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La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

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Desalojos y represión contra pueblos originarios. Cárcel a sus referentes y militarización de territorios. Leyes que se violan y empresas extractivas que avanzan con complicidad política y judicial. Políticas de Estado contra los pueblos indígenas. Y comunidades que resisten. Cómo es el plan sistemático contra los pueblos originarios.
Por Darío Aranda.
Agustín Santillán, wichí de Formosa, lleva tres meses preso.
Facundo Jones Huala, mapuche, fue encarcelado en Chubut de forma arbitraria por una causa que ya había sido juzgado, hace pocas semanas.
En San Pedro de Colalao, Tucumán, un megaoperativo policial desalojó a familias diaguitas.
Toda una comunidad mbyá de Misiones fue testigo de la destrucción de sus viviendas, con motosierras e incendio incluido.
En Salta, 26 wichís murieron en 23 días por causas evitables.
Éste es el plan sistemático contra los pueblos originarios.

Los detenidos

Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, una provincia donde pocas voces se alzan contra el gobernador Gildo Insfrán, gobernador desde 1995. Agustín Santillán es una de esas voces, que reclama los derechos del pueblo wichí.
Santillán fue detenido el 14 de abril: tiene más de veinte causas armadas. Desde hace tres meses está en la cárcel de Las Lomitas. Recibió maltratos, amenazas de muerte y su futuro es complejo. “Son causas armadas. Es un preso político. Quieren aleccionar para que nadie más levante la voz”, resumió Daniel Cabrera, su abogado.
“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denunció una escrito público firmado por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.

Habla el lonko Jones Huala desde la cárcel: “La represión es brutal”


También en la cárcel se encuentra Facundo Jones Huala, lonko (autoridad) del Lof Cushamen, en Chubut. Su comunidad cometió el pecado en 2015 de recuperar tierras en la estancia Leleque, propiedad de la multinacional Benetton, el mayor terrateniente de Argentina con un millón de hectáreas. Sobrevinieron denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones Huala fue enjuiciado por un antiguo pedido de extradición a Chile. El juez confirmó la existencia de tortura a testigos, liberó a Huala y la causa tramitaba en la Corte Suprema. El 27 de junio, luego de una reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en un retén de Gendarmería por el mismo pedido de extradición, y trasladado a Esquel. “Estoy preso de forma ilegal. No se respeta el debido proceso, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los jueces están violando el estado de derecho, su propia legislación”, denunció Jones Huala.

Desalojados

El 26 de junio la Comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 (que declara la emergencia en materia de  posesión y propiedad de tierras indígenas y por ello frena los desalojos de este tipo), decenas de policías, policía montada e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. El operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro Albo.

La comunidad explicó que el trasfondo es el intento de explotación de los recursos naturales del lugar.

En San Ignacio, Misiones, el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y luego las incendiaron en presencia de niños y mujeres. “Llaman la atención las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las comunidades Mbya de los derechos que tienen como pueblos preexistentes”, denunció el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa). Incluso confirmó que la comunidad cuenta con documentos oficiales que muestran que se trata de territorio ancestral indígena.

Patagonia mapuche: tres represiones en dos días

La ley y la trampa

Ante cada desalojo a campesinos e indígenas suele las comunidades suelen responsabilizar al poder político y al empresario. Pero también interviene un actor de perfil más bajo: el Poder Judicial, el más conservador y vitalicio de los tres poderes del Estado. Y el único que no es elegido por votación de la población.
Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. De la mano de jueces y fiscales, no se cumplen.
“La ley es como un hacha sin filo”, resume un dicho del Pueblo Wichí. Puede ser una herramienta deseada, ideal, pero si no se implementa, no sirve.
El Pueblo Diaguita de Tucumán marchó el 6 de julio a los tribunales de la provincia. Identificó como responsable de sus abusos al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca llega. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos indígenas.
“Nosotros somos un pueblo preexistente y reclamamos lo que es nuestro. Lo que quieren los empresarios es quitarnos nuestras tierras, despojarnos de lo que nos queda. Hoy decimos basta y nos revelamos ante el poder judicial porque esto no puede volver a ocurrir”, denunció desde la marcha la vocera diaguita Ivana Morales, a la Agencia de Prensa Alternativa (APA!).
Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat) y parte de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), presentó la situación Argentina en el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (que sesionó entre el 10 y 14 de julio en Ginebra) y se entrevistó con la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauili Corpuz. Kosovsky entregó documentación que confirma casos de violaciones graves a los derechos de las comunidades, vulneración de los derechos territoriales e incumplimientos sistemáticos de estado argentino en garantizar la seguridad jurídica de los territorios.
Gajat recordó que la Ley 26.160 (que en 2006 instó relevar los territorios indígenas y prohibió nuevos desalojos) vence este año y el Gobierno aún no ha confirmado la prórroga. “Pasados diez años, menos del 30 por ciento de los territorios fueron relevados.

En 2011, el relator especial de ONU (James Anaya) confirmó numerosos desalojos, incluso violentos, a comunidades de todo el país. La ley no se cumplió y vence en noviembre de 2017”, alertó el abogado ante Naciones Unidas.

Amnistía Internacional realiza desde hace dos años un mapa de conflictos territoriales (disponible en www.territorioindigena.com.ar). Contabilizan un piso de 250 casos, donde el punto común son empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos. “Existe en Argentina una significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación. No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión”, alertó Amnistía Internacional.

Matar al indio

Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de Santiago del Estero, falleció en el marco de un intento de desalojo el 25 de junio, en la localidad de La Florida (sudoeste provincial). Su familia denunció que “murió de angustia” ante la posibilidad de perder su tierra, cuando empresarios quisieron hacerse de la tierra campesina.
Sólo la insistencia del periodista Eduardo Duschatzky posibilitó que la agencia oficial Telam emitiera la noticia. Ningún “gran medio” se hizo eco. La Mesa de Tierras Choya-Guasayán, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, denunció el hecho y alertó que los empresarios están con vía libre de parte del poder político y judicial. También resaltaron el aumento de la conflictividad en los parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San José y Santo Domingo.
La abuela Carmen Lobo de Quiroga se suma a una larga y silenciada lista de asesinatos rurales: Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco), entre otros.
En Santa Victoria Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23 días, todas por causas evitables y falta de atención básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral, según describió la periodista Laura Álvarez Chamale (en el diario El Tribuno).

Aunque se trató de más de un muerto por día, ningún gran diario porteño (ni radio, ni canal de televisión) replicó la noticia.

«No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre murieron 16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 más, sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que quedó en nuestras comunidades», lamentó el dirigente wichí Pedro Lozano. Y precisó que se trató de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2 años.
Las comunidades indígenas y familias criollas cortaron la ruta provincial 54. Denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de insumos básicos y la carencia de agua (con temperaturas de más de 40 grados).
El secretario de Servicios de Salud de Salta, Francisco Marinaro Rodó, reconoció las 26 muertes, pero culpó a los indígenas: Lo que ocurre en verano es que beben agua de los madrejones y eso les provoca diarrea y deshidratación grave. Son los hábitos higiénicos dietéticos de las comunidades wichís, más que ninguna otra etnia, los que generan estas problemáticas (…) Mi gran ambición es que aprendan a lavarse las manos, a hacer hervir el agua, a cocinar y darles a sus hijos agua y comida segura».
El funcionario no mencionó la falta de agua potable, la falta de trabajo, la pobreza, ni el histórico y permanente despojo de tierras, que acorrala a las comunidades en pequeñas parcelas donde es muy difícil reproducir su vida.

Enemigo interno

El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó (en un informe interno de agosto de 2016) a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconoce que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”,  apunta al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
El 21 de junio, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.

La unión

Ivana Morales, de la comunidad India Colalao de Tucumán, invitó: “Pedimos a todas las comunidades que nos unamos. Continuamos resistiendo, esto no termina. Llevamos 525 años resistiendo y en el año 2017 continúa esta lucha. Que la Pachamama nos proteja”.
Facundo Jones Huala, desde la cárcel, apuntó a una de las causas de fondo: «Los gobiernos ven un peligro en la organización y levantamiento de los pueblos indígenas. Tenemos formas de vida que se contraponen al sistema capitalista, han mantenido vidas comunitarias, sostenibles, sin intervención del Estado. Los pueblos indígenas son una alternativa para estos modelos de vida modernos e inhumanos. Por eso se ve a los indígenas como un peligro para el capitalismo».
La Confederación Mapuche de Neuquén está dividida en seis regiones.

La Zonal Xawvn Ko (Encuentro de Aguas) emitió un comunicado el 5 de julio titulado “Los pueblos indígenas, identificados como enemigos del modelo”.

Puntualizó los hechos represivos de las últimas semanas, las detenciones arbitrarias de Santillán en Formosa y de Jones Huala en Chubut.
Dice: “Nuestra condena y repudio a los acontecimientos que demuestran que la escalada de violencia. Como organización Mapuche expresamos nuestra condena y repudio al accionar terrorista de este Gobierno, que además de hambrear al pueblo, ha iniciado una cacería sobre todo pueblo indígena que se oponga a su modelo capitalista , extractivista, saqueador, racista y represor”, remarca. El comunicado finaliza: “Por nuestra libre determinación. ¡Marici wew! (Diez veces venceremos)”.

Las tres patas

El audio es de sólo tres minutos. Circuló por WhastsApp y pertenece a Marcos Pastrana, histórico luchador diaguita de Tafí del Valle (Tucumán), uno de los pioneros en enfrentar a Minera Alumbrera en el norte argentino. Con simpleza, Pastrana realiza un análisis pedagógico, profundo y conmovedor de la situación indígena de Argentina. “Una política de Estado tiene tres patas esenciales: voluntad política, decisión administrativa y presupuesto – dice-. Los desalojos contra pueblos indígenas son claramente una política de estado, actual y desde siempre del estado argentino. Porque los desalojos tienen una voluntad política, por eso se hacen. Tiene una decisión  administrativa porque ponen todos los medios a disposición para que se ejecuten. Y tiene presupuesto, donde se moviliza todo el aparato necesario”.
Pastrana, que se lo escucha sereno pero también firme, resume: “La política del Estado argentino y del Estado provincial y municipal es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas. Es la triste realidad”.
Enumera las leyes vigentes que no se cumplen, cuestiona a los tres poderes del Estado y llama a organizarse y luchar. Así resume los últimos 200 años de Argentina: “No son políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.
La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

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Imágenes de la represión de la Gendarmería al pueblo mapuche en enero de este año.

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Madres de Plaza de Mayo: rondar el presente

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La Ronda de Madres de cada jueves como lugar de encuentro, denuncia y reflexión, desde los 12 hasta los 93 años. Elia Espen y lo que vienen pidiendo hace más de 40 años. Por Lucas Pedulla

Tiene 12 años, se llama Catalina y es la primera vez que viene. «Es hermoso», dice, con brillo en los ojos, después de tomarse un tren y un subte desde Lomas de Zamora, sur del conurbano, con su tía Daniela, para venir a la ronda de las Madres en Plaza de Mayo, segunda después del triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial.

La caminata la encabezan Nora Cortiñas y Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora. Hay menos personas que la semana pasada, pero el movimiento sigue siendo vital para pensar esta época.

Catalina, por ejemplo, cuenta que en su colegio se discutió mucho durante las elecciones, y si bien fueron pocos los compañeros que apoyaban a Milei, lo hacían con argumentos que le parecían extraños: «Hablaban de la dolarización y pedían que vuelvan los militares».

Madres de Plaza de Mayo: rondar el presente

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

Zurda vas a correr

Daniela –31 años, preceptora– abre los ojos: «¿Por qué será que siendo tan jóvenes crean eso? Soy docente y he tenido problemas por tratar de frenar esos discursos. Tenía estudiantes que me chicaneaban, y aun si lo hacían para hacerme enojar, eran chicanas violentas: ‘Se te acaba la joda’, ‘viene el Falcon verde’. Mi otro sobrino, el hermano de ella, me dijo: ‘Zurda vas a correr’. Tiene 10 años».

¿Dónde vio eso? «En Tik Tok», dice. Catalina suma su visión: “Hay mucho Tik Tok y mucha violencia. Las redes sociales no ayudan para nada”. Daniela piensa que son necesarias nuevas formas de comunicar: “Trato de dar información, hablar con mi mejor tono, y enfatizar los ejemplos: los militares secuestraban personas y las tiraban vivas de los aviones. Pero no cala. En algo estamos fallando. Ahora todo son 10 segundos efímeros”.

De fondo, mientras caminamos, una voz lee nombres:

Lopez Ceferino.

López Bravo José María.

Lópes Calvo María Eugenia.

Son personas que siguen desaparecidas.

Madres de Plaza de Mayo: rondar el presente

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

El lugar donde se mira al mundo

Otro de los camina en ronda es Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven de 28 años que desapareció el 1º de agosto de 2017 en medio de una brutal represión de Gendarmería a una comunidad mapuche en Esquel, provincia de Chubut. Su cadáver, sospechosamente aparecido meses después, fue señalado como efecto de un “accidente”. Eran tiempos de Mauricio Macri como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Tiempos en que también fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel en la Patagonia. Maldonado está en Buenos Aires porque el 11 de diciembre iba a tener la audiencia de apelación por el intento del juez Gustavo Lleral de cerrar la causa, pero se la postergaron hasta el 28 de febrero.

Percibe, en general, un sentimiento de retroceso: “Todas las instituciones se rompen, como un desmoronamiento general. Ya no es un negacionismo, sino desidia. Hubo una disconformidad que se manifestó, pero también es irresponsabilidad: es triste ver cómo la tercera fuerza se mete ahora a manejar el gobierno, con el discurso de rebeldía, pero el ministro de Economía va a ser el mismo que nos endeudó por 100 años (Nicolás Caputo). Hay un grupo de gente que no votó con el bolsillo, sino de manera irracional”.

No sintió miedo, pero sí preocupación: “Bullrich está coqueteando con el Ministerio de Seguridad, aunque hoy también sonó para Trabajo. Representa dos épocas nefastas, porque como ministra de Trabajo en 2001 ya le recortó el 13% a los jubilados. Y ni que hablar que ahora, si asume en Seguridad, tiene como vicepresidenta a alguien que reivindica el genocidio”. 

¿Por qué, entonces, venir a la Plaza? “Quedan poquitas Madres y esto tiene que seguir. Nos encontramos con seres queridos en una misma línea. Capaz no sabés la fecha de cumpleaños, pero es un lugar de reencuentro. Desde acá se mira el mundo y también se interpela a la Casa Rosada. No hay que perder el vínculo con las Madres”.

Madres de Plaza de Mayo: rondar el presente

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

Pensar todo otra vez

Lua tiene 16 años y Paloma 17. Son estudiantes de cuarto año del colegio porteño Carlos Pellegrini. Paloma viene por primera vez: “Estamos en una situación complicada y ahora, que se está reivindicando la dictadura, es súper importante cuidar la memoria”.

Lua ya vino varias veces: “Se cuestiona algo tan básico que siempre me pareció incuestionable. Y es importante venir para que en las casas se vuelva a hablar”. Percibió que Milei entró en el Pellegrini más silenciosamente, a diferencia de otros colegios donde el apoyo fue más colectivo, precisa: “La mayoría son por las familias; o lo toman como chiste, un meme, algo nuevo; o por la desconfianza en la política. Muchos descreen de lo político, entonces tampoco hablan, por lo general, con alguien que no piensa como ellos”.

¿Qué pudieron hablar post balotaje en el Pellegrini? “Siento que es un momento donde deberíamos hablar más que nunca, pero en mi colegio la juventud no se está pudiendo organizar lo suficiente para pensar estos cuatro años. Recién pasaron dos semanas, pero tuvimos una instancia para hablar y éramos nada más que 20 personas. Siendo un colegio tan politizado, es poco, y hay que replantearnos cosas básicas y volver a esquematizar todo”.

¿A qué te referís con esquematizar?

–Pensar cómo vamos a salir, cómo van a ser nuestras marchas, cómo nos vamos a cuidar. Probablemente a mucha gente no la dejen ir a las marchas, porque somos pibes de 16, 17, 18 años, incluso menos. Tenemos que ser un gran volumen.

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Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

Me tienen podrida

Elia Espen tiene 93 años. El 18 de febrero de 1977, su hijo Hugo Orlando Miedan Espen fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención y tortura El Atlético. Sigue desaparecido. 

«Están diciendo pobrecitos los generales, que tienen que liberarlos, mientras nuestros hijos siguen desaparecidos, fueron tirados al mar –habla, micrófono en mano, una vez terminada la ronda–. Estamos como empezamos: me tienen podrida. ¿Qué más podemos decir? Seguimos pidiendo lo mismo que pedimos hace más de 40 años: verdad y justicia. Estoy escuchando cada cosa por la radio y televisión que me espanta. Todavía no sabemos nada de lo que pasó con nuestros familiares. Ojalá se unan, ustedes, todos. Lo único que tenemos que seguir haciendo es estar juntos».

Luego, le pasó el micrófono a Nora Cortiñas, 93 marzos. Su hijo Gustavo está desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Nora habló y dejó frases para tomar apuntes:

  • “Todavía este pueblo no llegó a captar los horrores que vivimos durante el terrorismo de Estado porque, si no, las elecciones hubieran sido diferentes”. 
  • “Vamos a tener que seguir hablando”. 
  • “Como vienen días muy difíciles tratemos de estar juntas, juntos, y pensar que no queremos que se repita más lo que vivimos”. 
  • “Tenemos que estar en la calle todo lo que podamos”. 
  • «En vez de absorber el veneno que tienen les contestaremos con el amor que tenemos».
  • “Hay que salir y reivindicar lo que lucharon nuestros 30 mil”.
  • “Vengan acá, vengan a acompañarnos porque así vamos a demostrar que exigimos memoria y verdad hasta el final”.
  • “A seguir luchando. Vamos a vencer”.
  • “No pasarán”.

Voto cansancio

Rocío, 23 años, de Lomas de Zamora, estudiante de Periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda (UnDAV), militante del Movimiento Evita, la escucha con atención. También, es la primera vez que viene. “Me movilizó mucho venir ahora que Milei es gobierno, ver todo el sufrimiento de las Madres, pero que siguen acá. Vine por eso. Y seguro vuelva”.

Rocío es de las que piensa que no fue un voto negacionista sino un voto cansancio: “Venimos haciendo las cosas muy mal y hay reconocerlo: en los últimos cuatro años no hubo grandes políticas que le cambiaran la vida a la gente, que es por lo que el peronismo se identifica. Hay un cansancio: no creo que el 55% sea negacionista. Espero que no”.

Le cuento que recién, en otra entrevista, una docente hablaba de la necesidad de nuevas formas de comunicar. ¿Qué piensa una estudiante de periodismo? “Las empresas de medios siguen siendo funcionales al sistema. Yo me tiro del lado de los medios autogestivos, ahí se cuenta la realidad de los hechos. Soy mamá de una nena de cuatro años y no quiero que se malinforme por Tik Tok. Deberíamos volver a lo que hicieron las Madres y contar desde ahí. Por no querer confrontar, la juventud peronista fue tibia. Tenemos que perder el miedo y dejar de ser sumisos. El Nunca Más es Nunca Más en muchas cosas”.

-¿Qué destacás en las Madres como comunicación?

-La sensibilidad. Las Madres son un gran ejemplo de cómo enfrentaron la dictadura. Hubo estrategia ahí. Cuentan un hecho terrible que vivieron en carne propia, pero desde la sensibilidad con el otro, de entender al otro, de comunicar hacia el otro. Es por ahí y es lo que nos está faltando. 

Repite: “Es por ahí”.

El jueves que viene, a las 15:30, habrá ronda otra vez, como hace 46 años.

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Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

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Crimen de Rafael Nahuel: condenan a los prefectos a 4 y 5 años de prisión; la familia apelará

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La condena por el asesinato de Rafael Nahuel llegó tarde y mal: el prefecto Sergio Guillermo Cavia, responsable del delito de homicidio agravado, fue condenado a 5 años de prisión. Sus cuatro compañeros, cómplices, a 4 años y 6 meses. Y hasta tanto no quede firme la condena, seguirán libres. La familia anunció que apelará el fallo, a las puertas de una nueva presunta asunción de Patricia Bullrich, la responsable política del asesinato. Crónica de la audiencia de un veredicto anunciado, en cobertura colaborativa con Perycia.

Por Ludmila Cabana Crozza. Fotos de Jaime Carriqueo

desde fiske menuco

El fiscal llegó antes que nadie. Al habilitarse la sala de audiencias era la única persona sentada en la sala, en su lugar. Por momentos cerraba los ojos, por momentos revisaba su teléfono celular. Cuando ingresó al Juzgado saludó a una de las decenas de policías federales que custodiaban el edificio del Tribunal Federal de la ciudad de General Roca adentro y afuera. Antes de iniciar la subida por la escalera recibió un buen deseo. Va a estar todo bien, doctor, le dijo un policía.

Desde las 7:25 am hasta que se habilitó el ingreso a la prensa, el fiscal Rafael Vehils Ruiz estuvo solo en la sala. Entraron la prensa y la familia de Nahuel. Se llamó a un breve cuarto intermedio y todos regresaron, junto al Tribunal, cerca de las 11 para presenciar la lectura de la decisión final. 

Este miércoles 29 de noviembre de 2023 en la sala de audiencias Alfredo C. Nielsen se leyó el veredicto que los jueces federales Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava entendieron como justicia por unanimidad: condenar a Sergio Guillermo Cavia por considerarlo autor material responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de arma de fuego y con exceso de legítima defensa, a 5 años de prisión e inhabilitación especial por 8 años.

Eran cinco los prefectos procesados por la muerte de Rafael Nahuel en 2017 en Bariloche. Francisco Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7 años por el tribunal oral criminal federal de General Roca ya que los consideraron partícipes necesarios del delito de homicidio agravado cometido por Cavia. Los 5 condenados no tendrán condena preventiva: serán detenidos cuando la sentencia quede firme. Hasta tanto no podrán abandonar el país ni retirarse de su domicilio por más de 24 horas salvo que avisen con anticipación. 

Pero antes de los 6 minutos que tardó la lectura del veredicto hecha por el presidente del tribunal, Alejandro Silva, los cinco procesados tuvieron un momento para decir las palabras finales. Todos hicieron uso de ese derecho y dijeron casi lo mismo: que obraron en cumplimiento del deber, conforme a derecho, sin cometer excesos y con una orden judicial que los legitimaba.

Cavia agregó que tenía fe en que se iba a hacer justicia; Obregón dijo que respetó la vida propia y la de terceros en cuanto se pudo. García dijo que actuó en este “lamentable hecho conforme a derecho”. Todo fue escuchado y visto en una pantalla, porque ninguno de los acusados pisó el Tribunal Federal en ninguna de las audiencias: siguieron el juicio desde sus casas, conectados a internet. Recibieron el veredicto en las mismas circunstancias.

Durante el debate oral hubo dos querellas: una por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con el abogado Mariano Przybylski como representante, y otra por parte de los padres de Rafael Nahuel con los abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino. En los alegatos ambas querellas pidieron prisión perpetua para los 5 prefectos por homicidio agravado.

El pedido de pena máxima se desprende de lo que el abogado Marigo entiende es un delito político, un delito de violencia institucional pero fundamentalmente una deuda de la democracia: no haber terminado con prácticas que vienen de la dictadura militar. Se refiere a usar el aparato estatal (en este caso las fuerzas de seguridad) en contra de ciudadanos comunes. 

La defensa fue por la absolución, no reconoció ningún delito pese al resultado de una persona muerta y dos heridos de bala del mismo lado. El fiscal Vehils Ruiz, por su parte, pidió 5 años de prisión para los acusados. No consideró quitar el atenuante en la acusación original de homicidio en exceso de legítima defensa y fue por la idea de un enfrentamiento entre las partes. Esta posición, pese al pedido de las querellas, limitó la decisión del Tribunal en cuanto a la pena dictada: la más alta fue la que pidió el Ministerio Público Fiscal. 

Rafael Nahuel fue alcanzado por un disparo por la espalda y murió el 25 de noviembre de 2017, tenía 22 años. Quienes lo acompañaban también fueron heridos y oficiaron de testigos en una de las jornadas del juicio que ayer terminó, no estaban armados. 

El miércoles 29 de noviembre, día del veredicto, la mamá de Rafael Nahuel cumplió años. Se llama Graciela, es una mujer bajita, lleva zapatillas negras de caña alta, medias de color rosa, un pantalón animal print y una remera mangas largas con otra blanca encima con la cara de su hijo asesinado. La misma remera llevan Alejandro, el padre y Ezequiel, el hermano. Graciela tiene, en el día de su cumpleaños, que estar lejos de su casa en Bariloche, a 481 kilómetros, porque le falta un hijo y busca justicia.

Lleva dos hebillas con brillos en el pelo, tiene una bolsa de tela de Unelen que revisa buscando alguna cosa, hace un gesto como de revolver algo en la boca mientras escucha y mira lo que dicen los jueces sobre los acusados de la muerte de su hijo, que son culpables y están en sus casas -¿qué mastica Graciela? ¿bronca?-.

Afuera, al sol, dijo frente a un micrófono que no está conforme, que esperaba más, que está desilusionada. El abogado Marigo aseguró que apelarán, Horacio Pietragalla Corti, titular de la Secretaría de Derechos humanos de la Nación que acompañó la jornada dijo que, a pesar del cambio de gestión que se acerca, esa también es la intención de la Secretaría. 

El 29 de Diciembre de 2023 a las 11 hs. es el día fijado para dar a conocer los motivos del hecho en el que se funda el veredicto conocido hoy. «Que tengan un excelente día, cuídense», fueron las palabras del juez antes de dejar el recinto.

En 2017, el año del hecho juzgado hoy, la poeta neuquina Silvia Mellado escribió:

Rafael Nahuel

han soltado los albatros

en el medio del bosque

donde dice tierra ancestral

leen coto de caza los perdigueros que olisquean

gustosos un pedazo de tu muerte 

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La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

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(Desde Mar del Plata/lavaca.org) Guillermo Pérez se quedó mirando absorto unos pupitres escolares que había enviado el cura Héctor Díaz, muchísimo más conocido como Chobi. Los pupitres estaban siendo acomodados por toda la gente de la Campaña Somos Lucía en el patio de una casa ubicada en la calle Alvarado al 4500.

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

Las mujeres y luchas en el acto. Fotos: Lina Etchesuri.

En medio del vértigo de la inminente inauguración Guillermo (mecánico de automóviles) le habló a su esposa, la enfermera Marta Montero:

–Acá hay un mensaje. Acá empezó todo– dijo señalando los pupitres garabateados en algunos casos, un símbolo de la escuela pública a la que iba Lucía cuando fue captada como tantas otras adolescentes por narcos que vendían lo suyo a la salida de las clases. En el caso de Lucía, el negocio terminó en el femicidio de esa chica que iba a 4º año del secundario, en octubre de 2016, caso que provocó el primer Paro Nacional de Mujeres.  

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

La ministra Mazzina, Marta, Guillermo, Raquel Vivanco, Yamila Rodríguez. Fotos: Lina Etchesuri.

Guillermo completó su idea:

–Y acá puede continuar todo ahora: a esto vamos con todo lo que estamos haciendo–  dijo señalando los pupitres, porque el proyecto de la Casa de Lucía es que sea un lugar para capacitaciones, talleres, para compartir ideas, acciones y la contención de las familias víctimas. Un punto de encuentro crucial para el trazado de estrategias de vida frente a la violencia contra las mujeres en la ciudad, y la impunidad que suele acompañarla desde siempre.  

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

La mamá de Candela, la mamá de Iaria. El sentido de tener un lugar de encuentro. Fotos: Lina Etchesuri.

Tres datos para sintetizar la historia   

  • El femicidio de Lucía provocó un cimbronazo social que derivó en aquel primer Paro Nacional de Mujeres el 19 de octubre de 2016. La familia llevó el caso a un juicio (2018) que resultó vergonzoso, con jueces dedicados a sembrar sospechas sobre la víctima menor de edad y a exculpar a los narcos acusados, Matías Gabriel Farías (29) y Juan Pablo Offidani (48). El tercero, Alejandro Maciel, había fallecido en 2020.
  • Marta y Guillermo se propusieron entonces lo que parecía impensable: la anulación de esa vergüenza, y la realización de un nuevo juicio que se realizó finalmente en febrero de este año, en el que sí se pudo lograr la condena a perpetua por femicidio de Farías, y a 15 años a Offidani como “partícipe secundario”, tema que está apelado.
  • La familia además impulsó un jury aún pendiente, que juzgue a los jueces del primero de esos juicios, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas (el tercer juez, Alejandro Carnevale, eludió el proceso al jubilarse antes).
  • Ahora la Campaña Somos Lucía obtuvo algo más: recibió del Estado, a través de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) una casa abandonada y derruida que en apenas dos meses lograron acondicionar a pulmón y corazón, y que fue inaugurada este martes 28 de noviembre junto a otras familias de víctimas de femicidios que se acercaron a compartir ese momento acaso histórico.   
  • Lugar de encuentro y aprendizaje   
  • Así contado todo parece veloz, pero en la práctica significó años, meses, días y cada segundo de energía, de lágrimas, de insomnios, de amenazas, que Guillermo y Marta, y también su otro hijo Matías Pérez, lograron superar.

No lo hicieron dedicados solo al caso de Lucía sino también buscando acompañar y reunir a otras familias que pasaron por infiernos similares. Así fue que inspiraron otra organización clave: Familias Victimas de Femicidios, Transfemicidios y Desparecidas.

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

Madres que no bajan los brazos, y el sacerdote Héctor Díaz, Chobi, siempre acompañando las luchas marplatenses. Fotos: Lina Etchesuri.

Entre los familiares estuvieron Gustavo Mellman, papá de Natalia (asesinada en febrero de 2001). Los policías condenados están presionando para obtener su libertad. Estaba también Mariela Quintanilla, la mamá de Iara Nardelli (sus huesos aparecieron este año, pero el caso sigue sin investigarse como femicidio), Carola Labrador, madre de Candela Rodríguez (asesinada por una banda narcopolicial en 2011, cuando ella tenía 11 años),  Marisa, la madre de Luna Ortiz (asesinada en 2017 a los 19 años). Participaron también integrantes de la Asamblea por un mar libre de petroleras, y de la multisectorial Ni un hundimiento más, creada por familiares del barco pesquero El Repunte, hundido en 2017.  

Estuvieron además las hijas de Evangelina Sánchez, asesinada el 20 de noviembre pasado. Por el lado oficial se hizo presente la ministra nacional de Mujeres, Igualdad y Género, Ayelén Mazzina. El presidente Alberto Fernández no pudo asistir, y fue representado en el acto por una de sus asesoras, Raquel Vivanco, así como Yamila Zavala Rodríguez representó a Estela Díaz, ministra provincial de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.  

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

Marta, Guillermo, y una idea: “No nos podemos quedar en el dolor, el sufrimiento y que todo termine así. Nuestras hijas son la semilla». Fotos: Lina Etchesuri.

“Lucía está acá” dijo Marta durante su intervención, junto a la gigantografía con los ojos de su hija. “La perversidad de la justicia fue de tal magnitud… pero no pudieron con nosotros, que somos gente de la calle, y eso muestra que nadie nunca debe bajar los brazos”. Marta nombró y presentó a quienes fueron a compartir la inauguración formal de la casa y destacó que en los casos de femicidios no alcanza con la condena: “Siguen las vidas de quienes quedan, pero el Estado tiene que estar presente como tiene que ser. Que las hijas de Evangelina, por ejemplo, puedan tener comida, educación, que puedan cubrir sus necesidades básicas porque quedaron solas, criaturas enfrenando un mundo perverso de adultos. No es una dádiva, es un derecho el que hay que darles. Y organizados vamos a hacerlo” dijo mirando a dos de las hijas de Evangelina Sánchez.

Dijo también: “Esto va a ser un lugar de encuentro, de aprendizaje. Acá no terminó nada. Acá seguimos sin bajar los brazos para que crezca una esperanza de vida, de respeto y de derechos. Esto hay que hacerlo porque en el fondo lo que se quiere es que estemos desunidos. Si estamos desunidos, ganan ellos”.

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

Familiares de un pesquero hundido, El Repunte. Fotos: Lina Etchesuri.

“No nos podemos quedar en el dolor, el sufrimiento y que todo termine así. Nuestras hijas son la semilla. Jamás nos van a convencer de que somos unos negros de mierda. Somos mujeres y hombres trabajadores, que no son egoístas, gente que piensa que no somos el ombligo del mundo, sino que necesitamos comunidad para trabajar”.   

Después fue el tiempo de las fotos, los abrazos y las lágrimas de tantos familiares, que por esta vez no fueron de tristeza sino que simbolizaron una puerta al futuro.  

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

Fotos: Lina Etchesuri.

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