a lavaca Marina Shifrin, abogada. “Les pegaron mucho. Hay una chica que tiene los dientes partidos, personas con las piernas muy golpeadas. Muchos hematomas. Pedimos la excarcelación y pudimos ver qué les imputaban. Les van a quedar causas por daño agravado, por haber roto vidrios, pero el centro de la cuestión no es ese, sino que están luchando contra Benetton para recuperar las tierras vendidas al extranjero”.
La segunda escena ocurrió un día después, en el propio Pu Lof de Cushamen. Cientos de efectivos de Gendarmería ingresaron a la comunidad por una orden de allanamiento del juez federal de Esquel Guido Otranto “a los fines de identificar a las personas que habrían realizado un corte de ruta”, dijo a lavaca la abogada Sonia Ivanoff. “Nunca se vio la orden. Entraron a las 7:30 de la mañana a los tiros”. Lo que siguió lo explica Martiniano Jones Huala (tío del lonko Fernando): “Nos quemaron todo, tratando de dejarnos sin nada para que la gente abandone sus lugares. Hubo provocación: la idea era encerrarlos a todos”. Lo grave: denuncian que durante el allanamiento la Gendarmería detuvo a Santiago Maldonado.
No saben dónde está. Martinano: “Lo que nos urge ahora es encontrar a Santiago. Sabemos que lo detuvieron”.
La persecución al pueblo mapuche lleva años y tiene una escalada puntual desde el 13 de marzo del 2015, cuando el Pu-Lof en Resistencia inició la recuperación de tierras ancestrales en el paraje Vuelta del Río, en una de las estancias de la multinacional Benetton. Sufrieron amenazas, represiones y una causa que intentó aplicarles la Ley Antiterrorista. La primera vez que detuvieron a Jones Huala fue el 27 de mayo de 2016, cuando un violento despliegue de efectivos policiales, Gendarmería y GEOP detuvo al lonko por un pedido de captura desde Chile. Ese mismo día, horas después y con el lonko ya preso, las fuerzas policiales volvieron a la recuperación y desalojaron a golpes y gases lacrimógenos: hubo heridos y detenidos, y dos mujeres con cuatro niños –el menor de 1 mes, el mayor de 8 años- pasaron la noche a la intemperie, con 10 grados bajo cero, custodiadas por Gendarmería.
La nueva detención se produjo el 27 de junio, horas después que el Presidente Mauricio Macri visitara en Santiago a Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda, y motivó un repudio generalizado que se manifestó en protestas no sólo en la Patagonia, sino también en Capital Federal: la Policía de la Ciudad reprimió este martes una concentración frente a Tribunales. El saldo: siete personas detenidas, cuatro varones y tres mujeres. En enero, el Pu Lof en resistencia había sufrido tres operativos violentos por parte de la Gendarmería, Infantería y policía provincial, que golpearon y dispararon contra niños y mujeres. Hubo diez detenidos y varios heridos de gravedad, internados. A uno de ellos le fracturaron la mandíbula de un balazo y otro estuvo en terapia intensiva con traumatismo de cráneo.

La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

Un amicus por Jones Huala

La nueva detención de Jones Huala se produjo por una orden del juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva. “Está detenido de forma ilegal y arbitraria”, dice Ivanoff, quien junto a la abogada Elizabeth Gómez Alcorta califica este proceso como una “aberración jurídica”.
¿Cómo se explica entonces? Las abogadas explican que la detención obedece a la misma orden de captura que emitió el Estado de Chile y que fue motivo de un juicio de extradición que se produjo el 31 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado. El juez federal Otranto declaró la nulidad del juicio ya que no se cumplieron las garantías del debido proceso: el dato que permitió ubicar a Jones Huala en Argentina fue obtenido bajo torturas a un testigo.
Gómez Alcorta: “Para la Argentina Facundo debería estar en libertad, si es que no apareciera otra nueva causa, que hasta el momento no apareció. El juicio y todo el proceso de extradición fue declarado nulo”. Luego de ese proceso, la fiscal Silvina Ávila y el procurador Eduardo Casal pidieron a la Corte Suprema que revocara la nulidad y concediera la extradición a Chile. Desde noviembre del año pasado, la Corte aún tiene pendiente de resolución ese trámite. Las abogadas Gómez Alcorta y Sonia Ivanoff denunciaron penalmente al  juez Villanueva y el fiscal Jorge Bagur Creta por la “privación ilegal de la libertad” de Jones Huala, que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6. También presentaron un escrito ante la Corte Suprema para que se expida sobre la situación de Jones Huala.
La Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, el titular de la APDH-La Matanza, Pablo Pimentel, y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel presentaron un amicus curiae que exige la liberación inmediata del lonko: “La detención de Jones Huala, en nuestra opinión, resultaría arbitraria, ilegítima y abusiva. No existirían, a nuestro criterio, motivos razonables que fundamenten la necesidad de que Jones Huala sea privado de su libertad. Al contrario, Jones Huala durante todo este tiempo ha hecho innumerable cantidad de apariciones públicas (entre otras: conferencias en universidades). Se ha mantenido a Derecho. No habría dado razones para que se tome una medida tan gravosa contra su persona”.

“Es muy grave la política represiva”

Compartimos aquí la entrevista que le hicimos el 4 de julio al lonko Jones Huala, preso en de la Unidad Penitenciaria Federal N°14 de Esquel (Chubut).
-¿Qué significa esta nueva detención?
-Es parte de la constante y progresiva criminalización de la lucha mapuche. Es una forma de reprimir el crecimiento de la conciencia, de nosotros como luchadores, como conciencia del pueblo, como conciencia social. Se inscribe al tener un gobierno tan empresarial como el de Mauricio Macri y neoliberal como el de Bachelet, teniendo en cuenta que hubo una reunión entre ellos dos justo cuando caigo detenido. Es una situación de clara persecución política, más que nada tratando de reprimir y amedrentar desde lo simbólico, porque esto me trasciende a mí mismo. Es una situación que se da para amedrentar al pueblo mapuche movilizado como también a otros sectores que pudieran tomar como ejemplo la lucha mapuche.
-Además de tus dos detenciones, hubo represiones muy violentas sobre la comunidad.
-Es muy grave la política represiva que está tomando el Estado. Teniendo en cuenta que nosotros ya habíamos sido reprimidos por el kirchnerismo, la represión que se está viviendo ahora es brutal, mucho más profunda, más direccionada y la escalada represiva se ha incrementado. Macri es amigo de Lewis, Lewis es socio de Benetton. El estado de derecho que dicen defender queda violado al ver las situaciones que estamos pasando.
-¿Cómo está el proceso de la recuperación en Vuelta de Río?
-Sigue más firme que nunca. Ha crecido mucho. Han salido a la luz algunas comunidades, que se han movilizado. En Río Negro están planteando una Ley de Tierras para convertir las tierras en unidades productivas. Lo que ha sucedido es que el movimiento ha ido creciendo cada vez más y la propuesta se está instalando con mayor fuerza, se está arraigando y eso es lo que se intenta reprimir, porque más que la cantidad –y que importa- es la calidad del movimiento lo que a ellos les preocupa. Les preocupa la calidad política, la calidad filosófica, el contenido de la propuesta integral. Eso lo que le da temor al sistema porque tampoco tienen herramientas reales para reprimir situaciones que quizá si conoce de otros movimientos, con todo respeto que merezcan, pero el emergente de la lucha mapuche es algo de lo que no tienen un análisis correcto, porque para ellos es un fenómeno extraño y novedoso,  por más que seamos un pueblo milenario.  Es lo que más le da terror a ciertos sectores del poder.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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