Nota
Confirmada la desaparición forzada de César Monsálvez, 13 años
Como lo anticipó Mu en su número 67 de julio del 2013, se confirmó que el caso de César Monsálvez, 13 años, es una desaparición forzada ocurrida en Trelew, Chubut. La investigación completa que anticipó este caso.
Como lo anticipó la revista Mu en su número 67 de julio de 2013, se confirmó que el caso de César Monsálvez, 13 años, es una desaparición forzada ocurrida hace casi un año, plena democracia, en Trelew, Chubut. Aquí publicamos El triple enigma, la investigación completa que anticipó este caso, que ahora hizo que la Cámara de Casación aparte al juez y al fiscal y denuncie el modo en que policía y justicia difamaron a la víctima, con lo que de hecho se convirtieron en cómplices de la desaparición. Un caso que tiene tanta gravedad como los de Iván Torres, Julio López y Luciano Arruga. El fallo lleva la firma de los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.
El triple enigma
¿Tres casos encadenados? Las vejaciones a un menor de edad en una comisaría, el asesinato de un testigo protegido, y la desaparición y muerte de un chico de 13 años. La violencia institucional en Chubut y su encubrimiento judicial. Los grupos que no se resignan y los familiares que logran vencer al miedo.
En el bar de Trelew hay una pantalla de televisión clavada en un canal porteño de noticias. Allí muestran el “caso Ángeles”, el crimen, el portero, los familiares, los panelistas, los expertos. Las palabras vacías sirven para llenar minutos, horas, existencias. El volumen está en cero: no sé a qué dios o camarero agradecerle. Se pueden ver la temperatura y los baches y los famosos de Buenos Aires, que para los medios autodenominados “nacionales” son más relevantes que la conversación que sostengo en este bar.
Me hablan sobre tres historias encadenadas. Tres “casos”, como se denomina a personas y crímenes en jerga jurídico-periodística. Cualquier científico, productor de noticiero, o detective en serie celebraría descubrir que pueden ser presentados como los casos A, B y C:
- Caso A, de Adolescente de 16 años, ilegalmente detenido, torturado y vejado por ocho (8) policías chubutenses en la Comisaría 2º de Trelew, el 18 de enero de 2012. Reitero: 16 años.
- Caso B, de Bruno Rodríguez Monsalve, 22 años: detenido en la misma comisaría y testigo del Caso A. Decidió denunciar la situación. Le tomaron una declaración anticipada en cámara Gesell. Para preservarlo de la policía, las autoridades provinciales lo consideraron testigo protegido. Fue asesinado de tres puñaladas el 26 de marzo de 2012. Reitero, 22 años.
- Caso C, de César Monsalve, 13 años, desaparecido desde el 27 de mayo último, sobrino de Bruno (Caso B). La familia, la abogada y la Cámara Penal plantean que podría tratarse de una desaparición forzada cometida por la policía, encadenada a los Casos A y B. Pero el fiscal de turno Fabián Moyano está visiblemente colocado: plantea el caso como el de una persona extraviada, una averiguación de paradero. Y la investigación está en manos de la propia policía. Edad de César al momento de desaparecer: 13 años.

Cintia, la madre de César. Su cuerpo apareció mientras Mu estaba haciendo la investigación: lo encontraron a 300 metros del Museo que recuerda la Masacre de Trelew.
Un violado, un asesinado y un desaparecido. Dos de ellos menores de edad. Y como corresponde a toda trilogía, hay un cuarto componente, inevitable en Trelew: el asesinato a golpes de Julián Antillanca y la conmovedora movilización generada por su padre César, albañil, en búsqueda de justicia.
El nexo que une a todas estas historias podría ser la policía jugando un rol de autoría, complicidad o sospecha, según el ojo con que se mire. El poder judicial funciona muchas veces como máquina de absolver, salvo el bingo de algunas excepciones. Todo queda en manos de familiares, amigos, abogados y vecinos que no se resignen a la impunidad.
En el bar, Fernando Almonacid y Estela Álvarez, los padres del chico del Caso A, tienen el alma inundada. Él es empleado de mantenimiento en una obra social. Ella es portera de escuela. Fernando me mira perplejo: “Yo tengo el privilegio de tener a mi hijo vivo”. Estela se pasa la mano por las mejillas mojadas: “Intentó suicidarse tres veces. Pero le decimos que tiene un futuro por delante. A Bruno lo mataron, y César está desaparecido ¿Qué es esto?”.
No sé qué es esto: hay espacios del mal para el que nos estamos quedando sin diccionarios. Todavía no es muy nítido qué canal está mirando el resto de Trelew. Pero sí resulta evidente que yo escribo, usted lee, el poder judicial flota y la televisión llena vacíos propios y ajenos, mientras un chico de 13 años está desaparecido cada minuto que pasa. Quito los ojos de la indignación de Fernando y Estela: en la pantalla dejan descansar a Ángeles, anuncian un debate sobre las PASO con candidatos que sonríen ya maquillados, y comienza el espacio publicitario.

Caso A: Fernando y Estela, padres del menor torturado y vejado en la Comisaría 2 de Trelew, que motivó el descabezamiento de la cúpula policial
Caso A: captura
Los chicos volvían de un baile. El adolescente, su novia, un par de amigos. Enero 18, 2012. El muchacho trabajaba ayudando al padre como empleado de mantenimiento. No tenía antecedentes, conflictos con la policía, y hasta filmaron ese regreso con sus celulares, corriendo, haciendo bromas y jugando: 16 años. En el camino tuvieron un incidente con el conductor de una camioneta Trafic, que casi los había atropellado. Cuando llegaban a la casa del chico, en el barrio Presidente Perón, aparecieron los patrulleros y saltaron sobre él, y lo arrancaron de las rejas a las que se aferraba gritándole a su madre. Estela: “Era antes de las 7 de la mañana, todo el barrio es de gente trabajadora como nosotros. Fernando ya se había salido porque entra a las 7. Yo tomo pastillas para poder dormir y no escuché”. Los gritos hicieron salir a los vecinos. Los policías golpeaban con excitación. Los vecinos pedían que se llevaran al de la Trafic que era el que los había embestido, que dejaran de golpear al chico, que esa era su casa y adentro estaban sus padres. Todo inútil: subieron al menor al patrullero, lo que en sí mismo fue injustificado e ilegal, aunque parte de la violencia institucional consiste en que las palabras no signifiquen nada.
Estela habla con la fluidez de la desesperación: “Un vecino me despertó y dijo ‘a tu hijo lo golpearon feo, iban para la comisaría’, como estamos a cuatro cuadras de la Seccional 2º llegué en 5 minutos, imagínese, y ellos decían que mi hijo le había tirado una piedra al patrullero y otro decía que le venía pegando a la novia, o que habían recibido un llamado, todas mentiras como se vio después en el juicio, si hasta a la novia la detuvieron por el lío que armó para que no se lo llevaran, y la tenían también a ella y después la dejaron conmigo, pero ahí yo estaba angustiada esperando con mi otro hijo y mi nuera, serían las siete y cinco (según el expediente: 7.08), hasta que a eso de las ocho y cuarto (8.10), me entregan a mi hijo todo golpeado y mojado”. Calla para respirar, y para llorar.
El infierno
En la Comisaría 2º, según quedó verificado en el juicio que se hizo en marzo de este año, el menor estuvo durante esa hora entera, lo cual en sí es una aberración, mientras su familia reclamaba en la sala de guardia que lo entregaran. Fue “alojado” en un pasillo, entre los calabozos y la Cuadra del personal, donde siguieron golpeándolo entre varios, hasta que uno de los policías lo levantó y lo llevó hasta la zona de calabozos, pusieron al chico contra la pared, le bajaron los pantalones y el calzoncillo, le introdujeron un bastón tipo tonfa (cachiporra) en el ano, reiteradas veces mientras él gritaba de dolor y los policías gritaban como celebrando. Luego lo llevaron hasta el pasillo donde lo dejaron tirado y le arrojaron un baldazo de agua.
En una celda, sometido la tortura de ver a los policías y escuchar los alaridos, estaba Bruno Rodríguez Monsalve.
Cómo se tapa
Fernando, el papá del chico vejado: “La novia y otros testigos vieron cómo lo sacaban de esa zona de calabozos con los pantalones bajos. Se ve que se había desmayado del dolor, y le tiraron agua para borrar también las huellas”. Estela, la madre: “Me lo devolvieron así, golpeado, mojado, aturdido, fuimos al Hospital Zonal, pero recién esa noche me contó todo lo demás que le hicieron. Y salimos a denunciar lo que pasó”.
Para calmar el escándalo público por la denuncia de los Almonacid, el gobernador Martín Buzzi ordenó el desplazamiento del jefe policial de Chubut Néstor Siri y del comisario de Trelew Juan Carlos Contreras (que reprimió también esos días una protesta por 200 despidos de trabajadores camioneros), tras “evaluar la serie de hechos de violencia policial sucedidos y que serán investigados hasta las últimas consecuencias para determinar, con toda claridad, los móviles y las responsables”, según dijo. Fernando: “Para mí fue todo político. Sacaron a uno para poner a otro, se reacomodan, y siguen tapando todo”.
Hay un vejado que vive
Se hicieron 70 rondas de reconocimiento para identificar a los acusados, hubo pericias, declaraciones, “anticipos jurisdiccionales de prueba” como la declaración de Bruno Rodríguez Monsalve (Caso B) y hasta las confesiones de tres de los ocho acusados, los policías Mario Bevaqua y Adolfo Carballo y el médico Fernando Zaghis, que en juicio abreviado reconocieron los hechos y su culpabilidad, a cambio de penas menores (3 años de prisión en suspenso, inhabilitación de 6 años para cargos públicos).
Y una prueba o curiosidad más: contra lo habitual en Chubut, en este caso la víctima está viva, pudo reconocer a los policías y relatar lo que ocurrió.
Vergüenza ajena
El juicio se hizo en marzo de este año. Acusados: Carlos Pato, Sergio Castillo, Hugo Ortiz, Aníbal Muñoz y Carlos Treuquil. Cargos: privación ilegítima de la libertad, vejaciones, tortura y abuso sexual gravemente ultrajante de un menor de 16 años.
Los jueces Ivana González, Adrián Barrios y Darío Anguiano resolvieron llevar el juicio a puertas cerradas, bajo la excusa de “preservar a la víctima”, con el efecto práctico de aislar las audiencias y no quedar ellos mismos bajo la mirada de la sociedad. Con sólo tomar la declaración del adolescente a puertas cerradas hubiera sido suficiente.
Ese tribunal terminó por absolver a los cinco acusados que salieron festejando, siguen en funciones, y se han encargado de pasar por el barrio a burlarse de vecinos y familiares.
La burla mayor fue el propio fallo. Uno de los jueces dijo tener certeza sobre la existencia del abuso sexual, pero los otros dos no, porque la pericia de las lesiones anales indica que se produjeron ese día, pero no precisa a qué hora (como diciendo que el adolescente pudo haber sido vejado antes de estar en la Comisaría). Los fiscales María Tolomei y Arnaldo Maza, en su pedido de nulidad del juicio, rebaten el disparate recordando que se vieron las filmaciones de los chicos saliendo del boliche, jugando, riendo, corriendo, cosa imposible en un abusado de ese modo. Los jueces además omitieron la declaración de la médica forense, doctora Stella Maris Manzano, quien descrbió las lesiones cometidas en forma violenta, no consentida, reiteradas veces, y sólo posibles con un elemento compatible con un bastón tonfa.
Con qué te violan
Y un detalle más perverso. El chico había declarado: “…Empezaron con el machete, (…) fue el flaco grandote ese, de ese me acuerdo bien porque ese fue el que causó todo, el de la idea (…). Supongo que era un machete. Yo cerré los ojos y recuerdo que le dije a dios que quería justicia y que lo dejaba en manos de él. Me ardía, me dolía…no me hable más de eso por favor…”.
¿Conclusión de los jueces sobre esta declaración? Que no se puede tener por cierto que el abuso sexual se produjo con el bastón tonfa porque el joven no lo describió con precisión. Se solicita a lectoras y lectores que la próxima vez que sean agredidos, vejados o asesinados por policías, fotografíen antes con qué elemento, para evitar imprecisiones.
Así, un juicio inusualmente plagado de testimonios, reconocimientos, peritajes forenses y culpables confesos, recibió total absolución de los cinco principales responsables. Para redondear el abismo, el ministro de gobierno Javier Touriñán cargó contra los fiscales: “Faltó ímpetu en tratar de conseguir las pruebas para sostener la acusación”, dijo, higienizando jueces. Ese día nació la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew, que reúne a sindicatos, movimientos de derechos humanos, organizaciones de todo tipo desde la CTA hasta La Cámpora, y al Consejo Social de la Universidad Nacional del Sur. Natalí Narváez, de la Comisión: “Con esa sentencia, nos violaron a todos”. Fue el 26 de abril último.
Se pidió la nulidad del juicio, en el que no pudo estar presente el testigo clave: Bruno Rodríguez Monsalve, el Caso B.

Caso B: Marta, la madre de Bruno, el testigo protegido que terminó asesinado a puñaladas.
Caso B: muerto protegido
Volvamos a una imagen: cuando el adolescente era torturado y vejado, en una de las celdas contiguas estaba Bruno Rodríguez Monsalve, viendo y escuchando. Tenía 22 años, vivía con su madre Marta y tres sobrinos en el barrio Oeste de Trelew. Como tantas veces en tantos barrios (el propio caso del desaparecido Iván Torres) Bruno tenía fricciones con la policía que cada tanto lo hospedaba en la Comisaría. Lo que vio y escuchó aquel 18 de enero de 2012 le hizo tomar la decisión de declarar.
Marta, que trabaja atendiendo ancianos del barrio: “Al día siguiente lo atropellaron con una moto de la policía insultándolo, le dejaron la rodilla a la miseria, y lo amenazaron”. Bruno se presentó ante el defensor de oficio Sergio Rey: “Loco, me tiró la moto encima, me quiero ir, me van a matar”.
Estela, la mamá del adolescente del Caso A: “Para nosotros Bruno fue como un ángel que mandó Dios, para contar lo que sabía”. Se decidió tomarle declaración anticipada en cámara Gesell, no por paranoia sino por sentido común. Bruno reconoció sin dudar a dos de los policías, y sindicó a un tercero. La provincia lo consideró testigo protegido y lo trasladó a Santa Cruz, a casa de unos familiares. Marta: “Le dieron plata y le prometieron que le iban a conseguir algún trabajo”. Cuando se acabó la plata, Bruno volvió a Trelew para tramitar su documento, cosa que le exigían en Santa Cruz para darle trabajo. Pero la “protección” no es la que se ve en las películas de Hollywood. Bruno seguía moviéndose solo.
Tres puñaladas
Unos días después del regreso de Bruno a Trelew, el 26 de marzo de 2012, Marta le oyó llegar a las 5 de la mañana. “Me dijo: ‘mami’, se apoyó en esta mesa, y se cayó. Pensé que se había desmayado por un problema que tenía al corazón, le abrí la campera, le levanté el pulóver, y ahí vi las puñaladas”.
Ante los gritos de la madre los vecinos pidieron ambulancia, pero llegó la policía y Bruno falleció poco después. Tres cuchilladas. Marta: “El médico dijo que había perdido muchísima sangre, pero la ropa no estaba manchada, sólo se veían las heridas. Nunca entendí”. Poco después ella misma fue perseguida y amenazada por un patrullero desde el que le gritaron: “Sacá la cámara Gesell”. “Además se reían y me tiraban el auto encima”. El propio fiscal Arnaldo Maza vino aquí para tomar nuestra denuncia, y vio cómo un patrullero se paró frente a la puerta de nuestra casa, mirándonos, para asustarnos. Cuando lo vieron al fiscal, salieron picando”.
Breve contexto: sólo en el caso de la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia hubo 6 testigos muertos, dos de ellos protegidos, y una testigo violada a la que le dijeron: “Andá a hacer la denuncia a la comisaría, que te la tomo yo”.
El asesinato de Bruno eliminaba al principal testigo del juicio por el Caso A (que había provocado el desplazamiento de las cúpulas policiales). Sin embargo jamás se investigó la posible participación o instigación policial. Y a velocidad de un tuit apareció el fiscal Fabián Moyano con el crimen resuelto gracias a la oportuna aparición de un “buchón” relacionado –obvio- con la policía: Bruno había sido muerto por un vecino, por un ajuste de cuentas.
La versión de Cintia Monsalve, la hermana de Bruno: “Sabíamos que eso era mentira. El chico al que acusaban, Gastón Béjar, era amigo nuestro. Estaban acusando a cualquiera. Un perejil, como le dicen”. Béjar, inesperadamente, fue defendido por un dúo de abogados de los más caros de Chubut, Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre, habituales defensores del personal policial (caso Antillanca, por ejemplo) o de los militares y policías juzgados por la Masacre de Trelew. Se vio a ambos acompañar sonrientes a los policías exculpados en el Caso A. El acusado Béjar también terminó absuelto.
La mirada de Gastón Pérez Álvarez, de la Asociación de Docentes Universitarios y la Comisión contra la Impunidad: “Al acusado lo absolvieron, y de paso se le solucionaron sospechosamente otras causas que tenía. Uno sabe que las fuerzas policiales desarrollan la tercerización de robos y delitos, a cambio de protección. No se pudo probar en ese caso, y el crimen de Bruno por ahora queda impune”.

Caso C: Cintia y el cartel escrito a mano buscando a César, 13 años
Caso C: 13 años
El 27 de mayo último a las 10 de la mañana César Monsalve, 13 años, sobrino de Bruno (Caso B), hijo de Cintia y nieto de Marta, salió de la casa de su abuela rumbo a la de una tía en el barrio Inta. Desde entonces nada se sabe de él. Vestía bermudas, remera marón, y sólo llevaba la tarjeta para el colectivo, o sea, nada como para pensar en una fuga adolescente.
Únicas coincidencias temporales:
- Un mes antes habían absuelto y liberado a los acusados por el Caso A de vejaciones en la comisaría.
- Y pocos días después comenzaría el juicio por el Caso B, el homicidio de su tío Bruno, el testigo “protegido” apuñalado.
Cintia Monsalve tiene 29 años: “Mi hijo siempre vivió con mi mamá y mis hermanos. Lo tuve muy chica. Cuando no apareció, lo empezamos a buscar con toda la familia y los amigos. El 29 de mayo presenté la denuncia. La policía ni caso me hizo, y yo ya sabía, por lo de mi hermano Bruno. No les importamos. Al revés. Yo veo que no hacen nada. Ya le dije a una fiscal: ¿tengo que esperar que a César me lo devuelvan en un cajón? Ni siquiera hablamos de alguien grande. Es un nene. Me dijo que hay que tener fe”.
Marta me mira: “Yo no quiero mezclar mucho las cosas. A mi hijo Bruno me lo mataron y nadie me lo va a devolver. Pero mi nieto es un chiquito, quiero que esté en casa…”. No puede terminar. Cintia ceba mate. Se escucha el viento helado contra la puerta.
Desaparición forzada
En las primeras movilizaciones de denuncia, junto a la Comisión contra la Impunidad y a los Almonacid (que venían de la absolución de los culpables de las vejaciones a su hijo), Cintia conoció a César Antillanca, el padre del asesinado Julián. Y a la abogada Verónica Heredia.
Juntas presentaron el 2 de junio un hábeas corpus planteando que el caso de César Monsalve encuadra como una desaparición forzada de persona: no alguien fugado o extraviado, sino posiblemente privado de su libertad por personal del Estado. Por eso mismo, piden el apartamiento de la policía provincial de la búsqueda, y el de los jueces del Caso A, que absolvieron a policías planteando “duda razonable” sobre las vejaciones en la comisaría.
La jueza Ana Servent ordenó que la gendarmería buscase en comisarías, hospitales, salas de guardia, no encontró a César, y rechazó el hábeas corpus. La Cámara Penal le aclaró que el niño continúa desaparecido, le ordenó volver a hacerse cargo, y postula que la vinculación entre la desaparición del niño y la muerte violenta de un testigo protegido, en el marco de una investigación sobre violencia institucional atribuida a autoridades policiales locales “desde el punto de vista jurídico permitiría asimilar la situación a la de una desaparición forzada de persona y no de una simple averiguación de paradero”.
Mapa del crimen
Pasan horas, pasan días, César no aparece. ¿Por qué pensar en violencia institucional? Datos: El delito de desaparición forzada de persona se tipificó en Argentina en 2011, y es una de las consecuencias de la condena que sufrió el actual Estado Nacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Iván Torres, en 2003, y en esta misma Chubut. La abogada fue, como ahora, la doctora Verónica Heredia. Con el de César, ella ha contabilizado en los últimos 10 años ocho desapariciones forzadas en la provincia. “Todas lo son, hasta que se demuestre lo contrario”.
En Chubut, además, el ministerio de la Defensa Pública tuvo que crear un Banco de Datos sobre Torturas. En los últimos cinco años, se registra un promedio de 490 denuncias anuales de torturas producidas por las denominadas fuerzas de la ley. Son entre 9 y 10 casos por semana; no se sabe cuántos son los que no se atreven a denunciar.
El Grupo pro Derechos de los Niños realizó otro informe. Leerlo da miedo. Dos ejemplos. Eduardo Mariano Haro, amputación de testículos en la Comisaría 2ª de Comodoro Rivadavia (17 de noviembre de 2003). Gustavo Andrés Sáenz, 24 años, “golpiza policial, le arrancaron el ojo izquierdo” informa el texto, el 16 de septiembre de 2011.
El informe no alcanza a citar lo reciente. César Velázquez, 24 años, su madre y esposa denunciaron a mediados de junio a la prensa que “le pusieron corriente en las bolas” y también en las manos, en la Comisaría 5º de Comodoro Rivadavia. El mismo mes, en Esquel, hubo condenas a cinco policías por vejaciones agravadas en la Comisaría 2ª. Y abuso deshonesto de otro policía: la víctima, una niña de 4 años. O el caso del policía de Rawson que quemaba y abusaba de su esposa apuntándole con un arma para obligarla a practicarle sexo oral. O el caso de Héctor “Tití” García que fue detenido por recriminarle a un policía que estaba maltratando a un perro. García recibió una paliza antológica en la Comisaría 5ª de Comodoro, le reventaron el bazo y murió al día siguiente en el Hospital Regional. O la represión en Corcovado, 2009, un pueblo cordillerano sitiado por el grupo de choque policial GEOP que cometió decenas de abusos, golpizas y allanamientos sin control buscando a un delincuente… apenas el inicio de una enumeración al infinito y más allá. Un lugar común consiste en decir que hay policías buenos y malos, también en Chubut. Eso puede ser cierto, pero elude una cuestión estructural que explique por qué los malos son tan exitosos.

Fabián Moyano, el fiscal tanto en el caso del asesinato de Bruno (que terminó sin condenas, por ahora) como en la desaparición de César, pero no investiga a la policía.
Charla con un fiscal
El asesinato de Bruno y la desaparición de César tienen otro punto en común, el fiscal Fabián Moyano. Asumió el caso de César un jueves, y le dijo a la madre que debía revisar el expediente. Un jurista de Trelew me pregunta: “¿Será que el chico está en el expediente?”. Al día siguiente Mu intentó comunicarse, y seguía leyendo el expediente. Accedió a recibirnos por la tarde. Ojos muy abiertos, toses, miradas de reojo a un papel, fragmentos del diálogo:
-La desaparición no es un delito en sí mismo.
-Si es desaparición forzada sí.
-Pero esto es distinto. Un chico que salió de la casa y no sabemos a dónde fue. Mandé un oficio a La Rioja donde tiene familiares, se hicieron rastrillajes, búsqueda con gomones por el río con todo el personal policial.
-Pero si es una desaparición forzada, tendría que investigar a la policía.
-No tengo el más mínimo indicio de que sea así.
-¿Cómo va a tener indicios, si no la investiga? Primero se investiga, y después se descarta.
-No hay ningún indicio.
-La denuncia de la familia, la presentación de un hábeas corpus, la Cámara Penal ratificándolo, la sospecha de la población, los antecedentes provinciales como el de Iván Torres, por el que hubo condena al Estado Argentino por desaparición forzada.
-Es una tacha que nos dejó a todos estigmatizados. Pero si hay un hábeas corpus por el que la jueza aparta a la policía, y yo investigo con la policía, estamos cubriendo todas las posibilidades. Y con la jueza estamos en permanente contacto intercambiándonos información.
-…
-Tengo 25 años de trayectoria. Jamás encubriría a alguien. Si tuviera la más mínima sospecha, apartaría a la policía.
-¿Por qué la descarta como hipótesis?
-No la descarto. Pero si la sospecha es que hay relación con la muerte del testigo protegido Bruno Rodríguez Monsalve, nadie mejor que yo para saber que no lo mató la policía. En el juicio acredité, por declaraciones de testigos y escuchas telefónicas, que el autor de la muerte de Bruno fue Gastón Béjar por un ajuste de cuentas, cuando ambos estaban totalmente borrachos y empastillados y Bruno le robó una computadora.
-Sin embargo el tribunal absolvió a Béjar. O sea que usted no acreditó eso.
-Se dieron vuelta los testigos. Son cosas que pasan. Es nuestro sistema. Pero no lo mató la policía.
-En los otros casos de testigos muertos tampoco. Mandan a chicos que después reciben algún beneficio material o judicial. ¿Por qué descarta esa hipótesis?
-Porque yo tengo otra, y no son compatibles.
Así fueron dos sesiones, una personal y otra telefónica, en las que el fiscal apuntó a César como un chico sin control, a su abuela por lo mismo, a la madre por no haber hecho la denuncia antes, a Bruno por haber vuelto a Trelew, en medio de elogios al rol policial.
Investigar al Estado
¿Por qué pudo César Monsalve ser desaparecido? Misterio. Pero su desaparición, como el asesinato de su tío Bruno, logran de inmediato reforzar el miedo generalizado a declarar, lo cual consolida el control absoluto de la policía & afines sobre cualquier investigación.
¿Y si fuese al revés, y César se escapó y está escondido, o tuvo un accidente, o fue raptado por delincuentes? La abogada Verónica Heredia: “Cuando se sospecha que una persona fue desaparecida forzadamente se invierte toda la lógica. Hay que mirar al Estado, no a la calle. El Estado tiene que demostrar que no es responsable. Lo que es casi absurdo es pensar que en un lugar como Trelew un chico se vaya sin que nadie lo haya visto. La desaparición forzada como parte de la violencia institucional en Chubut se fundamenta en una práctica sistemática de la policía principalmente sobre chicos pobres de barrios periféricos, con una complicidad del poder político y un silencio del poder judicial, como lo planteó Sofía Tiscornia en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
¿Qué describió Tiscornia en ese informe sobre Chubut? Textualmente: “Se trata de un fenómeno particular: una legislación y prácticas policiales violatorias de los derechos humanos, y tribunales que –alejados de los conflictos sociales de quienes más lo necesitan – no investigan o son cómplices de los crímenes”.
La doctora Heredia: “Parecía muy loco pensar que Iván Torres está desaparecido. O Luciano Arruga, o cualquier otro. Si César apareciera y se descubre que se fue con una noviecita, se pedirá disculpas. Pero todo el contexto nos dice que mientras tanto hay que investigar al propio Estado”.
El fiscal Moyano no tiene intención de hacerlo. “En ese caso segundo a segundo se sigue cometiendo el delito y hay una omisión de investigación del fiscal, integrante del Estado, que al no asumir que es una desaparición forzada, empieza a estar incurso en el propio delito y oportunamente se verá si corresponde que responda penalmente”.
La vida está en otra parte
La sociedad chubutense es mucho más que esto. Es también la que creó movilizaciones de sus comunidades contra la megaminería, asambleas, experiencias productivas, nuevos medios sociales de comunicación, espacios educativos, sindicales y comunitarios para combatir la impunidad. Y eso genera efectos institucionales. El reclamo de justicia del obrero César Antillanca tras el crimen de su hijo Julián en Trelew primero recibió su propia vejación, con un fallo que absolvió a los policías involucrados pese al cúmulo de pruebas. César no se resignó, siguió movilizándose y movilizando a la comunidad, y la apelación judicial provocó que el Superior Tribunal de Justicia anule ese juicio, que deberá realizarse nuevamente. El Superior Tribunal también está en crisis, con peleas y denuncias entre sus miembros: “Tal vez por eso están preocupados por recuperar credibilidad, con fallos como esa anulación” intuye la doctora Heredia. Todo un síntoma: para ganar credibilidad, hacer justicia.
Antillanca entiende las cosas mejor que muchos expertos. Plantea que hay que crear una Policía Judicial realmente independiente que resulte confiable y pueda también investigar al aparato policial. “La lucha cotidiana es colectiva, y no tiene que ver con esperanza y con fe, sino con confianza en el trabajo realizado, aún con todas las dificultades que implica ver que el informante oficial es el delincuente. Y el poder judicial depende exclusivamente de esa policía. Por eso hay que crear otras instituciones para que haya justicia y termine la impunidad”.
Fernando y Estela, los padres del chico vejado: “Esa anulación del juicio de Antillanca nos da una expectativa de que se haga lo mismo en nuestro caso. Pero él tiene a su hijo muerto. Nosotros tenemos el privilegio de tener a nuestro hijo vivo, con necesidad de que mire hacia adelante después de todo lo que le pasó. Sabemos que no estamos denunciando al vecino de la esquina, sino a una mafia”. Estela: “A veces tengo mucho miedo, a él le quebraron la vida, pero nunca vamos a callarnos. Yo creo en Dios pero bueno, con lo que pasó estoy un poco peleada con Dios: ¿dónde está la justicia que nos prometiste?”. Fernando cuenta: “A nosotros nos ofrecieron irnos a otra provincia, con casa y todo. Yo digo que a cambio del silencio. Pero nunca lo vamos a hacer. Porque siempre pagan los más humildes, los chicos de los barrios. Y nos meten miedo. Pero con nosotros se equivocaron. Vamos a estar siempre, en todas la marchas, en todos lados, para que a nadie más le pase esto”.
Otra noticia: el adolescente protagonista del Caso A ya tiene 17 años. Va saliendo lentamente del infierno, me dicen sus padres. Trabaja, hace deporte, dio otro paso con su novia, la misma que lo acompañaba aquel día, y han tenido una beba. “Le quisieron robar los sueños y la vida, pero ahora tiene que pensar en esa hijita, mi nieta” sonríe Estela, como preguntándose si será posible.
Antillanca dice que no es un asunto de fe o esperanza, sino de confianza en el trabajo colectivo. Fernando: “Es cierto. Yo apuesto a que podemos dar vuelta todo”.
Nota
Entrevista al hermano de Luciano Arruga, a 17 años de su desaparición: “Los pibes no son lo que nos dicen”

Sebastián Alegre es uno de los hermanos del joven desaparecido el 31 de enero de 2009 y finalmente encontrado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita en 2014. Una parábola que solo deja en evidencia el encubrimiento por parte del Estado y que tiene a la Policía Bonaerense en el centro de las denuncias sobre el asesinato de este joven de 16 años, crimen que jamás se investigó a fondo. El pedido de memoria, verdad y justicia sigue intacto, y también la asociación de amigos y familiares empujando desde hace años un centro de memoria y arte, todo en un destacamento donde Luciano fue torturado, hecho por el que un policía fue condenado a 10 años de prisión. Este sábado recordarán a Luciano con una radio abierta, a las 16.30 horas, en Indart 106, Lomas del Mirador.
En esta nota -que recuerda a Luciano a 17 años de su desaparición y asesinato- repasamos el derrotero del caso que se convirtió en bandera de lucha contra la desapariciones en democracia en el país de los 30 mil, pero cuya impunidad persiste cada día. Sebastián, que tenía 13 años cuando Luciano, de 16 años, desapareció, recuerda a su hermano, cuenta quién verdaderamente era y lo conecta con los discursos actuales de la baja de imputabilidad.
Lo que cambió, y empeoró, en el barrio de 12 de octubre de Lomas del Mirador, con el avance del narco y la facilidad para conseguir armas. Lo que nunca llega: oportunidades y asistencia estatal para salir de la pobreza. Lo que ellos mismos encaran: organización y cultura “para darle otro camino a las juventudes”.
Por Lucas Pedulla
Su primera interacción con la policía fue a los 13 años.
Estaba con su hermano Luciano y un amigo de él caminando hacia la Plaza del Cañón, en Lomas del Mirador. No hacía mucho que se habían mudado a esa localidad de La Matanza tras haber vivido en una pensión porteña de Flores y, luego, en la bonaerense Ciudadela. Sebastián sabía de la hostilidad de esos oficiales porque más de una vez lo habían amenazado sólo por estar jugando al rinraje en el barrio: “Pendejo, tomatelá, porque te voy a llevar”.
Pero esa tardenoche fue distinta. Caminaban por avenida Mosconi cuando un patrullero los abordó a la altura de la Clínica del Buen Pastor, a tres cuadras de la plaza. “Me acuerdo que se bajó un oficial con la escopeta en la mano y se la pone en el pecho al amigo de Luciano. Le dice: Ponete ahí contra la pared. A Luciano le hace lo mismo. Vos también, me dice. Luciano se da vuelta y le dice: Él es menor. ¿Entendés? Él también era menor, nos llevábamos tres años de diferencia, según la época del año cuatro. Qué me importa, dice el policía y me pegó una patada que me hizo abrir las piernas y apoyarme contra la pared. Uno me palpaba, el otro seguía con la escopeta en la mano”.
Por esos años Sebastián (13) y Luciano (16) trabajaban juntos en una fábrica a pocas cuadras de su casa, en el barrio 12 de Octubre, un asentamiento de casas humildes que abarca una manzana. Uno de los límites del barrio da a una plaza que hoy lleva el nombre de su hermano. El otro límite, justo en diagonal a la casa en la que vivían, da a una zona residencial de clase media, vecinos que pidieron la creación de un destacamento policial ante la llamada “inseguridad” en la zona.
Por esas calles caminaban Sebastián y Luciano para ir a la fábrica de hebillas para zapatos y cinturones, en la que trabajaban de ocho a diez horas al día. Hacían todo el proceso –tirar los moldes, lijar, pulir– menos la fundición, ya que era una máquina gigante que veían con mucho respeto. A los mediodías se iban a almorzar bajo algún árbol con sombra de la General Paz, la enorme avenida que divide a estos conurbanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando llegaban los fines de semana, con sus salarios se iban a Liniers –frontera entre ambos mundos– a comprar ropa. Sebastián recuerda los consejos administrativos de su hermano: “Lu me decía: Comprate esto, comprate aquello y esto dámelo que lo guardo para casa. Todo pasaba así, hasta que hubo un momento en el que Luciano ya no estaba más…”.
El 31 de enero de 2009, hace 17 años, Sebastián cruzó a su hermano mayor caminando por la calle Perú, la de su hogar. “Andá para casa, me dijo. Tengo el recuerdo que era de tarde, porque el sol le pegaba de frente. Fue la última vez que lo vi”.
Desde entonces comenzó un recorrido que tuvo a su mamá, Mónica Alegre, y a su hermana, Vanesa Orieta, haciendo lo impensado para saber dónde estaba y qué le había pasado. Sebastián empezó a ver cómo el nombre y el rostro de su hermano, Luciano Arruga, comenzó a imprimirse en carteles, pintarse en banderas, escribirse en paredes y gritarse en marchas. El pedido era “aparición con vida”, una consigna que se gritaba para los desaparecidos de la última dictadura militar, y congregó multitudes para saber qué había pasado con un chico pobre de 16 años. Su hermano, Luciano.
“Soy la mamá de un negro villero que se negó a robar para la policía”, escuchó Sebastián, de boca de Mónica, ese enero y cada enero en adelante, cuando se cumplían años de su desaparición. Y así, fue viviendo este doloroso camino a partir de los 13 años, la misma edad desde la que hoy quieren meter presos a los chicos con el nuevo proyecto de baja de imputabilidad, defendido por el Gobierno nacional y sus aliados. Su recuerdo de esa tardenoche camino a la Plaza del Cañón cobra entonces una triste actualidad, como las realidades que Luciano nos sigue revelando, a 17 eneros de su desaparición.

Racconto de un encubrimiento
Sebastián recibe a lavaca en el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. El lugar está en Indart 106, en Lomas del Mirador, y es el mismo chalet donde funcionó el Destacamento Policial N°8, dependiente de la Comisaría 8°, un ex centro clandestino de detención en dictadura conocido como “El Sheraton”, una turbia ironía de los represores. El destacamento fue creado a instancias de un grupo de vecinos nucleados en la asociación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (VALoMi). Su fundador, Gabriel Lombardo, sigue al día de hoy apareciendo en televisión reclamando “más seguridad” ante cada hecho del barrio. Sin embargo, esa dependencia, en verdad, sólo debía cumplir tareas administrativas porque no tenía las condiciones para llevar a personas detenidas, mucho menos un adolescente menor de edad. Pero allí detuvieron y llevaron a Luciano el 22 de septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición. “Vane, sacame de acá porque me están cagando a palos”, escuchó su hermana, Vanesa, que gritaba Luciano cuando lo fue a buscar a ese destacamento. Por ese hecho, en un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza condenó al policía Julio Diego Torales a diez años de prisión por torturas físicas y psicológicas.
Familiares y Amigos de Luciano, la organización que encabezó la lucha todos estos años, logró también que ese destacamento se cerrara, aunque la Municipalidad de La Matanza, entonces encabezada -al igual hoy- por el intendente Fernando Espinoza, lo trasladó al predio Monte Dorrego, a tan sólo unas pocas cuadras. Para la familia, Espinoza y Daniel Scioli, el entonces gobernador bonaerense –antes peronista, hoy reconvertido libertario–, son los principales responsables políticos de la desaparición del joven.
La expropiación del destacamento la consiguieron con acampes, radios abiertas y festivales multitudinarios. Allí abrieron un espacio para la “memoria social y cultural” de Luciano, que está pronto a comenzar sus jornadas de apoyo escolar para el barrio. “Queremos llenar de vida este lugar”, cuenta Sebastián, entusiasmado.
Tras la detención de Luciano en septiembre del 2008, el hostigamiento y el verdugueo policial se acentuaron al punto de que el joven ya tenía miedo de salir de su casa. El 31 de enero de 2009, Luciano no volvió más. Según testigos, lo subieron a un patrullero y lo llevaron a la comisaría. La familia inició una denuncia en el fuero provincial que luego pasó al federal como “desaparición forzada de persona”.
Cinco años y ocho meses después, el 17 de octubre de 2014, y tras presentar un nuevo hábeas corpus, la familia encontró el cuerpo de Luciano enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita.
Según la reconstrucción, había sido atropellado en la madrugada de ese mismo 31 de enero luego de intentar cruzar –con ropa que no era de él– la General Paz por el medio, un lugar imposible siendo que la avenida tiene sus cruces peatonales. Herido por el atropello, Luciano fue trasladado en ambulancia al Hospital Santojanni, donde murió. Fue inhumado como NN, pese a que la familia de Luciano salió desde el inicio a denunciar su desaparición. La lupa de la familia se posaba sobre la Bonaerense, y luego la investigación les dio la razón: la persona que lo atropelló declaró que esa noche había visto una camioneta doble cabina sobre la colectora de la avenida. El conductor también dijo que Luciano “corría desesperado, como si estuviera escapando de algo”. Nunca se profundizaron estas líneas de investigación.
La autopsia de Luciano estuvo en el expediente desde 2010 pero ningún juez ni fiscal a cargo de la causa la vio. En cambio, pusieron la lupa en el entorno familiar. La fiscal Roxana Castelli derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada, incumpliendo el reglamento de la Procuración provincial, y el juez Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas pincharon los teléfonos familiares 15 veces, durante 1 año y 6 meses. Por ello, hace 12 años que Mónica y Vanesa iniciaron un pedido de destitución de estos tres funcionarios. Ni el jury ni la causa por la desaparición tuvieron avances ni detenidos.
Palabras como negligencia, desorden burocrático, desidia o complicidad estatal son pocas para describir la impunidad que se construyó en torno a la causa de Luciano Arruga, en un país que evidenció, aún con 30.000 desaparecidos, la inexistencia de herramientas estatales para la búsqueda de personas desaparecidas.
Por eso, la familia afirma: “Lo mató la policía, lo desapareció el Estado”.

A través de Luciano
Sebastián, aquel niño de 13, hoy tiene 30 años. Trabaja en un vivero en Ramos Mejía y está por anotarse en las últimas materias para terminar el secundario. Hace pocos años que su voz se sumó a las de su mamá y su hermana para mantener viva la memoria de Luciano. Por eso accede a hablar con lavaca, y dice: “Hay algo muy tremendo que pasa cuando empezás a entender lo que es un desaparecido. Hace poco la pandemia se llevó a un montón de personas, pero a un amigo le podés decir: Che, tu abuelo está ahí, descansando. Lo viste, estuviste con él. Para nosotros, todos esos años fueron de un proceso de no poder darle nunca ese descanso, porque no lo tuvimos y hubo que aprender a lidiar con eso.
Se te viene la frase nefasta de Videla: No está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Es una mierda, porque es verdad. No teníamos forma de cerrar un ciclo.
Por eso conseguir este espacio fue un hito, tenerlo para la lucha, darse cuenta que esto no era una problemática social, sino que abarcaba una problemática política más grande. Particularmente, con 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, empecé a darme cuenta de que todo era parte de un problema sistemático: Luciano no era el único, no sería el último, y tampoco había sido el primero. Fue un camino de militancia entender eso. Y atravesar la adolescencia así. Fue muy groso ver a mi mamá y a Vane que supieron entender qué había detrás. No somos una familia que haya venido de la militancia. Mi abuela vino de Corrientes, del campo, con una mano atrás y otra adelante. Aprendimos a luchar a través de Lu, gracias a él. Y también con su humanidad, porque le gustaba la música, era hincha de River, estudiaba, alguna vez se enamoró. La lucha fue un simple acto de humanidad. Creo que por eso también se acercó tanta gente. Incluso hoy. A 17 años no tenemos una verdad concreta, una justicia absoluta de lo que pasó con Luciano. Seguimos reclamando el derecho a la verdad y a saber. Seguimos preguntándonos qué pasó. Es un hecho que sigue siendo doloroso, pero lo interpelamos desde otro lugar, proyectando cosas buenas, ideas para el espacio, para brindar oportunidades a los chicos del barrio”.
Sebastián dice eso y mira las calles del barrio con preocupación: “Veo con urgencia que están queriendo aprobar la baja de imputabilidad. Llegué a escuchar gente que pedía la baja hasta los 12 años. Podemos, si querés, meterlos desde que tengan chupete, pero sacame una ley para que eso se revierta porque en diez años, si no, vamos a tener a todos los pibes presos. No estás ofreciendo otro camino para que los jóvenes no delincan, para que no se metan en el narcotráfico. Los 13 es una edad donde el pibe está forjando su vida, pero hoy está atravesado por toda una falta de instituciones hasta llegar, finalmente, al penal”.
¿Qué ves que cambió de hace 17 años a hoy?
Lo narco avanzó mucho, y conseguir un arma es súper accesible. Pareciera que estamos en Estados Unidos, como si la compraran en WalMart. Hay muchos pibes con problemas de adicción, falta de contención, una población hecha mierda, otra pidiendo justicia, alguna gente que hace la diferencia y otra en situaciones cada vez más marginales.
Sebastián trae el caso de Uriel Giménez, el chico de 12 años asesinado por la policía en medio de una persecución en Tres de Febrero. Por las redes se viralizaron fotos de Uriel con un arma, lo que trajo una cloaca de comentarios estigmatizantes: “Siento que el eje de la lucha se perdió. No pasa por si somos más de izquierda o de derecha, sino entender que un chico de 12 años no tendría que estar en esa situación. Hoy llega más rápido el narcotráfico y la delincuencia a la puerta de tu casa que el asistente social. No es azar, estamos en una sociedad muy individualista, carente de valores y necesidades. Antes la maestra podía hacer un acompañamiento, pero hoy tiene que agarrar tres turnos para cubrir un alquiler que le vale el doble que cuando empezó a alquilar. A la abuela de ese chico, posiblemente, ni siquiera le alcanza lo que tiene para ir al súper. Vivimos en el medio de un montón de violencias institucionales que terminan encadenando hechos represivos”.
Lo que decís de Uriel me hace acordar a Santiago Beltrán, un chico de 15 años asesinado por una Policía de la Ciudad en Moreno. Las coberturas mediáticas y sus comentarios festejaban la muerte de un delincuente. ¿Cómo damos vuelta esa crueldad?
Hay que conectar con el de al lado, pensar qué pasó con este vecino, en vez de mirarlo por las redes, que te queman las neuronas. Hay que recuperar el contacto físico de acercarse al vecino. ¿Qué hubiese pasado acá si los vecinos decían lo que pasaba en este destacamento? Tendríamos que volver a las raíces, como comunidad, juntarnos para denunciar hechos violentos e institucionales. Que sean los vecinos los que se pregunten por qué en la escuela del barrio dejaron de ir 10 pibes. Uno, porque nos vuelve más empáticos. Dos, porque nos conecta con el otro. Y tres: porque es entender el barrio en el que vivimos.
Familiares y amigos recordarán a Luciano este 31 en el espacio con una radio abierta, a partir de las 16.30. Piden a quienes se acerquen que traigan como donación alimentos para la merienda y útiles para las jornadas de apoyo escolar que están por comenzar.
“No sé si encontrar a Luciano me dio justicia o paz, a mí lo que me da paz es esto”, dice Sebastián, señalando el espacio, y completa: “Saber que hay un lugar para la contención de los pibes, para que puedan venir a hacer una huertita, hacer una murga, hacer música. Que sepan que hay un lugar en el barrio donde se puede pensar la vida. Queremos enfocarnos a que haya infancias y juventudes. A transformar el dolor en más risas. A salir del negacionismo y del individualismo que plantea día a día esta sociedad. Los pibes no son lo que nos dicen, no nacieron así. Queremos otro camino para las juventudes. Y, acá, tienen ese espacio”.

Foto: lavaca.org
Nota
Comienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

A partir del próximo 2 de febrero, el Tribunal Oral Número 2 de Rosario comenzará a juzgar a siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos de la ciudad bonaerense de Pergamino –señalada como la capital del veneno– por contaminación ambiental y por ejecutar y permitir la fumigación con agrotóxicos en campos linderos a la zona urbana, a contramano de la normativa vigente. Todos los detalles de este juicio histórico en el que testimoniarán madres que luchan contra distintas enfermedades, entre ellas el cáncer, como Sabrina Ortíz y Paola Díaz que hablan en esta nota: «El impacto del juicio será inmenso. Lo cierto es que ya no se puede negar lo que está en nuestra sangre, en nuestro ADN, haciendo estragos: agrotóxicos».
Por Francisco Pandolfi
La causa penal empezó en 2018 en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, cuando Sabrina Ortiz, una de las vecinas damnificadas, fue escuchada por primera vez por la Justicia. Pero antes (y después) hubo mucha agua (contaminada) que pasó debajo del puente, como publicamos en esta nota de 2021:
Porque antes, en 2011, Sabrina comenzó a denunciar las fumigaciones a 10 metros de su casa en el barrio Villa Alicia de Pergamino. La intoxicación fue el causante, ese año, de perder el embarazo que llevaba de seis meses: un aborto (nada) espontáneo. Luego vino un primer ACV y luego un segundo ACV. Luego, los análisis que confirmaron que tanto ella como sus hijos chiquitos portaban en sus cuerpos niveles alarmantes de agrotóxicos. En 2013, ante la ausencia de abogados que quisieran tomar el caso, empezó a estudiar derecho. Y se recibió en 2018: cuando empezó la causa penal que deriva en este juicio.
Ahora es fin de enero de 2026 y Sabrina –41 años– le dice a lavaca: “Estoy con muchas emociones al mismo tiempo. Por un lado, la angustia, se me vienen al pensamiento todas las situaciones vividas con la salud de mis hijos y mía, las historias que conocí de otras personas que enfermaron por causa de los agrotóxicos, se me vienen palabras dolorosas, de abandono, de soledad, de desprecio por la vida ante el grito de ayuda. Siento que ya no tenemos que probar más nada, ya está todo expuesto y nuestros cuerpos lo manifestaron de esa manera, con mucho dolor”.
Envenenamiento sistemático
Una de esas historias entrelazadas (entre tantas) es la de Florencia Morales. Ella no estará de manera presencial, corpórea. En 2011 se había mudado a una quinta de Pergamino para criar a sus dos hijas en una calma impropia de la ciudad de Buenos Aires. En 2016, le descubrieron un cáncer que ya había hecho metástasis en la columna, sin posibilidades de cura. En 2021, le decía a MU: “Estoy con la salud muy deteriorada. Pero estoy. Y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza; empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel”. Florencia falleció en mayo de 2023.
Otra de esas historias fue la de Paola Díaz –47 años–, que junto a varias vecinas se nuclearon en la organización Madres de Barrios Fumigados Pergamino. Paola sí declarará en el juicio. Y dirá (entre tantas cosas) que en 2014 falleció Mónica, su nena de 11 años, por leucemia aguda. A horas de empezar el proceso judicial, dice: “Es histórico que hayamos llegado a juzgar a quienes afectaron a nuestro barrio, a nuestras familias, a toda la comunidad. La salud y el ambiente son fundamentales y por eso necesitamos medidas que nos protejan y garanticen un futuro seguro. Tengo la esperanza de que será un paso hacia la verdad y la justicia y que nadie más sufra el envenenamiento sistemático”.
El juicio
Este lunes 2 de febrero será la audiencia preliminar. La causa, instruida por el fiscal federal Juan Ignacio De Lello y promovida por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, tiene como imputados a siete productores acusados de aplicar pesticidas a metros de viviendas y escuelas rurales, vulnerando la legislación: Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó, Hugo Sabattini, Cristian Taboada, José Luis Grattone y Carlos Sabbatini. Sabrina Ortiz denunció que en 2016, su vecino y productor agropecuario Mario Roces fue a “visitarla” a su casa. “Lo escucho gritar ‘estos negros se tienen que morir’, sacó un arma y disparó dos tiros con balas de plomo. Con una mató a mi perro, la otra dio en la pared. Mi hija había estado afuera un par de minutos antes. Me quedé paralizada. Al día siguiente me crucé a la hija en el supermercado. Me dijo: ‘Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso’”.
Además, se juzgará a dos exfuncionarios municipales de la gestión del aún intendente de Pergamino, Javier Martínez, por omisión en sus deberes de control: Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, titular y auditor de la Dirección de Ambiente Rural del municipio. Cuando desde este medio entrevistamos al intendente Martínez sobre las enfermedades de cuerpos y territorio, se desligó: “No manejo el tema”, esbozó, previo a cortar la llamada.

El cronograma del juicio estipula, por ahora, ocho audiencias en febrero y la declaración de alrededor de 100 testigos (además de las personas afectadas, médicos, químicos, biólogos, bioquímicos, ingenieros agrónomos y otros profesionales). Carlos Quintana es uno de los abogados querellantes junto a Fernando Cabaleiro. Es abogado ambientalista y de derechos humanos, y uno de los representantes legales de las Madres de Ituzaingó (proceso que en 2012 condenó a tres años de prisión a un productor y un fumigador por contaminación con agrotóxicos). Lo primero que subraya Carlos Quintana es que será un acontecimiento histórico para la Justicia de este país, por varias razones.
1) “Es el primer juicio penal ambiental de esta envergadura en la provincia de Buenos Aires, corazón productivo de la Argentina. No es cualquier lugar: ocurre en el núcleo duro del agronegocio”.
2) “Por primera vez se sienta en el banquillo a todo el arco operativo del agronegocio: productores, ingenieros agrónomos y funcionarios públicos. No solo a quienes fumigan sus campos sino también a quienes deciden, habilitan, controlan -o dejan de controlar- cómo, dónde y bajo qué condiciones se fumiga. Este juicio viene a romper con la tradición de impunidad que rodeó históricamente al modelo.
3) “Por primera vez el modelo productivo no aparece solo como una política económica, sino como un problema político, sanitario y de derechos humanos. Aunque faltan las grandes corporaciones que diseñan, promueven y lucran con este esquema productivo, que este juicio exista es una grieta muy importante en ese blindaje histórico”.
4) “Que esto ocurra a 30 años del desembarco del paquete tecnológico (1996), de la siembra directa, del modelo transgénico y el uso masivo de agrotóxicos, no es un dato menor. Es la primera vez que la Justicia se ve obligada a mirar los costos reales de ese modelo, no en términos de exportaciones o divisas, sino en términos de salud, ambiente y vida cotidiana de las familias que habitan los pueblos fumigados”.
Carlos Quintana también dirá: “Este juicio no nace de una decisión espontánea del sistema judicial, sino de años de resistencia, de denuncias, organización comunitaria y visibilización del daño. La Justicia llega tarde, como suele pasar, pero llega porque hubo personas que no se resignaron a enfermarse en silencio. Por eso Pergamino no es solo un juicio penal: es un acto de memoria, reparación simbólica e interpelación al poder. Es la prueba de que cuando las comunidades se organizan, incluso los modelos más sólidos empiezan a resquebrajarse. Este juicio no va a resolver todos los problemas, pero marca un antes y un después. Por primera vez la pregunta no es cuánto se produce, sino quiénes se enferman para que ese modelo funcione. No se juzga al campo: se juzga un modo de producir que naturalizó la enfermedad y llamó progreso a lo que era daño. Y esta vez, el daño tiene nombre, voz y prueba. Es una escena histórica donde se cruzan ciencia, territorio y justicia; donde el modelo productivo deja de ser intocable y empieza a ser interpelado; donde los cuerpos hablan, la ciencia acompaña y el silencio, después de treinta años, se rompe”.
La esperanza
Llegar a este juicio oral no es la primera conquista. Por las denuncias y las evidencias científicas, desde 2019 en Pergamino rige –pese a la presión empresarial y de las autoridades locales por boicotearla– una medida cautelar que prohíbe fumigar a menos de 1.095 metros de las viviendas por vía terrestre y a menos de 3.000 metros por vía aérea.
A Sabrina Ortiz le anda mal el teléfono, pero se las arregla para decir (como tantas otras veces): “Tengo la esperanza de que los jueces que resuelvan esta causa cambiarán la historia; una historia de tragedias, de sufrimiento y de sacrificio humano. Tienen en sus manos la posibilidad de hacer justicia y aunque no signifique retroceder en el tiempo para que no nos enfermen, sí estarán fallando en pos de los que quedamos, en memoria de los que murieron envenenados y preservando a las generaciones futuras”.
Y agrega, como puede (como tantas otras veces): “Tan inmenso será el impacto de sus decisiones que también afectarán en sus propios seres queridos. Habrá de todo, de lo que imaginen: desestimaciones a los afectados, chicanas y argumentos absurdos intentando corromper la verdad. Lo cierto es que ya no se puede negar lo que está en nuestra sangre, en nuestro ADN, haciendo estragos: lo que hay son agrotóxicos. En todo este tiempo también pasaron cosas buenas y personas inmensas, de esas que valen la pena, que hacen más liviana la lucha, la resistencia, los miedos. Hoy ya no me siento sola como en un principio, hoy somos muchas y muchos limando las patas a los gigantes. Como mamá, como afectada, como abogada, y por sobre todo como ser humana, deseo profundamente que haya justicia”.
Nota
Adiós, Capitán Beto

¿Cómo es el pensamiento y la acción de quienes trabajan mirando siempre cómo encontrar luz al final del túnel? Así vivió Roberto Beto Pianelli, fundador de los Metrodelegados pero por encima de eso, una excelente persona. La noticia horrible es que falleció este jueves, aunque es de aquellos que hizo tanto que en muchos sentidos seguirá siempre presente.
Logró triunfos impensables en el plano laboral, y a su vez ayudó a gestar una dinámica sindical novedosa y potente, a partir de actitudes e ideas que empalman con lo mejor del gremialismo argentino. Fue un gran amigo de MU, suscriptor desde siempre, y al margen de eso recibió el premio que la revista le entregó como reconocimiento a su trayectoria. Fue una persona con permanente buen humor, compañerismo y creatividad para enfrentar los problemas más sórdidos.
De tantísimos materiales y entrevistas que recordamos en medio de esta tristeza elegimos esta nota (originalmente publicada en la revista MU n°30, en 2009), convertida en una clase magistral, en la que Beto nos hablaba de la pelea por el tiempo libre, democracia sindical, música, el sentido de lo que hacemos en la vida, la comunicación, el onanismo, el olfato, la izquierda, el cristianismo y los sacrificios, la sociedad democrática, la política de saber escuchar, y varias otras cuestiones que ayudan a iluminar tiempos oscuros. Y a recordar a un gran tipo.
Por Sergio Ciancaglini
Bajo tierra el clima puede ser ágil y fluido como un tren a horario, o denso como la oscuridad cuando no se ve la luz al final del túnel. O como un volcán.
Los trabajadores del subte han experimentado cada sensación. Vienen peleando estas últimas semanas por el reconocimiento de su Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (agtsyp): “Sigla totalmente impronunciable” se ríe Roberto Beto Pianelli, uno de los metrodelegados que hace ya década y pico comenzaron un trabajo primero clandestino (en la Edad Menemista), y luego tan público que llevó a que los trabajadores consiguieran algunas cosas que en la antigüedad (Edad Peronista) se llamaban “conquistas”. Y hasta comprendieron que podían tener su propio sindicato al que llaman –en jerga humana– Sindicato del Subte.
Para sustentar su reclamo las mujeres y los hombres del subte se fundamentan en su propia historia, creatividad, trompadas y olfato. Pero además leyeron un libro secreto, con algunos párrafos que destilan una ideología subversiva, a saber:
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.
Este texto corresponde al artículo 14 bis de un panfleto llamado Constitución Nacional, reformada por guerrilleros de la UCR y el PJ en 1994 (Edad del Pacto de Olivos). En el subte han puesto en marcha su “organización sindical libre y democrática” y llevaron los papeles para que fuera “reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. Su idea, independizarse de la uta (Unión Tranviarios Automotor, que concentra sobre todo a los choferes de colectivos, y abulta a los seguidores de Hugo Moyano y su sindicato de camioneros). Fue en septiembre de 2008, de la Edad Contemporánea. Pasaron todos los filtros de aprobación burocrática, direcciones, subsecretarías, todo como un viaje sin escalas hasta que el propio ministro Carlos Tomada detuvo el trámite. Los trabajadores acudieron a la justicia para destrabar la cuestión, la justicia les dio la razón, Tomada apeló, la justicia rechazó la apelación y así tres veces. Tienen además un fallo de la Corte Suprema (en su composición actual se trata de una asociación sin fines de lucro), que los favorece. La idea de la libertad sindical parece gozar de consenso salvo para los sindicatos burocráticos, las patronales, y los funcionarios que prefieren los colectivos y los camiones a los subtes.
Pianelli: “Nosotros no quisimos hacer el sindicato de un día para el otro, son años de trabajo y maduración, con muchas cosas que ganamos no por la uta sino pese a la uta, una burocracia patotera que sólo juega a favor de la patronal”.
Los metrodelegados consiguieron:
- La primera reincorporación de un despedido por una empresa privatizada, Marcelo Contreras. Fue con un paro en plena Era Menemista, y con trabajadores que no conocían a Marcelo pero que en todas las líneas se sentaron en las vías para lograr que no lo echaran. (En esa época los bienpensantes clamaban por lo insolidarios e individualistas que eran “los argentinos”). Desde 1997 no hubo más despidos.
- Bajar de 8 a 6 las horas de jornada laboral, por la insalubridad de la tarea.
- Romper el “neoliberal” sistema de las empresas tercerizadas, incorporando a Metrovías como personal estable a trabajadores de la limpieza y seguridad, por ejemplo.
- Sueldos que en su momento fueron de los más altos del país, aunque hoy perdieron la punta del campeonato (y rondan los 2.500 pesos para personal de limpieza, y 4.000 para las jerarquías más altas). El hecho de que hayan logrado salarios dignos parece resultar irritante, curiosamente, no para quienes ganan menos, sino para los que ganan más, como muchos comunicadores sociales.
La lista de conquistas es enorme. Cuando lanzaron la idea del sindicato organizaron un plebiscito realizado en enero de este año. Las patotas sindicales bajaron a pegarles a los trabajadores, y consiguieron hacerlo también a integrantes de la cta como Fabio Basteiro, pero no a una Madre del Plaza de Mayo como Nora Cortiñas, más bajita que Messi y tal vez mejor gambeteadora de patadas ajenas.
Esas batallas tienen una característica. Los trabajadores del subte son –esperemos no sonar excesivamente obvios– trabajadores del subte. Los gladiadores de la uta, en cambio, tal vez posean frondosos currículums pero no como trabajadores de subte, y no es seguro que como choferes. En el subte, cientos de mujeres y hombres de edades bien distintas, pidieron a mu fotografiarse mostrando sus credenciales, como para resolver el viejo enigma de quién es quién.
De Nick Cave a Jaime Roos
El nuevo sindicato planteó otra novedad. El cuerpo de delegados que era de 26 integrantes iba a subir a 40 en medio de todo el debate con la uta, pero ahora se armó con 85 trabajadores, como para lograr las mayores dosis de comunicación e intercambio con los 2.700 trabajadores del subte, 1.600 de los cuales ya están formalmente afiliados a ese sindicato que el gobierno no da por existente. “Es casi un problema filosófico –dice Pianelli– ¿Qué son las cosas? ¿Las que existen jurídicamente o las que existen realmente?”. Curiosidad: el propio Pianelli es delegado, pero no está en la directiva del nuevo sindicato. “Si uno quiere la democracia sindical es para que los compañeros hagan las cosas, entonces hay que dejar que eso ocurra”.
Pero además, una permanente obsesión de los metrodelegados ha sido la comunicación en todas sus formas. Este año inauguraron un programa de radio, 2 Horas Menos (en homenaje a la reducción de la jornada laboral) en el que no se habla de política ni de paros ni de sindicalismo, sino del ocio, el entretenimiento, el juego, el esparcimiento, la vida cultural. “Un programa sobre el tiempo libre, liberado y sin patrones” lo presenta Facha Méndez. Pianelli interviene poco, pero ha tomado un control cuasi autoritario sobre la parte musical: “Un músico por día. Puede ser Peter Hammill, Chico Buarque, Nick Cave o Jaime Roos. Me dijeron que lo haga más variado, pero no transo”. Fue un trabajador que toca el arpa, otros que tienen una murga, Raúl Daloy apareció con sus investigaciones sobre las viejas series como El Avispón Verde o Mujer Maravilla. “Y hasta sobre Titanes en el Ring” abunda Pianelli, ratificando que la lucha de clases o la sindical no son las únicas de las que se puede hablar, en un espacio que se permite menos Che y más Karadagián. Otro trabajador, Leonardo Tano Gervasi se encarga de la columna literaria.
Hablamos de esto, y uno se queda pensando. ¿Existe el tiempo libre?
Ésa es la cuestión. Cómo pensarlo sin que sea pasarte diez horas delante del televisor. Eso es tiempo enajenado. Para mí el discurso de los viejos socialistas y anarquistas de defender el ocio, la cultura, estar con la familia, disfrutar, es absolutamente revolucionario en una sociedad que te quiere hacer laburar 14 horas y de paso reventarte en ese tiempo.
Pero con la genealogía de conflictividad que tienen en el subte, ¿qué significa hablar del ocio?
Es ir a los verdaderos valores humanos. Uno en la vida va perdiendo el sentido de lo que hace. Y más en una ciudad donde ni tenés lugares a dónde ir. Lo que hacemos con el programa –cuando no tenemos que suspenderlo por todos los conflictos– es mostrar que uno puede sentarse a conversar, contar historias, sentirse placenteramente en un lugar sin hacer nada, o haciendo algo que te gusta. ¿Sabés qué es? No pensar tanto a dónde vas, sino disfrutar más el recorrido.
Cristo, Marx y Metrovías
El cristianismo, la izquierda y Metrovías, por poner apenas tres ejemplos de estos siglos, predican en cambio que lo relevante es la estación de llegada: Reino de los Cielos, Dictadura del Proletariado, o Carabobo, según la línea. El futuro subordina al presente y el fin justifica los medios, o al menos los explica. Pianelli, que viene del trotskismo, es de los que está intentando abandonar esas visiones tan terminales, poniendo la atención en el recorrido, como le gusta decir. O en qué son capaces de crear las personas por sí mismas y colectivamente en tiempo presente. O en formas menos repetitivas y dogmáticas de relacionarse con la vida.
Es cierto, la izquierda tenía una idea cristiana de sacrificio. Es algo trágico. Yo reivindico a todos los que quieren transformar las cosas y lograr una sociedad justa, porque lo hago. Pero no se te puede ir la vida en eso. Hay que tratar de cambiar las malas y disfrutar las buenas. El estalinismo (buscar José Stalin) liquidó esa idea.
¿Qué es ser sindicalista?
Es complicado. Hoy es ser un Moyano. Enriquecerse. Es un oficio, una desgracia, perdió en muchos casos el sentido transformador. Por supuesto que hay otra gente que no es así, que es honesta, pero pasa casi a creer que en un conflicto se va la vida, se va todo. O sea, hay gente que pone el cuerpo, que es valiosa, brillante, pero no por eso sabe ver bien qué es un conflicto.
¿Qué es un conflicto?
Es una situación donde jugás contra los malos. Las patronales y la burguesía son muy malas. Yo soy hincha de Boca, y sabía que un contrario no le podía ir a tirar un caño a Pernía, porque te partía al medio. Acá es parecido. Si pueden te pisan. Un conflicto implica saber avanzar, parar, negociar, avanzar otra vez, o incluso retroceder.
Muchas malas palabras: retroceder, negociar.
Pero es la realidad con la que te encontrás si querés ganar. Los maestros ciruela dirán que no queremos luchar. Cualquiera se da cuenta de que no es así. Queremos luchar, pero para ganar. Y la pregunta no es sobre la lucha, sino sobre por qué perdimos.
¿Y la respuesta?
En muchos casos es porque no se entiende algo que decía Claudio Marín hace tiempo en lavaca: tenemos una especie de contrato con la gente que te vota. Y si uno no lo entiende, vuela por el aire.
¿Cómo es ese contrato?
Significa que te votaron para conseguir mejoras, para defender al trabajador que es tu compañero, no para hacer la revolución. Creo que Horacio Tarcus decía que hacen falta más triunfos parciales que derrotas heroicas. Tenemos que poder pensar en eso.
¿Por ejemplo?
Con la crisis de 2000 surgieron muchas nuevas conducciones gremiales, chicas, focalizadas en los servicios. Muchas utopías y sueños, pero la mayoría se estroló contra la pared. Sobrevivieron muy pocos: subtes, telefónicos, ferroviarios con golpes muy fuertes… Los que sobrevivimos quedamos repudiados por esas izquierdas que descubrieron el agua tibia, y te dicen “no lucharon”. En realidad, no luchamos cuando no había que luchar. Es olfato. Entender los momentos en los que podés hacer las cosas. Y también suerte.
Cómo se divide la izquierda
O sea que al subte lo corren por izquierda.
Claro, pero el problema es la propia izquierda, que ya no tiene partidos, cada vez son más sectas. El Iluminismo y la Razón superaron a las sectas, se terminaron convirtiendo en nuevos dogmas, y ahora se vuelve a las sectas. Hay un norteamericano, Hal Draper, que explica eso: los partidos políticos son otra cosa, movimientos cada vez más amplios con acuerdos cada vez más generales para poder abarcar a más gente. Aquí es al revés, grupos cada vez más chicos, con acuerdos más específicos que se van dividiendo…, y yo lo digo porque fui parte de eso.
¿De qué modo?
Estaba en el mas (Movimiento al Socialismo) y llegué a participar de la fractura, formamos el prs (Partido de la Revolución Socialista). Y, ¿sabés por qué?
Ni idea.
Porque unos planteaban que en Yugoslavia los agredidos eran los bosnios y otros opinaban que eran los serbios. Capaz que ni sabíamos dónde quedaba en el mapa, pero nos sabíamos todas las discusiones y dividimos el partido aquí, en Argentina, por esa discusión. Yu-gos-la-via. Discusión totalmente onanista. Pero las sectas son así, cuantos menos somos, mejor, porque así tenemos más comprensión, nos gusta el mismo equipo, la misma fruta. Y la conclusión siempre es: se han ido estos compañeros, pero mejor, porque ahora somos menos, pero más sólidos.
Esto es algo descripto hasta en películas como La vida de Brian ¿Cuál es el atractivo de estos grupos y estilos para el militante?
El mundo es hostil, y uno se siente cómodo en la secta, en un ambiente ficticio. Los trabajadores, la gente normal, te discuten, no hacen lo que vos querés. En cambio los del partido son bárbaros, progresistas, maravillosos, tienen relaciones entre ellos, arman parejas, son amigos, el mundo gira a su alrededor. Y no tienen contradicciones. Pero la verdad, ¿cómo pretender que una clase o sectores sociales sean homogéneos? No entra en la cabeza de nadie. Pero bueno, yo me las comí todas, la del amor libre, la secta, los debates, las divisiones. Con el tiempo entendés que para hacer esto lo más importante es otra cosa: escuchar al otro, o estás muerto.
Mientras tanto el sindicalismo convencional parece estar cada vez más fortalecido.
Es que los espacios en política se ocupan. Los tipos repudiados en el año 2000, si no aparece un reemplazo o no armás alianzas para superarlos, terminan apareciendo de nuevo. Son los mismos cadáveres que no enterraste, que gozan de buena salud.
¿Es homogéneo ese sindicalismo “gordo”?
Para mí hay una confusión. Son distintos los “gordos” que Hugo Moyano. Si no entendés la diferencia se hace difícil actuar, como le pasó a la izquierda con el gobierno de Kirchner, que sintió que le robaban los discursos y se desesperó en lugar de decir “Bravo, muy bien, ahora vamos por más”. En cambio decís: “Demagogos, nos robaron las banderas”. Sí papá, las robaron. Es como los que critican al peronismo diciendo: “Pero las leyes de Perón eran las de Alfredo Palacios”. Fenómeno, pero las puso Perón. Nunca fui peronista, te aclaro, y creo que después metió verticalismo, burocracia, cosas monstruosas, pero si no entendés aquel aspecto positivo te quedás hablando solo.
¿Y Moyano?
A eso iba. Los gordos son un sindicalismo empresario, pero Moyano no es eso. Compararlo es no entender. En camioneros te dicen: “Nos hizo dignos, tenemos salario, nos hizo respetar”. No comparto su forma de hacer sindicalismo, pero hizo algo que no es lo mismo que Pedraza o Lescano. Si me dicen que no hay nada peor que Moyano yo contesto: sí, hay 50 peores que él. Y estoy muy lejos de reivindicarlo porque andamos enfrentados con un sector de la uta muy amigo del moyanismo, pero no dejo de entender que es otro sindicalismo. Y todavía hay otra variante que es la cta, un sindicalismo más abierto, de gente que no se enriquece. Ahí hay elecciones. El que pierde le da las llaves de la seccional al que gana. En la cgt ni te podés presentar, ni entrás. Ahí también es una estupidez decir que son lo mismo. De todos modos para mí el problema central no es ése, sino la patronal.
¿Cómo se encara a estas empresas?
La patronal, para decirlo fácil, es mala. Tiene un poder de coerción sobre los trabajadores, delatores, buchones, espías. Compran gente. Los compañeros se asustan, y es toda una relación condicionada por esa presión permanente.
¿Y cómo se hace sindicalismo entonces?
Sin discursos previos, discutiendo y sobre todo escuchando lo que te dicen, y tratando de interpretarlo. Cuanto más libres son los compañeros para hablar, expresar lo que sienten, más posibilidades hay para hacer las cosas juntos. Es el contrato del que te hablaba. No podés inventarte una realidad porque te agarra la patronal, te tira a la mierda, y en un error quemás todo lo que conseguiste. Por eso yo creo que el principal objetivo del sindicalismo es la autonomía.
¿Qué quiere decir autonomía en este caso?
Es poder pensar uno con los compañeros. No quiere decir no escuchar, al revés. Escuchar tampoco significa hacer lo que te dicen, sino intercambiar para llegar a la mejor variante. Y autonomía es no tener ninguna dependencia de ningún partido, ni del Estado, ni de la patronal, ni lo que venga. Hacer sindicalismo es juntarse con gente que tiene intereses comunes que no logran satisfacer. Si te lleva a pelear, pelearás. Si lo podés conseguir, mejor. Casi siempre hay que pelear. Pero es por intereses comunes, reivindicativos. Dicen que el sindicalismo es reformista. Claro, ¿qué iba a ser?
Hay varios volúmenes que lo consideran una opción revolucionaria.
Pero no es el sindicalismo… creo que hay que superar el ideario del cambio social, buscando paradigmas más libres. Que no haya explotación del hombre, que haya una sociedad democrática en lo ideológico y en las prácticas sociales. Si no, no hay posibilidad de cambio frente al saqueo, la guerra y la muerte que te propone todo el círculo vicioso del sistema. Entonces yo estoy a favor de una actitud que modifique esa relación social existente en el capitalismo. Pero a la vez, lo delirante es que haya revolucionarios que no les den bola a las reformas. Hay un pelado ruso (Lenin por elevación) que decía que las reformas son demasiado importantes para dejarlas en manos de los reformistas. Porque no me da lo mismo que un tipo gane 200 que 500 ó 1.000. La reforma, la reivindicación, le cambia la vida a la persona. Si no hago la reforma porque hablo de revolución, nunca consigo nada. Y un sindicato es otra cosa: un frente de los trabajadores para hacer reformas. Si pensás que es para la revolución, terminás en derrotas estrepitosas. Porque el contrato con tus compañeros no es para la toma del poder. Es para que vivan mejor.

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