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Espionaje ilegal: procesan a un agente de la AFI

El juzgado federal de Esquel procesó a un agente de inteligencia por realizar espionaje ilegal a vecinos y vecinas del movimiento No a la Mina en el marco de una causa por terrorismo contra una comunidad mapuche. La medida judicial revela la promiscua relación entre espías, funcionarios judiciales y policiales.

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El juzgado federal de Esquel procesó a un agente de inteligencia por realizar espionaje ilegal a vecinos y vecinas del movimiento No a la Mina en el marco de una causa por terrorismo contra una comunidad mapuche. La medida judicial revela la promiscua relación entre espías, funcionarios judiciales y policiales.

Espionaje ilegal: procesan a un agente de la AFI
Un agente de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (su nombre aún permanece oculto porque es el Estado quien debe relevar su secreto) fue procesado por realizar tareas de espionaje prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia. El juzgado federal de Esquel le trabó además un embargo por 30 mil pesos y le prohibió salir del país. La Corte Suprema, mientras tanto rechazaba juzgar a una comunidad mapuche según el patrón de la impresentable Ley Antiterrorista, ocurrencia plasmada por el gobierno de Cristina Kirchner. El supuesto delito: demandas sociales por tierras que ocupa el emporio internacional Benneton.
Los elementos de este caso son: una comunidad mapuche, una corporación, un espía, tres fiscales, una asamblea, una mina. Los ingredientes de esta historia perfilaban para convertirla en una película de Oliver Stone, pero las circunstancias la transformaron en un capítulo del Superagente 86. ¿Cómo ocurrió? Hay que leer el guión.
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Llega una persona

El 28 de mayo de 2015 “una persona” se presentó “espontáneamente” ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel (provincia de Chubut) para dejar información sobre la investigación que tres fiscales generales estaban realizando sobre la toma de tierras que una comunidad mapuche había iniciado en una estancia de la corporación Benetton, ubicada en la localidad de Leleque, departamento de Cushamen. La “persona” se identificó como un agente de inteligencia, exhibió su credencial y el fiscal general Fernando Rivarola lo invitó a pasar a su despacho y sentarse.
La recuperación de los territorios ancestrales mapuche había comenzado en marzo, dos meses antes. Benetton no perdió tiempo: presentó una denuncia por “usurpación”, que abrió una causa judicial, y llegó a imputar a los mapuche por terrorismo, ya que los tres fiscales que instruían la causa (María Bottini, Fernanda Révori y el propio Rivarola) entendieron que “el accionar” afectaba “directamente los intereses de la Nación, hasta el punto de poner en riesgo la seguridad interior”.
¿Conclusión? La Justicia provincial buscó aplicar por primera vez en Chubut la Ley Antiterrorista y emitió órdenes de captura internacionales para los mapuche, en medio de represiones con balas de plomo.
En ese contexto llegó el agente de inteligencia al Ministerio Público Fiscal de Esquel. En una reunión de una hora, donde les dejó su mail y número de teléfono, les dio a los fiscales un disco externo que los funcionarios públicos guardaron en la computadora del fiscal Rivarola. La información quedó guardada allí, junto a otras medidas de prueba solicitadas por la fiscalía. Tres meses después, tan solo unos minutos antes de la audiencia pública donde Benetton se constituiría como querellante, el defensor público Fernando Radziwilowski consultó el legajo para ver qué medidas habían sido solicitadas por los fiscales. Llegó a las carpetas guardadas desde mayo y observó, entre archivos y carpetas, un documento word que le llamó la atención, porque en mayúsculas titulaba:

  • “Activistas antimineros en Zona de Comarca Andina”.

¿Qué hacía un archivo así en una causa sobre la recuperación de tierras mapuche?
Doble click.
La pantalla se pobló con 26 fichas de inteligencia sobre periodistas, activistas, asambleístas, empleados públicos, docentes y otras profesiones reales o supuestas de personas vinculadas a la asamblea No a la Mina, el movimiento que detuvo el avance del modelo extractivo en la región gracias a movilizaciones, boca a boca, comunicación y a un plesbicito que, en 2003, no dejó dudas: el 82% de Esquel se opuso al ingreso de la minera Meridian Gold.
El texto completo del procesamiento, en formato pdf

La justicia acusada

El defensor público imprimió las fichas y denunció el delito en la audiencia. Se viralizaron por Facebook y Twitter y obligó a los tres fiscales a dar una conferencia de prensa donde explicaron que las fichas “nunca” habían sido parte de una línea de investigación propia. Como acto reflejo, los fiscales Rivarola, Bottini y Révori denunciaron el acto de espionaje ilegal ante el juzgado federal de Esquel, a cargo del doctor Guido Otranto, pero ya era tarde: en la calle la asamblea pedía la renuncia de los funcionarios y escrachaban el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el juzgado emitió el 12 de abril un auto donde procesó al agente (su nombre aún permanece oculto porque es el Estado quien debe relevar su secreto) por realizar tareas de espionaje prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia. También le trabó un embargo por 30 mil pesos y le prohibió salir del país. El auto podría ser considerado una pieza de ficción si no se tratara de un hecho escandaloso: funcionarios públicos aceptando información ilegal de un agente que nunca requirieron y que guardaron y remitieron a la defensa pública junto al expediente que investigaban.
¿Cuál es entonces el enlace entre James Bond y el Superagente 86? La respuesta está en la foja 41 del auto de procesamiento del juzgado federal, donde se cita la declaración indagatoria del agente de inteligencia, que dice que Rivarola marcó su número de teléfono y lo llamó cuando el escándalo estalló.
Y, para la antología de la historia judicial argentina, le dijo:
-Me mandé un cagadón.

El cono del silencio

“El procesamiento es una buena noticia”, celebra Pablo Galperín, periodista de la radio comunitaria FM Kalewche, integrante del movimiento No a la Mina y una de las 26 personas fichadas por el agente de inteligencia que descansaban en el Ministerio Público Fiscal. “El fiscal Rivarola queda bastante mal parado porque el juez remarca contradicciones entre lo que declaró, la pericia informática que se hizo sobre su computadora y la versión del espía. Recordemos que la primera reacción de los fiscales fue salir a despegarse aclarando que desconocían la existencia de ese material. Pero las pericias informáticas llaman la atención porque puntualizan en las fechas en las que se crearon las carpetas en su computadora y se volcó la información suministrada. Según la descripción del juzgado, Rivarola iba monitoreando el material que le pasaba el espía”.
¿Cómo puede saberlo el juzgado federal? Los fiscales filmaron la reunión que tuvieron con el agente de inteligencia y el video es prueba que la fiscal federal Silvina Ávila analizó y cruzó junto a la pericia de la CPU de Rivarola, para verificar la creación de carpetas y archivos. Todas coinciden con el día en que el espía visitó su despacho. La reunión comenzó a las 9:11 horas y duró 57:52 minutos. El espía se presentó como agente de la Secretaría de Inteligencia, exhibió credencial y aclaró que hacía unos años estaba realizando tareas de investigación abocado “a los hechos de ´Vuelta del Río´ (paraje donde se produjo la toma)”. Le dijo al fiscal que tenía identificadas a “montones de personas”, pero aclaró que sus intervenciones no eran “precisamente las judicializables”, sino que después deberían ser corroboradas “por los canales correspondientes para quedar a salvo de cualquier objeción de algún abogado defensor”.
Rivarola le dijo que estaba “de acuerdo”.
El fiscal estaba solo. A casi 7 minutos de comenzada la entrevista vio pasar a la Fiscal Jefe María Bottini por el pasillo del Ministerio Público. Le pidió que se sumara. Lo hizo. Rivarola le preguntó entonces al espía “en concreto, de esta gente qué datos maneja”. El agente contestó que trataban de identificar a las personas que iban a las reuniones o a colaborar al lugar de ocupación. “Para ello, tomaban fotografías y anotaban la patente de los vehículos que las trasladaban”, explica el auto. El juzgado consigna al espía como Agente AFI (por las siglas de la Agencia Federal de Inteligencia) Y sigue: “Sobre esto, mencionó que tenía identificada a una pareja de Bariloche, ingenieros nucleares del Balseiro, que concurren a prestar apoyo, también a una doctora”. El espía aclaró que toda la información la tenía “la brigada” porque “se manejaba con ellos”.
La fiscal Bottini le preguntó por el financiamiento de la toma. El espía respondió que los mapuche estaban “rentados” y que la organización italiana Ya Basta “gira dinero”. Agregó que la FM Kalewche recibió “remesas de dinero muy importantes sin explicación en publicidad”. Cabe aclarar que Kalewche es una radio comunitaria.
A los 18:50 minutos de comenzada la entrevista el espía sacó de su bolsillo el disco externo y comentó que tenía filmaciones. Rivarola se mostró interesado. “Lo bajamos, sí”, le dijo. Según el auto, “Rivarola y Bottini observaron el contenido del dispositivo conectado a la computadora, mientras [Agente AFI] realizaba explicaciones a medida que avanzaban por fotos, videos y documentos de texto”. El espía les dice que tiene información de una periodista de El Bolsón que “acostumbra a escrachar a los agentes de inteligencia que concurren de incógnito a las manifestaciones”, y mencionó que después le mostraría la “ficha” de una mujer que tenía identificada. Rivarola manifestó que le interesaba: “Yo tengo que imputarla”. El auto describe cómo los fiscales fueron pasando por carpetas y archivos, y a casi 40 minutos, describe: “Rivarola preguntó ´¿esto´”, a lo que el agente respondió “que se trataba de un teléfono que estaba ´dentro de listado´ y pertenecía a una periodista del diario Crónica”.
Nadie se salvaba.
Más: “Al revisar otro archivo [Agente AFI] comenzó a decir ´ah, ese es un periodista´ y Rivarola completó ´militante de la Cámpora´. [Agente AFI] explicó que ´lamentablemente uno tiene que saber quiénes son y qué quieren´”.
Rivarola desconectó el disco externo a los 50:25 minutos. Es decir, más de media hora después. Textual del auto:

  • “Rivarola culminó diciendo ´bueno, la verdad nos ha traído algunos datos importantes´. Intercambiaron sus direcciones de mail y Rivarola le dijo que ´todo lo que usted me quiera pasar por mail como dato a nosotros nos sirve, después veremos si lo podemos verificar o no´. Cuando se despidieron [Agente AFI] dijo que los visitaría una vez por mes, mientras Rivarola le decía que cuando venga le pase los datos que tenga para ir actualizando”.

El espía se fue a la 10:07 de la oficina del fiscal Rivarola.
Tres meses después estalló el escándalo inevitable.

El rastrero

Algunas de las declaraciones testimoniales que tomó el juzgado federal también son indicativas de la relación promiscua entre las fuerzas de seguridad y espías respecto a tareas de inteligencia con escaso o nulo sustento legal. La primera declaración citada es la de Adrián Alejandro Muñoz, jefe de la División Investigaciones de Esquel. Muñoz declaró que el espía acudió a su oficina “en el marco de la investigación relativa a la ocupación territorial de Leleque”. Sostuvo que no lo conocía, pero “reconoció que trabaja de manera coordinada con la ex Secretaría de Inteligencia”.
Según Muñoz, “en la brigada consideraron que era lo que en la jerga se conoce como ´rastrero´, saca información y la lleva”, y quiso dejar en claro que “este agente nunca intervino con la policía dando indicaciones”. Muñoz aporta un dato interesante:

  • “Señaló que el mismo día en que se hizo público a través de redes sociales la existencia de documentación referida a personas del movimiento ´No a la Mina´, dos integrantes de la ex Secretaría de Inteligencia concurrieron a su oficina y le pidieron entrevistarse con el Fiscal Rivarola porque tenían información para darle. Dijeron ´viste, [Agente AFI] se la re mandó, venimos a pedir disculpas a la Fiscalía y al Juzgado Federal. Rivarola accedió a reunirse con ellos a las 18 horas en la dependencia policial”.

Muñoz declaró que cuando llegó a su oficina, Rivarola ya estaba reunido con los dos agentes y con “el oficial Carrizo”. Según la declaración de otro de los integrantes de la Brigada, la reunión duró “20 minutos”. Muñoz dijo que en ese momento se enteró de la existencia del archivo con información de las personas del No a la Mina.
El “oficial Carrizo” es Pablo Nicolás Carrizo, segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de Esquel, que también prestó declaración al juzgado federal. Confirmó parte de lo dicho por Muñoz: “Luego de la ocupación territorial en Leleque se presentó en la brigada una persona que se identificó como agente de la ex Secretaría de Inteligencia”. El agente pidió hablar “con el Jefe”. Es decir, Muñoz.
¿Qué dijo sobre la reunión de los otros dos agentes con Rivarola? Que sólo “se quedó cebando mate”. Según el oficial Carrizo, en ese momento se enteró de todo lo que se había destapado. Según la declaración, Carrizo “advirtió que los tres estaban al tanto de lo que había pasado y Rivarola pedía asesoramiento a los dos agentes”, que le confirmaron que la persona que había concurrido a su despacho con el disco externo era “compañero de ellos”. La declaración termina: “Se mostraban indignados”.
Otra declaración que remarca esa promiscuidad es la de José Luis Santillán, comisario 2do de El Maitén, que dijo que “en una oportunidad una persona que desde hace años conoce como [Agente AFI] y sabe que es agente de la ex Secretaría de Inteligencia lo fue a buscar a la Comisaría”. Agregó que, de allí, lo mandaron a verlo a su casa. Santillán declara que fue al hogar del espía, que estaba “con su esposa e hija”. Comentó que hablaron de temas personales. Según el auto, el agente le manifestó que estaba “trabajando con el tema de los mapuche”, pero que Santillán “no le hizo ninguna pregunta sobre ello porque sabe que se manejan de manera confidencial”.
Otro que declaró fue Claudio Alfredo Rodríguez, encargado de la Sección Comarca Andina de la Brigada de Investigaciones de Esquel, y su importancia radica en que, como expresa el auto, “tuvo intervención desde el primer momento en la investigación por la ocupación”. Rodríguez afirmó que en marzo se presentó el espía, que dijo ser de “la SIDE”. Según el oficial, “tuvo por lo menos dos o tres encuentros” con el agente, que le “trataba de sacar información” y que bajó información en su computadora, pero que “la borró” porque “no tenía nada que ver con sus investigaciones”. Dijo que no vio nada sobre las fichas del No a la Mina.
El juzgado federal requirió el listado de llamadas recibidas y emitidas por el espía. La empresa prestataria del servicio de telefonía móvil informó que su celular estaba domiciliado en Puerto Madryn y registrado bajo la titularidad de “SIDE”. Según el listado completo citado en el auto de procesamiento:

  • Recibió 17 llamadas desde el celular del subcomisario Rodríguez entre el 12 de abril y el 2 de octubre de 2015. “A su vez, lo llamó en veinticinco ocasiones y le envió cinco mensajes de texto entre el 12 de abril y el 15 de agosto”.
  • Recibió 3 llamadas del Comisario Muñoz entre el 17 de marzo y el 3 de junio de 2015. El espía lo llamó 17 veces y le envió 3 mensajes de texto entre el 25 de marzo y el 20 de julio de 2015.
  • El 4 de junio llamó al celular del “oficial Carrizo”.
  • El 28 de agosto recibió una llamada del fiscal Rivarola. El juzgado federal constató que la llamada fue a las 18:05 horas y duró siete minutos. El auto no aclara otra llamada, por lo que se podría intuir que fue en esa comunicación que el funcionario público se sinceró: “Me mandé un cagadón”. La fecha coincide con el día en que el defensor público denunció la existencia de las fichas.

Qué dice Pablo Galperín, de FM Kalewche: “La importancia de este auto es poner en evidencia la complicidad en el manejo irregular de información entre servicios de inteligencia, la justicia y la policía. El espía alcanzó un nivel de gestión con distintos funcionarios judiciales y policiales que llama la atención que sea por pura iniciativa propia. Es mucho trabajo. Una cosa es aportar un material, otra cosa es todo esto. Además, genera cierta inquietud que aún no se conoce su identidad. Puede seguir trabajando. No hay muchas garantías de que esto no siga pasando”.

Qué dice el espía

El agente de inteligencia prestó declaración indagatoria el 2 de febrero. El juzgado le imputaba que, en su condición de agente de la Delegación Provincial de Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia, “cumplió funciones de investigación criminal sin autorización legal ni requerimiento judicial alguno realizado en una causa concreta”.
Qué respondió el espía. Extractos textuales del auto:

  • En defensa de esta imputación, [Agente AFI] refirió que concurrió a esta zona comisionado por órdenes superiores para realizar una tarea que ´no puedo revelar en el marco de la ley de inteligencia´. Vino en cuatro oportunidades, inició su comisión el 12 de marzo y estuvo en la región en abril, mayo y junio. Que se presentó ante las ´distintas autoridades´ a raíz de ´los nuevos paradigmas de la AFI´, hablando de la apertura del organismo, que está trabajando en un ´marco abierto y plena colaboración´.”.
  • Dijo que Rivarola no lo convocó, sí sabía que ´estaba trabajando y me entrevistaba con la policía´. Sólo estuvo dos veces con él, en mayo y junio, y conversó por teléfono en una sola oportunidad. El vínculo era a través de Muñoz”.
  • ´Rivarola quería saber cosas, insistía, pero yo no le podía decir, yo le dije que para incorporar a la causa necesitaba la orden judicial´. Dijo que Rivarola creó una carpeta en su computadora y copió los archivos que iba viendo y le interesaban. ´Todos los documentos que copió en su computadora los abrió, los miro y decidió copiarlos… si mal no recuerdo, me parece [que la carpeta] la tildó como ‘Inteligencia’…´. Las fotos que ´yo había tomado de la toma´ le servían para su investigación”.
  • Dijo que la información que le dio a Rivarola “no es clasificada”, sino sacada de “redes sociales, medios masivos de comunicación, de radios, de declaraciones públicas”.

  • Con relación al archivo ´ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA ANDINA.doc´ (donde estaban las fichas del No a la Mina) dijo que Rivarola ´lo abrió, lo vio e incluso dijo que le podía interesar´. En ese momento, él se dio cuenta que se le había ´traspapelado´, ´pero como me dijo que le podía interesar se lo dejé que lo copie´”.
  • Agregó que él no confeccionó ese archivo, sino que había circulado en ´redes sociales´ tiempo atrás con motivo a un conflicto suscitado entre la UOCRA y sectores anti mineros. Ignoraba que todavía estuviera en su computadora. Estimó que el archivo debió haber sido creado en 2014. ´Yo no lo levanté, llegó a mi computadora porque fue visto en la delegación, estaba dentro del marco social conflictivo de esa época, entre estos sectores había escraches mutuos´”.
  • Por último, comentó que un día Rivarola lo llamó y le dijo ´me mandé un cagadón´. Primero le dijo que le habían sacado la información y después que no sabía cómo se le había traspapelado. Le dijo que sabía que iba a tener un problema muy grande y que por ende también lo iba a tener él. Le hizo referencia al archivo de activistas anti mineros, él le dijo que no sabía ni de donde había salido. Rivarola le dijo que tenía que hacer una denuncia. Después no tuvo más contacto con él”.
  • “Dijo no estar al tanto de la reunión que mantuvieron compañeros suyos con Rivarola en la sede de la Brigada. Nunca escuchó los nombres de los agentes que habrían participado en esa reunión, ni como nombres de cobertura”.

Dardos cruzados

Desde la Agencia Federal de Inteligencia, aún en tiempos de Oscar Parrilli, informaron al juzgado que el organismo no ordenó ninguna de las actividades que se desprenden en la causa. Antes de dictar el procesamiento, el juez federal Otranto subraya que la información suministrada por el espía “no consistió en una mera búsqueda a través de alguna red social en Intenet”, ya que “las características de los datos recabados dan la pauta de que fue producida por alguien que venía recabando datos y realizando una observación prolongada de la actividad anti minera y de defensa de pueblos originarios en la región”. El juez se apoya en el peritaje informático: el archivo fue creado sólo cinco días después del comienzo de la recuperación mapuche en tierras de Benneton.
El juzgado también remarca la contradicción entre la declaración del espía con la declaración del fiscal Rivarola. El funcionario afirmó en sede judicial que la existencia del fichaje le pasó inadvertida. El agente, por su parte, declaró que Rivarola lo vio. Para el juzgado, “no se ha podido establecer con exactitud –hasta ahora- en qué momento abrieron el archivo” que contenía las fichas. Sin embargo, el magistrado aclara que lo que sí pudo establecerse es el momento de la entrevista en el que los fiscales observan las fotografías que el agente de inteligencia obtuvo cuando acudió a una reunión del movimiento No a la Mina. Es decir, observaron un delito.

Por ese motivo el juzgado no saca la lupa sobre el proceder de los fiscales.

Una alta fuente de ese juzgado federal encargada de la investigación había asegurado en septiembre del 2015 a MU que el accionar de los fiscales había sido irregular: “No hay protocolo en estos casos, porque la respuesta debe ser una: no hay que recibir este tipo de información. No es lo mismo un vecino que un agente de inteligencia”.
No pensaba lo mismo Bottini, que en una entrevista a esta revista dijo: “¿Por qué yo voy a pensar que los agentes públicos cometen ilegalidades?”. Rivarola, en tanto, además de confirmar que “la Ley Nacional de Inteligencia nunca la manejamos”, fue por el mismo carril: “No podíamos inferir que un agente de un servicio nacional, que se presentara de esta forma, infligiera la ley y nos dejara un documento ilegal”. No fue gratis: el Procurador provincial los apartó de la causa y el Consejo de la Magistratura aprobó por 8 a 5 la apertura de un sumario a los tres fiscales. Para el doctor Jorge Amado Gutiérrez, instructor del sumario, los funcionarios “no han incurrido en mal desempeño de sus funciones ni en desconocimiento inexcusable del derecho”, por lo que propone el archivo de la causa, según su dictamen del 9 de abril. De todos modos, aún resta que el informe sea abordado por el Consejo, que sesionará el 10 y 13 de mayo.
¿Cómo se leerá en ese contexto el procesamiento del espía?

¿Casualidad o causalidad?

¿Qué pasó con la acusación de terrorismo hacia los mapuche? La Corte Suprema de Justicia de la Nación derribó en nueve líneas el intento de aplicación de la Ley Antiterrorista. El fallo firmado en diciembre por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda hizo propias las palabras del Procurador Fiscal ante la Corte, Victor Abramovich, cuyo dictamen deshizo la interpretación del juez provincial Martín Zacchino, que entendía –apoyado por la instrucción de las fiscales Bottini y Révori y el fiscal Rivarola, hoy apartados de la causa- que el “accionar” mapuche ponía “en riesgo la seguridad interior” de la Nación.
Dice Abramovich:

  • Por el contrario, los acontecimientos bajo análisis están enmarcados en una protesta llevada adelante en reclamo de derechos sociales, lo que ameritaría aplicar, eventualmente, la excepción prevista en el artículo 41 quinquies del Código Penal, en la medida que prevé que “las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.

¿Es casual que las fichas hayan aparecido en el marco de esa causa?
Galperín concluye: “Que aparezcan justo en una investigación territorial no puede leerse como una casualidad y una coincidencia, sino como la amenaza que ven ciertos sectores hacia lo que son los procesos de organización y movilización social como las comunidades originarias y la asamblea No a la Mina, que en el fondo discuten lo mismo: la tierra, los recursos naturales, los bienes comunes. Todos los que aparecemos en al auto somos integrantes y referentes de la asamblea y de diferentes comunidades, que peleamos por la reivindicación de ciertos derechos”.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
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LA NUEVA MU. No podrán

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