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La mujer que ocupó la fábrica

Antonia se pasó 45 días adentro de Lanera El Mirador, custodiada por 5 policías, para resguardar su fuente de trabajo. De a poco, la Cooperativa 10 de Noviembre retomó la producción y Antonia, hoy su presidenta, aprendió de derecho y contabilidad. «Fue como la casa de Gran Hermano», dice.

Publicada

hace 10 años

27/08/2015

Antonia Argota es petisa, morocha, peronista, matancera y acaba de contar que vivió 45 días con cinco policías (tres hombres, dos mujeres) dentro de la fábrica recuperada que hoy preside en Lomas del Mirador, a sólo tres cuadras de Ruta 3, y a menos de 10 minutos de Capital Federal.
“¿45 días?”, es la repregunta, tonta y asombrada.
“45 días”, es la respuesta, concisa y sonriente.
Antonia deja un espacio al silencio. El grabador lo registra. Ella también: sonríe.
La mujer que ocupó la fábrica
El silencio también se registra cuando se suben las escaleras que conducen a la enorme Cooperativa 10 de Noviembre -ex “Lanera El Mirador S.A.”-, adormecida durante las últimas semanas por una merma en la producción que detuvo las máquinas con las que esta empresa textil trabaja la fibra acrílica que después se exhibe en forma de bellos tejidos en hilanderías de la calle Corrientes. El silencio le duele a Antonia y al resto de los casi 20 integrantes de esta fábrica sin patrón del oeste del conurbano bonaerense: si no hay producción, tampoco hay dinero.
La cooperativa trabaja a fasón, es decir, para otras empresas que le proveen la materia prima y, luego, la comercializan. No tiene marca propia. Producen para Nube, que elabora hilados gruesos. Ese fue el motivo, explica Antonia, del parate: el traicionero invierno de la temporada 2015 les jugó una mala pasada, y los días primaverales acumularon un stock que aún no pudo venderse. “No pudieron sacar el material y nos cortaron el trabajo de una semana a la otra”, dice la mujer. “Arrancamos de vuelta con algunos clientes que sabemos que trabajan hilado fino, pero de a poquito. Te traen 500 kilos, pasan dos o tres semanas, a veces un mes, y te vuelven a traer 500, porque quieren ver cómo va el panorama con el tema de las votaciones. Muchos especulan con eso”.
Para tomar una idea de la magnitud: la fábrica estaba trabajando hasta 1800 kilos por semana, casi 8 mil al mes. “Con eso estaba a pleno. Inclusive trabajábamos algunos feriados, algunos domingos. Y cuando hubo mucho material ingresaron más personas. Llegamos a ser 23 compañeros. Pero vinieron temporadas malas y algunos buscaron irse”. La gran deuda es la marca propia. ¿Por qué no? “Sale muy cara”, dice Antonia. “Y si querés comprar de a 200 ó 300 kilos, no te traen. La compra tiene que ser mil kilos para arriba. Imposible: estamos hablando de 4,20 dólar el kilo”. A 8 mil kilos por mes, serían casi 34 mil dólares: 334 mil pesos mensuales.
Antonia suspira: “Hoy por hoy estamos así”.

Los señores de traje

La cooperativa 10 de Noviembre reinició la producción en agosto de 2009 luego de dos años y medio. Lanera El Mirador cerró en 2007 sin presentar ningún drama económico. “No tenía problema, estaba lleno de material”, recuerda Antonia. “Las máquinas estaban llenas de material. Se había acumulado y la semana anterior habían entrado varios fardos, grandes como esta mesa. Ni siquiera teníamos problemas de cobro. Éramos 50 personas trabajando a pleno”.
Dice Antonia: “Todo comenzó por un problema interno”.
El problema interno detonó tres años después del fallecimiento del dueño. El relato oscila entre su viuda, unos primos, y una serie de conflictos familiares que se desataron con el correr de las semanas, y que derivó en movimientos sospechosos dentro de la fábrica que los trabajadores fueron percibiendo de a poco. Antonia recuerda que la fotografía habitual de la empresa, con las máquinas encendidas, los hilos enganchados y las madejas listas para salir, se fue manchando con la visita de misteriosos hombres de traje que llegaban para mirar las maquinarias. Un día notaron que uno de esos hombres llevaba en el traje una etiqueta que decía Conotex. “¡Era la empresa de las máquinas!”, recuerda hoy Antonia. “Yo pregunté por qué venían, y me respondieron que era porque la empresa había solicitado un préstamo y venían a verificarlas porque estaban como garantía. ¡Todo mentira! Venían porque se estaba por poner en venta la fábrica: la empresa iba a cerrar”.

Cuarenta y cinco

La alarma se encendió. A la visita de los hombres de traje se sumaban rumores que otras compañeras habían escuchado en el sindicato. No dudaron un segundo: reunieron las pruebas que tenían hasta entonces y presentaron una denuncia formal en el Ministerio de Trabajo. La jugada fue estratégica porque fijó la postura de los trabajadores de cara a los futuros conflictos: querían mantener sus fuentes de empleo. El patrón, Juan Carlos Borrino, negó todas las acusaciones. Los trabajadores ya contaban con un abogado para asesorarse. Las audiencias fueron pasando una a una. Adriana Daquisto, 14 años en la fábrica, recuerda como si hubiera sido ayer las palabras del patrón en una de las jornadas en el Ministerio: “Esta empresa la abrí cuando yo quise y la voy a cerrar cuando yo quiera”. Las tensiones iban en aumento.
El 9 de noviembre de 2007 -era viernes- tres muchachos fueron a la fábrica. Se presentaron como militantes de Polo Obrero (el movimiento piquetero del Partido Obrero) y pidieron hablar especialmente con Antonia Argota. Eran aproximadamente las 17:30. Antonia bajó y los miró. Nunca los había visto en su vida. Recuerda ese momento: “Me preguntaron si podíamos reunir a todos los compañeros que ingresaban al día siguiente por la mañana. Dijeron que el patrón, el día 10 de noviembre, a las 14:30 horas, iba a venir y a cambiar todas las cerraduras”.
Acudieron al día siguiente ante el inesperado aviso. Se metieron. Esperaron. Pasaban los minutos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Eran las 14:29. “Exactamente a las 14:30 llegó el patrón con 10 ó 15 patrulleros, personal de seguridad privada y cinco cerrajeros”. Todo un arsenal. Pero la fábrica estaba tomada. El patrón comenzó a gritar. Los policías pudieron desalojar a los trabajadores, pero no podían tocar a las mujeres. Quedaron tres adentro. Una de ellas era Antonia.
“¡Quedamos con cinco policías!”, exclama Antonia. “Eran dos mujeres y tres hombres contra nosotras tres. Pero a la primera semana se bajó una: tenía un bebé de 7 meses. Abandona. A los días abandona la otra: tenía un chico chiquito. Quedé yo. 45 días. Y cinco policías”.
45 días, sola, en una fábrica, con cinco policías.
Hoy Antonia Argota es la presidenta.

La ira

Subsistió más de un mes en el lugar donde había trabajado 25 años. La tenía clara: “Sabía que si salía, ya estaba: perdíamos toda la lucha”. No se fue. Afuera, en la calle, sus compañeros habían montado una carpa esperando el momento para volver a entrar. Sumaron apoyo de otras cooperativas y fábricas, de vecinos, de organizaciones sociales. Armaron ollas populares. Antonia no se movía. “Un día se me acercó un señor policía, grande de edad, me agarró y me dijo si podía hablar con él. Me dijo que nunca me acercara a la puerta, porque había muchísima plata puesta para que me sacaran a la calle. Imaginate: ni me acercaba”.
Antonia valora ese gesto. “Se hizo una convivencia”, recuerda. “Trajeron una cafetera eléctrica para que tomemos café. Y una estufa, porque dormía arriba de un banco con frazadas que me dieron los vecinos. Otras veces nos alcanzaban fideos. Mis compañeros le daban a los policías la comida por una ventanita y ellos me la traían”. Dice que los policías eran pagos: terminaban sus horarios de trabajo y llegaban porque hacían adicionales. “Nunca vino un fiscal con una orden de desalojo”, comenta. “Nosotros siempre dijimos que estábamos resguardando nuestro lugar de trabajo y que estábamos cuidando las máquinas, que son nuestra garantía de cobro de sueldos adeudados”.
Esa posición fue clave. “Legalmente también nos movimos bien”, expresa. Sin embargo, fueron 45 días los que estuvo allí. “Es una cosa que vos no lo pensás”, responde. “Son actos que nacen de adentro con la bronca, con la rabia. Imaginate: entré a esta empresa cuando tenía 16 años, soltera. Me casé trabajando en esta empresa, tuve mis hijas trabajando en esta empresa, tuve mi nieto trabajando en esta empresa. Era una historia de mi vida, familiar: todo lo que yo sé ahora y que puedo volcar al trabajo que hago lo aprendí estando en esta empresa. Era una madre soltera, separada, con dos hijas, que trabajaba sábado, domingo, feriado. Vivía acá, prácticamente”.
Sigue Antonia: “En ese momento pensás en todo y no pensás en nada. Los años que trabajé acá no me los devolvía nadie. Y teníamos compañeras grandes. ¿A dónde íbamos a ir? ¿Por qué nos hacían esto? Es la ira tuya la que te hace defenderte y subsistir cada día. Vos te ponés más fuerte. Porque van pasando cosas, sí, pero no: yo tengo que seguir parada y con la bandera en mano”.
Después de 45 días ingresaron todos los compañeros y compañeras
Empezaba otra batalla que sigue hasta hoy.

El Gran Hermano

Ocuparon la fábrica durante dos años y medio. De 2007 hasta 2009 la producción estuvo parada. Dos años y medio sin trabajar ni ver un centavo. El impacto se sintió: de 50 trabajadores quedaron 12. Algunos quedaban haciendo guardia, otros salían a buscar trabajo. El fondo de desempleo ayudaba algo, pero tampoco mucho. “Muchos compañeros eran grandes, no los querían tomar en ningún lado”, dice Andrea Daquisto. El camino fue durísimo. En el transcurso de la lucha, uno de los trabajadores (Rubén Palma) se enfermó. “Se fue agravando cada vez más mientras más se estiraba esto. Quedó inválido. Murió de un infarto”.
En 2010 murió otro obrero: Hugo Cejas. “Salía a buscar trabajo y no lo querían tomar en ningún lado por la edad. Tenía 54 años”, cuenta Antonia. “Eso le trajo conflictos con su pareja. Empezó a entrar en un estado depresivo. Lo ayudamos acompañándolo al médico, estando con él. Un día se fue y no regresó. Lo encontraron después de varias horas. Se ahorcó en su casa”.
No fue fácil la supervivencia. Muchas de las trabajadoras dormían con sus hijos en la fábrica durante sus turnos. Los niños iban al colegio y al jardín desde la propia empresa. Se llevaban los guardapolvos, las mochilas, los útiles. “La vida estaba totalmente cambiada”, sintetiza Josefina Argota, 16 años como obrera textil, que hacía guardias los fines de semana. “Mi nene en ese momento tuvo que hacer una historia para el colegio. Contó la historia de la cooperativa. Del comienzo. La maestra le preguntó si era real lo que había escrito. Le dijo que sí, que todo eso le había pasado a su mamá cuando cerró el patrón las puertas de la fábrica y ella se quedó sin su fuente de trabajo. Gracias a esa historia se llevó un 10”.
Salían a buscar cartón, botellas. Los chicos acompañaban. “Para ellos era una experiencia de juego”, dice Claudia Bellini, 5 años en la cooperativa, venía a acompañar a su madre. “Una no quería que pasaran por las cosas que pasamos nosotras, por eso decíamos: ´Hagamos que sea para ellos un juego´. Así les explicamos el valor de las cosas y el sacrificio que una tuvo que hacer”.
Argota: “La convivencia en ese tiempo fue como la casa de Gran Hermano”. No bromea.
María Alejandra Gallo trabajó un año, se fue y volvió cuando se conformó la cooperativa. Tiene experiencia en la familia: su papá es uno de los trabajadores que recuperó Cristalerías San Justo, también en La Matanza. “¿Por qué apostar a esto? Porque era lo que hacías y sabías que funcionaba. Había mucho trabajo. Sí, está bien, había un patrón, pero las que trabajábamos éramos nosotras”.
Daquisto: “Gracias a nosotras él tenía lo que tenía”.
Gallo: “Lo más importante estaba, y era saber quién podía hacer el trabajo: nosotras. Fue una alegría enorme el día que nos pusieron la luz y cuando prendimos las máquinas para escuchar cómo andaban. Era una fiesta”.
Argota: “Te revuelve muchas cosas. Cuando nos trajeron la primera materia prima después de dos años y medio, fue una alegría. Nos dio fuerza saber que estábamos en nuestra fuente de trabajo y que éramos nosotros los que íbamos a remar y a manejar esto entre todos los compañeros”.
Bellini: “Por eso cuesta hacerles entender a los nuevos que entrar a la cooperativa que no van a hacer sólo su trabajo y allí va a terminar todo. A veces hay poco entusiamo, pero es porque no la luchó y no estuvo para aguantarla como estuvimos nosotras”.
Argota: “Piensan, a veces, que como es una cooperativa y no hay patrón pueden hacer lo que quieren. Los horarios no lo respetan, porque piensan que nadie lo va a controlar”.
Las mujeres están hablando de la disciplina de la autogestión.
Esa es otra batallas que siguen hasta hoy.

Una familia

La producción está detenida pero el trabajo no se detiene. Las goteras y las intensas lluvias de las últimas semanas empujaron a un grupo de trabajadores a arreglar el techo. Es en la terraza de la fábrica donde habla Ricardo Herrera, 31 años, 13 en la fábrica, hoy tesorero de la cooperativa: “El conflicto fue duro. Aguantamos y apostamos, primero, por los compañeros, y después siempre creí en la cooperativa, en que íbamos a salir adelante todos juntos. Y hoy seguimos luchando, pese a las épocas buenas y malas. Cuando arrancamos no sabíamos nada: sólo manejar una máquina. Y de ahí uno tenía que empezar a reunirse con clientes, con proveedores. Uno se apichona, pero es hasta aprender a pararse de igual a igual. Nosotros discutimos con grandes clientes que vienen con saco y corbata, pero nosotros, con nuestra ropa de trabajo, tenemos que hablarles de igual a igual”.
Gustavo Matías Gómez, 23 años, hincha de Almirante Brown, explica que esa dignidad se construye día a día: “Cuesta hacerles entender a mis amigos qué es trabajar en una cooperativa. Piensan que es una de las creada por el Estado. ´Ustedes se rascan todo el día. Total, siempre les van a pagar”, me dicen. Más de una vez respondí: ´Vení una semana seguida a mi trabajo, fijate el esfuerzo que hacemos para tener lo que tenemos y cobrar, no como vos, que por más que hagas o no tu producción, a fin de mes vas a tener tu plata´. Si nosotros no entregamos la producción en tiempo y forma, nos vamos a llevar menos a fin de mes. Por eso tenemos que tirar todos para el mismo lado”.
Herrera: “No es que fuimos cooperativistas desde la cuna. Somos una empresa recuperada. El patrón nos empujó a esto. Ahí nos fuimos instruyendo y cambiando el pensamiento. Cuando estaba el patrón, venía y preguntaba las mismas cosas ocho veces. No me interesaba. Si algo se rompía, tampoco. Hoy uno cuida sus cosas como si fuera su casa. Y lo es: es nuestro segundo hogar”.

Qué hacer

Antonia habla y detrás suyo, sobre la repisa de una biblioteca, reposan una foto con Néstor Kirchner y otra con Cristina Fernández. “Soy peronista desde la cuna. Mi familia es peronista de Perón y de Evita. Mi abuela me cuenta que mi abuelo estuvo preso cuando el peronismo estaba proscripto”.
En medio del silencio de las maquinarias, cuenta que pocas veces tramitaron subsidios para la cooperativa. “Teníamos trabajo”, dice. Este fue el año que más se movieron. El objetivo a mediano y largo plazo es tener materia prima propia y producir una marca autónoma. Hacia allí se enfocarán las próximas demandas de la fábrica. Aun así, la plata que sí pudieron recibir la invirtieron en los respuestos de las máquinas: “Son muy caros”. Antonia subraya entonces dos instancias clave en la lucha de las empresas recuperadas: el antes y el después. El antes -clave, por supuesto- está signado por las batallas judiciales y policiales. Los 45 días de Antonia adentro y la carpa afuera se convierten así en una de las experiencias que condimentan la épica de un movimiento aún en formación. El después es el presente, que también implica el futuro, y conlleva nuevos aprendizajes cada día. Y dispara una pregunta: ¿cómo sostenemos la autogestión?
“Uno de los problemas que tenemos es a la hora de hacer trámites”, responde Antonia para ejemplificar una de las dificultades actuales que atraviesan al sector. “Desde el Estado no pueden distinguir de las cooperativas creadas por el propio Estado que las que nacen dentro de la economía social. Somos empresas recuperadas, y cada vez que tenemos que tramitar algo debemos llevar la ley de expropiación para que entiendan que no recibimos un sueldo del gobierno, sino que nuestra plata sale de lo que trabajabamos mes a mes. Tampoco hay contadores ni abogas que sepan trabajar y entiendan sobre cooperativas de trabajo dentro de la economía social”.
Antonia, en medio del doloroso silencio de las máquinas textiles, deja una enseñanza: “El sistema judicial y contable es uno solo. Y ahí hay que saber bien qué decir y qué hacer”.
Esa es la batalla que sigue hasta hoy.

Temas:fábricas recuperadas

Mover el futuro: la ex Petinari otra vez en manos de sus trabajadores

Un año sin Melina y sin justicia

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Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

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hace 5 días

28/10/2025

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después

Publicada

hace 2 semanas

22/10/2025

Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.

Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla

Fotos Juan Valeiro

El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.

Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después — Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.

Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.

Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.

La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:

“Que no te vendan gato por león”.
“¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.

Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:

Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.

Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.

Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.

Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.

Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.

La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.

Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Publicada

hace 2 semanas

17/10/2025

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas — Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.

Misión imposible: la ¿increíble? historia de Sabrina Ortiz

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.